Ni siquiera la posibilidad de una reforma constitucional estimuló el entusiasmo opositor: por creer que todo el juego oficial se reduce a una maniobra dilatoria, o que desembocará en una nueva forma de proscripción y consecuente ilegitimidad, los sones oficiales no consiguen concitar ni -al menos— una tregua en los ambientes politizados.
Entre las dos puntas de la oposición aquellas que se manifiestan con la dinámica de la revolución social o con el puro reformismo liberal —el gobierno maniobra agrupando fuerzas para conformar un respaldo-, que algunos intentan convertir en partido oficial. Por eso Oscar Alende, comandante de las residuales falanges de la UCRI, estima que "los anuncios de Levingston son positivos en cuanto reconocen que el pueblo está en una situación general de tensión por la falta de una verdadera imagen revolucionaria. Admite que el mismo pueblo reclama, por sobre todo, soluciones a corto plazo de sus problemas económico-sociales, aun por encima de los anuncios meramente políticos electorales". Sobre la base de esta simplificación Alende alienta esperanzas en la profundización de la Revolución ("el gobierno debe aplicar medidas tan enérgicas y rotundas como las que se adoptaron en el primer ciclo de la RA en favor del imperialismo internacional del dinero" —CIC—) y desecha la eventualidad electoral: "No creo en la necesidad actual de la reforma constitucional, salvo el plazo de 4 años en los mandatos. Las elecciones escalonadas, otra eventualidad, solo servirían para que los contrarrevolucionarios coloquen piedras en el camino perturbando el tratamiento de temas fundamentales"
Esa misma apuesta a la reversión de un rumbo económico y político esculpido por el estilo de gobierno RA es la que juega el frondicismo: "El plan político -condena el publicista frigerista Marcos Merchensky— no es otra cosa que un pequeño truco para ganar tiempo. Es posible que los padres de la criatura piensen así hacer la revolución, pero el tiempo desde junio de 1966 y, con otro ritmo, desde junio de este año, corre a favor de la contrarrevolución Es decir, todo el período que se lleve el plan político servirá para consolidar la vieja estructura". Para Merchensky obviamente tampoco resulta simpático el propósito de reforma constitucional: "Es también parte del operativo distracción. Se volverá, sin embargo, como boomerang contra sus creadores. Sea cual fuere el motivo por el que se llame a votar a los argentinos (la Constitución, un proyecto de Manrique o el horario de los basureros), lo haremos en contra del gobierno y a favor de la Revolución Nacional".
Esa misma desilusión respecto de las modificaciones de base campea en otro sector adepto al reformismo social. Salvador Busacca, uno de los líderes del Movimiento de la Democracia Cristiana apunta respecto de las afirmaciones presidenciales: "Decir de cambios estructurales que no se visualizan ni en el documento, ni en el accionar del Estado, no pasa de ser una guitarreada, más moderna quizá que las de ciertas combinaciones electorales, pero guitarreada al fin. Lo cierto es que el sistema financiero en lo esencial está como era entonces, dedicado a la especulación, a lo innecesario, al lujo". Para Busacca solo permanece una esperanza: "Lo único real que queda de las directivas al Ministerio del Interior es la posibilidad de una tregua de 4 a 5 años, para que durante ese lapso se arme un nuevo equipo civil-militar lúcido, independiente y generacional capaz de entender que el problema de una revolución no se resuelve con un genial ministro de Economía sino con un equipo con genio político".
No es precisamente una tregua la que han pedido el viernes 11 los políticos acuerdistas a partir del segundo documento de La Hora del Pueblo dirigido a las Fuerzas Armadas. Dos días antes de la publicación de la segunda catilinaria civil, dos de sus firmantes (Jorge Selser y Enrique Vanoli) fustigaron ante ANALISIS la definición levingstoniana. "El discurso ha sido decepcionante —estimó el socialista Selser-. El Presidente electo por los comandantes intentó demostrar que los dirigentes políticos están separados de las masas, que los estudiantes son agitadores y que los sindicatos obreros están infiltrados por los políticos. Es decir que todo anda mal, menos la clara mente de nuestros gobernantes que llevan cuatro años y medio pensando en un plan político que no alcanzan a balbucear. Del discurso presidencial solo queda en claro que existe la voluntad de continuar por años en el uso de un poder irrestricto y que ya ha traído al país las consecuencias que todos conocemos. La contestación más expresiva a Levingston le fue dada por los estudiantes de Neuquén; las fotografías donde aparecen dándole la espalda han quedado como documentos históricos". Es la misma indignación feroz que conmueve al secretario del comité nacional de la UCRP: "Al parecer el general Levingston cree estar a cargo del gobierno de otro país ya que sus palabras carecen total y absolutamente de realidad —se sulfura Enrique Vanoli-. Mantener la congelación de la actividad partidaria durante 1971 es ignorar la actual situación nacional. Así, el país está sobre un abismo, porque los hechos de violencia van in crescendo y son cada vez más espectaculares y atrevidos. La opción es clara: o institucionalizamos el país o la subversión no será de unos pocos sino de la mayoría". El radicalismo se muestra flexible en la posibilidad de la reforma constitucional: "Es evidente que algunos retoques tales como la unificación del mandato presidencial y legislativo pueden ser realizados por vía gubernamental como ocurrió en 1963 con los mecanismos de elección de gobernadores en algunas provincias. Pero cualquier intención deberá ser sometida a la voluntad popular en el mismo acto en que se elijan los gobernantes constitucionales".

Hora del pueblo, Opus II. La segunda emisión documental del acuerdo de los partidos (conservadores populares, demo-progresistas, peronistas ortodoxos, socialistas argentinos, radicales bloquistas, radicales populares) lanzada desde la casa del aramburista Manuel Rawson Paz, respondió a las afirmaciones de Levingston y explícitamente se dirigió a las Fuerzas Armadas para buscar una-modificación de la situación. "Pieza deplorable en verdad -estigmatiza La Hora— que compendia actitudes agraviantes con lamentable olvido de la jerarquía que tiene asumida, en nombre de las Fuerzas Armadas exclusivamente, quien las pronunció". En apelación directa a las opiniones militares el documento anota: "Se gobierna en su nombre (el de las FF.AA. y se invoca su representación. Luego quiérase o no, las culpas de los usurpadores recaen sobre las mismas Fuerzas Armadas. Tampoco tiene sentido puntualizar que los jefes y oficiales no gobiernan por medio de sus representantes (...). Es cierto, pues, que las Fuerzas Armadas no pueden gobernar ni directamente ni por representación.
Pero esto no impide que toda la Fuerza Armada, en conjunto y globalmente haya sido jugada en esta experiencia oficialmente inaugurada en 1966". Los acuerdistas apuntan en beneficio de sus tesis las rebeliones provinciales: "En cualquier lugar del país, aun en los más tranquilos, el pueblo encuentra motivos para manifestar su irritación frente a un gobierno que compromete a las Fuerzas Armadas. Huelgas, enfrentamientos de todo tipo, motines policiales y terrorismo cotidiano constituyen una realidad lamentable que exige una superación. Los hombres pertenecientes a diversas fuerzas políticas la deseamos ardientemente. Pero las Fuerzas Armadas no pueden esperar con paciencia infinita de nuestra parte". Una manera de recordar a la milicia que el proceso nacional puede estar a punto de escapar de las manos moderadas para internarse exclusivamente en los meandros sin retorno del enfrentamiento armado. Luego del diagnóstico, los partidos proponen sus remedios: poner en funcionamiento inmediato los partidos, anunciar en forma certera fechas de pronunciamientos electorales. Tras esta declaración el acuerdo partidario parece estar tentando la organización de una demostración pública de fuerza contra el gobierno, una forma de obligar al oficialismo a medir sus fuerzas con los que califica de irrepresentativos.
No menos dura y escéptica es la manifestación de los políticos liberales como Pablo González Bergez, colocados fuera del acuerdo. "De nuevo —acota el dirigente conservador— no hay nada. Otra vez se habla de mística revolucionaria. De tanto mentarla se ha de generar otra, pero de una revolución de cuño muy distinto a la que se presume vivir actualmente. Parece para el gobierno que lo importante son los 4 ó 5 años y en realidad el tiempo tiene importancia de acuerdo a con que se lo llene". Para González Bergez el problema no radica en ajustar el mandato presidencial a la presunta duración de las crisis argentinas sino en "evitar la irrepresentatividad de los gobernantes que ha reinado en los últimos 15 años". Cómo superar ese vacío producido por la carencia de partidos dominantes: "No existe otra salida que producir la elección del presidente por el Congreso". En el terreno de las posibilidades González Bergez estima que "entre este gobierno y la salida habrá pasos intermedios. Me parece urgente la formación de un gobierno provisional que realmente abra el debate político".
De algún modo la convicción de provisoriedad del momento político preside las afirmaciones de Marcelo Sánchez Sorondo, el insistente animador del nacionalismo: "El país tiene la convicción de que Levingston no es el último Presidente de este largo interinato político que ha devenido la Revolución Argentina. Ofrecer luego de 15 años de fracasos, la reiteración del plan político de la Revolución Libertadora es un hecho muy parecido a una pesadilla. Con ello se echa más leña a la hoguera de la anarquía y la subversión". Sánchez Sorondo no cree en la profundización de la RA: "Es imposible dentro del ámbito de la RA parir la Revolución Nacional. Hay que crear una nueva línea de oposición civil".
Rodolfo Tecera del Franco, ubicado en el peronismo político moderado, "observa" la idea del gobierno de profundizar el proceso para encarar luego la salida política. Creo que esto es poner el caballo detrás del carro". En perspectiva también no paladinista, pero ubicada en el espectro duro del peronismo Miguel Gazzera rechazó las perspectivas oficiales: "No hay un atisbo que demuestre la intención de crear un mecanismo de participación política que permita abrigar la esperanza de que el pueblo tenga voz y voto en los preparativos previos a lo que se pretende establecer como normalización constitucional. Se ratifica la presencia del poder económico separado totalmente del despotismo político del cual se ha responsabilizado a los 3 comandantes en jefe y a un cuarto general. El plazo de 5 años hace inexplicable que las FF.AA. hayan destituido al general Onganía. El gobierno quiere realizar el intento de instrumentar como agente del poder a una burguesía nacional que está castrada".
La misma decepción por el preplan político campea en las reflexiones del líder de la democracia cristiana argentina. "El discurso de Neuquén -dice Horacio Sueldo— ignora olímpicamente la evidencia que el pueblo debe tener la oportunidad de elegir (nosotros proponemos mediante un plebiscito) el plan político. El gobierno afirma que los partidos no son representativos, pero no se les permite actuar porque hacen peligrar la paz nacional. El gobierno afirma carecer del apoyo de la población pero se autoadjudica otros 5 años para lograr ese respaldo. El discurso de Levingston, una proclama infatuada y belicosa, tiene una sola respuesta: seguir la lucha por la autodeterminación popular".
El gobierno se ha prometido como regalo de Navidad un plan de trabajo para la elaboración del plan político. Si las escaladas gremiales merecen su rechazo, la violencia revolucionaria, su repudio; sería bueno que olvidara, aunque fuera de a poco, su desprecio por la clase de los políticos. Es conveniente para su salud futura.

REFORMA
Los abogados dicen No
"La Constitución es modificable y perfectible, pero solo en un ambiente institucional distinto al dominante actualmente en el país", fue la conclusión a que arribó, finalmente, la mayoría en la reciente 8a. Conferencia Nacional de Abogados convocada el jueves 3, en el colegio que agrupa a los letrados del Departamento Judicial de La Plata. El "despacho mayoritario" —como se insistió en llamarlo- impuso de esta forma la tesis de la inoportunidad de la reforma constitucional, teniendo en cuenta "las circunstancias" por las que atraviesa la vida institucional del país. Pero la improcedencia tuvo, durante el desarrollo de las sesiones platenses, una filosa tramitación.
"Analizados los hechos ocurridos desde el movimiento militar de 1966 —apuntan los 69 abogados por boca del1 socialista Wálter Costanza-, las imprecisiones, ambigüedades y oscuridades de las declaraciones y planes de los dos gobiernos surgidos de ese acto de fuerza, el carácter y fines de la legislación represiva dictada e impuesta, la disolución irreversible -según manifestaciones oficiales— de los partidos políticos, hacen que no estén dadas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para la reforma". El razonamiento, a propósito de la inhabilidad para que la empresa reformista sea encarada por el gobierno que comanda Roberto Marcelo Levingston, prefirió obtener su partida de bautismo y confirmación en la arena política.
Para corroborarlo, los signatarios del breve documento afirman que "ante la existencia de un poder absoluto detentado por las Fuerzas Armadas, y con ausencia del pueblo en la infraestructura del poder, no es posible la reforma". No resultó fácil sustraer a los abogados —muchos de ellos de antigua militancia partidista— del tratamiento propuesto a partir del tema B. Constitución Nacional, ¿es necesario reformaría? , inquirieron los organizadores de las jornadas, que contaron con representantes  del foro nacional. En el caso de que resultara afirmativa la proposición habrían de establecerse los puntos principales de la reforma. Como punto final, el análisis habría de centrarse en los "medios para asegurar la estabilidad y eficacia de los gobiernos que de ella deriven".

El foro político. "Resultó evidente el interés inmediato que despertó entre los asistentes la cuestión a debatir —declaró a ANALISIS el abogado Carlos Acevedo—, y ello se vio patentizado en el número de integrantes de la comisión encargada del tema propuesto". Las cifras acompañan a la aseveración de Acevedo: 145 abogados —de los casi 300 asistentes a la reunión— se instalaron en la comisión, una tribuna tentadora. El resto de los delegados se repartió en los 5 grupos restantes de trabajo. A ellos les tocó tratar otros puntos asignados al primer grupo de temas: las estructuras del poder y la representatividad en el Estado moderno, en función de la realidad argentina, enfoque central que se subdividió en otros ítem que no lograron el atractivo del tema reforma constitucional, convertido en vedette de las deliberaciones.
El jueves 4, la Conferencia fue formalmente habilitada con la asistencia del ministro de Justicia, Jaime Perriaux. Lo acompañaban en el estrado, el titular de gobierno bonaerense, José de San Martín y las autoridades del encuentro: los presidentes de la Federación Argentina y del Colegio de Abogados anfitrión, Edgard Ferreyra y Gualberto Mostajo. San Martín dio la bienvenida en nombre del gobierno de Buenos Aires a las delegaciones presentes. Cuando comenzó a parafrasear la salutación, una veintena de abogados abandonó ostensiblemente el salón. Retornaron para oír a Ferreyra y luego tornaron a la demostración de repulsa cuando Perriaux comenzó a improvisar su discurso.
Si la presencia de los funcionarios oficiales había crispado a los rebeldes y tratado de insinuar que a la Conferencia podía sospechársela de prooficialista, las palabras del ministro nacional no encontraron buen eco entre algunos de los que permanecieron escuchándolo. Afirmó haber leído el despacho original de la Comisión Coordinadora del encuentro —que luego se analizó durante el desarrollo de la sesiones como simple "hipótesis de trabajo"—, para cuyos integrantes tuvo especial reconocimiento. Pero allí no terminaron los plácemes de Perriaux. "En ese despacho, que no por relativamente breve es menos denso y jugoso, asombrosamente y para gran regocijo mío he encontrado, por ejemplo, una notable coincidencia en lo esencial con el documento que he conocido hace pocos días, elevado por el Comando en Jefe del Ejército al señor Presidente de la República, acerca, precisamente, del proceso institucional futuro inmediato. .. Una coincidencia básica, sumamente grande en una serie de puntos absolutamente esenciales", reiteró el ministro.
Ante ANALISIS, Perriaux no quitó una coma a las expresiones vertidas en La Plata frente a los abogados. "He quedado bien impresionado por el serio y fundado despacho de la Comisión Coordinadora. Me causó profunda alegría el tenor de las ideas expuestas, coincidente en muchos aspectos con el que presentó Ejército". Radicales, socialistas, comunistas y algunos conservadores, arco iris ideológico que se pronunció en contra de la oportunidad de la reforma constitucional planteada como hipótesis, quebraron el optimismo ministerial. "Un movimiento de fuerza que no es revolución, sin legitimidad, y sin apoyo del pueblo, que antepone a la Constitución su propio Estatuto, carece de título válido para intentar modificaciones en la Ley Fundamental", afirmaron los letrados.

Necesidad y oportunidad. Resultaron dos términos que jugaron una maratón controvertida. La Coordinadora propugnó la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Nacional, "mediante la incorporación de normas que contemplen la situación real y actual de la sociedad argentina y aseguren la libertad, la justicia, el bienestar general y la estabilidad y eficacia del gobierno". Entre los requisitos indispensables apunta el documento:
• Promover en el país un clima político de concordia nacional, en el que ciudadanos, partidos políticos y gobierno ejerzan sendos derechos y deberes a fin de asegurar "el encauzamiento y la continuidad institucional".
• Llevarla a cabo en una convención de representantes elegidos por decisión popular, "mediante la actuación de partidos políticos". Señalan que teniendo en cuenta "los antecedentes de la crisis política argentina", es saludable que tal Convención logre reunirse "antes de constituirse los poderes ordinarios". Entre los puntos principales a encarar en la reforma figuran los sistemas de elección y duración de los mandatos para los futuros titulares del Ejecutivo y del Parlamento. Presidente y vice mediante elección directa, aplicando el sistema francés del ballotage. En caso de que en la primera votación no obtengan los candidatos la mayoría absoluta (51 por ciento) habría de realizarse nueva compulsa entre los 2 candidatos más votados. Cuatro años de gestión para ellos y los miembros del Congreso y que las respectivas elecciones sean simultáneas, integran la proposición presentada.
Otros temas condicionan la organización y funcionamiento de los poderes, el régimen federal (en cuanto a su fortalecimiento, distribución de competencias y funcionalidad del sistema rentístico), como asimismo la "atribución de jerarquía constitucional a los partidos políticos". Los abogados Yurrebaso Víale, Lasala, Mostajo, Sívori, Aftalión, Alegre, López, Rouxaut y Vanosi ostentan la paternidad del despacho. La excitación política desplazó la intención arrimada por la Coordinadora. "Siendo hoy el pueblo nada político, disueltos los partidos, resulta absurdo que la ciudadanía sea llevada a la cumbre del poder constituyente, cuando nadie la representa y el poder militar es todo", dijo Costanza a ANALISIS. Lo cierto es que el tema despertó movida discusión hasta alcalizar por momentos tono de barricada , y las pautas enunciadas en el discurso presidencial de Neuquén (viernes 4 encontraron en La Plata una respuesta que no podrá dejarse de tener en cuenta.

REFORMA CONSTITUCIONAL
Dos juristas, expertos en derecho constitucional, fueron consultados por ANALISIS sobre la posibilidad de una reforma al texto de la Constitución, tal como fue preanunciada por el Presidente Levingston. Carlos Sánchez Viamonte (ex profesor en la Universidad de La Plata y conocido constitucionalista) y Juan Francisco Linares (ex profesor de derecho público en La Plata y derecho, político en la UNBA) manifestaron así su posición:
S. VIAMONTE CARLOS SANCHEZ VIAMONTE: "Opino que es ilegítima y nula toda resolución tomada por un funcionario o un gobierno usurpador. Este que tenemos, no es un gobierno de facto, porque en nuestro sistema constitucional no hay posibilidades para esta situación, ni para un estado de revolución. Cuando la posesión de un cargo ha sido obtenida violentamente por una imposición de fuerza, cuando se ha producido mediante el desalojo de un gobierno de jure, entonces no es posible aplicar la doctrina de facto a los usurpadores, ni contemplarlos con las mismas consecuencias jurídicas. Hasta la Corte Suprema no ha tenido razones jurídicas cuando reconoció los llamados gobiernos de facto y por eso no los puede invocar. Para ser funcionario de facto se necesita el ejercicio de una función de jure con la posesión de un título en apariencia legítimo. Cuando esto falta el funcionario no lo es de facto sino que ingresa en la categoría de usurpador. En esas condiciones es imposible el planteo de reforma de la Constitución".
JUAN FRANCISCO LINARES: "Como instrumento escrito, la Constitución es reformable y perfectible. Pero la modificación de nuestra Carta Magna sería una obra de 30 años de educación mediante un nuevo sistema de enseñanza y una nueva organización educativa. La Constitución de 1853 nunca fue una carta hecha según nuestra conformación social. Nos quedó siempre grande. Nunca la merecimos. Por eso, no se trata de reformarla ahora, sino de reformar a los argentinos. Cualquier enmienda tendría tan poca o ninguna vigencia como la actual Constitución o como la reforma del artículo 14 en 1957 o la Constitución de 1949. No servirá sino para dividir más a los argentinos y crear más caos y desentendimiento social, eso sí, con una constitución refrita y adornada. En otras palabras, la enmienda sería inútil mientras no se reforme previamente a los ciudadanos y ésta no es cuestión de cuatro años.

Revista Análisis
15.12.1970

Ir Arriba