La gran duda ¿Por quién votar?
El domingo 11 los argentinos votarán. Ante
todo, el acto comicial producirá una
definición. Una definición política, por
supuesto: el voto decidirá la identidad de
quienes intentarán que un gobierno
constitucional arribe con felicidad a mayo de
1977. Una de las nueve fórmulas
presidenciales, una de las nueve expresiones
políticas que existen hoy en la Argentina,
triunfará. Pero, ¿cuáles son sus principales
proyectos? ¿Qué solución propugnan para los
problemas más graves? ¿De qué manera
intervendrá el gobierno electo en la vida
cotidiana de los ciudadanos? Por fin, ¿qué
imagen de la Argentina trazará el nuevo
gobierno en el plano internacional? A
medida que los partidos y las alianzas
ocuparon su lugar en el espectro político
nacional, fue posible comenzar a conocer qué
planeaban y qué pensaban hacer si llegaban al
gobierno. En algunos casos, las intenciones
programáticas se anticiparon a la conformación
de fórmulas y listas; en otros, los avatares
del proceso político y los preludios de la
organización precomicial fueron intensos, y la
expectativa que produjeron evitó, o restó
importancia a la atención que podrían haber
suscitado las plataformas electorales. En
síntesis: el proceso de institucionalización
estuvo tan poblado de hechos y de emociones,
fue tan rico en trastornos, que postergó
cualquier vocación masiva de análisis. La
circunstancia ha dictado que los argentinos
intenten en las urnas, en mayor grado, plasmar
el estilo de una solución política, antes que
apoyar o negar un sistema racional de
soluciones propuesto. Tal vez un ejemplo
trivial lo ponga en claro: es como si un
coleccionista decidiera incorporar una nueva
obra a su pinacoteca, y debiera elegir entre
las firmas de Pablo Picasso, Salvador Dalí o
Andrew Wyett; no se inclinará por un tema o
una técnica, sino por la clase, el estilo que
prefiera. En suma: se votará por la
adjudicación del poder, más que por la forma
de su empleo; se decidirá el estilo político
de la vida nacional, previendo casi
irracionalmente la acción del gobierno electo.
Pocos argentinos sufragarán a favor o en
contra de la nacionalización del comercio
exterior, las relaciones con Cuba, o la
política en el seno de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio. Tampoco se
polarizarán por la "liberación", o la forma de
combatir la inflación; todos los partidos
incluyen soluciones para estos problemas, a
veces bastante similares. Algo sustancial,
pero incorpóreo, está en juego; la mayoría
triunfadora tallará la forma de vida de los
argentinos en una nueva etapa del proceso
histórico nacional.
EL PROYECTO
NACIONAL DE LAS MAYORIAS. Justicialismo y
radicalismo trazaron sus lineamientos
programáticos con escasa diferencia temporal.
La plataforma de la UCR fue votada por la
Convención Nacional; y es sabido que en su
construcción tuvo una fuerte influencia la
participación de los dirigentes que
acompañaron a Raúl Alfonsín en su lucha
intrapartidaria. Un mes y medio más tarde, el
Frejuli produjo las "Pautas programáticas para
el gobierno justicialista de la reconstrucción
nacional", que habían sido anticipadas, en
buena parte, por los documentos iniciales que
acompañaron la constitución del Frente.
Mientras el radicalismo afirma intentar "una
revolución pacífica a través de una democracia
social que busque la liberación del hombre
contra todas las formas degradantes del
imperialismo capitalista y del absolutismo",
el Frejuli se define partidario del
"socialismo nacional"; un "proceso de
socialización de la riqueza para que ésta
llegue a todos en base a una distribución
justa", que "debe ser respetuoso de la
propiedad privada en función social", según la
definición de Vicente, Solano Lima. La
simple lectura de los programas reafirma la
supervivencia del liberalismo político en la
plataforma radical, que postula "sancionar una
verdadera legislación defensiva de los
derechos y libertades constitucionales", y
"afianzar la independencia del Poder Judicial
y las prerrogativas del Poder Legislativo"; el
Justicialismo, luego de exponer la creciente
complejidad de las funciones tradicionales del
Estado, declara que "la clásica división
tripartita, tal como fue formulada
originalmente, reclama una reintegración
actual sin desmedro de la estructura
pluralista del poder y de la independencia de
cada uno de sus poderes". Pero el Frejuli pone
su acento más fuerte cuando habla de que
"existen amenazas más sutiles a la
independencia de los jueces, y es su
condicionamiento a las ideas del grupo social
al que pertenecen y a su tabla de valores",
declarando que es preciso ampliar las formas
de reclutamiento y selección de los
componentes del Poder judicial "para hacerlo
accesible a todos los sectores sociales", ya
que el ingreso a la carrera "se funda
generalmente en lazos de parentesco y
amistad". El programa del Frejuli dedica un
título especial a la legislación represiva y
los presos políticos. Entre los instrumentos
legales que "resultan inaceptables" para el
Frente no sólo se incluye la ley de creación
de la Cámara Federal en lo Penal (fuero
antisubversivo), sino la ley 19.081, "por la
que se complicó a las Fuerzas Armadas en
funciones ajenas a su misión específica para
que actuaran en la investigación de delitos de
competencia federal". La UCR también propugna
la derogación del sistema de leyes represivas,
pero no incluye en su plataforma, como el
Frejuli, la intención de una amnistía de
términos generales: el peronismo sostiene que
"Los representantes del pueblo deberán
proceder a dictar una amplia y generosa
amnistía para todos aquellos procesados o
condenados como consecuencia de haber
trasgredido una norma penal obedeciendo a
móviles políticos". Para Ricardo Balbín, en
cambio, "la muerte de inocentes y de
servidores del orden no debe ser disculpada".
Por fin, la UCR propicia la estructuración del
movimiento sindical a través de la libre
determinación de los afiliados, expresada por
medio de las organizaciones regionales de
base, y la prohibición absoluta de la política
partidista en los sindicatos; un tema que el
Frejuli rechaza en silencio, porque quizás
podría ocasionarle la pérdida del "control
vertical" del sistema cegetista. Lo cierto
es que ambos partidos mayoritarios han
preferido derivar su progresismo programático
al sector económico de las plataformas. Los
radicales explican continuamente que sus
mecanismos permitirán la "emancipación
nacional", y los peronistas aseguran luchar,
párrafo tras párrafo, por la "Liberación
Argentina". La tradicional vocación liberal
del radicalismo —liberal política, y no
económica— se refleja en su llamado al
ejercicio del poder "teniendo al hombre como
protagonista principal y último objetivo". Las
pautas programáticas del Frejuli prefieren
hablar del pueblo, y sólo cita "el destino de
los seres humanos", en sus aspectos
educacionales. Un sector de la realidad
argentina donde la firme posición de la
UCR"—fuente de inagotables problemas— se
contrapone a la del Justicialismo, ya que los
radicales buscan "reafirmar los principios de
la enseñanza pública, laica, común, gratuita y
obligatoria", y controlar el funcionamiento de
los institutos de enseñanza privada, en
búsqueda de un régimen "que tienda ordenada y
gradualmente a la supresión del aporte del
Estado" a la misma. El Frejuli indica que "la
libertad de enseñanza será garantizada y
perfeccionada, para salvaguardar el pluralismo
confesional y los legítimos derechos de los
padres". El proyecto radical no implica,
entonces, y como se ha dado en afirmar, la
"nacionalización de la enseñanza", sino la
suspensión de los subsidios estatales, gradual
y ordenada. Para la UCR, debe terminarse con
un proceso, paralelo al normal
desenvolvimiento de la enseñanza privada
tradicional: la comercialización, y la prédica
política "tercermundista" en muchos instituto?
EL ENFOQUE ECONOMICO. En dos puntos
básicos coinciden las dos grandes agrupaciones
políticas nacionales: la nacionalización del
crédito y la del comercio exterior. La UCR y
el Justicialismo enfrentan el primer propósito
con distinta precisión; el Frejuli hace
hincapié en la suficiencia del ahorro interno,
y declara que "la "desnacionalización de las
entidades crediticias privadas operada en los
últimos años debe revertirse con toda
energía". Los radicales propician la
nacionalización del crédito mediante el
control "efectivo" y la orientación a través
del Banco Central de los depósitos bancarios,
las reservas de las entidades de seguro,
capitalización y ahorro, y la prohibición de
la instalación de nuevas empresas bancarias,
financieras, aseguradoras y reaseguradoras. La
UCR se propone, también, revisar las
trasferencias de bancos nacionales a capitales
extranjeros operadas a partir de 1966, en
busca de un fortalecimiento del capital
financiero argentino. En cuanto al sector
externo, las agrupaciones mayoritarias prevén,
desde ya, la continuación del régimen de
control de cambios, para evitar el proceso de
"estrangulamiento" que, según el Frejuli, ha
constituido el gran freno de la economía
nacional. La UCR y el Justicialismo coinciden
en varias medidas —limitación de la
trasferencia de divisas a rubros que
signifiquen contraprestaciones ciertas,
prohibición de toda importación superflua—;
pero mientras los peronistas pretenden la
creación de un organismo estatal específico
(al estilo del Instituto Argentino para el
Intercambio, IAPI), los radicales sólo
predican la nacionalización de las
exportaciones de carne y granos a través de
las juntas respectivas, que darán intervención
a las empresas nacionales que "sean auténticas
vendedoras y no representantes de los
monopolios internacionales". Pero el
mesurado contrapunto radical peronista —que
implica, en resumen, la intervención del
Estado en una multitud de sectores
considerados claves para el desarrollo
político y económico— es extenuado, dosificado
o atacado por los programas de las otras
agrupaciones políticas. El "solidarismo" de la
Alianza Popular Federalista (APF), encabezada
por Francisco Manrique y Rafael Martínez
Raymonda, adoptan un criterio esencialmente
pragmático y proposicionista para actuar, por
ejemplo, frente a los problemas del comercio
exterior y la inversión extranjera: "No
desperdiciaremos oportunidad alguna en materia
de exportaciones, y para ello ampliaremos el
horizonte de nuestros mercados externos, sin
fronteras ideológicas"; "aceptaremos la
participación extranjera —cualquiera sea su
procedencia— con trabajo, con tecnología y con
crédito, y adoptaremos los recaudos para
asegurarnos de que su aporte sea genuino". La
APF explica que centrará su acción económica
en combatir la desocupación, la inflación y la
escasez de divisas. La Alianza Popular
Revolucionaria (APR), liderada por Oscar
Alende y Horacio Sueldo, sustenta puntos de
vista menos flexibles en cuanto al crédito,
propugnando la nacionalización de los sistemas
bancario, financiero y de seguros "para evitar
la capitalización foránea de recursos de la
comunidad nacional, tendiendo a su progresiva
estatización". Para Alende y Sueldo las
sociedades financieras paralelas a las
instituciones bancarias deben ser eliminadas,
y, al igual que el Justicialismo, opinan que
un ente estatal debe controlar el comercio
exterior. Posición que también comparten el
Frente de Izquierda Popular (FIP) y el Partido
Socialista de los Trabajadores (PST); Abelardo
Ramos y el FIP proclaman la necesidad de
nacionalizar todos los sectores de importancia
de la vida económica nacional —hasta las
"estancias de la pampa húmeda"—; Juan Carlos
Coral y el PST señalan la misma necesidad;
pero además, rechazan explícita y llanamente
el pago de cualquier indemnización. La
Nueva Fuerza (NF), liderada por Julio Chamizo
y Raúl Ondarts, no exagera, por supuesto, en
materia de estatismo. En finanzas, señala que
debe estimularse la competencia entre las
entidades bancarias, y desarrollar un amplio y
vigoroso mercado de capital, tanto para la
inversión pública y privada, retribuyendo a
los depositantes con tasas de interés que sean
positivas, una vez computado el grado de
desvalorización monetaria. Sugiere, además, la
concesión de plena autonomía al Banco Central,
y la trasformación de los bancos estatales al
régimen de las empresas del Estado: es decir,
al de sociedades anónimas. Para la NF, deben
ser eliminados los impuestos discriminatorios
a la propiedad agraria, y darse plena libertad
en la comercialización de sus productos; todos
los impuestos a las exportaciones deben ser
derogados. La Alianza Republicana Federal
(ARF), acaudillada por Ezequiel Martínez, es,
junto a la NF y el Partido Socialista
Democrático de Américo Ghioldi, una de las
pocas agrupaciones políticas que afirma que
las inversiones extranjeras serán estimuladas.
Sólo el Justicialismo mantiene una posición
similar, pero únicamente con respecto a las
inversiones europeas de la órbita del Mercado
Común, "al cual destinamos más del 50 por
ciento de nuestras exportaciones", y teniendo
en cuenta que esta política no significa
"asumir el riesgo de un nuevo endeudamiento,
sino aprovechar al máximo las contradicciones
vigentes en los propios centros
imperialistas".
FEDERALISMO Y POLITICA
EXTERIOR. Salvo las diferencias anotadas en el
plano sindical y educativo, v el tratamiento
de la ardua cuestión de la amnistía, el
Frejuli y la UCR parecen vivir,
programáticamente, el clima implantado por las
coincidencias básicas que tanto Balbín como
Cámpora han aludido reiteradamente. El tema de
la convivencia entre el gobierno nacional y
los Estados provinciales también ha sido
tratado por las plataformas de los dos
partidos; mientras la UCR ha prometido
respetar las autonomías provinciales y el
régimen de coparticipación impositiva entre la
Nación y las provincias, y reconoce que el
Ejecutivo nacional tiene jurisdicción para
cumplir planes de interés nacional en
cualquier lugar, con intervención de las
autoridades provinciales, el Frejuli ha
explorado el tema desde un punto de vista más
polémico; quizás por sus últimos desencuentros
con los neoperonistas. La interpretación del
federalismo hecha por el Frejuli es muy
completa: "La distribución de competencias
entre la Nación y las provincias que se
realiza en 1853, debe interpretarse con un
criterio objetivo que tome en consideración
las necesidades presentes y futuras de un país
con fuerte vocación de unidad nacional". El
Justicialismo afirma, también, que "la
invocación declamatoria y vacua del
federalismo encubre una resistencia a! cambio
social", y que muchas veces significó "la
defensa de los intereses de las oligarquías
lugareñas". Casi lo contrario de la prédica
manriquista; la APF propugna la "reforma de la
Constitución Nacional en orden a una nueva
distribución del poder entre el Estado
Nacional y los provinciales". y la
"prohibición a los poderes nacionales de
sustituir mediante intervenciones federales a
las autoridades elegidas por el Pueblo de las
provincias". Además, la "reafirmación del
dominio provincial sobre los yacimientos"
mineros. Algo en lo que Manrique coincide con
su presunto rival para el tercer puesto
electoral, Oscar Alende y la Nueva Fuerza.
En política exterior, todos los partidos
políticos han incluido en sus plataformas el
descreimiento en las barreras ideológicas, y
su deseo de comerciar con todos los países del
mundo. El radicalismo y el Justicialismo,
difieren, sin embargo, en el proyecto de la
acción argentina ante algunos organismos
internacionales, como la OEA y la ALALC.
Mientras la UCR advierte para todos los casos
que "mantiene una política independiente de
los organismos internacionales, actuando
siempre en ellos por ser importantes foros
para sustentar nuestros principios frente a
los países más desarrollados", la OEA, para el
Justicialismo, "sigue siendo un organismo
continental que ha servido en gran medida a
los fines de la penetración imperialista", y
la ALALC "ha sido una creación del
imperialismo para obstaculizar la integración
autónoma", cuya reforma se promoverá sobre la
base de una concepción voluntarista. Por
fin, mientras la UCR considera que la
Argentina es un país en desarrollo, y que debe
mantener un frente unido con sus pares en la
UNCTAD y el GATT, para lograr un mejor acceso
a los mercados, el Justicialismo entiende que
"las diferencias entre el desarrollo y él
subdesarrollo han dividido prácticamente al
mundo en dos sectores", y cree en "la
oportunidad de una interacción histórica con
los países del Tercer Mundo". En el caso de la
política exterior, como se ve, no hay
coincidencias básicas, y las diferencias
—programáticamente— desbordan los matices.
PANORAMA, MARZO 8, 1973
____________________ Una encuesta oficial
En los medios oficiales circulan varias
encuestas. Con todo, a principios de semana
los centros de poder consideraban
especialmente una surgida de organismos
especializados y confeccionada sobre la base
de 14.104 entrevistas en 21 ciudades del país.
El trabajo se desglosó en varios ítems, que
rastrearon la opinión pública no sólo en
cuanto al candidato preferido, sino que
también indagaron las tendencias respecto del
proceso de institucionalización propiamente
dicho, la valoración del voto, el ballotage,
las campañas publicitarias de los partidos y
otros interrogantes. La encuesta arrojó un
claro predominio de las tendencias que están
de acuerdo con el proceso electoral: 77,7 por
ciento. El 55 por ciento de los encuestados,
además, consideró positivo un eventual
compromiso programático entre el radicalismo y
el peronismo, mientras que sólo un 26,3
rechazó explícitamente esa entente. Los
entrevistados —entre los cuales había un 52,3
por ciento de mujeres y un neto predominio de
casados— prefirieron los partidos políticos a
los frentes (32 por ciento contra 11,4) y los
líderes carismáticos contra los programas
(30,9 por ciento contra 14,1). La selección
de las entrevistas tuvo en cuenta también el
nivel socialeconómico de cada ciudadano
interrogado. De la llamada clase baja, fue
sondeado un 23,3 por ciento; del estrato
superior, un 6,3 por ciento, y de la ancha
clase media, un 70,4 por ciento. Ejemplo: el
18 por ciento tenía ingresos mensuales que
oscilaban entre 91.000 y 120.000 pesos; el 14
por ciento, entre 121.000 y 150.000 pesos; el
13 por ciento, entre 71.000 pesos y 90.000; el
10 por ciento, entre 51.000 pesos y 70.000, y
el 8 por ciento, entre 201.000 pesos y
300.000. Además, el 25 por ciento de los
encuestados tenía entre 35 y 45 años; el 24
entre 46 y 60 años; el 21 por ciento entre 27
y 34 años, y el 16 entre 18 y 26 años, Para
la primera vuelta, las preferencias se
repartieron así: Cámpora, 36,2 por ciento;
Balbín, 16,5 por ciento; Manrique, 14,2;
Alende, 6,0; Chamizo, 3,7; Ezequiel Martínez,
1,3; Ghioldi, 0,9; Coral, 0,7, y Ramos, 0,5,
El porcentaje de los indecisos alcanzó al 9,4,
y de los que no contestaron, al 9,9 por
ciento. Una curiosidad: 1a mayoría de los
entrevistados creyó que la elección se
definirá en la primera vuelta. Respecto del
ballotage, y al plantearse la opción
justicialismo versus cualquier otro partido o
alianza, el 41 por ciento optó por Cámpora,
mientras que el 37,1 lo hizo por su eventual
adversario. El porcentaje de los indecisos fue
del 10,7 por ciento; el de los que no
contestaron, el 6,8, y el de quienes
adelantaron que sufragarán en blanco alcanzó
al 3,8 por ciento. La recomposición de
fórmulas fue rechazada por el 23 por ciento,
pero la mixtura preferida fue Cámpora-Balbín:
obtuvo el 15 por ciento de los votos.
Finalmente, el 55,3 por ciento informó que los
programas políticos de televisión fueron los
medios que más contribuyeron a formar su
pensamiento político. El 13 por ciento
prefirió la propaganda originada en los
propios partidos. El 4,2, los programas de
radio, y el 5,4 la publicidad mural.
________________________________
Votoblanquismo: Cordobazo o nada Una serie
de organizaciones, fundamentalmente de
izquierda, auspician el voto en blanco. La más
importante de ellas es la Fuerza
Revolucionaria Antiacuerdista —FRA—, entidad
integrada por el Partido Comunista
Revolucionario, el Partido Vanguardia
Comunista y núcleos independientes de
izquierda, peronistas y cristianos
radicalizados. La posición de la FRA ha
recibido el apoyo de la mayoría de los
sectores de la izquierda sindical clasista,
que dirige varios gremios en Córdoba y otros
lugares, de líderes de las Ligas Agrarias
campesinas y de sacerdotes "progresistas".
Paralelamente, también han decidido votar en
blanco las filiales del Peronismo de Base —el
núcleo más radicalizado del Justicialismo— de
Córdoba, Rosario y Mendoza, y sectores
peronistas de Tucumán encabezados por el
dirigente sindical azucarero Crescencio
Vargas, quien renunció a una candidatura a
diputado por el FREJULI. El comité provincial
del Partido Socialista Popular de Santa Fe y
el Partido Laborista de Jujuy presidido por el
ex senador nacional peronista Ricardo Ovando,
se inclina ron por el camino votoblanquista,
lo mismo que el grupo trotskista Política
Obrera. El jueves 8 la FRA realizará actos
públicos en las ciudades más importantes del
país. En la Capital Federal la concentración
se efectuará en Chacarita, y hablarán, entre
otros, Roque Romero, secretario adjunto del
Sindicato de Mecánicos de Córdoba —SMATA—;
Luis Rodríguez, delegado general de la fábrica
Industrias Mecánicas del Estado —IME—; el
sacerdote tercermundista Belisario Tiscornia;
Héctor Cassani, presidente de la Junta
Intervecinal del barrio General Belgrano;
miembros de comisiones internas de fábricas
del Gran Buenos Aires y líderes estudiantiles
La corriente votoblanquista apuntalada por la
FRA parece tener mayor predicamento en
Córdoba donde recibe el apoyo, a título
individual, del grueso de los dirigentes
sindicales clasistas, entre ellos, de René
Salamanca, secretario general del SMATA, el
sindicato más importante de la provincia, y de
varios líderes del resto de los gremios donde
el clasismo ha conquistado la dirección.
Además hace proselitismo en favor del vote en
blanco un sector de los dirigentes del ex
SITRAC-SITRAM. La FRA esgrime la consigna
'Vote por el cordobazo, luche y vote en
blanco', que pretende resumir su postura,
básicamente enderezada a cuestionar el proceso
electoral y las candidaturas oficializadas,
sosteniendo que. mediante estas elecciones, el
gobierno procura abortar el "auge
revolucionario" desencadenado por e cordobazo
y frenar las luchas populares generando
"falsas expectativas" en los comicios. Sus
dirigentes sostienen que cualquiera de los
candidatos deberá acatar la hegemonía de las
Fuerzas Armadas, pero que no obstante ello la
FRA está "unida en la lucha" con los "sectores
revolucionarios" del peronismo y otros
partidos que voten por alguna de las fórmulas
presentadas. Así, el voto en blanco es
caracterizado como una forma de "acumulación
de fuerzas" inscripto en una línea general que
busca el acceso al poder a través de una
"revolución popular" dirigida por los obreros,
y que, por lo tanto, descree de las
elecciones, aunque acepta que en ciertos casos
éstas deben "aprovecharse". Hacia la
derecha hay sectores que también postulan el
voto en blanco pero su peso es exiguo. Entre
ello: se destaca el Movimiento de Unidad y
Reafirmación Radical —MURR— que encarna al
sector más antiperonista de la UCR. El núcleo
católico de ultra-derecha Tradición, Familia,
Propiedad, en cambio, auspicia la abstención.
Ir Arriba
|
|