Uruguay: Viernes de sangre, lunes de
masacre
Desde Montevideo escribe
Conrado Ceretti:
Aún no se había acallado
el estupor ocasionado por los sangrientos sucesos
del viernes 14, cuando Montevideo, el lunes de
madrugada, amaneció a una realidad mucho más
ominosa. Vencida la medianoche del domingo,
enfurecidas tropas del Ejército y de la policía
irrumpieron en un local del Frente Amplio
perteneciente al Partido Comunista (comité número
20), a unos siete kilómetros del centro. Allí,
tras sacar con las manos en la nuca a 5 de los
varios militantes que estaban reunidos en su
interior, las fuerzas del orden procedieron a
fusilarlos en plena calle. Previamente, el fuego
de ametralladoras, rifles automáticos y revólveres
había batido el frente y los flancos de la casona,
un bunker imposible. Terminado el ablande, dos de
los ocupantes del comité ganaron la vereda para
explicarse. En vano: fueron los primeros
acribillados, y constituyeron una pieza importante
en la justificación de los represores, que sin
más, y como a los anteriores, los hicieron pasar
por "tupas". Numerosos testigos que vieron el
comienzo del procedimiento, y algunos que oyeron
lo que ocurrió posteriormente, relataron a este
enviado que soldados y agentes hicieron caso omiso
del "¡Basta, basta! ¡No tiren por favor!", con que
los sitiados pedían el cese de la balacera.
Minutos antes, se había desplomado ante la puerta
del edificio el capitán de caballería Washington
Busconi. Al parecer, dicho militar —presunto
integrante del Escuadrón de la Muerte— se disponía
a colocar una bomba para volar esa sede, cuando,
desde la terraza, un afiliado en guardia lo baleó.
Con él, la cifra de muertos se elevó a 8, y tal
caída fue el desencadenante de la masacre. Seis
miembros del PC, entre ellos una mujer, quedaron
detenidos, y en las horas siguientes los
uniformados efectuaron requisas de libros, discos
e insignias, para probar la condición de
"sediciosos" de los dueños de casa. Casi
desconocida por la población, esta cruenta
aventura revolvió el avispero político capitalino.
Los diarios de la tarde, así como las radios,
ignoraron el hecho: el gobierno, a través de sus
ministerios de Interior y Defensa, reimplantó una
censura férrea a las informaciones. Después
expediría un comunicado que explicaba muy
benignamente las cosas.
BAÑO DE SANGRE.
Tres días antes, en la mañana del 14, comandos del
Movimiento de Liberación Nacional (MLN Tupamaros)
habían segado la vida del ex subsecretario del
Interior del presidente Pacheco Areco, licenciado
Armando Acosta y Lara; del capitán de corbeta
Ernesto Motto Benvenuto; del subcomisario de
Inteligencia y Enlace Oscar Delega y de un agente,
chofer del último de los nombrados. Verdadera
escalada guerrillera, esas acciones, poco claras
al principio, se volverían comprensibles al fin de
la jornada. Cuatro legisladores (tres del Frente
Amplio y uno —Wilson Ferreira Aldunate— del
Partido Nacional, blanco) habían recibido
fotocopias de 4 actas, acompañadas de una cinta
magnetofónica, versiones mimeografiadas y una
foto, que contenían la deposición "ante el
Tribunal del Pueblo" de Nelson Baidesio,
funcionario del Ministerio del Interior
secuestrado por la organización el 24 de febrero.
En esos documentos, a los que Panorama tuvo
inmediato acceso en el Parlamento, figuran muchos
nombres comprometidos, y especialmente los de
Acosta y Lara, Motto y Delega, en directa relación
con la creación y funcionamiento del Escuadrón de
la Muerte local. La siniestra entidad parapolicial
estaría compuesta por personas que revistan en
distintos cuerpos de seguridad y de las Fuerzas
Armadas, a los que hay que agregar varios
integrantes de la fascistoide Juventud Uruguaya de
Pie (JUP), agrupación nacida al amparo del
gobierno, y con su beneplácito. Entrenados en
Brasil y Argentina, según esas piezas, los cuadros
del Escuadrón serían responsables del secuestro y
ulterior asesinato de por lo menos cuatro
estudiantes uruguayos, a quienes se sospechaba
vinculados con el MLN. De los jerarcas que
menciona Bardesio, uno ya había sido "tocado" por
el MLN: se trata del comisario Macchi, quien se
salvó milagrosamente de un atentado, aunque a
costa de permanecer ciego, paralítico y disminuido
mental de por vida.
CONTRAGOLPE. La misma
siesta del 14 se convirtió en el tiempo de la
represalia policial contra los tupamaros. En
sucesivas y fulminantes operaciones fueron
liquidados 8 militantes clandestinos (hay
evidencia de que 6, si no todos, sucumbieron sin
oponer resistencia) y se apresó a varios más. La
versión oficial que informaba sobre
"enfrentamientos" se volvió bastante dudosa. Este
enviado, tras entrevistar a cantidad de vecinos de
las casas donde perecieron los guerrilleros,
obtuvo siempre idéntica impresión: no hubo
intercambio de tiros, sólo disparos a mansalva.
La gravedad inusitada de los acontecimientos
provocó la urgente reunión del Parlamento, al que
el presidente Juan María Bordaberry enviara un
pedido de autorización para suspender las
garantías individuales y declarar el estado de
guerra interno (una figura verbal que carece de
residencia en la Constitución). En poco menos de
24 horas, los legisladores de las bancas blanca y
colorada aprobaron por mayoría la proposición
gubernamental, y el país quedó sometido al
arbitrio de las Fuerzas Conjuntas (compuestas por
las tres armas y los cuerpos de seguridad) en todo
lo que significara lucha antisubversiva. De ese
modo, ya el sábado el régimen se aprestaba a medir
energías con el "enemigo". Pero ¿quién era ese
enemigo? Antes de que senadores y diputados
sesionaran, el primer mandatario había invitado a
representantes de los partidos tradicionales a
conversar sobre la ofensiva tupamara y los modos
de encararla. Del cónclave se omitió enfáticamente
al Frente Amplio, con lo cual contribuía a
afianzarse en la opinión una idea que la derecha
viene inculcando desde hace rato: para la
"democracia" (como se auto-califican blancos y
colorados más allá de sus diferencias y
diferendos), frentistas y tupamaros forman una
entente a pesar de sus disímiles estrategias.
De esa charla con el presidente debe haber surgido
cierto acuerdo, ya que Wilson Ferreira Aldunate,
quien negara tozudamente toda colaboración al
gobierno pocas semanas atrás, se prestó a avalar
la adopción de las medidas propuestas por
Bordaberry, cerrando filas en torno a los
colorados. Esto, a corto o mediano plazo, ayudará
a que esas filas se escindan; más, si se tiene en
cuenta que en la mañana del lunes 17, el propio
Ferreira retrocedió posiciones afirmando que los
blancos habían votado la suspensión de garantías y
el estado de guerra con muy diversa intención.
En el recinto de la Asamblea Nacional no sonó
demasiado extraño el entendimiento, pero los
observadores recordaron que los blancos de
Ferreira, días antes, se habían opuesto a la
sanción de una Ley de Seguridad del Estado, que
concedería poderes discrecionales al Ejecutivo y
su ejército para combatir a los rebeldes. Panorama
trató de interrogar al dirigente en el ambulatorio
del Parlamento, mientras arreciaban los debates
sobre la pertinencia o no de la suspensión de
garantías y la proclamación del estado de guerra.
Inútilmente. El Wilson se evadió en las palabras y
en los hechos.
CONSECUENCIAS. Ya vigente
esa situación de emergencia en todo el país,
grupos parapoliciales o de la JUP (o ambos de
consuno) desataron una campaña de atentados con
explosivos plásticos y tiroteos entre las 4 y las
5 y 30 horas del domingo. Doce explosiones
sacudieron distintos puntos de Montevideo, y en
casi todos los casos las víctimas elegidas tenían
algo que ver con el Frente Amplio o con la defensa
de presos políticos y gremiales. Tampoco se salvó
la iglesia metodista copada por los tupamaros,
desde la cual dispararon contra Acosta y Lara el
viernes. Este enviado fue testigo presencial de
los destrozos producidos, y en dos oportunidades
pudo observar cápsulas de proyectiles que
habitualmente utilizan las fuerzas armadas
esparcidas por las cercanías. La madrugada
anterior, un artefacto de características
similares a los empleados en la ocasión había
reventado en la sede diplomática de la URSS.
Saltaba a la vista la índole provocativa de todos
esos episodios, con que la derecha mete en la
misma bolsa al Frente Amplio, a los rusos y a los
tupamaros. En la tarde del lunes se realizó una
nueva sesión parlamentaria. La agenda prometía el
debate sobre el otorgamiento de la venia al ex
presidente Jorge Pacheco Areco (ver recuadro) para
que ocupe el cargo de embajador uruguayo en
España. Pero hubo que posponer el tema. Dos
discursos se destacaron: el senador comunista
Enrique Rodríguez advirtió que Uruguay marchaba
hacia el fascismo y señaló que "vamos a enfrentar
a estas hordas en todos los terrenos",
refiriéndose a la matanza de sus correligionarios.
Por su parte, Ferreira Aldunate exigió la
investigación y el castigo de los grupos
parapoliciales, sumándose a los frenteamplistas,
uno de cuyos legisladores (Enrique Erro) había
dado lectura el sábado a las "actas" con la
confesión de Bardesio, a fin de requerir del
gobierno el esclarecimiento de las andanzas del
Escuadrón. El conocimiento indirecto, a menudo
de boca a oído, de esos documentos del MLN, alertó
a la opinión, abonando el terreno para que los
tupamaros lanzaran a fin de semana un volante
donde se pedía el ajusticiamiento o la captura de
los jerarcas policiales, militares y civiles
sindicados como torturadores, dinamiteros y
asesinos.
BALANCE. A un mes y medio de
asumir el cargo, Bordaberry corre a los bandazos
por las aguas políticas orientales. El jueves 13,
víspera de la ejecución de Acosta y Lara, Motto y
Delega, el tercer paro decretado por la Convención
Nacional de Trabajadores (CNT) desde el 1" de
marzo se convertía en indicio alarmante de que la
conducción económica del oficialismo merecía un
repudio general. Exitosa, la medida de fuerza
consiguió —más allá de banderías partidistas—
resumir la protesta por las constantes alzas de
precios, la desaparición del mercada de ciertos
artículos de primera necesidad, y los magros
aumentos salariales, que están muy por debajo de
lo requerido para asegurar un nivel de vida
modestamente pasable. Por otro- lado, se
observa la reagrupación de las fuerzas de derecha,
a expensas —y a veces a instancias— de las
actitudes populistas de líderes como Ferreira,
ambiguamente encabalgado en reivindicaciones
reformistas y en reclamos por el "mantenimiento
del orden". En tal sentido, se aprecia que la
movida oficialista, consistente en englobar al
Partido Comunista (legal y electoralista) y a los
revolucionarios bajo un mismo concepto, equivale a
mezclar a todo el Frente Amplio en la actividad
subversiva y pertrechar alrededor de sí a
moderados y reaccionarios. Pero esa movida tiene
un revés inquietante: los desmanes militares del
lunes en el comité allanado pueden lograr que la
izquierda parlamentaria se vuelva mucho menos
parlamentaria y mucho más izquierda. El martes 18,
un cuarto paro con ocupación de lugares de trabajo
y concentraciones en la explanada de la Asamblea
Nacional amenazaba cobrar alcances políticos
imprevisibles. Esa misma tarde, en el local del
comité atacado velaban 7 cadáveres inútiles a la
causa de la ley y el orden, pero suficientes para
que el PC local asuma, impulsado por las bases,
posturas celosamente refrenadas hasta ahora.
Con la implantación del estado de guerra, los
hechos enfrentan a dos fuerzas en un cotejo más
abierto: por un lado, el ejército y los organismos
de seguridad, y por el otro la guerrilla. Esta,
que el viernes, gracias a su múltiple
operatividad, se demostró capaz de procesar
acciones de envergadura (lo cual supone una
infraestructura de gran solvencia), tal vez
aguarde la cesación de las medidas de emergencia
—cuatro semanas más— para reinstalar su presencia
urbana. Los uniformados, por otra parte,
pusieron de manifiesto que su tradición civilista
está en crisis. Los sucesos que protagonizaron los
Fuerzas Conjuntas en el lapso de cuatro días
señalarían que, en realidad, impera una guerra de
Estado, y no sólo contra la clandestinidad. Qué
harán verdaderamente soldados o tupamaros en el
futuro inmediato no se puede predecir. Pero este
enviado, desde el jueves 13 hasta el martes 18, no
dejó de escuchar rumores sobre cuartelazos, que
recrudecieron el lunes ante la situación desairada
de quienes se hallan al frente de la represión.
Como quiera que fuere, el viernes de sangre y el
lunes de masacre pueden ser las fechas iniciales
de una aceleración de la historia uruguaya.
PANORAMA, ABRIL 20 DE 7972
URUGUAY La ley del
gatillo Desde Montevideo escribe Conrado
Ceretti:
"¿No sabe que estamos en guerra?
Usted tiene que entender que en adelante, si lo
encuentro por la calle, lo voy a tratar como a un
enemigo". Las palabras son del inspector Víctor
Castiglioni, responsable del Departamento de
Información e Inteligencia de la policía
montevideana (condenado a muerte por los tupamaros
a causa de su presunta participación en el
siniestro "escuadrón" local), e iban enderezadas a
este corresponsal, quien debió permanecer largas
horas "demorado" en la jefatura central capitalina
el domingo 23. El motivo del encierro: la nota
aparecida en Panorama número 260, que ofrecía
sobre los sucesos uruguayos del 14 y el 17 de
abril una versión muy distinta de la brindada
oficialmente. El episodio aclara la naturaleza
de la censura impuesta en el país a toda noticia
sobre las operaciones antisubversivas en curso.
Así, no sólo opinión pública sino- el propio
Ejecutivo carecen de elementos de valoración para
juzgar la actuación de los cuerpos asignados a la
represión.
SIN CUARTEL. Al parecer, las
llamadas fuerzas conjuntas, abocadas a combatir el
Movimiento de Liberación Nacional sin dar cuartel,
no se sentían muy tranquilas una semana y media
atrás, dentro del marco legal que encuadra a las
instituciones armadas. Un trascendido que niegan
enfáticamente los allegados al Palacio Estévez y
otros contertulios de los partidos tradicionales
indicaba que el domingo 16 los tres comandantes en
jefe habían planteado al presidente Juan María
Bordaberry la necesidad de su renuncia. Alegaban
—de acuerdo a esa especie— que el mandatario iba
perdiendo respaldo político, y se habrían quejado
de que "todos matan, todos roban", sin que el
Ejecutivo se bastara para encarar esta situación.
Bordaberry, que realmente ve mermada su apoyatura
parlamentaria y padeció el martes último el quinto
paro general decretado por la Convención General
de Trabajadores en protesta por la conducción
económica del gobierno, rechazó —prosigue la
hipótesis— aquella presión. Al otro día mantuvo
conversaciones de urgencia con varios líderes de
las divisas blanca y colorada, en busca de algún
acuerdo que diese a su administración la caución
de la estabilidad. No era para menos. Unas diez
horas antes, soldados y agentes habían ametrallado
a siete militantes comunistas frente a un local
del partido qué integra el Frente Amplio,
acaudillado por el general (R) Líber Seregni.
Amparada en la suspensión de las garantías
individuales y la proclama del estado de guerra
interno, la tropa demostró que la oficialidad a su
cargo y la misma cúpula castrense optaban en la
emergencia por una ley sin estorbos
constitucionales: la ley del gatillo. Al abandonar
la reunión con el primer magistrado, el caudillo
blanco Wilson Ferreira Aldunate se declaró
dispuesto a olvidar el pasado, para añadir: "Lo
que importa ahora es la reacción del presidente".
CAMBIOS. Dos líneas coexistentes en el seno
del poder colorado permiten aclarar un poco el
asunto: están quienes desean devolver al Uruguay
al cauce de un liberalismo a la antigua, aunque
basándose en modelos que usualmente hacen
ilusorios tales proyectos, y quienes (militares
adictos) propician un enfrentamiento global con la
izquierda. Los primeros, alrededor de Jorge
Battle Ibáñez, ex candidato a la presidencia,
notorio monetarista y admirador de ciertas pautas
del "desarrollo" brasileño, perdían terreno el
lunes 17 ante los segundos. Estos, a cuya sombra
florece más de una amenaza cuartelera, endurecen
posiciones y pretenden dar una drástica solución
al problema político, más allá —incluso— del
descabezamiento de la guerrilla. Vocero de tales
núcleos es el periódico originalmente nacionalista
conservador Azul y Blanco, que la semana pasada
pedía, sin disimulo, el advenimiento de un
gobierno militar. LEÑA AL FUEGO. El sábado 22
se produjeron dos cambios en las jerarquías del
ejército oriental. El general Luis Forteza, jefe
de la Región Número 1 y responsable último de los
procedimientos del lunes 17 contra el comité
comunista, pasaba a revistar en un instituto
castrense donde ya no olerá la pólvora. Lo
suplantó su par, Esteban Christi, que por línea
paterna resume ciertas tendencias
ultraderechistas, y goza del beneplácito de
Pacheco Areco. También rumbeó a destino menos
movido el jefe de la Región Número 2. En su lugar
quedará el general Alberto Zubia, un duro de los
blancos del general (R) Mario Aguerrondo, que
concursó en los comicios de noviembre de 1971.
Estas trasferencias indicarían que los altos
mandos esperan recuperar terreno después de la
sangría en que empeñaron a los soldados, y que
intentan —a través de las nuevas figuras del
elenco— consolidar un prestigio bastante rebajado
por su labor policíaca. Al respecto se estima que
los jefes recién nombrados conservarán al mismo
estilo fuerte que sus antecesores, a condición de
serenarse y no tomar por enemiga a la izquierda
legal. De algún modo ello podría significar que
una vez lograda tal consolidación las fuerzas
armadas persistirán en afirmar que Bordaberry no
pisa suelo político firme. Lo cual equivaldría a
que lleven hasta el fin la presunta conspiración
en que algunos las ven enfrascadas. Para salvar
la situación, el presidente —se cree— deberá
acceder a un pacto con la oposición. Gustoso de
ofrecérselo, Ferreira Aldunate ha hecho conocer
sus requisitos: nada menos que el cumplimiento de
algunos de los puntos de su plataforma electoral.
Está por verse si los colorados bajo el amago de
una quiebra de las instituciones implementarán
medidas como la reforma agraria del "Wilson", la
nacionalización de la banca, la reforma de los
sistemas de comercialización, la política exterior
independiente y, last but not the least, la
participación del Frente Amplio en ese acuerdo
nacional. Naturalmente también está por verse si
aquella amenaza de quiebra no modera las
pretensiones de Ferreira. Mientras se ponía en
marcha la negociación de las colectividades
tradicionales, el ejército agregaba leña al fuego.
El martes 18, día de paro general y de sepelio de
las víctimas del comité comunista, la tropa apresó
a un laico y a un sacerdote, sospechosos de
"sedición". Del tonsurado Arnaldo Spadaccino se
llegó a decir que dirigía el Frente Revolucionario
de los Trabajadores (FRT) "brazo político del
MLN": todo un disparate, y sólo el domingo 22
levantaron su incomunicación. Con la Iglesia
ofendida quedan pocos sectores en Uruguay que no
tengan algo que comentar sobre el modo cómo las
Fuerzas Armadas combaten a la subversión.
Revista Panorama nº 261 27.04.1972
Nota: "Conrado Ceretti
nació en la ciudad de Rosario, el 9 de enero de
1944. Se especializó en temas de política
internacional en los medios periodísticos
Panorama, La Opinión y Clarín. Desapareció, junto
a su esposa Diana Guerrero, el 27 de julio de
1976..."
Ver en
http://www.lasea.org.ar/palabraviva/fichas.php?autor=ceretti_conrado
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Numerosos testigos que vieron el
comienzo del procedimiento, y algunos
que oyeron lo que ocurrió
posteriormente, relataron a este
enviado que soldados y agentes
hicieron caso omiso del "¡Basta,
basta! ¡No tiren por favor!", con que
los sitiados pedían el cese de la
balacera.
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