Mágicas Ruinas
crónicas del siglo pasado

 


Aldo Ferrer
entre dos fuegos
Revista Periscopio
18.08.1970

Tres redactores de Periscopio tomaron asiento el jueves último, durante 80 minutos, frente a un amplio ventanal empañado por la mañana gris, bajo el retórico cuadro de Quinquela Martín, En plena actividad. Hace treinta años fue, sin duda, un tema adecuado para presidir el despacho ministerial en el torcido edificio que erigieron Justo y Marianito de Vedia en la esquina de Lima y Moreno, sin prever que iba a desbaratar la perspectiva de la Avenida 9 de Julio. Ya no: las morosas tareas portuarias a que se refiere el artista, las viejas barcazas, las bolsas de trigo que suben por las planchadas a lomo de hombre, componen un ingenuo anacronismo, un poema a la ineficiencia.
Es que el actual Ministerio de Obras y Servicios Públicos, confiado a la trepidante juventud de Aldo Ferrer, es, de hecho, el centro nervioso del desarrollo nacional. A través de sus cuatro Secretarías de Estado y una veintena de empresas nacionales —desde Ferrocarriles Argentinos, la más numerosa, hasta el Laboratorio Nacional de Hidráulica Aplicada, la más reciente— emplea a 370.000 personas, más de la mitad de las que integran la Administración Nacional, insumiendo 2.403 millones de pesos nuevos (el 20,8 por ciento de los recursos totales del Estado); aún más significativa es otra cifra porcentual: el MOSP determina el 72 por ciento de las inversiones del sector público.
En un momento en que la recesión se cierne como letal amenaza, ese despacho habitado por Ferrer —que dedicó largos años a describir los estrangulamientos del balance de pagos y sus consecuencias sobre la economía nacional— sugiere la idea de que la Revolución Argentina no ha agotado sus posibilidades de expansión económica y de promoción social. Pero las dos primeras decisiones del nuevo Ministro, una sobre desarrollo patagónico y otra sobre el complejo Zárate-Brazo Largo, desataron una aguda controversia; él aparece tomado entre dos fuegos: sus contrincantes, Álvaro Alsogaray y Rogelio Frigerio. La controversia repercute en el ámbito gubernamental —que todavía no se pronunció sobre ninguno de los dos puntos—, y va a provocar una aguda confrontación ideológica, nociva al pragmatismo que proclama el Gobierno.
El jueves pasado, en su trinchera del Instituto de la Economía Social de Mercado, el ingeniero Alsogaray explicaba "por qué, después de cuatro años de condiciones político-económicas favorables, enfrentamos una nueva crisis". Ya el 3 de agosto había expuesto sus razones al Presidente Levingston.
Para él, todo está claro: se ha emitido moneda en demasía, para financiar las actividades empresarias del sector público a costa de obligaciones tales como el cuidado celoso de la seguridad. Es el típico Estado-gendarme de un mundo liberal que se desplomó hace más de cuarenta años, sostiene.
También la prensa frigerista. con otro lenguaje, ataca las concepciones "estatistas" de Ferrer. La nueva estructura de Hidronor, si bien corrige algunos de los vicios que esa misma prensa le atribuía, no merece su aplauso, y el previsible rechazo del proyecto Baring Brothers para Zárate-Brazo Largo ha sido calificado como una maniobra dilatoria de "los defensores del estancamiento". Es que estas cuestiones de alta política se dirimen, a menudo, en función de bajos intereses.
Lo que sigue es una síntesis de la entrevista grabada:
Periscopio: ¿Cuál es la posición de su Ministerio acerca de Zárate-Brazo Largo e Hidronor?
Ferrer: Hay que hacer una aclaración; sobre estos temas no hay decisiones tomadas. Hace unos días formulé proposiciones que se están estudiando. La decisión final está en manos del Presidente.
p.: ¿Hay instancias previas?
f.: Entiendo que no, que el problema ya está a nivel del Ejecutivo. El anuncio del otro día, sobre la eventual transformación de Hidronor en una Corporación de desarrollo patagónico, se trata de un estudio que se hará a la brevedad, para convertir a esa gran obra hidroeléctrica en el eje de gravedad de un proceso de desarrollo regional. Conviene aclarar que ni las medidas que tome el Poder Ejecutivo, para lograr el objetivo de la regionalización, ni el propósito de dar a los hombres de la zona responsabilidades en la conducción del proceso, van a comprometer la ejecución de la obra. Seguimos trabajando a toda marcha; no están comprometidos los aspectos técnicos ni la ingeniería de la obra. Se trata de cumplir tres objetivos a la vez: terminar los trabajos a la brevedad, poner en marcha las centrales e ir creando un gran mecanismo para la región patagónica.
p.: ¿La proposición relativa a Hidronor está también radicada en la Secretaría de la Presidencia?
f. : No, estamos haciendo el estudio aquí, con las dos Secretarías que tienen responsabilidad directa: la de Energía y la de Recursos Hídricos. Una vez terminada la elaboración técnica, la elevaremos al Presidente.
p.: ¿Tampoco fue planteada en reunión de Gabinete?
f. : Tampoco.
p.: ¿ Estas decisiones son consideradas "de significativa trascendencia"? ¿Serán sometidas a la Junta de Comandantes?
f.: Eso quedará a decisión del Presidente y la propia Junta de Comandantes.
p.: ¿Absorbería Hidronor, convertida en corporación de fomento regional, a proyectos tales como Sierras Grandes o Futaleufú?
F.: Futaleufú está a cargo de Agua y Energía; en cuanto al proyecto del aluminio, depende de Copedesmel, un organismo de la Fuerza Aérea. En este momento no puedo adelantad cuál va a ser el área de influencia de la Corporación que eventualmente se cree en la Patagonia; es otro tema sujeto a estudio.
P.: En cuanto a Zárate-Brazo Largo, se realizó una licitación, y de cuatro propuestas, una —en principio— quedó en pie. ¿Hay alguna resolución del Ministerio?
F.: Como dije, existe una recomendación concreta al Presidente sobre el tema, pero no puedo informar todavía sobre la naturaleza de la propuesta.
P.: Se ha mencionado un proyecto sustituto ...
F.: Son versiones periodísticas que no estoy en condiciones de comentar.
P.: Algunos críticos hablan de un supuesto estatismo alentado desde su Ministerio; se refieren concretamente a la idea de realizar Zárate-Brazo Largo por medio de Vialidad Nacional y el sistema de peaje.
F.: Dejando a un lado el tema Zárate-Brazo Largo, yo diría que la política que estamos impulsando —coincidente con las Políticas Nacionales— implica, en cambio, un firme respaldo a la empresa privada nacional. He insistido sobre la necesidad de utilizar el poder de compra del Estado para apoyar a las empresas, facilitar su expansión, elevar su eficiencia y su nivel tecnológico. Justamente, ponemos el énfasis mayor en la promoción de la empresa privada; en la reciente licitación de Futaleufú se introduce —por primera vez en obras realizadas por Agua y Energía— el criterio de limitar las presentaciones a firmas del país. Creo que esto es mirado con simpatía por las empresas nacionales.
En realidad, lo que le da carácter de estatista o privatista a una gestión no es tanto la forma en que se administra determinada obra de infraestructura, sino quiénes son los que en definitiva la ejecutan y de dónde vienen los recursos financieros necesarios para llevarla a cabo. Si los ejecutores son empresas privadas, y si los recursos que se movilizan también son —básicamente— del, sector privado, habría que concluir que una política a la que se asigna inspiración estatista implica la movilización de recursos financieros y de empresas privadas.
p.: La opinión liberal también expresó su preocupación por el nivel del gasto público. ¿Es fundado el temor de que, a través del MOSP, aumente demasiado?
f.: Bueno, no quiero comentar opiniones de sectores; prefiero decir cómo veo la cuestión y cuál es la posición del Gobierno. El Estado moderno tiene responsabilidades que no puede declinar: infraestructura energética, de transportes y caminos, aprovechamiento de recursos hídricos, bienestar social, educación, etc. Creo que aquí, como en los países más avanzados, no habrá Nación moderna sin Estado moderno y eficiente.
¿Qué significa esto en términos de la participación del sector público en el ingreso nacional? La experiencia mundial permite detectar una cierta tendencia ascendente en esa participación: precisamente, los servicios sociales, educacionales, técnicos y de infraestructura tienden a crecer mucho.
Pero me parece apresurado concluir que esto lleva al estatismo; por el contrario, el éxito del sector privado depende de que el Estado cumpla con sus obligaciones. Sin energía barata, ni buenos caminos, ni un eficiente sistema de educación —y sin condiciones de tranquilidad social— es evidente que no hay posibilidad de desarrollo de la empresa privada; es un proceso de interdependencia.
Lo que sí es fundamental es que el Estado lo haga todo con máxima eficiencia, porque no se puede tolerar que desperdicie recursos; hay que acometer un decidido esfuerzo para bajar los costos operativos y ofrecer a la empresa privada las menores tarifas compatibles con la eficiencia y la expansión de los servicios. Además, importa señalar que la eficiencia del sector público sólo se puede lograr en el contexto de una eran política de expansión económica. El proceso global abarca la política industrial, la de exportaciones, la de financiamiento y la propia política del sector público. Finalmente, es injusto adjudicar a los funcionarios del Estado responsabilidades por los problemas que vive el país, porque ellos mismos son víctimas de las dificultades económicas con las que venimos tropezando.
p.: ¿En la reestructuración ferroviaria, se tendería también a aplicar el "compre argentino"?
f.: Nos proponemos orientar las compras del Estado, en lo posible, hacia la producción nacional. En la legislación vigente, y también en las prácticas del sector público, hay algunas inconsistencias que deben eliminarse; oportunamente. voy a discutir esto con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria. Debe racionalizarse el régimen de equipamiento del sector público, para poder implementar a fondo el apoyo a la empresa nacional.
Vale la pena aclarar que ésta no es una cuestión ideológica: el país importa muchas cosas —tecnología, equipos que no producimos— y las seguirá importando. De lo que se trata es de desarrollar al máximo nuestras potencialidades. El problema no es estático: interesa no sólo lo que hoy podemos producir razonablemente bien, sino lo que podremos hacer cuando esta política de aliento comience a rendir sus frutos. Hay que fortalecer lo que existe, pero también crecer las condiciones para un mayor desarrollo futuro.
Los brasileños encararon su equipamiento eléctrico por dos vertientes: por un lado programaron grandes obras eléctricas y por el otro el desarrollo de una poderosa industria de equipamiento, que les permite producir generadores mucho más potentes que los nuestros.
En fin, el proceso de desarrollo de la infraestructura hay que concebirlo en forma integrada. Es imprescindible —repito— la movilización de la capacidad industrial local para mejorar su tecnología, expandir el empleo, crear oportunidades para la empresa nacional y eventualmente —creo que esto puede ocurrir pronto— alentar la exportación de bienes de capital, que son los de más activa demanda en el mercado internacional. La Argentina tiene una gran capacidad potencial para la exportación de bienes de capital —máquinas-herramientas y otros equipos—, que sólo podrá aprovechar en profundidad en la medida en que el sector público cumpla un papel impulsor y el país crezca bien, para favorecer un rápido desarrollo de la industria local.
p.: ¿Cuáles serían los rubros beneficiados?
f.: Hay muchos bienes de capital de tecnología compleja y uso intensivo de talento y mano de obra. Tenemos disponibilidad de cerebros y mano de obra calificada a bajo costo; allí está nuestra ventaja relativa, con respecto a otras naciones. Estoy hablando de una gran cantidad de maquinarias y equipos bastante complejos. Por otra parte, en la medida en que la estrategia nacional indique que hay que desarrollar ciertos sectores de bienes de capital, aun cuando en una primera etapa no tengamos ventajas comparativas, si se le otorgan los incentivos suficientes como para que pueda exportar, las consecuentes economías de escala permiten soñar un mano a mano —el día de mañana— con los productores más eficientes del mundo.
Hay dos aspectos: el régimen legal de protección a la industria local y la racionalización de la política de compras estatales. A este respecto, conviene formular programas de mediano plazo, que mantengan un ritmo creciente de inversión, estandaricen los equipos y faciliten el financiamiento a los proveedores locales. El sector público tiene, además, la gran posibilidad de inducir el cambio tecnológico y las fusiones de empresas, allí donde haga falta. Este tipo de razonamiento no es, por cierto, original: en Brasil tuve oportunidad de conocer de cerca la función inductora del Estado.
p.: ¿Cuál sería el papel del ahorro interno y el de la financiación extranjera en este proceso? ¿Hasta qué punto apelar a ella no supone una ilusión, dentro de ese esquema?
f.: Bueno, éste es un punto muy importante. Estoy seguro de que el país está en condiciones de lanzarse a un vigoroso programa de expansión de inversiones, sobre la base de un mayor y mejor uso del ahorro nacional y, a la vez, de una captación mayor de ahorro externo. Obviamente, la estructura del financiamiento externo condiciona —desde el punto de vista del sector público— la política de respaldo a la producción local; no cabe duda de que una buena parte del financiamiento externo se propone favorecer las exportaciones de los países desarrollados. Los créditos de proveedores, y en alguna medida los organismos internacionales, limitan el peligro de un exagerado desembolso local.
Creo, entonces, que hay que manejarse con un criterio pragmático; tratar de adecuar ese financiamiento a la política nacional. Para ello, pienso que hay que elevar al máximo las financiaciones externas de libre disponibilidad (bonos y
otros). Obviamente, para los componentes importados de los proyectos habría que movilizar otro tipo de préstamos, a más largo plazo y más baratos. Pero éste es un problema de tipo operativo: lo importante es fijar la política y adecuar el financiamiento a esa política.
p.: ¿Es unánime la opinión del Gabinete económico acerca de este punto?
f.: Estos conceptos están incorporados a las Políticas Nacionales. Le corresponde a mi Ministerio buena parte de la instrumentación y elaboración de las ideas básicas; luego, en colaboración con Economía debemos completar el esquema operativo que las lleve a la práctica. Estimo que no va a haber dificultades, porque creo que todos los que estamos en el Gobierno nos identificamos con sus grandes objetivos.
p.: En el largo plazo, ¿se va a seguir la experiencia brasileña, que procura un aprovechamiento integral del potencial hidroeléctrico?
f.: Sí. Un primer objetivo es ampliar la capacidad instalada, para satisfacer un crecimiento anual de la demanda no inferior al 10 por ciento anual, que es el que corresponde a una economía en expansión. El segundo es adecuar la estructura de la oferta eléctrica a la dotación de recursos del país y, en especial, a las fuentes de energía más baratas.
En este sentido, creo que ya se está insinuando el concepto de no descansar fundamentalmente en las fuentes térmicas. sino incorporar los recursos hidroeléctricos y los generados por energía nuclear. Se trata de activar los aprovechamientos de la Cuenca del Plata; mantenemos conversaciones con el Uruguay para acelerar el calendario de ejecución de las obras de Salto Grande, y con el Paraguay para iniciar los estudios de factibilidad de Apipé. En el Sur, además de El Chocón, pensamos en Piedra de Águila.
En cuanto a las centrales nucleares, se está estudiando su establecimiento en varias zonas del interior, entre ellas Córdoba. Este programa va a cambiar, en la próxima década, el origen de la oferta eléctrica del país.
No vamos a descuidar, sin embargo, la política petrolera; no sólo crecerán las centrales térmicas, sino también los requerimientos de la industria petroquímica.
p.: En cuanto a El Chocón, su reciente anuncio en el sentido de que la energía quedará en la Patagonia se interpretó como una rectificación de la política anterior. ¿Es así?
f.: En mi opinión, la política de abastecimiento eléctrico de la Patagonia debe consistir en proporcionarle toda la energía que necesite para impulsar un vigoroso proceso de expansión, beneficiado por precios preferenciales. Claro que la capacidad potencial de la zona excede, en lo inmediato, a su demanda; esa energía sobrante hace falta en otras zonas del país. Hay que venderla donde haga falta. Desarrollo regional no es sinónimo de provincialismo autárquico; al país hay que concebirlo como un todo integrado.
p.: Otro problema es el de las reservas de petróleo ubicadas, que no son, por cierto, numerosas...
f.: Una prioridad de la política petrolera es expandir las reservas a través de un vigoroso impulso a la exploración. La intención es fortalecer a YPF y movilizar además el aporte privado en la mayor medida posible para alcanzar los objetivos.
p.: ¿Hay cambios en el plan ferroviario?
f.: Estamos trabajando con Ferrocarriles Argentinos para elaborar el programa de mediano plazo de la empresa. Se dará mucha importancia a las redes urbanas —electrificadas y de alta velocidad—, que han probado su conveniencia y economicidad en otros países.

 

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