Por ahora, los trotskistas creen tener razones para confiar en que el uso alternado de argumentos legales y de agitación gremial puede suplir —o completar— la actividad guerrillera. Una amplia gama de idiotas útiles ubicados principalmente en posiciones importantes del partido Blanco de los Trabajadores parecían alentar esas esperanzas.
Una investigación llevada a cabo en Jujuy por redactores de PRIMERA PLANA con respecto a los principales dirigentes del partido Blanco de los Trabajadores, interesado en promover la intervención a la provincia, permitió llegar a una conclusión más o menos previsible: no todos los jefes de esa agrupación simpatizan con tendencias marxistas-leninistas, pero el juego político se da en tales términos que se ven obligados a una alianza de hecho con castristas partidarios de una línea insurreccional.
Hasta ahora, tanto el gobierno nacional como las autoridades militares de la zona han comprendido la necesidad de respaldar a las autoridades provinciales como único medio para evitar una situación explosiva. Pero la ofensiva contra el gobernador Guzmán amenaza tomar nuevamente fuerza en virtud de situaciones de hecho provocadas por agitadores.
Horacio Guzmán ya fue gobernador de Jujuy entre 1958 y 1962. Pertenece al radicalismo intransigente y goza de predicamento entre sectores populares de la provincia por el plan de obras públicas realizado durante su mandato y las medidas concretas que adoptó para aliviar la situación de los más necesitados. Si los trotskistas consiguen hacer a un lado a Guzmán, es evidente que ninguna de las fuerzas políticas no peronistas de la provincia podrá controlar la tensa situación social: el peronismo de Jujuy, embarcado directa e indirectamente en el juego insurreccional, no tendría en ese caso más que esperar el nuevo llamado a elecciones: sin proscripciones, puede vencer a una intervención radical del Pueblo (la UCRP obtuvo en los últimos comicios apenas cinco mil votos) mucho más fácilmente que al astuto caudillo Horacio Guzmán; con proscripciones, el clima entre los peronistas así marginados del proceso político, derivará fácilmente hacia una acción insurreccional.
En una zona fronteriza (Jujuy limita con Bolivia), donde el contrabando de armas y de hombres es difícilmente controlable, donde una accidentada orografía facilita la acción de las guerrillas, las consecuencias son previsibles: con el apoyo de la población, Jujuy puede así convertirse en base inicial de operaciones para una guerra revolucionaria en gran escala.
Después del 7 de julio, el partido Blanco de los Trabajadores hizo todo lo posible para evitar que Horacio Guzmán asumiera la primera magistratura de la provincia. Pese a que el candidato de la UCRI había ganado ampliamente, tanto en las urnas como en el Colegio Electoral, los blancos intentaron desconocer el resultado de los comicios apoyándose en la mayoría que habían conquistado en la Cámara de Diputados de la provincia.
La Constitución de Jujuy establece que la Legislatura es juez de las elecciones para gobernador y vicegobernador y que los mandatarios electos deben asumir sus cargos ante el citado órgano parlamentario. La UCRI entendió, sin embargo, que esa disposición constitucional corresponde al sistema electoral directo que rige en Jujuy: habiéndose, en esta ocasión, utilizado el sistema indirecto con carácter excepcional, el Colegio de Electores resulta tan soberano como la Legislatura.
Guzmán no pudo jurar en la Legislatura: lo hizo directamente en la Casa de Gobierno, ante la presencia de los jefes militares, el obispo, la Policía y el Poder Judicial. Los diputados blancos consideraron ilegítima esa asunción del poder, basándose sobre cuestiones de procedimiento, y formaron un "gobierno paralelo", puramente simbólico, que se desintegró al poco tiempo. El 23 de octubre de 1963 el Poder Ejecutivo Nacional reconoció al gobierno de Horacio Guzmán y anunció que Jujuy no sería intervenida.
Lo curioso es que —pese a algunas formas inusuales empleadas por Guzmán para asumir el poder— los más serios errores de procedimiento correspondieron precisamente a los blancos. Los peronistas jujeños, que tienen mayoría en la Legislatura (pero no pudieron presentar candidatos a electores de gobernador) cuentan con 18 diputados; la UCR Intransigente con 6; los radicales del Pueblo con 2; los conservadores con 2; los demócratas cristianos con 1 y, además, hay 1 diputado independiente que fue elegido originariamente por UDELPA y luego separado del partido. Es decir, que el partido blanco tiene 18 legisladores y las otras fuerzas políticas cuentan con 12.
Según el artículo 46 de la Constitución de Jujuy, la Legislatura puede pronunciarse contra el fallo del Tribunal Electoral solamente con dos tercios de votos (es decir, 20). Como los blancos tienen sólo 18, intentan reemplazar a tres diputados de otros partidos por legisladores propios: se apoyan en la existencia de suplentes. El pretexto es que el legislador de UDELPA fue expulsado por su agrupación y que dos diputados de la UCRI son profesores de la Escuela de Policía de la provincia y la Constitución establece que todo cargo público no docente es incompatible con las funciones de legislador.
Para eso, resolvieron: 1) que ser profesor de la Escuela de Policía no es un puesto docente; y, 2) que no tiene ningún valor la renuncia que presentaron antes de hacerse cargo de sus bancas. Los observadores jujeños coinciden en que los pretextos jurídicos buscados para lograr la intervención de la provincia difícilmente podían ser más endebles.
Ahora se asegura que el partido Blanco de los Trabajadores utilizará otra táctica: disturbios el 1º de mayo y agitación social en Mina Aguilar, una de las más importantes del mundo en lo que respecta a producción de plomo y cinc. El senador nacional Guillermo Snopek, dirigente del partido Blanco, es el asesor letrado del sindicato. Otros líderes blancos de la provincia, como el explosivo Hugo Genaro Brizuela (apoderado del partido, francamente castrista) y el senador nacional Ricardo Ovando (filoizquiérdista, simpatizante de Fidel Castro, conectado a los "lechinistas" bolivianos) confían en que no' tropezarán con inconvenientes para arrastrar al peronismo jujeño a posiciones de fuerza.
Los blancos tienen también su plan de repuesto, ideado por Snopek: designar a un radical del Pueblo (posiblemente Humberto Antonio López) como vicepresidente 1º de la Legislatura, con el compromiso de que, en el caso de juicio político al gobernador o anulación legislativa de las elecciones, ocupe interinamente la primera magistratura de la provincia.
La tesis va destinada a conseguir, de esa manera, los votos que faltan a los blancos para impulsar una de esas variantes en la Legislatura local. Los radicales del Pueblo estarían dispuestos a rechazar tan tentadora perspectiva: su solidaridad con el gobierno nacional, al que no quieren crear complicaciones, parece más fuerte —por ahora— que las ambiciones lugareñas.
Dirigentes peronistas de la zona, como José Humberto Martiarena, mantienen una posición ambigua frente a la ofensiva trotskista: sin adherir aparentemente a las tendencias insurreccionales, se creen obligados a contribuir a fomentar un clima de agitación política por solidaridad con un movimiento ("Tres Banderas", aliado del Partido Blanco) demasiado comprometido en una guerra a muerte contra el gobernador.
Algunos dirigentes peronistas de la provincia tratan, con éxito variable, de resistir la provocación: José Nasif, Antonio Bernacchi, Víctor Gómez. Los radicales del Pueblo parecen, por ahora, no entrar en el juego trotskista, pese a que serían los beneficiarios inmediatos de una intervención federal. El gobierno nacional, sin embargo, es el que deberá resolver en definitiva.
PRIMERA PLANA
21 de abril de 1964

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