Los psicoanalistas tratan de curar las neurosis haciendo surgir los problemas en la conciencia de sus pacientes. Indudablemente, como médico, el doctor Illia debe ser contrario al método psicoanalítico. Pero, simultáneamente, debe ser contrario a los drásticos sistemas de la psiquiatría tradicional. Para el presidente, en apariencia, los problemas no son la causa sino la consecuencia de la neurosis del país; la causa sería el exceso de actitudes espectaculares. Reducida así la dimensión de la causa, la terapia adecuada parece ser una larga paciencia.
Lo cierto es que el presidente de la República tiene una visión idílica de la Argentina. Pero la realidad golpeó la semana pasada con inusitada violencia a la Casa de Gobierno. Y, demasiado aferrados al esquema del doctor Illia, sus funcionarios parecían no entender cómo la paz del verano podía desmoronarse tan repentinamente.
A fines de semana, el plan de lucha y la conmoción social habían causado ya tres muertos, mientras el ministro del Interior, doctor Juan Palmero, hablaba de la vida pacífica que se iniciaba para los argentinos, el envío de proyectos de derogación de leyes represivas al Congreso y la participación del justicialismo en el juego republicano. A las 24 horas, un hombre con categoría de viceministro, el subsecretario de Defensa Nacional, Hernán Cortés, desmentía categóricamente a su colega y ex condiscípulo, y expresaba las razones por las cuales las proscripciones no podrían ser levantadas. Poco después, el ministro de Economía, Eugenio Blanco, hablaba de soluciones de fondo; de planes de largo, corto y mediano alcance y de las perspectivas interesantes que aparecían como consecuencia de la política económica del gobierno. Al día siguiente, la Confederación General del Trabajo ratificaba su plan de lucha, mientras los empresarios seguían expresando que las soluciones de fondo propuestas por los sectores laborales eran indispensables, aunque pudiera discreparse con los métodos.
Indudablemente, sí el país está neurótico —como diagnostica el doctor Illia— las prescripciones presidenciales no parecen surtir efecto. Esta última ha sido una semana de duras y contundentes experiencias para el gobierno.
Hace dos meses, algunos asesores presidenciales trazaron un cuadro sinóptico. Había cuatro esferas de problemas posibles: situación internacional, Fuerzas Armadas, peronismo y el rubro económico-social. Solamente en lo económico-social se presentan problemas —coincidieron entonces—, y el gobierno se puede dedicar a trabajar en soluciones a largo plazo, con absoluta calma, porque el tema crítico estaba circunscripto. Pero los asesores del doctor Illia no tenían presente la posibilidad de una complicación del tema crítico: en medicina, complicación es el ingreso al organismo de una enfermedad que entra aprovechando la brecha abierta por otra.
La situación económico-social exacerbó el dormido tema del peronismo, y mientras alentó por un lado a la línea dura justicialista provocó, por el otro, la agresiva reunión de comandos civiles revolucionarios, que una versión periodística menciona como realizada en "algún lugar de Córdoba" y que, en realidad, habría tenido lugar en una quinta de General Rodríguez que, según algunos rumores, pertenecería a un alto funcionario del gobierno. El tema "plan de lucha de la CGT" había hecho que la conflictiva situación que se vivía en lo económico-social contagiara su estado crítico al problema peronista.
Al mismo tiempo, proseguía la campaña justicialista indicativa de que Juan Domingo Perón volvería al país en 1964. El ex presidente comenzó desde hace un tiempo a decir a todos sus visitantes: "Estaré en Buenos Aires en el año 1964; no sé si en enero o diciembre". Y hasta el cauteloso ingeniero Alberto Iturbe, luego de algunas resistencias, tuvo que repetir la frase para no quedar en déficit ante sus correligionarios más entusiastas. Lo cierto es que Perón habría dicho que este año se darían las condiciones para su regreso, pero no quedó aún claro a qué condiciones se refería: si a una situación muy pacífica o si a una situación muy violenta. Aunque el tema pueda ser meramente propagandístico, lo cierto es que sirvió para crear inquietud en numerosos sectores —inclusive de las Fuerzas Armadas— que advertían la posibilidad de una situación extremadamente crítica si Perón intentaba confirmar en los hechos las declaraciones que insistentemente se le atribuyen.
El gobierno pudo ver así cómo, en ese clima, es el subsecretario de Defensa (y no cualquier otro subsecretario) quien desautoriza al ministro del Interior. La enfermedad económico-social se había complicado con un rebrote del tema peronista, y el tema peronista creaba inquietud en algunos mandos, y simultáneamente, inesperadas declaraciones de Cortés. Entre tanto, tres personas morían en tiroteos y había varios heridos. De los tres temas que el gobierno entendía como normalizados hace sesenta días, uno había entrado decididamente en crisis (el peronismo) y un clima de tensa vigilia comenzaba a vislumbrarse en el otro (Fuerzas Armadas). El esquema inicial había quedado hecho pedazos por los acontecimientos.
Sin embargo, parece que, al menos en un sector, la experiencia surtió sus efectos. Después de un primer rechazo de su proposición de conversar informalmente con la CGT, el ministro del Interior comprobó que la tesis de arreglar las cosas con diálogos de café no era más transitable y optó por el ofrecimiento oficial.
También el ministro de Defensa Nacional, Leopoldo Suárez, tiene una idea clara de la realidad, ya que, apenas enterado de las declaraciones de Hernán Cortés, se apresuró a solidarizar a todo su ministerio con la gestión del titular de Interior.
Pero el gobierno debe comprender que difícilmente la opinión pública acepte la explicación de que Hernán Cortés habló a título personal, a menos que resuelva inmediatamente, en sentido favorable, la renuncia verbal del subsecretario. E, inclusive, si acepta esa renuncia, es difícil ahora pensar que el radicalismo del Pueblo que hizo una sistemática prédica gorila como partido opositor, que luego prometió un gobierno equidistante y de pacificación, que alberga en su seno a las tendencias más opuestas, ha logrado resolver sus contradicciones internas y la lucha de sectores, uno de los cuales está representado por Hernán Cortés.
Evidentemente, en el curso de los próximos días, el gobierno debe decidirse por una línea homogénea y coherente, en los hechos y no solamente en los discursos. Esta dramática segunda mitad del siglo veinte debe llegar a tener vigencia, también, entre los radicales del Pueblo, quienes parecen no decidirse a abandonar la dinámica de 1920.

CGT
Todavía puede haber solución
El viernes a la noche, el primer piso de la Casa de Gobierno —donde está ubicada la Sala de Periodistas— presentaba inesperadamente la misma imagen física que se ofrecía en la época de los planteos militares. Quizá en el momento en que el movimiento de periodistas era más intenso, la expresión de un funcionario de la secretaria de Prensa —"parece que llegamos a Dallas"— colocaba el matiz dramático en el ambiente. Indudablemente, las derivaciones del conflicto entre la CGT y el gobierno habían devuelto a los ambientes oficiales, casi sorpresivamente, un clima de tensa expectación.

La guerra y la paz
Durante mucho tiempo, la Confederación General del Trabajo, a través de sus directivos, había insistido en que el plan de lucha se desarrollaría pacíficamente en todas sus etapas, incluyendo la ocupación de las fábricas. Esa evolución de los hechos parecía, al menos, posible. Los memorándum de los servicios de informaciones de las mismas Fuerzas Armadas no preveían graves alteraciones del orden, y un informe del ministerio de Trabajo —que llegó a manos del presidente a principios de la semana pasada— vaticinaba que la tensión social creada por el plan de lucha comenzaría a diluirse antes de alcanzar su temido punto explosivo: la ocupación de las fábricas.
Las Fuerzas Armadas, simultáneamente, convencidas de que el orden público no sería gravemente alterado, se mantenían en la disposición de no intervenir en las tareas represivas: no podían arriesgarse a ningún grado de deterioro cuando todo indicaba que algunos previsibles episodios aislados podían ser resueltos sin dificultad por las fuerzas policiales.
Lo que nadie había calculado es que los grupos comunistas, por una parte, y los nazis de Tacuara, por la otra, aprovecharían la oportunidad que les brindaba el plan de lucha para, encaramándose en los acontecimientos, dirimir a balazos sus cuestiones.
Los acontecimientos de Rosario —que habían producido tres muertos hasta el cierre de esta edición— introducían, indudablemente, nuevos aspectos en la situación. La Confederación General del Trabajo insiste en que el panorama deducible de los hechos de Rosario no puede aplicarse al resto del país. Los dramáticos acontecimientos que se registran en esa ciudad —dicen— no pueden extenderse a otros lados donde existe disciplina gremial y la CGT controla la situación desde las mismas bases gremiales.

Precauciones
A fines de semana, el jefe nacional de Tacuara, Alberto Ezcurra, solicitó una entrevista personal al secretario general de la CGT, José Alonso. Alonso se negó a recibirlo y le hizo transmitir que si Tacuara intentaba seguir infiltrándose en el problema gremial, la central obrera contaba con fuerzas suficientes como para barrerlos del mapa. En cuanto a los comunistas, los gremios adheridos a la CGT están suficientemente alertados y se disponen a marginarlos —si llega el caso, enérgicamente— de toda posibilidad de interferencia. La CGT tomaba así sus precauciones para que los grupos extremistas no pudieran operar a través del plan de lucha.
Sin embargo, esas precauciones no despejaban una inquietante incógnita: si algunos episodios no permitirán, en determinado momento, retomar la iniciativa a elementos extremistas. Algunos observadores admitían como posible la siguiente secuencia: los obreros ocupan las fábricas; la policía se dispone a desalojarlos; los obreros acatan y se disponen a retirarse; en esa etapa reaparecen nazis y comunistas y aprovechan para recrear el clima de violencia. En ese caso, por supuesto, la evolución prevista para la situación cambiaría radicalmente.
Los más prudentes entienden que lo preferible es un acuerdo entre las partes que evite que el plan de lucha sea llevado a sus extremos. Pero el gobierno intentaba, hasta la semana pasada, contener a la Confederación General del Trabajo por una curiosa aplicación de la metodología radical del Pueblo: contestar indirectamente y en forma tangencial a las demandas. Alonso dijo: "Quieren rodearnos. Es infantil". Así se sucedieron los discursos del ministro del Interior, Juan Palmero, diciendo que el Congreso considerará la derogación de la legislación represiva y que el peronismo tendrá acceso a la legalidad, y el mensaje del ministro de Economía, Eugenio Blanco, asegurando que las realizaciones y proyectos del gobierno permitirán una solución de los problemas sociales.
Lo cierto es que los directivos de la CGT no se manifestaron conformes con esas respuestas indirectas. Y el jueves 27, la declaración del subsecretario de Defensa, Hernán Cortés, pasaba a incorporarse como nuevo ingrediente a la situación. A partir de entonces, la CGT resolvió desconfiar decididamente de todas las afirmaciones que no fueran declaraciones oficiales del propio presidente de la República.

Dos invitaciones
Entretanto, las gestiones oficiosas de mediadores, realizadas con el objeto de que la CGT levantara el plan de lucha —o al menos suspendiera su última etapa—, continuaban. También proseguían las gestiones oficiosas de altos funcionarios del gobierno: el jueves, el secretario de la central obrera recibía una invitación telefónica del ministro del Interior para concerté una entrevista. La respuesta de Alonso fue negativa, luego de consultar al doctor Palmero si se trataba de una invitación oficial para alguna propuesta concreta. El ministro dijo que no, que se trataba de considerar informalmente la situación. Alonso señaló entonces que no tenía sentido, en ese momento, una simple conversación, si no se llevaban a esa conversación elementos nuevos que permitieran una evaluación de los hechos, y que asistiría solamente si mediaba una invitación oficial. El viernes se producía esa invitación oficial para dos entrevistas de la CGT con el doctor Palmero y el presidente de la República. La novedad se dio a conocer en la Casa de Gobierno y en la central obrera, y se informó que la CGT aceptaba. No hay agenda previa para las conferencias, pero la posibilidad de una solución volvía a tomar cuerpo.
Revista Primera Plana
03.03.1964

Ir Arriba