La gran duda
¿Por quién votar?

   

El domingo 11 los argentinos votarán. Ante todo, el acto comicial producirá una definición. Una definición política, por supuesto: el voto decidirá la identidad de quienes intentarán que un gobierno constitucional arribe con felicidad a mayo de 1977. Una de las nueve fórmulas presidenciales, una de las nueve expresiones políticas que existen hoy en la Argentina, triunfará. Pero, ¿cuáles son sus principales proyectos? ¿Qué solución propugnan para los problemas más graves? ¿De qué manera intervendrá el gobierno electo en la vida cotidiana de los ciudadanos? Por fin, ¿qué imagen de la Argentina trazará el nuevo gobierno en el plano internacional?
A medida que los partidos y las alianzas ocuparon su lugar en el espectro político nacional, fue posible comenzar a conocer qué planeaban y qué pensaban hacer si llegaban al gobierno. En algunos casos, las intenciones programáticas se anticiparon a la conformación de fórmulas y listas; en otros, los avatares del proceso político y los preludios de la organización precomicial fueron intensos, y la expectativa que produjeron evitó, o restó importancia a la atención que podrían haber suscitado las plataformas electorales.
En síntesis: el proceso de institucionalización estuvo tan poblado de hechos y de emociones, fue tan rico en trastornos, que postergó cualquier vocación masiva de análisis. La circunstancia ha dictado que los argentinos intenten en las urnas, en mayor grado, plasmar el estilo de una solución política, antes que apoyar o negar un sistema racional de soluciones propuesto. Tal vez un ejemplo trivial lo ponga en claro: es como si un coleccionista decidiera incorporar una nueva obra a su pinacoteca, y debiera elegir entre las firmas de Pablo Picasso, Salvador Dalí o Andrew Wyett; no se inclinará por un tema o una técnica, sino por la clase, el estilo que prefiera.
En suma: se votará por la adjudicación del poder, más que por la forma de su empleo; se decidirá el estilo político de la vida nacional, previendo casi irracionalmente la acción del gobierno electo. Pocos argentinos sufragarán a favor o en contra de la nacionalización del comercio exterior, las relaciones con Cuba, o la política en el seno de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Tampoco se polarizarán por la "liberación", o la forma de combatir la inflación; todos los partidos incluyen soluciones para estos problemas, a veces bastante similares. Algo sustancial, pero incorpóreo, está en juego; la mayoría triunfadora tallará la forma de vida de los argentinos en una nueva etapa del proceso histórico nacional.

EL PROYECTO NACIONAL DE LAS MAYORIAS. Justicialismo y radicalismo trazaron sus lineamientos programáticos con escasa diferencia temporal. La plataforma de la UCR fue votada por la Convención Nacional; y es sabido que en su construcción tuvo una fuerte influencia la participación de los dirigentes que acompañaron a Raúl Alfonsín en su lucha intrapartidaria. Un mes y medio más tarde, el Frejuli produjo las "Pautas programáticas para el gobierno justicialista de la reconstrucción nacional", que habían sido anticipadas, en buena parte, por los documentos iniciales que acompañaron la constitución del Frente. Mientras el radicalismo afirma intentar "una revolución pacífica a través de una democracia social que busque la liberación del hombre contra todas las formas degradantes del imperialismo capitalista y del absolutismo", el Frejuli se define partidario del "socialismo nacional"; un "proceso de socialización de la riqueza para que ésta llegue a todos en base a una distribución justa", que "debe ser respetuoso de la propiedad privada en función social", según la definición de Vicente, Solano Lima.
La simple lectura de los programas reafirma la supervivencia del liberalismo político en la plataforma radical, que postula "sancionar una verdadera legislación defensiva de los derechos y libertades constitucionales", y "afianzar la independencia del Poder Judicial y las prerrogativas del Poder Legislativo"; el Justicialismo, luego de exponer la creciente complejidad de las funciones tradicionales del Estado, declara que "la clásica división tripartita, tal como fue formulada originalmente, reclama una reintegración actual sin desmedro de la estructura pluralista del poder y de la independencia de cada uno de sus poderes". Pero el Frejuli pone su acento más fuerte cuando habla de que "existen amenazas más sutiles a la independencia de los jueces, y es su condicionamiento a las ideas del grupo social al que pertenecen y a su tabla de valores", declarando que es preciso ampliar las formas de reclutamiento y selección de los componentes del Poder judicial "para hacerlo accesible a todos los sectores sociales", ya que el ingreso a la carrera "se funda generalmente en lazos de parentesco y amistad".
El programa del Frejuli dedica un título especial a la legislación represiva y los presos políticos. Entre los instrumentos legales que "resultan inaceptables" para el Frente no sólo se incluye la ley de creación de la Cámara Federal en lo Penal (fuero antisubversivo), sino la ley 19.081, "por la que se complicó a las Fuerzas Armadas en funciones ajenas a su misión específica para que actuaran en la investigación de delitos de competencia federal". La UCR también propugna la derogación del sistema de leyes represivas, pero no incluye en su plataforma, como el Frejuli, la intención de una amnistía de términos generales: el peronismo sostiene que "Los representantes del pueblo deberán proceder a dictar una amplia y generosa amnistía para todos aquellos procesados o condenados como consecuencia de haber trasgredido una norma penal obedeciendo a móviles políticos". Para Ricardo Balbín, en cambio, "la muerte de inocentes y de servidores del orden no debe ser disculpada".
Por fin, la UCR propicia la estructuración del movimiento sindical a través de la libre determinación de los afiliados, expresada por medio de las organizaciones regionales de base, y la prohibición absoluta de la política partidista en los sindicatos; un tema que el Frejuli rechaza en silencio, porque quizás podría ocasionarle la pérdida del "control vertical" del sistema cegetista.
Lo cierto es que ambos partidos mayoritarios han preferido derivar su progresismo programático al sector económico de las plataformas. Los radicales explican continuamente que sus mecanismos permitirán la "emancipación nacional", y los peronistas aseguran luchar, párrafo tras párrafo, por la "Liberación Argentina". La tradicional vocación liberal del radicalismo —liberal política, y no económica— se refleja en su llamado al ejercicio del poder "teniendo al hombre como protagonista principal y último objetivo". Las pautas programáticas del Frejuli prefieren hablar del pueblo, y sólo cita "el destino de los seres humanos", en sus aspectos educacionales. Un sector de la realidad argentina donde la firme posición de la UCR"—fuente de inagotables problemas— se contrapone a la del Justicialismo, ya que los radicales buscan "reafirmar los principios de la enseñanza pública, laica, común, gratuita y obligatoria", y controlar el funcionamiento de los institutos de enseñanza privada, en búsqueda de un régimen "que tienda ordenada y gradualmente a la supresión del aporte del Estado" a la misma. El Frejuli indica que "la libertad de enseñanza será garantizada y perfeccionada, para salvaguardar el pluralismo confesional y los legítimos derechos de los padres".
El proyecto radical no implica, entonces, y como se ha dado en afirmar, la "nacionalización de la enseñanza", sino la suspensión de los subsidios estatales, gradual y ordenada. Para la UCR, debe terminarse con un proceso, paralelo al normal desenvolvimiento de la enseñanza privada tradicional: la comercialización, y la prédica política "tercermundista" en muchos instituto?

EL ENFOQUE ECONOMICO. En dos puntos básicos coinciden las dos grandes agrupaciones políticas nacionales: la nacionalización del crédito y la del comercio exterior. La UCR y el Justicialismo enfrentan el primer propósito con distinta precisión; el Frejuli hace hincapié en la suficiencia del ahorro interno, y declara que "la "desnacionalización de las entidades crediticias privadas operada en los últimos años debe revertirse con toda energía". Los radicales propician la nacionalización del crédito mediante el control "efectivo" y la orientación a través del Banco Central de los depósitos bancarios, las reservas de las entidades de seguro, capitalización y ahorro, y la prohibición de la instalación de nuevas empresas bancarias, financieras, aseguradoras y reaseguradoras. La UCR se propone, también, revisar las trasferencias de bancos nacionales a capitales extranjeros operadas a partir de 1966, en busca de un fortalecimiento del capital financiero argentino.
En cuanto al sector externo, las agrupaciones mayoritarias prevén, desde ya, la continuación del régimen de control de cambios, para evitar el proceso de "estrangulamiento" que, según el Frejuli, ha constituido el gran freno de la economía nacional. La UCR y el Justicialismo coinciden en varias medidas —limitación de la trasferencia de divisas a rubros que signifiquen contraprestaciones ciertas, prohibición de toda importación superflua—; pero mientras los peronistas pretenden la creación de un organismo estatal específico (al estilo del Instituto Argentino para el Intercambio, IAPI), los radicales sólo predican la nacionalización de las exportaciones de carne y granos a través de las juntas respectivas, que darán intervención a las empresas nacionales que "sean auténticas vendedoras y no representantes de los monopolios internacionales".
Pero el mesurado contrapunto radical peronista —que implica, en resumen, la intervención del Estado en una multitud de sectores considerados claves para el desarrollo político y económico— es extenuado, dosificado o atacado por los programas de las otras agrupaciones políticas. El "solidarismo" de la Alianza Popular Federalista (APF), encabezada por Francisco Manrique y Rafael Martínez Raymonda, adoptan un criterio esencialmente pragmático y proposicionista para actuar, por ejemplo, frente a los problemas del comercio exterior y la inversión extranjera: "No desperdiciaremos oportunidad alguna en materia de exportaciones, y para ello ampliaremos el horizonte de nuestros mercados externos, sin fronteras ideológicas"; "aceptaremos la participación extranjera —cualquiera sea su procedencia— con trabajo, con tecnología y con crédito, y adoptaremos los recaudos para asegurarnos de que su aporte sea genuino". La APF explica que centrará su acción económica en combatir la desocupación, la inflación y la escasez de divisas.
La Alianza Popular Revolucionaria (APR), liderada por Oscar Alende y Horacio Sueldo, sustenta puntos de vista menos flexibles en cuanto al crédito, propugnando la nacionalización de los sistemas bancario, financiero y de seguros "para evitar la capitalización foránea de recursos de la comunidad nacional, tendiendo a su progresiva estatización". Para Alende y Sueldo las sociedades financieras paralelas a las instituciones bancarias deben ser eliminadas, y, al igual que el Justicialismo, opinan que un ente estatal debe controlar el comercio exterior. Posición que también comparten el Frente de Izquierda Popular (FIP) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST); Abelardo Ramos y el FIP proclaman la necesidad de nacionalizar todos los sectores de importancia de la vida económica nacional —hasta las "estancias de la pampa húmeda"—; Juan Carlos Coral y el PST señalan la misma necesidad; pero además, rechazan explícita y llanamente el pago de cualquier indemnización.
La Nueva Fuerza (NF), liderada por Julio Chamizo y Raúl Ondarts, no exagera, por supuesto, en materia de estatismo. En finanzas, señala que debe estimularse la competencia entre las entidades bancarias, y desarrollar un amplio y vigoroso mercado de capital, tanto para la inversión pública y privada, retribuyendo a los depositantes con tasas de interés que sean positivas, una vez computado el grado de desvalorización monetaria. Sugiere, además, la concesión de plena autonomía al Banco Central, y la trasformación de los bancos estatales al régimen de las empresas del Estado: es decir, al de sociedades anónimas. Para la NF, deben ser eliminados los impuestos discriminatorios a la propiedad agraria, y darse plena libertad en la comercialización de sus productos; todos los impuestos a las exportaciones deben ser derogados.
La Alianza Republicana Federal (ARF), acaudillada por Ezequiel Martínez, es, junto a la NF y el Partido Socialista Democrático de Américo Ghioldi, una de las pocas agrupaciones políticas que afirma que las inversiones extranjeras serán estimuladas. Sólo el Justicialismo mantiene una posición similar, pero únicamente con respecto a las inversiones europeas de la órbita del Mercado Común, "al cual destinamos más del 50 por ciento de nuestras exportaciones", y teniendo en cuenta que esta política no significa "asumir el riesgo de un nuevo endeudamiento, sino aprovechar al máximo las contradicciones vigentes en los propios centros imperialistas".

FEDERALISMO Y POLITICA EXTERIOR. Salvo las diferencias anotadas en el plano sindical y educativo, v el tratamiento de la ardua cuestión de la amnistía, el Frejuli y la UCR parecen vivir, programáticamente, el clima implantado por las coincidencias básicas que tanto Balbín como Cámpora han aludido reiteradamente. El tema de la convivencia entre el gobierno nacional y los Estados provinciales también ha sido tratado por las plataformas de los dos partidos; mientras la UCR ha prometido respetar las autonomías provinciales y el régimen de coparticipación impositiva entre la Nación y las provincias, y reconoce que el Ejecutivo nacional tiene jurisdicción para cumplir planes de interés nacional en cualquier lugar, con intervención de las autoridades provinciales, el Frejuli ha explorado el tema desde un punto de vista más polémico; quizás por sus últimos desencuentros con los neoperonistas. La interpretación del federalismo hecha por el Frejuli es muy completa: "La distribución de competencias entre la Nación y las provincias que se realiza en 1853, debe interpretarse con un criterio objetivo que tome en consideración las necesidades presentes y futuras de un país con fuerte vocación de unidad nacional". El Justicialismo afirma, también, que "la invocación declamatoria y vacua del federalismo encubre una resistencia a! cambio social", y que muchas veces significó "la defensa de los intereses de las oligarquías lugareñas".
Casi lo contrario de la prédica manriquista; la APF propugna la "reforma de la Constitución Nacional en orden a una nueva distribución del poder entre el Estado Nacional y los provinciales". y la "prohibición a los poderes nacionales de sustituir mediante intervenciones federales a las autoridades elegidas por el Pueblo de las provincias". Además, la "reafirmación del dominio provincial sobre los yacimientos" mineros. Algo en lo que Manrique coincide con su presunto rival para el tercer puesto electoral, Oscar Alende y la Nueva Fuerza.
En política exterior, todos los partidos políticos han incluido en sus plataformas el descreimiento en las barreras ideológicas, y su deseo de comerciar con todos los países del mundo. El radicalismo y el Justicialismo, difieren, sin embargo, en el proyecto de la acción argentina ante algunos organismos internacionales, como la OEA y la ALALC. Mientras la UCR advierte para todos los casos que "mantiene una política independiente de los organismos internacionales, actuando siempre en ellos por ser importantes foros para sustentar nuestros principios frente a los países más desarrollados", la OEA, para el Justicialismo, "sigue siendo un organismo continental que ha servido en gran medida a los fines de la penetración imperialista", y la ALALC "ha sido una creación del imperialismo para obstaculizar la integración autónoma", cuya reforma se promoverá sobre la base de una concepción voluntarista.
Por fin, mientras la UCR considera que la Argentina es un país en desarrollo, y que debe mantener un frente unido con sus pares en la UNCTAD y el GATT, para lograr un mejor acceso a los mercados, el Justicialismo entiende que "las diferencias entre el desarrollo y él subdesarrollo han dividido prácticamente al mundo en dos sectores", y cree en "la oportunidad de una interacción histórica con los países del Tercer Mundo". En el caso de la política exterior, como se ve, no hay coincidencias básicas, y las diferencias —programáticamente— desbordan los matices.
PANORAMA, MARZO 8, 1973
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Una encuesta oficial
En los medios oficiales circulan varias encuestas. Con todo, a principios de semana los centros de poder consideraban especialmente una surgida de organismos especializados y confeccionada sobre la base de 14.104 entrevistas en 21 ciudades del país.
El trabajo se desglosó en varios ítems, que rastrearon la opinión pública no sólo en cuanto al candidato preferido, sino que también indagaron las tendencias respecto del proceso de institucionalización propiamente dicho, la valoración del voto, el ballotage, las campañas publicitarias de los partidos y otros interrogantes.
La encuesta arrojó un claro predominio de las tendencias que están de acuerdo con el proceso electoral: 77,7 por ciento. El 55 por ciento de los encuestados, además, consideró positivo un eventual compromiso programático entre el radicalismo y el peronismo, mientras que sólo un 26,3 rechazó explícitamente esa entente. Los entrevistados —entre los cuales había un 52,3 por ciento de mujeres y un neto predominio de casados— prefirieron los partidos políticos a los frentes (32 por ciento contra 11,4) y los líderes carismáticos contra los programas (30,9 por ciento contra 14,1).
La selección de las entrevistas tuvo en cuenta también el nivel socialeconómico de cada ciudadano interrogado. De la llamada clase baja, fue sondeado un 23,3 por ciento; del estrato superior, un 6,3 por ciento, y de la ancha clase media, un 70,4 por ciento. Ejemplo: el 18 por ciento tenía ingresos mensuales que oscilaban entre 91.000 y 120.000 pesos; el 14 por ciento, entre 121.000 y 150.000 pesos; el 13 por ciento, entre 71.000 pesos y 90.000; el 10 por ciento, entre 51.000 pesos y 70.000, y el 8 por ciento, entre 201.000 pesos y 300.000. Además, el 25 por ciento de los encuestados tenía entre 35 y 45 años; el 24 entre 46 y 60 años; el 21 por ciento entre 27 y 34 años, y el 16 entre 18 y 26 años,
Para la primera vuelta, las preferencias se repartieron así: Cámpora, 36,2 por ciento; Balbín, 16,5 por ciento; Manrique, 14,2; Alende, 6,0; Chamizo, 3,7; Ezequiel Martínez, 1,3; Ghioldi, 0,9; Coral, 0,7, y Ramos, 0,5, El porcentaje de los indecisos alcanzó al 9,4, y de los que no contestaron, al 9,9 por ciento. Una curiosidad: 1a mayoría de los entrevistados creyó que la elección se definirá en la primera vuelta.
Respecto del ballotage, y al plantearse la opción justicialismo versus cualquier otro partido o alianza, el 41 por ciento optó por Cámpora, mientras que el 37,1 lo hizo por su eventual adversario. El porcentaje de los indecisos fue del 10,7 por ciento; el de los que no contestaron, el 6,8, y el de quienes adelantaron que sufragarán en blanco alcanzó al 3,8 por ciento. La recomposición de fórmulas fue rechazada por el 23 por ciento, pero la mixtura preferida fue Cámpora-Balbín: obtuvo el 15 por ciento de los votos.
Finalmente, el 55,3 por ciento informó que los programas políticos de televisión fueron los medios que más contribuyeron a formar su pensamiento político. El 13 por ciento prefirió la propaganda originada en los propios partidos. El 4,2, los programas de radio, y el 5,4 la publicidad mural.
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Votoblanquismo: Cordobazo o nada
Una serie de organizaciones, fundamentalmente de izquierda, auspician el voto en blanco. La más importante de ellas es la Fuerza Revolucionaria Antiacuerdista —FRA—, entidad integrada por el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Vanguardia Comunista y núcleos independientes de izquierda, peronistas y cristianos radicalizados. La posición de la FRA ha recibido el apoyo de la mayoría de los sectores de la izquierda sindical clasista, que dirige varios gremios en Córdoba y otros lugares, de líderes de las Ligas Agrarias campesinas y de sacerdotes "progresistas".
Paralelamente, también han decidido votar en blanco las filiales del Peronismo de Base —el núcleo más radicalizado del Justicialismo— de Córdoba, Rosario y Mendoza, y sectores peronistas de Tucumán encabezados por el dirigente sindical azucarero Crescencio Vargas, quien renunció a una candidatura a diputado por el FREJULI. El comité provincial del Partido Socialista Popular de Santa Fe y el Partido Laborista de Jujuy presidido por el ex senador nacional peronista Ricardo Ovando, se inclina ron por el camino votoblanquista, lo mismo que el grupo trotskista Política Obrera.
El jueves 8 la FRA realizará actos públicos en las ciudades más importantes del país. En la Capital Federal la concentración se efectuará en Chacarita, y hablarán, entre otros, Roque Romero, secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos de Córdoba —SMATA—; Luis Rodríguez, delegado general de la fábrica Industrias Mecánicas del Estado —IME—; el sacerdote tercermundista Belisario Tiscornia; Héctor Cassani, presidente de la Junta Intervecinal del barrio General Belgrano; miembros de comisiones internas de fábricas del Gran Buenos Aires y líderes estudiantiles
La corriente votoblanquista apuntalada por la FRA parece tener mayor predicamento en Córdoba donde recibe el apoyo, a título individual, del grueso de los dirigentes sindicales clasistas, entre ellos, de René Salamanca, secretario general del SMATA, el sindicato más importante de la provincia, y de varios líderes del resto de los gremios donde el clasismo ha conquistado la dirección. Además hace proselitismo en favor del vote en blanco un sector de los dirigentes del ex SITRAC-SITRAM.
La FRA esgrime la consigna 'Vote por el cordobazo, luche y vote en blanco', que pretende resumir su postura, básicamente enderezada a cuestionar el proceso electoral y las candidaturas oficializadas, sosteniendo que. mediante estas elecciones, el gobierno procura abortar el "auge revolucionario" desencadenado por e cordobazo y frenar las luchas populares generando "falsas expectativas" en los comicios. Sus dirigentes sostienen que cualquiera de los candidatos deberá acatar la hegemonía de las Fuerzas Armadas, pero que no obstante ello la FRA está "unida en la lucha" con los "sectores revolucionarios" del peronismo y otros partidos que voten por alguna de las fórmulas presentadas. Así, el voto en blanco es caracterizado como una forma de "acumulación de fuerzas" inscripto en una línea general que busca el acceso al poder a través de una "revolución popular" dirigida por los obreros, y que, por lo tanto, descree de las elecciones, aunque acepta que en ciertos casos éstas deben "aprovecharse".
Hacia la derecha hay sectores que también postulan el voto en blanco pero su peso es exiguo. Entre ello: se destaca el Movimiento de Unidad y Reafirmación Radical —MURR— que encarna al sector más antiperonista de la UCR. El núcleo católico de ultra-derecha Tradición, Familia, Propiedad, en cambio, auspicia la abstención.

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"La libertad, en el mundo real, es el producto del conflicto y de la diferencia, no de la unidad y de la armonía."
(James Burnham)

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