"Argentinizar la economía". Son tres palabras de
contenido casi cabalístico, una especie de amuleto de los estrategas
económicos oficiales. Se repiten en las declaraciones de los altos
funcionarios, las conferencias de prensa de los amigos del gobierno;
la información orientada desde Difusión y Turismo y los
considerandos de abundantes leyes y decretos.
Abordando el
problema desde un nivel meramente semántico, cabe suponer que la
economía nacional no es lo suficientemente argentina, requisito
esencial para que pueda ser argentinizada. Pero un proceso de este
tipo genera, necesaria, inevitablemente, conflictos. El más
importante se refiere a la presión (interna) que ejercen, en defensa
de sus negocios, los intereses externos afectados. Cuando las
fricciones se hacen demasiado intensas, esta acción desde dentro
suele convertirse en una de las alas de una tenaza: la otra aprieta
desde afuera, a través de limitaciones al comercio, cierre de las
fuentes de divisas, reticencias en el suministro de materias primas.
La nacionalización de la propia economía es un proceso que muchos
países encararon, en lo que va del siglo. Lo hicieron ateniéndose a
un número casi tan grande de modelos como casos se plantearon. Sin
embargo se pueden establecer tres fórmulas básicas:
• Socialismo.
Implica afectar la estructura capitalista de propiedad y genera, de
forma más o menos inmediata, reacciones internacionales de grandes
proporciones. Obliga a ubicar la economía del país en la órbita del
bloque oriental para asistencia técnica, crediticia y para canalizar
la mayor parte del comercio internacional. Un caso notorio en la
última década: Cuba. Es el camino más directo; también el más
irritativo y difícil: el Estado se ve obligado a absorber el poder
de decisión en el ámbito económico de manera total.
• Capitalismo
de Estado. Se orienta a convertir en propiedad estatal los sectores
más importantes, pero manteniendo la economía con una estructura de
mercado relativamente flexible. Un ejemplo conocido: Egipto.
Característica más relevante: uno de los supuestos de su éxito es la
expansión del mercado interno. Opera en una situación intermedia
entre los dos grandes bloques mundiales. Esto le permite, en el
terreno económico, ejercitar una política pendular y apoyarse en uno
u otro campo según las características de la coyuntura.
•
Nacionalismo capitalista. Sus expresiones más claras han aparecido
en Latinoamérica en los últimos años, especialmente en Perú y
Bolivia. Tienen, como correlato político, regímenes militares con
poder efectivo y cierto margen de apoyo popular, lo que le da cierta
capacidad de maniobra, directamente proporcional al respaldo.
También supone una expansión del mercado interno como condición sine
qua non para su funcionamiento. Es más o menos rígido en su
orientación estatizante, según las condiciones en que se ensaya. Su
política económica es pendular y suele aplicar formas de chantaje
sobre el gran capital extranjero, que le responde de la misma
manera. Esa cinética de presiones signa la economía. El camino que
intenta transitar la actual conducción argentina es una variante
extremadamente moderada de esta tendencia, que no prevé —salvo en
casos muy conflictivos desde el punto de vista social: Codex,
ingenios azucareros, etc.— injerencia estatal directa en la marcha
de las empresas privadas. Manifiesta, en cambio, una propensión a
encarar como negocio del Estado la producción de algunos bienes de
base.
PROS Y CONTRAS. El equipo de Aldo Ferrer, con el apoyo
(y en muchos casos el impulso) del presidente, concretó, en las
últimas seis semanas, una serie de medidas tendientes a argentinizar
la economía. En el área industrial fincó esencialmente en la ley de
"Compre Argentino", la intervención oficial a algunas empresas y la
fijación de regímenes industriales, algunos de los cuales vieron ya
la luz mientras que otros están en fases avanzadas de estudio y/o
tienen fijadas las orientaciones generales. Respecto a la política
crediticia se dictaron normas tendientes a reorientar los préstamos
hacia las empresas argentinas.
Cada una de esas decisiones,
aparte de incidir sobre la economía en su conjunto, resultó
particularmente grata a algunos sectores pero, simétricamente,
irritó a otros que se consideraron perjudicados. El esquema de
alianzas objetivas del gobierno se fue modificando a cada paso. En
la actualidad se pueden contar entre sus amigos externos (porque
fueron beneficiados por medidas concretas) a algunos grupos, en
general de origen norteamericano, de capital sumamente concentrado
(empresas automotrices, o petroquímicas, por ejemplo). Otros bloques
industriales, en cambio, están endurecidos: las petroquímicas de
mediana y pequeña envergadura en el país, necesitadas de protección;
las firmas automovilísticas europeas; las grandes compañías
petroleras.
En el plano interno, en cambio, la Confederación
General Económica apoya la política oficial, aunque la aplicación de
ciertos regímenes especiales puede llegar a separar de ese punto de
vista a algunos grupos internos (fabricantes de repuestos para
automotores, por ejemplo). Los portavoces tradicionales del
establishment, en cambio (Unión Industrial, ACIEL, Cámara de
Comercio), ya se ubican en el bloque opositor.
"COMPRE
NACIONAL". El régimen, uno de los estandartes de Ferrer tanto
durante su gestión en Obras Públicas como en Economía, debe ser
analizado en tres niveles:
1) Sustitución de importaciones.
Existen lejanos antecedentes, claramente similares. Sin un cuerpo
legal orgánico, durante el gobierno de Perón, el IAPI reguló las
compras del Estado teniendo en cuenta la industria nacional. En
1957, ya disuelto el IAPI, se dispuso de un régimen taxativo que
orientó las compras oficiales. En 1963 se constituyeron comisiones
mixtas que examinaban las órdenes de compra del Estado. La novedad
del "Compre Argentino" reside en que hace desaparecer los regímenes
especiales de algunas empresas estatales (como YPF), que gozaban de
una cierta autonomía en sus gestiones de compra. El nuevo régimen
tiende a unificar criterios, concentrando la decisión en un solo
organismo. Su efectividad dependerá, sin embargo, del nivel
tecnológico de la industria. Salvo en el terreno comunicaciones
(inversiones de Boris Garfunkel para la manufactura de equipos
Motorola, proyecto Wobrom) y ciertos avances en la fabricación de
calderas, grupos electrógenos y material ferroviario, no son de
prever novedades de impacto.
2) Régimen de producción interna.
Los estrategas oficiales esperan que el "Compre Argentino" otorgue
incentivos adicionales a ciertos sectores de la industria. Pero el
determinante básico de la inversión seguirá siendo la dimensión del
mercado. Avanzar sobre ciertas áreas supone resignarse a la
producción de pocas unidades, con el consiguiente traslado a los
costos medios.
La potencialidad del régimen dependerá de su
interpretación. Fate, por ejemplo, lanzó una máquina de calcular
previendo, quizás, un vuelco de las compras oficiales a favor de su
producto, consecuencia de su carácter de empresa argentina. Algo que
se haría válido, también, respecto a neumáticos, donde su
competencia son firmas extranjeras.
3) Efecto sobre los
diferentes grupos de capital. El régimen difícilmente beneficie a un
grupo de capitales en detrimento de otros. Lo que importa, en
realidad, es lo que pretende el Estado. El grupo Fiat, por ejemplo,
sale ganancioso como proveedor de motores Diesel, pero parece llevar
las de perder en el área de equipos ferroviarios. En este campo se
estaría tentando, con vistas al plan de 5 años, la posibilidad de
montar una nueva planta (esta vez de General Motors) en el país. Y
recurrir, en los primeros tiempos, a la importación.
EL
ESTADO EMPRESARIO. En tres áreas básicas el Estado ha tomado una
injerencia decisiva: petróleo, petroquímica y siderurgia. Respecto
al primero, el reciente régimen de distribución de crudos para
refinar supone un avance de Yacimientos Petrolíferos Fiscales del
orden del 8 por ciento (Esso perderá un 5 por ciento; Shell un 3).
En el terreno de la comercialización, si YPF amplía la red de
distribución a otras empresas el equilibrio no se vería afectado. El
plan de inversiones de las petroleras privadas se estima en 160
millones de dólares, que recién serán empleados en el futuro, cuando
el mercado crezca más allá de la actual distribución.
En la
petroquímica, la intención oficial consiste en manejar los procesos
básicos a través de Petroquímica General Mosconi (aromáticos) y del
proyecto Dow modificado (etileno). A partir de estos dos grupos de
productos de base se puede controlar el crecimiento del mercado. Si
se tienen en cuenta las dificultades —no resueltas— que plantea el
comercio exterior, y las capacidades previstas, se entiende que el
Estado está dispuesto a operar a pérdida: las instalaciones son de
nivel internacional, en cuanto a volumen de producción.
En el
área siderúrgica (ver página 20), la posición oficial supone el
abandono de gran parte de las metas de Propulsora. En principio, los
beneficios prometidos, básicamente en lo que hace a precios de
laminados y acuerdos de mercado, no se han cumplido. Por otra parte
la distribución ideal del mercado (50 por ciento privado, la otra
mitad estatal) supuesta cuatro años atrás se habría abandonado para
dar prioridad absoluta al segmento público. Las nuevas ampliaciones
de capacidad previstas, que deberían operar en 1977, se encargarían
totalmente a SOMISA: al sector privado se le reservan las áreas de
elaboración secundarias.
REGIMENES INDUSTRIALES. También en
este campo se han definido algunas políticas precisas, mientras las
otras seguramente se anunciarán en los próximos días:
1)
Automotores. El gobierno antes brindaba la solución de la
especialización por franjas de cilindrada, favoreciendo obviamente a
las empresas con mayor gravitación en el área de los medianos, que
son los de mejor porvenir en el mercado. Pero parece haber dado un
vuelco en la orientación: se trataría ahora de promover las fusiones
para redimensionar las plantas y adecuarlas al volumen de la
demanda, tratando de mejorar los costos por vía de una mayor
integración horizontal del sector en el mercado latinoamericano. La
alternativa beneficia a las empresas que se extendieron a países
vecinos y perjudica a las más integradas en la escala local.
Las
consecuencias no terminarían allí: el régimen, si se aprueba dentro
de los lineamientos que hoy se estudian, inclinaría la balanza en
favor de las grandes firmas norteamericanas y perjudicaría a su
competencia europea, a la economía cordobesa y a un importante grupo
nacional de fabricantes de partes.
2) Tractores. La industria del
tractor ya instalada se vio amenazada por la entrada, en el ramo, de
Massey Ferguson. Sin embargo las empresas que actuaban desde antes
mantuvieron una férrea oposición. Resultado: no aprobación de los
planes presentados por Massey (ver página 22). Fiat se asegura así
el dominio de la mayor parte del mercado de tractores (72 por
ciento) a la vez que John Deere obtiene seguridades de un mínimo de
utilización de su planta y puede reforzar su política de penetración
en el ramo de maquinaria vial.
3) Camiones. Este régimen estuvo
a punto de alterarse en beneficio de Scania y Volvo, pero las
presiones ejercidas por Fiat y Deca dieron resultado. La
argumentación a favor de las nuevas plantas juega con las
necesidades insatisfechas del mercado local, que recurre debido a
razones técnicas a la franja de semipesados de Mercedez Benz, y con
las posibilidades de exportar los nuevos productos: se habría
obtenido un convenio con las casas centrales para reservar a las
plantas argentinas el área latinoamericana y tal vez el África
meridional.
CREDITO. Cuando Daniel Fernández accedió a la
presidencia del BCRA, en octubre último, la economía estaba en una
situación de extrema iliquidez, que sólo se había intentado remediar
tímidamente durante la gestión de Moyano. No existían pautas
precisas en cuanto a la asignación del crédito bancario: sólo
insistentes recomendaciones a los bancos de redistribuir sus
carteras de préstamo para dar creciente cabida a las empresas
nacionales.
Estas orientaciones, y la política de congelamiento
de la banca extranjera, fueron los vértices nacionalistas de la
gestión de Egidio Ianella, quien había sustituido a Pedro Real.
Este, identificado con la línea de Krieger Vasena {y actual
embajador en Washington) había librado el terreno a la lucha
igualitaria entre empresas extranjeras y nacionales. La
"nacionalización" orientada por Ianella no se verificó demasiado en
los hechos: fue lanzada, precisamente, en una etapa de aguada
contracción crediticia.
Una de las primeras medidas de Fernández
fue reducir en un punto y medio los requisitos mínimos de efectivo
sobre las obligaciones a la vista, pero con la obligación de asignar
los recursos así liberados a empresas de capital interno.
Recientemente esa rebaja se convirtió, de transitoria, en
definitiva. Impacto total de la medida: se estima en 300 millones de
pesos ley, pero no todos pudieron seguir el rumbo indicado por el
Central: los bancos debieron cubrir deficiencias de encaje y comprar
bonos de la sexta serie.
La segunda gran medida de restricción
del crédito bancario a los grupos externos se dictó meses después,
el 30 de diciembre de 1970: la tasa de expansión del saldo global de
los préstamos de un banco a empresas extranjeras no debía superar a
la mitad de la tasa de expansión de la cartera total de préstamos.
Esto implica una redistribución del crédito a favor de las firmas
nacionales, más o menos rápida, según sea la velocidad de
crecimiento del saldo de préstamos, que suele ser acelerada en
períodos inflacionarios.
FINANCIACION EXTERNA. El BCRA
indujo, también, a las empresas extranjeras, a tomar préstamos de
financiación en el exterior. Mecanismo: la firma obtiene un crédito
en dólares, que convierte en pesos, asegurándose la recompra de las
divisas en un plazo máximo de seis meses mediante su adquisición a
término, abonando por ello una prima. Esta es regulada por el propio
Banco Central a través de sus intervenciones en el mercado de
futuro. En octubre el tope de regulación se redujo del 8 al 6 por
ciento. Como los swaps (o pases, denominaciones del mecanismo)
requieren su aprobación, inició una amplia política de
autorizaciones. Parte de la demanda crediticia de las empresas
extranjeras se orientó hacia el exterior, y a un costo admisible:
del 18 al 19 por ciento, resultado de adicionar el interés del
prestamista externo, la comisión del banco interviniente y la prima
de futuro.
Queda una incógnita que preocupa a las empresas
extranjeras: la contrapartida de los swaps es para el Central la
asunción de los compromisos en el mercado a término. Si las empresas
deciden no solicitar la renovación de los pases cuando vencen, el
BCRA deberá aprestar los dólares. Los compromisos sobrevendrían a
mediados de año, época estacionalmente propicia por el flujo de
divisas derivadas del comercio exterior. Pero una renovación
involucra, para el BCRA, una obligación con vencimiento cerca del
Fin de Año, tiempo estacionalmente desfavorable para las reservas en
moneda extranjera.
Pero esta incertidumbre para el BCRA, que no
puede prever qué harán las empresas, se convierte para éstas en un
agudo dilema: el Banco puede entrecerrarles la puerta o, aun,
denegarles en junio o julio la renovación de los pases. ¿De dónde
saldrían, entonces, los pesos para cubrir el vacío que dejen los
dólares devueltos? Otra pregunta —una más— de difícil respuesta.
Revista Panorama
02.02.1971
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