Los ayes de la derecha
"El comunismo pretende asaltar el poder." "La derecha y el imperialismo conspiran para derrocar al presidente Allende." Desde tan opuestas versiones, que su parte de verdad parecen tener, galopa la inevitable radicalización de la política trasandina. Es que el gobierno, agredido por conjuras y atentados terroristas, ve en la reacción que levanta una amenaza contra el régimen democrático que lo catapultó hasta el palacio de La Moneda. A su vez la derecha divisa en las ocupaciones de fundos y viviendas, sumadas a dificultades que se ciernen sobre su prensa, el intento de sustituir las instituciones liberales por un régimen totalitario. Pese a la confusión que dimana de tales contradicciones, es válida la pregunta clave: Allende y la Unidad Popular (UP), ¿se proponen, ya encaramados al gobierno, asumir los demás centros que conforman el poder total según la teoría marxista? A 80 días de gestión, la respuesta no aparece clara.
El gobierno del socialista Salvador Allende ha esquivado una semana de violencia. En la residencia presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde ha trasferido sus actividades el mandatario, un jardinero descubrió el domingo 17 un complicado artefacto de destrucción: 4 cartuchas de dinamita conectados a un circuito eléctrico. Diez minutos más tarde una irónica voz interrogaba por teléfono a los servidores de Allende: "¿Ya recibieron el regalito con 4 velas?".
Días antes caía, gravemente herido a navajazos, Nahum Castro, el director general de Ferrocarriles. Entretanto, el fiscal militar que investiga el complot que dio muerte al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, en octubre pasado, incluía entre los sindicados al general Camilo Valenzuela y al jefe de la Marina, contralmirante Tirado Barros. Un policía fue atacado a balazos y una ráfaga de disparos alcanzó una escuela. Tantos antecedentes rompieron el mutismo de José Tohá, ministro del Interior: "Aplastaremos cualquier intento sedicioso y, para ello contamos con la lealtad inquebrantable de las instituciones básicas de la República y con el apoyo de la gran mayoría de los chilenos". Pero, acaso afligido por la impresión que la oleada de terror podía suscitar en la opinión pública, Tohá arrojó lastre a continuación: "La situación es normal, si por normal se entiende la resistencia que hacen grupos minoritarios al programa ofrecido al pueblo por la Unidad Popular".
En ambiente tan electrizado, el jueves 21, el fiscal militar Fernando Lyon recibía una grave herida en el abdomen. El parte policial explicó que el proyectil se le escapó accidentalmente a un compañero. Pero los ciudadanos, desconfiados, comenzaron a sospechar que el llamado "fiscal de hierro", era víctima de un complot ultra.
EL CUARTO PODER. En la vereda contraria el derechista diario El Mercurio sostiene que los comunistas han tramado una detallada estrategia para hacer pasar las empresas privadas bajo control estatal y, acto seguido, socializarlas. En esta línea, deducen, el primer paso se marca en materia de prensa. Dijo: "Las inspecciones tributarias, con vistas a comprobar manejos delictuosos, han caído simultánea y significativamente sobre las 2 empresas periodísticas de mayor difusión en Chile, como son El Mercurio y Zig Zag".
Desde luego, El Mercurio, que se jugó abiertamente a la candidatura del ex presidente conservador Jorge Alessandri, y la Editorial Zig Zag, proclive a la aspiración del democristiano Radomiro Tomic, no podían esperar del gobierno de la UP una actitud tributaria comprensiva. Pero además la Superintendencia de Bancos objeta, por considerarlo ilegal, un préstamo de un millón de dólares que El Mercurio obtuvo en USA. En cuanto a Zig Zag "ha dado cuenta de la situación extremadamente difícil que le han creado las huelgas presionadas en ella por el Partido Comunista y resueltas en forma de oponerle obligaciones imposibles de cumplir, por un árbitro de filiación comunista, designado por el ministro de Trabajo, también comunista".
En el caso de Zig Zag, la empresa asevera que no se encuentra en condiciones de oblar los aumentos dispuestos tras el conflicto laboral; éstos ascienden a casi el doble de los reajustes que concedió el Ejecutivo a los asalariados. Si la Editorial no puede pagar el incremento, el desenlace es previsible: pasará —legalmente— a manos de la Corporación de Fomento del Estado. El gobierno despejará una visión crítica de un importante grupo periodístico para hacerse de una empresa editora prevista en su programa.
De tal probabilidad, hasta ahora sólo en cierne, y de la que cree amenazante para su diario, El Mercurio deduce intrigante: "Es evidente el deseo del Partido Comunista de silenciar el análisis de sus actuaciones dentro de la Unidad Popular para asumir velozmente los controles vitales del país y realizar su propio programa por sobre el de la Unidad Popular". En este esquema, Allende sería un elemento moderado y el comunismo la extrema izquierda.
Objetivamente, es arduo desbrozar tal argumentación. Ya a fines del año pasado, se desató un conflicto en Zig Zag. Pareció entonces que la empresa sería absorbida por el Estado. Los democristianos presionaron para que Allende concediera a la editorial un préstamo que el ministro del Interior Américo Zorrilla, un militante comunista, no se apresuraba a diligenciar. La intervención de Allende hizo que las arcas del Banco del Estado se abrieran a tiempo para salvar la situación. En el entuerto los comunistas apostaron a la línea dura, dando en apariencia la razón a El Mercurio.
LA TIERRA EN ARMAS. Pero en otros planos el mismo partido se exhibe moderado. El día 17 cerraba sus debates la Asamblea Nacional Sindical del Partido Comunista, repudiando las ocupaciones de predios agrícolas e industrias pequeñas. Es que en el campo hay efervescencia. Grupos campesinos bajo inspiración del pro guerrillero Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) invaden fundos. A su vez, los propietarios se arman y, en ocasiones, se defienden por su propia mano. El MIR propone empujar al gobierno para obligarlo a cumplir su programa. En realidad piensa que la toma del poder real pasa por un marginamiento del régimen liberal.
Se trata, pues, de acelerar el proceso, descargando presión de masas. A tal tesis y a sus consecuencias los comunistas responden no. Creen que esas acciones "son utilizadas por los grandes empresarios para evitar la nacionalización de las riquezas básicas, de la banca y del comercio exterior".
Quizá lo que más preocupa a los comunistas es cuidar que los cambios se deslicen por el andarivel democrático. Si éste corre peligro de obstruirse, hay que frenar la marcha. Es decir, no ofrecer ningún pretexto golpista. En la misma línea se encuentra Allende, quien procura actuar como un moderador. El mandatario desea ofrecer ante el electorado, que en abril renovará las autoridades municipales, la impresión de que su programa se cumple y el país remoza sus estructuras. El proyecto de reajustes, obvia palanca para ganar elecciones, fue aprobado por la oposición, que apenas se animó a introducirle un pequeño recorte.
Salarios aparte, las mudanzas básicas del allendismo se llaman nacionalización del cobre, de la banca y reforma agraria. Esta última no necesita de una ley que significaría su sometimiento a las Cámaras, donde la UP no ostenta mayoría. Lo que distinguirá a la política agraria de Allende de la de su antecesor Frei será, pues, su ritmo y profundidad. La necesidad de aquietar la turbulencia campesina sugirió al ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, trasladar su despacho a la crítica provincia de Cautín. Allí se habían ocupado 53 establecimientos, con saldo de muertos y heridos.
El cuadro se complica en Cautín, donde se asienta la mayor concentración de indígenas, 180 mil mapuches. Ellos reivindican las tierras de sus padres, arrebatadas por sucesivas colonizaciones. Chonchol reconoció: "Los planes del gobierno son insuficientes si no se discuten con los propios mapuches y campesinos de la zona. Lo primero que haremos será conversar con los trabajadores, con sus dirigentes, para ponernos de acuerdo acerca de lo que hay que hacer".
Discutiendo en agotadoras reuniones, el ministro consiguió atenuar la tensión. Desplegó un plan que comprende desarrollo de la industria forestal y apresuramiento del reparto de tierras. Ya a principios de enero, Chonchol tenía diseñada su estrategia a escala nacional. Al fin de este período no quedará en Chile un solo latifundista. El máximo de propiedad individual será de 80 hectáreas. Arriba de esa extensión las explotaciones serán colectivas. Para alcanzar sus metas, el oficialismo deberá realizar entre 3.500 y 4.000 expropiaciones. Sin duda, el programa es radical. Pero no se discierne aún la intensidad con que se ejecutará. Mientras el MIR puja por crear hechos consumados que acentúen su rapidez, La Moneda se empeña en graduar su desarrollo.
MANIOBRAS. La nacionalización del cobre, que ya tiene forma de proyecto presentado a las Cámaras, comenzará en breve a discutirse. En este aspecto no se ve cómo podría apurarse el desenlace. Pero sí teme la derecha que en cuanto a la estatización de la banca, cuyo proyecto está en fase de terminación, el gobierno pretenda imponer su política al margen del Parlamento. Y aquí surge el espantajo rojo. Hugo Fazio, militante comunista y vicepresidente del Banco del Estado es el inspirador de la comisión especial que redacta el documento.
Más prisa que para terminar el proyecto se dio el gobierno para desatar una operación de compra de acciones por parte del Banco del Estado a los accionistas privados. Estos saben que, tarde o temprano, la estatización se concretará. El ente oficial les propone a los pequeños accionistas la adquisición de sus papeles a un precio mayor al que recibirán de acuerdo a la ley. De tal regalía están excluidos los grandes tenedores.
Con esta hábil y legal maniobra, un alud de accionistas acudieron a transar sus títulos. El día 20 el banco Israelita dejaba de ser privado. De sus 10 millones de acciones más de la mitad habían sido vendidas. A la misma situación se aproximaba el Banco de Concepción. Y por infracciones a disposiciones cambiadas, 3 grandes bancos particulares conocían la intervención estatal. Como el proceso de ventas prosigue, se prevé que otras empresas de crédito sufran semejantes trasfiguraciones. De manera que, antes de contar con el instrumento legal que gestiona, la UP se encuentra con apreciable control bancario. Por supuesto, la derecha denuncia en esto una treta para imponer las ambiciones de la UP a espaldas del Parlamento.
Pero los perfiles socializantes del gobierno demoran en dibujarse. Se ignora qué participación obrera se concederá en las empresas privadas. Tal desconocimiento no obsta para que los hombres del establishment crean que lo ya andado lleva al país hacia la ruina. Al inaugurar el día 18 la reunión plenaria de la confederación de la Producción y el Comercio, su presidente, Jorge Fontaine, trazó un cuadro sombrío:
• "Un análisis de lo que sucede en agricultura, construcción y comercio, nos lleva a la conclusión —juzgando los 2 meses de gobierno— de que vamos a la socialización total de la economía, y muy de prisa. El presidente debería formular inmediatamente las medidas que deberán adoptarse y las que deben evitarse en las áreas fundamentales de la economía nacional para la subsistencia de la empresa privada."
• "El clima de incertidumbre, ilegalidad y violencia en los fundos afectará a la producción agropecuaria y a la convivencia en el sector rural. No es aceptable el procedimiento utilizado para presionar a los accionistas bancarios bajo un sistema de incentivos. Se exhorta a todos los empresarios a que mantengan una posición vigilante y constructiva dentro denlos cauces constitucionales, en apoyo de los principios y actividades que representan y que son fundamentales para la supervivencia democrática del país."
Para los empresarios, está a la vista: Allende y los suyos quieren el poder, todo el poder. Los analistas opinan, entretanto, que es temprano aún para saber hasta dónde se propone llegar la UP. Lo cierto es que lo andado en 80 días le parece al establishment excesivo. Tal impresión y la previsible resistencia prometen un porvenir animado a la política chilena.
PANORAMA, ENERO 26, 1971
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