LEY DE JUBILACIONES
SOLO REMEDIO
Concebida para resolver el agudo déficit de las Cajas de Jubilaciones antes que el sistema previsional argentino, la ley 17.310 vuelve a postergar la posibilidad de un régimen integral y eficaz. Aunque los recientes aumentos benefician a la mayoría de los jubilados, éstos se siguen preguntando cuánto tiempo les demandará alcanzar el congelado tope del 82 por ciento
Ley de Jubilaciones
"La ley será un instrumento de malestar social", pronosticó Emilio de Cecco, presidente de la Confederación de Maestros, uno de los sectores más perjudicados por la sanción de la ley 17.310, que pretende poner un poco de orden en el viejo problema de los jubilados. Esta medida, una de las más controvertidas del gobierno revolucionario, fue tema de discusión en todas las plazas de la Capital, convertidas de pronto en agitado Parlamento popular. "Si ya era antes una carrera maldita, ahora se convertirá en un martirologio", protestó un veterano docente arrumbado en un banco de las Barrancas de Belgrano. La nueva ley aporta otra novedad, afectando a los dos polos del mercado de trabajo: los que estaban a punto de jubilarse y los que recién empiezan.
Elaborada por los organismos técnicos del Ministerio de Seguridad Social, para mitigar el déficit crónico de las Cajas de Previsión, la ley abrió el flanco más criticable de la política oficial. Aunque una de las banderas agitadas por la Revolución fue, precisamente, la del bienestar social, las expectativas acumuladas se estrellan contra lo que el propio gobierno optó por llamar un "remedio de urgencia".

¿QUIEN PAGA LA SOLUCION?
Obligado por el déficit que las Cajas arrastran crónicamente, el Gobierno apeló a dos instrumentos igualmente drásticos: la ley de moratoria previsional y la de jubilaciones. Esta última está basada en un expediente sencillo: se aumenta en cinco años el límite de edad, acrecentando así la población activa en la misma medida que disminuye el sector inactivo. En síntesis: se genera un incremento inmediato y voluminoso de los ingresos, mientras decrecen los egresos. Al congelar paralelamente el régimen del 82 por ciento móvil —que el Gobierno llama "de privilegio"—, en el nivel alcanzado al 14 de junio último, se cierra de paso otra de las compuertas por donde se desangraban las finanzas de las Cajas.
Nuevamente de Cecco se ocupa de esfumar la ilusión: "Este simple sistema de sumas y restas trata de salvar a las Cajas a costa de sus afiliados, que son los trabajadores. Se concreta así un viejo proyecto del ingeniero Álvaro Alsogaray".

RADIOGRAFIA DEL PRIVILEGIO
No sólo los afectados critican la congelación del 82 por ciento móvil —los llamados regímenes especiales o de "privilegio": empleados del Servicio Exterior, Poder Judicial, Congreso y Ministerio del Interior—: también los empresarios. Israel Dujovne, dirigente de la Confederación General Económica (CGE), que manifestó estar de acuerdo con los nuevos límites de edad "porque en este país las expectativas de vida han aumentado", censuró la nueva ley por ser incompleta. "Es necesario rever las escalas, porque las actuales son injustas. Además —precisó — los reajustes por aumento en el costo de la vida deberían ser automáticos". Es, precisamente, lo que establecía el vapuleado 82 por ciento móvil, con el que se beneficiaba apenas a 55.000 jubilados, del millón cien mil que existe actualmente.
El decreto reglamentario que el gobierno diera a conocer en la noche del miércoles 28, tiende a corregir la injusticia señalada por Dujovne. Pero la federación que agremia a los educadores (FAGE) no atemperó sus quejas: "La justicia —adujo— no se hace nivelando en la miseria".

CGT VERSUS GOBIERNO
Mientras tanto, los pasillos de la CGT se conmovían con una conclusión más dramática: "Esta ley constituye un paso mas del Gobierno tendiente a desmoronar las conquistas de cincuenta años de lucha". Para Albino Dorato, uno de los cuatro que comparten la Secretaría General del máximo organismo obrero, "es un grave retroceso en la legislación previsional. Implica —dijo a SIETE DIAS— una violenta imposición sobre los trabajadores, ya que no fueron consultados para su elaboración".
Parece difícil, sin embargo, que la virulencia verbal de los desgastados mandos obreros pase más allá de las palabras. Es probable que los sectores afectados queden, una vez más, librados a su propia suerte.
Una suerte que, en opinión del Gobierno, debe aunarse a los sacrificios que reclama el país en la hora actual: "No era posible mantener las odiosas diferencias sancionadas por los regímenes especiales", afirmó el doctor Santiago Estrada, Subsecretario de Seguridad Social. "El nuevo cuerpo legal —supone— eliminará, además, un grave factor de perturbación en materia de empleo: los jubilados que buscaban trabajo ofreciéndose por haberes menores de los que corresponden, perjudicando a los trabajadores más jóvenes, ya no podrán seguir haciéndolo".
"Tampoco lo necesitarán", afirman círculos económicos responsables. Las recaudaciones que obtendrá la nueva ley —aseguran—, permitirán poner al día los haberes jubilatorios y hasta incrementarlos. Tanto es así que el sector empresario, que actualmente aporta el 15 por ciento en las jubilaciones, ya está reclamando una rebaja de cinco puntos. Puede ser posible a corto plazo, en opinión del Secretario de Seguridad Social, Alfredo M. Cousido —quien reconoce que los aportes empresarios son altos —, apenas las Cajas eliminen un pasivo que asciende actualmente a 120 mil millones de pesos, aproximadamente. Estas declaraciones del Secretario de Estado —según los informantes antes mencionados—, desvirtúan los efectos que la ley podría provocar: lograr un ahorro forzado.
La iniciativa ofrecería otra posibilidad: derivar el excedente en efectivo a instituciones de crédito oficiales y privadas, para canalizarlo en obras que tienen primera prioridad para el desarrollo económico. El invento no es nuevo: fue adoptado, con resultados óptimos, en Inglaterra y Francia luego de las reformas previsionales de posguerra.

CONSECUENCIAS E INCERTIDUMBRES
Si con el régimen anterior, por cada dos personas activas una se acogía a los beneficios de la jubilación, las disposiciones de la ley 17.310 llevarán esa relación a un nivel mínimo para lograr la liquidez de las Cajas: cuatro activos por cada uno pasivo. Son las consecuencias de aumentar a 60 y 55 años el límite de edad para hombres y mujeres. Pero la solución de este problema, presenta otro interrogante, una nueva incertidumbre: ¿absorberá la economía argentina la creciente demanda de mano de obra o, por el contrario, al alargar el límite de edad, cerrará las posibilidades de nuevas plazas de trabajo, con el aumento consiguiente de la desocupación? "Eso no depende de nosotros —responde el Subsecretario de Seguridad Social—, sino del éxito de los planes económicos".
Revista Siete Días Ilustrados
11.07.1967

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