Franco en el banquillo por el juicio de Burgos Volver al índice
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La última jornada del juicio de Burgos, el miércoles 9 de diciembre, se Inició en una sala atestada de gente, donde la tensión no presagiaba un final apacible. El día anterior el Consejo de Guerra había rehusado responder a una veintena de interrogantes planteados per la defensa. Mario Onaindia Naxtiondo. un empleado bancario de 29 años, para quien el fiscal ha pedido la pena de muerte, se proclamó orgullosamente miembro de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) —puede traducirse como País Vasco y Libertad— y se negó a declarar.
Onaindia, el último de los 16 acusados que era indagado, dijo que se consideraba prisionero de guerra y que, por lo tanto, se lo estaba obligando a dar su nombre y rango. Cuando el presidente del Consejo, coronel Manuel Ordovas, intentó hacerlo callar, estalló el tumulto. El acusado saltó de su asiento y avanzó hacia el juez militar. Algunos de sus compañeros lo imitaron y el público comenzó a gritar consignas nacionalistas vascas. Un policía desenfundó su pistola, pero otro guardián lo contuvo. Sobre el estrado, uno de los 5 jueces militares desenvainó su espada sólo para volver a guardarla sin gloria, pues la sangre no llegó al rio. Jesús Abrisqueta, de 32 años, que puede ser condenado a 18 años de cárcel por "bandidaje y terrorismo", fue trabajosamente devuelto a su asiento, sin que dejara de gritar: "¡Facistas!". Otro acusado, el sacerdote Juan Calzada, de 35 años, se abrió paso entre los guardias, logrando llegar hasta el fiscal siendo finalmente retirado de la sala por tres policías.
Por fin, entre gritos de "¡Gora Euskadi eskatuta!" (viva el país vasco libre), los prisioneros fueron obligados a volver a sus asientos.
Pero nada pudo impedir que entonaran a coro la vieja canción con que marchaban al combate los milicianos vascos durante la guerra civil de 1936-39. "Eusko gudari gara..." (somos soldados vascos).
Al cabo de varios minutos de alboroto, el Tribunal hizo desalojar la sala, prosiguiendo el proceso a puertas cerradas. Unas horas más tarde, poco antes de las 15, se dio por finalizado el proceso y la causa quedó lista para que el Consejo de Guerra dicte sentencia. En un principio, se anunció que los 5 jueces militares darían a conocer su veredicto en uno o dos días, sin embargo, al redactarse estas líneas —el jueves 17— aún no se conocía el fallo. La formidable ola de protestas que encrespó España y tuvo manifestaciones de distinto cariz en todo el mundo, fue la causa principal que demoró la sentencia.
De todas maneras, sea cuál fuere la pena aplicada a los 16 nacionalistas vascos y las consecuencias que ella provocará, ya había ocurrido algo irreparable para el gobierno español.
El proceso montado contra los separatistas del ETA se convirtió en un juicio al régimen del generalísimo Francisco Franco, Caudillo por la gracia de Dios. Un juicio que tiene por fiscales a obreros, estudiantes e intelectuales en España y a millares de españoles exiliados en todo el mundo. Y por jueces, a millones de hombres de todos los países. Los 16 vascos acusados, fueron acusadores durante todo el tiempo.
Un pasaje del proceso podría ser tomado como ejemplo de su tónica general. Joaquín Gorostidi, mecánico, de 23 años, ex presidente de la seccional de Tolosa de los metalúrgicos, para quien se pide la pena capital, hizo enrojecer de ira al tribunal militar. El fiscal le preguntó si había sido culpable de "vagancia con intención de robar".
—No —contestó rotundamente el acusado.
El fiscal inquirió, entonces, si conocía a alguien que hubiera incurrido en "vagancia con intención de robar".
—Sí, la Guardia Civil —fue la respuesta de Gorostidi.

ESPAÑA, EN EMERGENCIA
Casi a diario, cientos de manifestantes habían desafiado los garrotes y los gases de la policía en las mayores ciudades de España. Los gritos de ";Abajo Franco!" y "Franco asesino!" retumbaron en las calles de Madrid, Barcelona y Burgos El miércoles 10, a pesar de la lluvia, la mayoría de los habitantes de Eibar, pequeña ciudad industrial de Euskadi, se agolparon en las calles para ver pasar, a toda máquina, escoltado por guardias civiles, al coche que llevaba los restos de José Pérez Jáuregui, manifestante de 21 años, abatido por la policía.
Sin dar tregua, las manifestaciones callejeras se repitieron en Pamplona, Salamanca, Granada y otras ciudades. En los primeros días del mes. el gobierno implantó el estado de emergencia en Guipúzcoa, la más levantisca de las provincias vascas. La medida dio poderes a la policía para practicar arrestos y allanar domicilios sin orden judicial.
El jueves 3, más de 80 mil obreros y empleados de la región vascongada abandonaron sus trabajos en señal de repudio al juicio de Burgos. El centro de la ciudad de San Sebastián fue escenario de vastos y minuciosos operativos policiales en busca del cónsul alemán raptado. El día 15, veinte detectives registraron el Seminario Diocesano de San Sebastián, mientras policías armados de metralletas mantenían rodeado el edificio. Buscaban al cónsul Eugen Beihl, pero no encontraron nada. El comunicado oficial anunciando el estado de emergencia en Guipúzcoa señalaba, con términos muy semejantes a los utilizados en otras latitudes, que la medida era adoptada para enfrentar las actividades subversivas desplegadas por grupos minoritarios y para "asegurar a todos los españoles el legítimo beneficio del orden y la paz interna".
Aparentemente, la represión no tuvo mucho éxito. En Bilbao, corazón de Euzkadi, los estudiantes coparon en varias oportunidades sectores céntricos de la ciudad, atacando edificios públicos con bombas molotov y piedras.
"Solo queda un medio: la protesta callejera, la agitación". Un anónimo dirigente de las comisiones obreras clandestinas sintetizaba así la actitud de las organizaciones de trabajadores que nuclean a socialistas, católicos, comunistas y opositores a Franco en general.

EN UN CONVENTO
El sábado 12, a la mañana, unos trescientos artistas e intelectuales catalanes se reunieron en el monasterio de Monserrat, a unos 70 kilómetros al Noroeste de Barcelona, para protestar contra el proceso de Burgos.
La policía bloqueó, de inmediato, todos los accesos al histórico monasterio, enclavado en lo alto de un monte. Los manifestantes, entre los que se contaban figuras de la talla del pintor Joan Miró y de la popularidad del cantante Joan Manuel Serrat, aseguraron que no se moverían del lugar hasta que se diera a conocer el fallo del juicio a los dieciséis separatistas vascos. Posteriormente, ante la demora del tribunal y el cariz que iban tomando los acontecimientos —la policía cortó las comunicaciones telefónicas del monasterio— decidieron salir. Antes redactaron un manifiesto, protestando contra el juicio y pusieron como condición, para abandonar la abadía, que las fuerzas policiales no adoptaran represalias.
El abad de Monserrat, Dom, Cassia M. Just, había rechazado previamente la demanda policial de que expulsara a los manifestantes. El religioso manifestó que no les pediría que abandonasen el monasterio a menos que la policía garantizase que no sufrirían represalias. Cuando la policía accedió a esta condición el grupo de intelectuales abandonó la abadía. La declaración de los catalanes expresaba su completa y fraternal adhesión a la nación vasca y sus reclamos, que son nuestros".
La protesta generalizada incluyó, en el otro extremo de España, más huelgas y cierres de comercios. El gran puerto pesquero de Bermeo permaneció totalmente inactivo durante una jornada completa, también los bancos y comercios suspendieron sus actividades. En la ciudad mártir de Guernica, toda la población hizo huelga durante el jueyes 3. Dieciséis miembros de la "Asociación Amigos de las Naciones Unidas", de Barcelona, ocuparon el local de la institución e iniciaron una huelga de hambre. Igual método de protesta fue adoptado por parte de los detenidos, a raíz de las manifestaciones de protesta, en la cárcel de Burgos. El detalle de las acciones contra el juicio supera las posibilidades de esta nota y la protesta no cesa.. .

HASTA LOS CARLISTAS
Hasta el anciano príncipe Javier, pretendiente carlista al trono español, sumó su voz a la creciente ola de manifestaciones pidiendo clemencia para los separatistas vascos. El príncipe, que tiene 86 años y vive exilado en París, acusó al régimen de Franco de "mantener una guerra civil latente" con lo que calificó de "represión" a las minorías étnicas de España. La declaración del príncipe, expulsado de España en 1968, acompaña a un documento aprobado por 387 diputados carlistas reunidos es "algún lugar de Francia". El manifiesto exige mayor libertad política y sindical, así como la agrupación de los distintos grupos étnicos de la península en una "federación de los pueblos bajo una república social presidida por la corona".
El mismo día en que se daba a conocer la declaración carlista, el embajador de Italia en Madrid concurría al Ministerio de Relaciones Exteriores español. El diplomático señaló "la profunda emoción" con que el pueblo de su patria seguía el proceso.
La tremenda reacción provocada por el juicio de Burgos produjo una fisura en el régimen franquista. El capitán general de Cataluña, Alfonso Pérez Vinet, enrolado en la denominada "línea dura", declaró en un discurso que "el ejército español garantiza la permanencia del statu quo y jamás permitirá el regreso de la horda que ya puso en peligro la existencia de la patria . Si fuera necesario convocaría una vez más a la cruzada para barrer con los ateos y anárquicos". Manifestaciones de veteranos de la División Azul, que combatiera junto a los nazis contra la URSS en la Segunda Guerra Mundial, ex miembros de los requetés y falangistas, desfilaron en algunas ciudades levantando la diestra en el saludo fascista. Frente a estas demostraciones de apoyo al régimen franquista, algunos altos jefes de las fuerzas armadas manifestaron su oposición a que fuera un tribunal militar el que juzgara a los separatistas. Temen la reacción popular que repudiará a los hombres de armas. Y alguna experiencia tienen en la materia... uno de los jefes que sostiene esta última posición fue el que dispuso el fusilamiento del comunista Julián Grimau en 1963.
Revista ASI
19/12/1970
Un aporte de Héctor Álvarez

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EL PROCESO MONTADO CONTRA 16 SEPARATISTAS VASCOS EN BURGOS PROVOCO TAL OLA DE PROTESTAS Y DENUNCIAS QUE SE HA CONVERTIDO EN UN JUICIO AL REGIMEN FRANQUISTA. LOS 16 ACUSADOS. PARA QUIENES EL FISCAL PIDIO SEIS PENAS DE MUERTE Y MAS DE 600 AÑOS DE PRISION, SE CONVIRTIERON EN ACUSADORES. UNA OLA DE AGITACION SIN PRECEDENTES RECORRE A ESPAÑA, MIENTRAS EN TODO EL MUNDO SE ALZAN VOCES CONDENANDO AL PROCESO Y PIDIENDO CLEMENCIA. FIGURAS REPRESENTATIVAS DE LA COLECTIVIDAD VASCA EN LA ARGENTINA HACEN OIR SU VOZ. UNA ENTIDAD DENUNCIA LAS TORTURAS A QUE SON SOMETIDOS LOS SEPARATISTAS. SOLIDARIDAD ARGENTINA.
Juicio de Burgos
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