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crónicas del siglo pasado |
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REVISTERO |
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LA MASACRE DE EZEIZA
(Yo fui testigo 1986)
-continuación-
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Las tribulaciones de Cámpora
COMO ESTAR EN EL GOBIERNO CUANDO OTRO
TIENE EL PODEREl proyecto económico
del peronismo fue lanzado dentro de un marco ideológico de matiz socializante.
Sin embargo, el paquete de medidas en sí mismas, así como el Pacto Social acordado entre
la CGT, la CGE y el gobierno en la primera semana de junio, no era
"revolucionario", sino que respondía a lo acordado en el seno de "La hora
de los pueblos" el año anterior por radicales, peronistas y las centrales obrera y
empresaria en las llamadas "coincidencias programáticas", emitidas en diciembre
de 1972.
A pesar de esto, y como señala bien Guido Di Tella en su libro "Perón-Perón,
1973-1976", el plan "fue lanzado con cierta espectacularidad y presentado como
«revolucionario», lo cual obedeció al deseo de evitar un enfrentamiento con los
sectores de izquierda, que habían sido puestos al margen en esta aérea fundamental».
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Los observadores políticos del momento quisieron verlo como un hito dentro de un proyecto
estratégico de Perón hacia el socialismo, como una "etapa de transición",
para lo cual se basaron en las palabras de Cámpora: "Si lo que hoy les ofrecemos a
los trabajadores representase todo lo que les podemos dar, perdería sentido la larga
lucha que condujo al triunfo del gobierno del pueblo". En efecto, las masas populares
se habían curtido en un período denominado de "alza revolucionaria", en el que
se sucedieron, como señalamos, estallidos de violencia casi insurreccional, tales como el
"cordobazo", el "rosariazo" y el "viborazo".
Los conflictos obreros se sucedían y las conducciones burocráticas eran cuestionadas
día a día por las bases. En las universidades, las fábricas, los bares y hasta en las
escuelas secundarias se discutían los caminos al socialismo. A ese público, fuertemente
influenciado por un espíritu de "revolución en marcha", es al que se dirigió
Cámpora al definir el "socialismo nacional":
"El Frente Justicialista de Liberación no declama un socialismo utópico. Rechaza el
socialismo internacional dogmático y declara que la esencia de su doctrina es
genuinamente nacional, popular y cristiana. Pero también sostiene que está decidido a
aplicar desde el gobierno todas las experiencias de socialización de la economía que
sirvan para elevar la condición humana, en la medida en que respeten las esencias y las
aspiraciones del hombre argentino". Cada vez que alguien del amplio espectro de
izquierda peronista comentaba las medidas, recordaba la meta final de la "revolución
justicialista": dar a los trabajadores participación y ubicación prominente en
todos los centros del poder político y económico.
Inclusive, cuando el flamante ministro de Economía, José Ber Gelbard, somete el proyecto
de ley al Congreso, al inaugurarse las sesiones del año siguiente, hablará de una
economía "al servicio de la causa popular, transformándola en un instrumento
adecuado para la lucha antiimperialista... Un código para la reconstrucción y la
liberación de la política".
Varios años después, en su trabajo sobre este período, Di Tella definiría el programa
como "fuertemente intervencionista, moderadamente nacionalista y
distribucionista".
El plan económico contenia medidas audaces
que no llegaron a implementarse
En sí, el plan de estabilización no
difiere demasiado del aplicado unos años antes por el ministro Adalbert Krieger Vasena.
En cuanto al control de precios y salarios la diferencia fundamental estriba en los
mecanismos que se utilizarán para su aplicación. El plan se propone en esto un estricto
control por parte de las bases obreras, y también define las medidas colaterales que se
aplicarán para modificar las estructuras: nacionalización de depósitos bancarios, con
el propósito de regular el crédito interno; apertura del comercio exterior a los países
socialistas para aumentar las exportaciones y asegurar los precios; protección a la
pequeña y mediana industria nacional; promoción industrial y de inversiones extranjeras;
reformas financieras y fiscales; expropiación de las tierras improductivas, etcétera.
La intervención del Estado en el comercio exterior se acentuará con un control a través
de la Junta Nacional de Carnes y Granos, por ejemplo. Pero el mismo Di Tella, en su
análisis, termina concluyendo esto respecto de lo esbozado en el plan trienal, como
instrumento de las nuevas políticas: "Tal como se había dado en experiencias
anteriores, éste no representaba mucho más que una declaración de propósitos que tuvo
escasa relación con lo que el gobierno terminó por hacer". La mayor parte de las
medidas y leyes que se aprobaron en este período no llegó a implementarse, pero
despertó grandes expectativas en los sectores deseosos de cambios profundos.
El 9 de julio el gobierno anunció la firma del Pacto Social con la CGT y la CGE, por
medio del cual se establecía una política de control de precios y salarios. Suspendía
así, provisoriamente, las convenciones colectivas, y fijaba remuneraciones obreras con un
aumento muy inferior al esperado, congelando los precios y estableciendo alzas únicamente
en las tarifas de algunos servicios. La critica fue unánime tanto dentro como fuera del
justicialismo. Los diputados y senadores de extracción obrera se quejaron del gobierno
porque opinaban que éste debía haber anticipado la gravedad de la situación económica
y financiera que vivía el país, para preparar los ánimos de los trabajadores y evitar
que se crearan falsas expectativas.
También se cuestionaba a la CGT por no haber convocado a los cuerpos orgánicos para
avalar públicamente el compromiso. Alguna voz espontánea y estridente de la juventud
peronista se animó a comparar el Pacto Social con la política de estabilización
planteada por el ministro Krieger Vasena en 1967, pero, en general, unos y otros acallaron
la crítica en función de la coyuntura política que se estaba viviendo, y trataron de
enmarcar este "golpe bajo al bolsillo" dentro de la estrategia global del
camporismo.
Para la juventud se trataba de un paso dentro de "la estrategia de Perón que se
encamina a sumar fuerzas para atacar los principales obstáculos que impiden la
reconstrucción nacional. Los intereses del establishment financiero y de los monopolios
internacionales ligados a la estructura agroexportadora tradicional".
sigue
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Hay que devolverle al líder el grado de
general que el pueblo nunca le quitó
En la semana previa al retomo definitivo
del general Perón los tiempos se aceleran. Por una parte el gobierno tiende a asentar las
bases de su nueva política anunciada en el discurso presidencial del 25 de mayo ante el
Congreso; por el otro, se trata de poner al día todas las cuentas atrasadas que quedan
pendientes con el líder y tener a punto los preparativos de la gran fiesta con la que
habría de recibirlo el pueblo argentino el 20 de junio en Ezeiza.
Para mostrar el
acelerado desarrollo de los acontecimientos nos basaremos en algunas crónicas
periodísticas.
El 11 de junio, por ejemplo, son títulos de tapa de los diarios: "Tres proyectos
tendientes a canalizar las áreas económicas" y "Por ley procuran devolver a
Perón el grado de general antes de su retorno".
Por una parte, el Ejecutivo trata de revertir la acción desarrollada por el equipo de
Onganía que llevó a la desnacionalización de nuestra economía, en especial de la
industria nacional. Los tres proyectos de ley que entraron ese día en el Congreso apuntan
a eso. Sin salir del sistema capitalista, el gobierno surgido de las urnas trata de
implementar, a través del control del Estado," una política que permita negociar
con el imperialismo en mejores condiciones, manteniendo el dominio de las principales
áreas de penetración: el comercio, la banca y la importación de tecnología.
El segundo titular expresa la necesidad de legalizar, por fin, lo que en la práctica era
un hecho. Para nadie en la Argentina, ni para seguidores ni para detractores, Perón
había dejado de ser "el general", por más que los militares le hubieran
quitado el título. La ley de amnistía, dictada por Cámpora apenas asumió el gobierno,
invalidaba todos los fallos dados por los tribunales especiales, inclusive éste. El
trámite legal a seguir hubiera sido largo y engorroso, y los tenientes generales que
hubieran tenido que formar el nuevo tribunal para devolverle cargos y honores a Perón,
tendrían que haber sido los oficiales superiores José Domingo Molina, Benjamín
Rattenbach, Pedro Castiñeiras, Carlos Severo Toranzo Montero, Pascual Pistarini, Julio
Aisogaray, Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse.
Hubiera sido un trago difícil de digerir para la mayoría de ellos. Por eso al fin se
decidirá la devolución del título a través del presidente de la República, que lo
hace en uso de sus facultades como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. |
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