Casi como en la "jornada de los tres gobernadores", vivida en la provincia de Buenos Aires por 1820, Córdoba atravesó durante el sábado y el domingo pasados una situación insólita. Tres centros de poder, de variable fuerza efectiva y popular, se disputaban la titularidad del Ejecutivo provincial: Ricardo Obregón Cano —desde la semi-clandestinidad—, Mario Agodino —desde la Casa de Gobierno— y el teniente coronel en retiro Antonio Navarro, sostenido por más de 5 mil policías en la jefatura de la repartición.
De allí en más, y hasta la definición del proceso con la intervención federal, la provincia quedó envuelta en un verdadero clima de guerra civil. Policías alzados contra el gobierno, dueños de la ciudad capital; civiles armados; intensos tiroteos y un gran desconcierto en todas las fuerzas de izquierda, peronistas o no.
En ese marco fue que no se produjeron manifestaciones de resistencia. En su lugar cundió la indignación manifiesta, pero pasiva, que atravesó las dos grandes fuerzas políticas provinciales: el peronismo y la UCR. Formalmente neutrales permanecieron las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo nacional. "Mientras no haya orden del comandante general del Ejército, nosotros no podemos actuar", dijo el Jefe del Cuerpo III, general Ernesto Della Croce. Por su parte, el ministro del Interior, Benito Llambí, asesorado por el antiguo militante de izquierda Esteban Rey, afirmaba escueta y elusivamente: "El gobierno recepta informes y la provincia tiene los resortes institucionales para superar la crisis"

UN VIAJE SIN RETORNO. El traslado del gobernador, bajo arresto ilegal de la policía insurrecta a la sede de ésta, resultó finalmente el momento en que quedó sellada la destitución de Obregón Cano. Allí se había consumado el hecho principal, y actuando con o sin el consentimiento del gobierno central, el teniente coronel Navarro ya había dado el paso principal. Al mismo tiempo se dieron a la ocupación de radios y otros puntos estratégicos. Ante un hecho de fuerza, Obregón y López necesitaban de la ayuda —proveniente del campo federal— para retomar el poder. Cuando el gobernador liberado emitió un documento donde "reasumía el gobierno", la respuesta fue la intervención federal a través del proyecto del Ejecutivo.

EL TEMOR A LA PUEBLADA. Para Navarro y sus aliados, la condición fundamental para el éxito del operativo consistía en aguantar las primeras 24 horas. "Si no hay puebladas, el triunfo es nuestro", estimó ante Panorama un empinado dirigente peronista de derecha.
El plan de ataque, elaborado mucho antes del 27 de febrero, incluía tres niveles de ataque: el de las 62 ortodoxas, que llevó adelante la campaña de depuración ideológica en el gobierno y la derecha política del justicialismo (Mesa Redonda Permanente, Unidad y Lealtad, Grupo de los 80, Alianza Libertadora Nacionalista, JSP y una multitud de sellos) que buscaba el control del partido, era el primero. En la CGT, se operó, en segundo nivel, para vencer al eje López-Agustín Tosco. Producida esta operación, que se garantizó a través de la presencia de Ricardo Otero y el secretario adjunto de la CGT, Raúl Ravitti. Entonces se dieron las cosas para que Navarro, antiguo ayudante de campo del teniente general Jorge Raúl Carcagno, estimulara sindicalmente a las fuerzas bajo su mando —promesas de mejoras salariales y de escalafones— para jugarlas contra Obregón.

LOS SOPORTES DEL GOBIERNO.
El gobierno derrocado se sostuvo apoyado en diversos soportes. El débil aparato del partido Justicialista; la JP y el conjunto de la Tendencia; el sindicalismo legalista; por último el FREJULI y diversos partidos de oposición, incluida en lugar preferente la UCR. A nivel nacional, el gobierno del abogado Obregón Cano carecía de sustentación en el nivel nacional, tanto en el gabinete como en el Consejo Superior peronista o la dirección nacional de las 62, exceptuando el metalúrgico Lorenzo Miguel. Una especial relación personal entre Miguel y Obregón permitía cierto margen de maniobra para el acosado mandatario.
El gobierno contó con el respaldo de numerosos sectores populares y políticos opositores. Sin embargo, en Córdoba nunca se pudo concretar un acto público de apoyo al gobierno peronista. Por otra parte, Obregón confió excesivamente —hecho que le reprochó la JP— en los buenos contactos superestructurales y en una razonable alianza con el radicalismo. Esto generó una suerte de confianza en la "invulnerabilidad" del gobierno. De tal modo, el gobierno provincial no pudo oponerse a la ofensiva contra la dirección de la CGT o a la campaña por el desabastecimiento. Tampoco esa supuesta buena posición en los más altos niveles políticos le permitió defender su política de pactos con los empresarios.
El golpe final contra Obregón fue decidido una semana antes del alzamiento, luego de las —al parecer— visitas del coronel en retiro Jorge Osinde y de un enviado especial del ministro del Interior. Al enfrentamiento político se sumo la rebelión del coronel Navarro y de los grupos civiles que dieron un tono insurreccional al choque de la derecha peronista contra el gobernador "duro".
Los observadores políticos de Córdoba insistieron en que el gobierno de la Nación no repuso al gobernador destituido por tres razones: porque había tomado vuelo libre y ponía en peligro el proyecto global de Juan Perón; frente al hecho del reagrupamiento de las fuerzas de la derecha que daba una gran oportunidad de enfrentar al titular del Ejecutivo. Finalmente, el Ejecutivo Nacional evaluaba que Obregón podía ligarse con el proyecto de Lorenzo Miguel y de sectores aliados que disputan la herencia política del general Perón. Por cierto, no escapan a estas resistencias, las observaciones críticas al mandatario provenientes del Tercer Cuerpo de Ejército que fueron escuchadas por el comandante, general Anaya, y el propio presidente.

EL HORIZONTE DE LA INTERVENCION. El hombre que desempeñe el cargo de delegado federal —se seguía mencionando al diputado por Santa Fe, Enrique Osella Muñoz—, deberá gobernar con la derecha sin romper lanzas abiertamente con la izquierda y las fuerzas democráticas. En el Congreso provincial, el FREJULI reparte las bancas con la UCR. En Senadores, la situación es más permeable a una política de centro-derecha. Pero, en cambio, en Diputados, existe un amplio espectro obregonista que, sumado a los radicales, indican una oposición en cierne. La UCR se constituirá en fiscal severo de la intervención. Por su parle, MID, partido Intransigente, revolucionarios cristianos, populares cristianos, comunistas y ENA están totalmente enfrentados con el nuevo proceso. Las Juventudes Políticas de Córdoba sumarán su aparato agitativo, en tanto que la C.G.T. Combativa aportará su indiscutible presencia en el campo obrero para movilizar a la oposición.
Paradójicamente, el único sector que puede aspirar a una política de centro derecha, los diversos sectores empresarios, tienen sus reservas. Las empresas reclaman "paz y orden", pero ese objetivo escapa al eje político-gremial ortodoxo. Sólo puede ser estabilizado por los combativos y la juventud en general. Pero la situación económica no necesitará solamente de acuerdos políticos o en su defecto de una política represiva. Existe una delicada situación de las finanzas provinciales tanto públicas como privadas. Roto el cerco establecido sobre Obregón Cano, el interventor puede jugar esta carta a su favor.

EL FUTURO DE NAVARRO. Por la controvertida figura del alzado jefe de policía pasará el primer acto fundamental de la Intervención. Al parecer, el funcionario rebelde tiene sus propios planes. En ese sentido, Navarro fijó su programa el sábado 9 frente a los cuadros de la institución que comanda: aumentos de sueldos, estabilidad en los cargos, ascensos y reparto de ropas para los familiares de los policías. Navarro cuenta con el apoyo de funcionarios de la secretaría de Gobierno de la Presidencia, Ministerio del Interior y Bienestar Social. En Córdoba, es levantado por todos los grupos peronistas de la extrema derecha. El verdugo de Obregón tiene pendiente sobre su futuro la permanencia en el cargo, y el eventual proceso que han reclamado diversos sectores, hasta la Cámara de Diputados de la Nación. Por otra parte, las fuerzas políticas opositoras exigirán el desarme y la investigación de la procedencia de los grupos que colaboraron en el alzamiento contra Obregón Cano.

LA PRESION DE LAS BASES. El siempre complicado espectro sindical cordobés volverá a enfrentarse a un gobierno moderado. El eje CGT-ortodoxos pasará a convertirse en oficialista. Tiene el aparato de la central obrera aunque representa solamente a 28 gremios —el más importante UOM— con el apoyo activo de las 62 nacionales. El programa que ha levantado en Alta Gracia el sector incluye planes de vivienda, participación de trabajadores en la conducción de bancos, hospitales y organismos del Estado.
Los legalistas, por su parte, con el retorno de Atilio López a UTA,
tendrán de vuelta la capacidad orientadora directa de su caudillo. El legalismo se lanzará a recuperar la dirección de las 62 y de la CGT. Para respaldar sus demandas recurrirá a demostraciones de fuerza, paros activos incluidos. Contará para ello con el apoyo de René Salamanca y Tosco. El Movimiento Sindical Combativo (MSC), liderado por estos últimos, tratará de arrancar, en alianza con los legalistas, la conducción de la CGT a los ortodoxos. Ahora deberá acordar más estrechamente su línea de acción con los combativos (legalistas), que difieren en la caracterización del gobierno de Perón. A partir de esta perspectiva pueden sucederse los tradicionales paros activos que agitaron la provincia desde el famoso mayo de 1969.

EL OFICIALISMO. Detrás del interventor, como su apoyo más directo, se aglutinarán una serie de fuerzas no muy cohesionadas entre sí. Allí se cuenta como la más vigorosa en el plano político, la denominada Mesa Redonda Peronista Permanente, conducida por Julio Antún. El Turco, no consiguió que Agodino —un centrista— cediera ante sus pretensiones de obtener cinco carteras en el gobierno y la depuración en la Universidad. Antún rechaza a todos los peronistas que "consintieron" a Obregón o los que "saltaron el cerco antes o durante la caída del gobernador". En segundo término, en cuanto al volumen de fuerzas, se cuenta el grupo inspirado por Raúl Bercovich Rodríguez —actual ministro de Bienestar Social— apoyado por sectores centristas. No acepta el sometimiento a Antún y quiere su porción de gobierno y tratará de evitar los excesos depuradores, las 62 ortodoxas tienen repartidos sus hombres entre los diversos sectores políticos de derecha del justicialismo. Colocará sus cuadros en ministerios, bancos, entes descentralizados, organismos de previsión y seguridad social. Si bien funcionan dentro de las 62, no están enrolados directamente con Lorenzo Miguel y se suelen recostar en la fuerza del ministro de Trabajo, Ricardo Otero. Por otra parte, existe una multitud de grupos menores, que van desde la Juventud Sindical a la Alianza Libertadora, que procuran controlar las radios y algunos sectores de gobierno que la mantengan unida al aparato de seguridad.
En la vereda opositora se alinearán todas las fuerzas de la Tendencia (Montoneros, JP, JTP, JUP, Movimiento Villero), que ya había decidido antes del golpe contra Obregón abandonar sus cargos en el gobierno. Sus áreas privilegiadas serán el campo obrero, los barrios y la Universidad. En alianza con aquéllos se sumará el Peronismo de Base (PB), duramente afectado por la política de actualización ortodoxa emprendida en diversos niveles del actual gobierno provincial.
La actitud del gobierno central ha sido muy dura frente al ataque emprendido por Ricardo Obregón Cano contra los ministros Llambí y Otero, en la conferencia de prensa brindada en Buenos Aires con motivo de dar a conocer su renuncia. Como se anunció, Obregón sobrellevará un proceso judicial. El gobierno nacional no tolera en la coyuntura ninguna posición intermedia. Como dijo el Presidente hace unos meses, "los ataques a los ministros de Perón, son en realidad ataques a Perón".
PANORAMA, MARZO 14

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