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crónicas del siglo pasado

REVISTERO

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LA MASACRE DE EZEIZA
(Yo fui testigo 1986)

-continuación-

Las tribulaciones de Cámpora
COMO ESTAR EN EL GOBIERNO CUANDO OTRO TIENE EL PODER
El proyecto económico del peronismo fue lanzado dentro de un marco ideológico de matiz socializante.
Sin embargo, el paquete de medidas en sí mismas, así como el Pacto Social acordado entre la CGT, la CGE y el gobierno en la primera semana de junio, no era "revolucionario", sino que respondía a lo acordado en el seno de "La hora de los pueblos" el año anterior por radicales, peronistas y las centrales obrera y empresaria en las llamadas "coincidencias programáticas", emitidas en diciembre de 1972.
A pesar de esto, y como señala bien Guido Di Tella en su libro "Perón-Perón, 1973-1976", el plan "fue lanzado con cierta espectacularidad y presentado como «revolucionario», lo cual obedeció al deseo de evitar un enfrentamiento con los sectores de izquierda, que habían sido puestos al margen en esta aérea fundamental».

 

 

Los observadores políticos del momento quisieron verlo como un hito dentro de un proyecto estratégico de Perón hacia el socialismo, como una "etapa de transición", para lo cual se basaron en las palabras de Cámpora: "Si lo que hoy les ofrecemos a los trabajadores representase todo lo que les podemos dar, perdería sentido la larga lucha que condujo al triunfo del gobierno del pueblo". En efecto, las masas populares se habían curtido en un período denominado de "alza revolucionaria", en el que se sucedieron, como señalamos, estallidos de violencia casi insurreccional, tales como el "cordobazo", el "rosariazo" y el "viborazo".
Los conflictos obreros se sucedían y las conducciones burocráticas eran cuestionadas día a día por las bases. En las universidades, las fábricas, los bares y hasta en las escuelas secundarias se discutían los caminos al socialismo. A ese público, fuertemente influenciado por un espíritu de "revolución en marcha", es al que se dirigió Cámpora al definir el "socialismo nacional":
"El Frente Justicialista de Liberación no declama un socialismo utópico. Rechaza el socialismo internacional dogmático y declara que la esencia de su doctrina es genuinamente nacional, popular y cristiana. Pero también sostiene que está decidido a aplicar desde el gobierno todas las experiencias de socialización de la economía que sirvan para elevar la condición humana, en la medida en que respeten las esencias y las aspiraciones del hombre argentino". Cada vez que alguien del amplio espectro de izquierda peronista comentaba las medidas, recordaba la meta final de la "revolución justicialista": dar a los trabajadores participación y ubicación prominente en todos los centros del poder político y económico.
Inclusive, cuando el flamante ministro de Economía, José Ber Gelbard, somete el proyecto de ley al Congreso, al inaugurarse las sesiones del año siguiente, hablará de una economía "al servicio de la causa popular, transformándola en un instrumento adecuado para la lucha antiimperialista... Un código para la reconstrucción y la liberación de la política".
Varios años después, en su trabajo sobre este período, Di Tella definiría el programa como "fuertemente intervencionista, moderadamente nacionalista y distribucionista".

El plan económico contenia medidas audaces que no llegaron a implementarse

En sí, el plan de estabilización no difiere demasiado del aplicado unos años antes por el ministro Adalbert Krieger Vasena. En cuanto al control de precios y salarios la diferencia fundamental estriba en los mecanismos que se utilizarán para su aplicación. El plan se propone en esto un estricto control por parte de las bases obreras, y también define las medidas colaterales que se aplicarán para modificar las estructuras: nacionalización de depósitos bancarios, con el propósito de regular el crédito interno; apertura del comercio exterior a los países socialistas para aumentar las exportaciones y asegurar los precios; protección a la pequeña y mediana industria nacional; promoción industrial y de inversiones extranjeras; reformas financieras y fiscales; expropiación de las tierras improductivas, etcétera.
La intervención del Estado en el comercio exterior se acentuará con un control a través de la Junta Nacional de Carnes y Granos, por ejemplo. Pero el mismo Di Tella, en su análisis, termina concluyendo esto respecto de lo esbozado en el plan trienal, como instrumento de las nuevas políticas: "Tal como se había dado en experiencias anteriores, éste no representaba mucho más que una declaración de propósitos que tuvo escasa relación con lo que el gobierno terminó por hacer". La mayor parte de las medidas y leyes que se aprobaron en este período no llegó a implementarse, pero despertó grandes expectativas en los sectores deseosos de cambios profundos.
El 9 de julio el gobierno anunció la firma del Pacto Social con la CGT y la CGE, por medio del cual se establecía una política de control de precios y salarios. Suspendía así, provisoriamente, las convenciones colectivas, y fijaba remuneraciones obreras con un aumento muy inferior al esperado, congelando los precios y estableciendo alzas únicamente en las tarifas de algunos servicios. La critica fue unánime tanto dentro como fuera del justicialismo. Los diputados y senadores de extracción obrera se quejaron del gobierno porque opinaban que éste debía haber anticipado la gravedad de la situación económica y financiera que vivía el país, para preparar los ánimos de los trabajadores y evitar que se crearan falsas expectativas.
También se cuestionaba a la CGT por no haber convocado a los cuerpos orgánicos para avalar públicamente el compromiso. Alguna voz espontánea y estridente de la juventud peronista se animó a comparar el Pacto Social con la política de estabilización planteada por el ministro Krieger Vasena en 1967, pero, en general, unos y otros acallaron la crítica en función de la coyuntura política que se estaba viviendo, y trataron de enmarcar este "golpe bajo al bolsillo" dentro de la estrategia global del camporismo.
Para la juventud se trataba de un paso dentro de "la estrategia de Perón que se encamina a sumar fuerzas para atacar los principales obstáculos que impiden la reconstrucción nacional. Los intereses del establishment financiero y de los monopolios internacionales ligados a la estructura agroexportadora tradicional".


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Hay que devolverle al líder el grado de general que el pueblo nunca le quitó

En la semana previa al retomo definitivo del general Perón los tiempos se aceleran. Por una parte el gobierno tiende a asentar las bases de su nueva política anunciada en el discurso presidencial del 25 de mayo ante el Congreso; por el otro, se trata de poner al día todas las cuentas atrasadas que quedan pendientes con el líder y tener a punto los preparativos de la gran fiesta con la que habría de recibirlo el pueblo argentino el 20 de junio en Ezeiza.
Para mostrar el acelerado desarrollo de los acontecimientos nos basaremos en algunas crónicas periodísticas.
El 11 de junio, por ejemplo, son títulos de tapa de los diarios: "Tres proyectos tendientes a canalizar las áreas económicas" y "Por ley procuran devolver a Perón el grado de general antes de su retorno".
Por una parte, el Ejecutivo trata de revertir la acción desarrollada por el equipo de Onganía que llevó a la desnacionalización de nuestra economía, en especial de la industria nacional. Los tres proyectos de ley que entraron ese día en el Congreso apuntan a eso. Sin salir del sistema capitalista, el gobierno surgido de las urnas trata de implementar, a través del control del Estado," una política que permita negociar con el imperialismo en mejores condiciones, manteniendo el dominio de las principales áreas de penetración: el comercio, la banca y la importación de tecnología.
El segundo titular expresa la necesidad de legalizar, por fin, lo que en la práctica era un hecho. Para nadie en la Argentina, ni para seguidores ni para detractores, Perón había dejado de ser "el general", por más que los militares le hubieran quitado el título. La ley de amnistía, dictada por Cámpora apenas asumió el gobierno, invalidaba todos los fallos dados por los tribunales especiales, inclusive éste. El trámite legal a seguir hubiera sido largo y engorroso, y los tenientes generales que hubieran tenido que formar el nuevo tribunal para devolverle cargos y honores a Perón, tendrían que haber sido los oficiales superiores José Domingo Molina, Benjamín Rattenbach, Pedro Castiñeiras, Carlos Severo Toranzo Montero, Pascual Pistarini, Julio Aisogaray, Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse.
Hubiera sido un trago difícil de digerir para la mayoría de ellos. Por eso al fin se decidirá la devolución del título a través del presidente de la República, que lo hace en uso de sus facultades como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.