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ARGENTINIZACION
Entre réprobos y elegidos


"Argentinizar la economía". Son tres palabras de contenido casi cabalístico, una especie de amuleto de los estrategas económicos oficiales. Se repiten en las declaraciones de los altos funcionarios, las conferencias de prensa de los amigos del gobierno; la información orientada desde Difusión y Turismo y los considerandos de abundantes leyes y decretos.

Aldo Ferrer

"Argentinizar la economía". Son tres palabras de contenido casi cabalístico, una especie de amuleto de los estrategas económicos oficiales. Se repiten en las declaraciones de los altos funcionarios, las conferencias de prensa de los amigos del gobierno; la información orientada desde Difusión y Turismo y los considerandos de abundantes leyes y decretos.
Abordando el problema desde un nivel meramente semántico, cabe suponer que la economía nacional no es lo suficientemente argentina, requisito esencial para que pueda ser argentinizada. Pero un proceso de este tipo genera, necesaria, inevitablemente, conflictos. El más importante se refiere a la presión (interna) que ejercen, en defensa de sus negocios, los intereses externos afectados. Cuando las fricciones se hacen demasiado intensas, esta acción desde dentro suele convertirse en una de las alas de una tenaza: la otra aprieta desde afuera, a través de limitaciones al comercio, cierre de las fuentes de divisas, reticencias en el suministro de materias primas.
La nacionalización de la propia economía es un proceso que muchos países encararon, en lo que va del siglo. Lo hicieron ateniéndose a un número casi tan grande de modelos como casos se plantearon. Sin embargo se pueden establecer tres fórmulas básicas:
• Socialismo. Implica afectar la estructura capitalista de propiedad y genera, de forma más o menos inmediata, reacciones internacionales de grandes proporciones. Obliga a ubicar la economía del país en la órbita del bloque oriental para asistencia técnica, crediticia y para canalizar la mayor parte del comercio internacional. Un caso notorio en la última década: Cuba. Es el camino más directo; también el más irritativo y difícil: el Estado se ve obligado a absorber el poder de decisión en el ámbito económico de manera total.
• Capitalismo de Estado. Se orienta a convertir en propiedad estatal los sectores más importantes, pero manteniendo la economía con una estructura de mercado relativamente flexible. Un ejemplo conocido: Egipto. Característica más relevante: uno de los supuestos de su éxito es la expansión del mercado interno. Opera en una situación intermedia entre los dos grandes bloques mundiales. Esto le permite, en el terreno económico, ejercitar una política pendular y apoyarse en uno u otro campo según las características de la coyuntura.
• Nacionalismo capitalista. Sus expresiones más claras han aparecido en Latinoamérica en los últimos años, especialmente en Perú y Bolivia. Tienen, como correlato político, regímenes militares con poder efectivo y cierto margen de apoyo popular, lo que le da cierta capacidad de maniobra, directamente proporcional al respaldo. También supone una expansión del mercado interno como condición sine qua non para su funcionamiento. Es más o menos rígido en su orientación estatizante, según las condiciones en que se ensaya. Su política económica es pendular y suele aplicar formas de chantaje sobre el gran capital extranjero, que le responde de la misma manera. Esa cinética de presiones signa la economía. El camino que intenta transitar la actual conducción argentina es una variante extremadamente moderada de esta tendencia, que no prevé —salvo en casos muy conflictivos desde el punto de vista social: Codex, ingenios azucareros, etc.— injerencia estatal directa en la marcha de las empresas privadas. Manifiesta, en cambio, una propensión a encarar como negocio del Estado la producción de algunos bienes de base.

PROS Y CONTRAS. El equipo de Aldo Ferrer, con el apoyo (y en muchos casos el impulso) del presidente, concretó, en las últimas seis semanas, una serie de medidas tendientes a argentinizar la economía. En el área industrial fincó esencialmente en la ley de "Compre Argentino", la intervención oficial a algunas empresas y la fijación de regímenes industriales, algunos de los cuales vieron ya la luz mientras que otros están en fases avanzadas de estudio y/o tienen fijadas las orientaciones generales. Respecto a la política crediticia se dictaron normas tendientes a reorientar los préstamos hacia las empresas argentinas.
Cada una de esas decisiones, aparte de incidir sobre la economía en su conjunto, resultó particularmente grata a algunos sectores pero, simétricamente, irritó a otros que se consideraron perjudicados. El esquema de alianzas objetivas del gobierno se fue modificando a cada paso. En la actualidad se pueden contar entre sus amigos externos (porque fueron beneficiados por medidas concretas) a algunos grupos, en general de origen norteamericano, de capital sumamente concentrado (empresas automotrices, o petroquímicas, por ejemplo). Otros bloques industriales, en cambio, están endurecidos: las petroquímicas de mediana y pequeña envergadura en el país, necesitadas de protección; las firmas automovilísticas europeas; las grandes compañías petroleras.
En el plano interno, en cambio, la Confederación General Económica apoya la política oficial, aunque la aplicación de ciertos regímenes especiales puede llegar a separar de ese punto de vista a algunos grupos internos (fabricantes de repuestos para automotores, por ejemplo). Los portavoces tradicionales del establishment, en cambio (Unión Industrial, ACIEL, Cámara de Comercio), ya se ubican en el bloque opositor.

"COMPRE NACIONAL". El régimen, uno de los estandartes de Ferrer tanto durante su gestión en Obras Públicas como en Economía, debe ser analizado en tres niveles:
1) Sustitución de importaciones. Existen lejanos antecedentes, claramente similares. Sin un cuerpo legal orgánico, durante el gobierno de Perón, el IAPI reguló las compras del Estado teniendo en cuenta la industria nacional. En 1957, ya disuelto el IAPI, se dispuso de un régimen taxativo que orientó las compras oficiales. En 1963 se constituyeron comisiones mixtas que examinaban las órdenes de compra del Estado. La novedad del "Compre Argentino" reside en que hace desaparecer los regímenes especiales de algunas empresas estatales (como YPF), que gozaban de una cierta autonomía en sus gestiones de compra. El nuevo régimen tiende a unificar criterios, concentrando la decisión en un solo organismo. Su efectividad dependerá, sin embargo, del nivel tecnológico de la industria. Salvo en el terreno comunicaciones (inversiones de Boris Garfunkel para la manufactura de equipos Motorola, proyecto Wobrom) y ciertos avances en la fabricación de calderas, grupos electrógenos y material ferroviario, no son de prever novedades de impacto.
2) Régimen de producción interna. Los estrategas oficiales esperan que el "Compre Argentino" otorgue incentivos adicionales a ciertos sectores de la industria. Pero el determinante básico de la inversión seguirá siendo la dimensión del mercado. Avanzar sobre ciertas áreas supone resignarse a la producción de pocas unidades, con el consiguiente traslado a los costos medios.
La potencialidad del régimen dependerá de su interpretación. Fate, por ejemplo, lanzó una máquina de calcular previendo, quizás, un vuelco de las compras oficiales a favor de su producto, consecuencia de su carácter de empresa argentina. Algo que se haría válido, también, respecto a neumáticos, donde su competencia son firmas extranjeras.
3) Efecto sobre los diferentes grupos de capital. El régimen difícilmente beneficie a un grupo de capitales en detrimento de otros. Lo que importa, en realidad, es lo que pretende el Estado. El grupo Fiat, por ejemplo, sale ganancioso como proveedor de motores Diesel, pero parece llevar las de perder en el área de equipos ferroviarios. En este campo se estaría tentando, con vistas al plan de 5 años, la posibilidad de montar una nueva planta (esta vez de General Motors) en el país. Y recurrir, en los primeros tiempos, a la importación.

EL ESTADO EMPRESARIO. En tres áreas básicas el Estado ha tomado una injerencia decisiva: petróleo, petroquímica y siderurgia. Respecto al primero, el reciente régimen de distribución de crudos para refinar supone un avance de Yacimientos Petrolíferos Fiscales del orden del 8 por ciento (Esso perderá un 5 por ciento; Shell un 3). En el terreno de la comercialización, si YPF amplía la red de distribución a otras empresas el equilibrio no se vería afectado. El plan de inversiones de las petroleras privadas se estima en 160 millones de dólares, que recién serán empleados en el futuro, cuando el mercado crezca más allá de la actual distribución.
En la petroquímica, la intención oficial consiste en manejar los procesos básicos a través de Petroquímica General Mosconi (aromáticos) y del proyecto Dow modificado (etileno). A partir de estos dos grupos de productos de base se puede controlar el crecimiento del mercado. Si se tienen en cuenta las dificultades —no resueltas— que plantea el comercio exterior, y las capacidades previstas, se entiende que el Estado está dispuesto a operar a pérdida: las instalaciones son de nivel internacional, en cuanto a volumen de producción.
En el área siderúrgica (ver página 20), la posición oficial supone el abandono de gran parte de las metas de Propulsora. En principio, los beneficios prometidos, básicamente en lo que hace a precios de laminados y acuerdos de mercado, no se han cumplido. Por otra parte la distribución ideal del mercado (50 por ciento privado, la otra mitad estatal) supuesta cuatro años atrás se habría abandonado para dar prioridad absoluta al segmento público. Las nuevas ampliaciones de capacidad previstas, que deberían operar en 1977, se encargarían totalmente a SOMISA: al sector privado se le reservan las áreas de elaboración secundarias.

REGIMENES INDUSTRIALES. También en este campo se han definido algunas políticas precisas, mientras las otras seguramente se anunciarán en los próximos días:
1) Automotores. El gobierno antes brindaba la solución de la especialización por franjas de cilindrada, favoreciendo obviamente a las empresas con mayor gravitación en el área de los medianos, que son los de mejor porvenir en el mercado. Pero parece haber dado un vuelco en la orientación: se trataría ahora de promover las fusiones para redimensionar las plantas y adecuarlas al volumen de la demanda, tratando de mejorar los costos por vía de una mayor integración horizontal del sector en el mercado latinoamericano. La alternativa beneficia a las empresas que se extendieron a países vecinos y perjudica a las más integradas en la escala local.
Las consecuencias no terminarían allí: el régimen, si se aprueba dentro de los lineamientos que hoy se estudian, inclinaría la balanza en favor de las grandes firmas norteamericanas y perjudicaría a su competencia europea, a la economía cordobesa y a un importante grupo nacional de fabricantes de partes.
2) Tractores. La industria del tractor ya instalada se vio amenazada por la entrada, en el ramo, de Massey Ferguson. Sin embargo las empresas que actuaban desde antes mantuvieron una férrea oposición. Resultado: no aprobación de los planes presentados por Massey (ver página 22). Fiat se asegura así el dominio de la mayor parte del mercado de tractores (72 por ciento) a la vez que John Deere obtiene seguridades de un mínimo de utilización de su planta y puede reforzar su política de penetración en el ramo de maquinaria vial.
3) Camiones. Este régimen estuvo a punto de alterarse en beneficio de Scania y Volvo, pero las presiones ejercidas por Fiat y Deca dieron resultado. La argumentación a favor de las nuevas plantas juega con las necesidades insatisfechas del mercado local, que recurre debido a razones técnicas a la franja de semipesados de Mercedez Benz, y con las posibilidades de exportar los nuevos productos: se habría obtenido un convenio con las casas centrales para reservar a las plantas argentinas el área latinoamericana y tal vez el África meridional.

CREDITO. Cuando Daniel Fernández accedió a la presidencia del BCRA, en octubre último, la economía estaba en una situación de extrema iliquidez, que sólo se había intentado remediar tímidamente durante la gestión de Moyano. No existían pautas precisas en cuanto a la asignación del crédito bancario: sólo insistentes recomendaciones a los bancos de redistribuir sus carteras de préstamo para dar creciente cabida a las empresas nacionales.
Estas orientaciones, y la política de congelamiento de la banca extranjera, fueron los vértices nacionalistas de la gestión de Egidio Ianella, quien había sustituido a Pedro Real. Este, identificado con la línea de Krieger Vasena {y actual embajador en Washington) había librado el terreno a la lucha igualitaria entre empresas extranjeras y nacionales. La "nacionalización" orientada por Ianella no se verificó demasiado en los hechos: fue lanzada, precisamente, en una etapa de aguada contracción crediticia.
Una de las primeras medidas de Fernández fue reducir en un punto y medio los requisitos mínimos de efectivo sobre las obligaciones a la vista, pero con la obligación de asignar los recursos así liberados a empresas de capital interno. Recientemente esa rebaja se convirtió, de transitoria, en definitiva. Impacto total de la medida: se estima en 300 millones de pesos ley, pero no todos pudieron seguir el rumbo indicado por el Central: los bancos debieron cubrir deficiencias de encaje y comprar bonos de la sexta serie.
La segunda gran medida de restricción del crédito bancario a los grupos externos se dictó meses después, el 30 de diciembre de 1970: la tasa de expansión del saldo global de los préstamos de un banco a empresas extranjeras no debía superar a la mitad de la tasa de expansión de la cartera total de préstamos. Esto implica una redistribución del crédito a favor de las firmas nacionales, más o menos rápida, según sea la velocidad de crecimiento del saldo de préstamos, que suele ser acelerada en períodos inflacionarios.

FINANCIACION EXTERNA. El BCRA indujo, también, a las empresas extranjeras, a tomar préstamos de financiación en el exterior. Mecanismo: la firma obtiene un crédito en dólares, que convierte en pesos, asegurándose la recompra de las divisas en un plazo máximo de seis meses mediante su adquisición a término, abonando por ello una prima. Esta es regulada por el propio Banco Central a través de sus intervenciones en el mercado de futuro. En octubre el tope de regulación se redujo del 8 al 6 por ciento. Como los swaps (o pases, denominaciones del mecanismo) requieren su aprobación, inició una amplia política de autorizaciones. Parte de la demanda crediticia de las empresas extranjeras se orientó hacia el exterior, y a un costo admisible: del 18 al 19 por ciento, resultado de adicionar el interés del prestamista externo, la comisión del banco interviniente y la prima de futuro.
Queda una incógnita que preocupa a las empresas extranjeras: la contrapartida de los swaps es para el Central la asunción de los compromisos en el mercado a término. Si las empresas deciden no solicitar la renovación de los pases cuando vencen, el BCRA deberá aprestar los dólares. Los compromisos sobrevendrían a mediados de año, época estacionalmente propicia por el flujo de divisas derivadas del comercio exterior. Pero una renovación involucra, para el BCRA, una obligación con vencimiento cerca del Fin de Año, tiempo estacionalmente desfavorable para las reservas en moneda extranjera.
Pero esta incertidumbre para el BCRA, que no puede prever qué harán las empresas, se convierte para éstas en un agudo dilema: el Banco puede entrecerrarles la puerta o, aun, denegarles en junio o julio la renovación de los pases. ¿De dónde saldrían, entonces, los pesos para cubrir el vacío que dejen los dólares devueltos? Otra pregunta —una más— de difícil respuesta.
Revista Panorama
02.02.1971

Moyano Llerena

Dagnino Pastore y Krieger Vassena

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