Revista Periscopio
11.08.1970 |
Los muros de Buenos Aires se han convertido en una inmensa galería
de retratos. En marzo tocaba el turno a los siete ejecutores, según
la Policía Federal, del secuestro de Waldemar Sánchez. En junio,
fueron los identi-kits de los dos raptores de Aramburu; al mes, las
caras de cuatro hombres y una mujer a quienes la PF relaciona con el
mismo delito (Luis Fernando Abal Medina, Mario Eduardo Firmenich,
Esther Norma Arrostito, Carlos Gustavo Ramús y Carlos Capuano
Martínez). Quizá pronto se sumen los dibujos de los asaltantes de
Garín y la planta trasmisora de Radio Rivadavia.
Todos ellos siguen prófugos. De los detenidos, en cambio, las
autoridades no han divulgado sino la filiación y la edad; el público
ignora cómo son sus rostros, salvo a través de fotografías
familiares, a veces antiguas. El misterio es ya absoluto en cuanto a
los tres jóvenes que a fines de marzo intentaron apoderarse de Iuri
Pivovarov, y cuyo destino está en manos de la Corte Suprema (Carlos
Benigno Balbuena, subinspector de la PF, Alberto Germinal Borrel,
Guillermo Johanson).
La semana pasada, estos y otros enigmas no recibieron luz. Por el
contrario, el Caso Aramburu pareció hundirse aún más en la tiniebla,
de donde no sale desde el 29 de mayo, cuando dos falsos militares se
llevaron al ex Presidente. Las dudas que planteara la conferencia de
los investigadores policiales, el 20 de julio, todavía no fueron
zanjadas (N° 45) ; que se sepa, no existe el menor dato acerca de lo
ocurrido entre el día del rapto y el hallazgo del cadáver en una
estancia de Timote, 48 días más tarde. Naturalmente, la oscuridad
alcanza a los instigadores, sus motivos.
De los informes policiales sólo se deduce que los autores del infame
episodio son unos improvisados: dejaron papeles comprometedores a la
vista, intentaron el golpe de La Calera en vez de mantenerse en la
clandestinidad —como lo hace cualquier banda de ladrones tras un
robo exitoso—, no se desembarazaron del cadáver sino que lo
enterraron en casa de uno de ellos, sin quitarle siquiera la traba
de la corbata, y en el sótano de una habitación que se esmeraron en
limpiar (las otras cinco estaban sucias y desordenadas) como si
buscaran llamar la atención de sus perseguidores. Semejante torpeza,
sin embargo, no se compagina con la habilidad demostrada en el
rapto, que durante un mes y medio fue arcano impenetrable y que aún
hoy. lo es: al menos, los acusados andan sueltos.
El jueves 6, un tal Frente Universitario del Norte (FRUN), con sede
en Tucumán, sin "vinculación ideológica de ningún tipo con los
Montoneros que se atribuyen el secuestro de Aramburu", reveló que
había facilitado a Abal Medina, Firmenich y Ramús, el traslado al
Norte en una avioneta, y el posterior viaje a La Habana; antes, los
tres confiaron una carta "donde se explica por qué Aramburu fue
pasado por las armas": el documento será negociado por "este alto
mando" con la jerarquía eclesiástica de la Provincia.
Entretanto, el capitán de navío (RE) Aldo Molinari iniciaba en la
Base Naval Río Santiago, el 5, un arresto de veinte días, con
prohibición de visitas, que le impuso el Comando en Jefe por sus
declaraciones acerca de los secuestradores de Aramburu, de las que
oportunamente se ratificara, y que dieron motivo a una airada
protesta de Juan Carlos Onganía ante el Presidente Levingston.
Onganía no entabló juicio a Molinari; tampoco recurrió a los
Tribunales luego de las acusaciones que contra su Gobierno (y en
especial contra el ex Ministro Imaz) vertiera dos semanas atrás Juan
José López Aguirre, ex Jefe de la Policía bonaerense. Es una curiosa
actitud.
A su vez, La Vanguardia de agosto 5 difundía dos detalles dignos de
atención: 1) La Policía Federal, en la persona de su titular, fue
avisada del secuestro a las 11.30 del 29 de mayo, no a las 12.30,
como ese organismo señaló en la conferencia de prensa; 2) Firmenich
estuvo 22 veces, entre abril y mayo, en la Secretaría del Ministerio
del Interior. Vale la pena esclarecer ambas situaciones; tanto como
conocer si son ciertas las denuncias sobre torturas que formularon
los abogados de Lozada y Carlos Alberto Maguid.
El proceso de La Calera —a cuyos responsables se aplicará la Ley
18701, sobre pena de muerte— no ha salido todavía de la etapa de
instrucción. La semana pasada, el juez Tomás Marcelo Barrera
solicitó la captura de 27 personas (18 hombres, 9 mujeres; entre
ellas, un ex seminarista, dos médicos, una abogada, un español, una
brasileña y una hondureña). Los diarios insistieron en que el Juez
Raúl de los Santos, que instruye el Caso Aramburu, no halló
participación en él a Ignacio Vélez, a quien la Policía Federal
sindica como uno de los autores del rapto. Esos mismos diarios
señalaron que ninguno de los arrestados por La Calera
admitió su intervención en el Caso Aramburu: los dos magistrados no
desmintieron estos "trascendidos".
En Garín reina el secreto; el 2 de agosto apareció en el Parque
Lezama el comunicado Nº 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR), con un balance de su sanguinario operativo: 3.316.628 pesos,
7 pistolas con 15 cargadores, 2 metralletas con 3 cargadores, 4
revólveres, chapas y uniformes policiales. Sin duda, un magro botín.
CASTILLOS DE ARENA
El lunes 3, con un título a nueve columnas, La Razón obsequiaba a
sus lectores una primicia: el vecino Eduardo Ortiz dijo que los
"guerrilleros" bien pudieron enterarse de la geografía de Garín, su
vida, sus costumbres, pues esos pormenores figuran en una monografía
que redactó su esposa, alumna de la Escuela Comercial Nº 1 de la
ciudad, para un concurso organizado por ese instituto; él mismo
llevó el trabajo
a la Casa del Clero, en Buenos Aires —donde el 8 de julio fue
arrestado el sacerdote Alberto Fernando Carbone—. Su mujer, en fin,
ganó el premio.
El informe era erróneo y sólo sirvió a La Razón en su ofensiva
contra los curas del Tercer Mundo. El miércoles, la Comisión
Católica Argentina para la Campaña Mundial contra el Hambre
desmentía los infundios: el certamen versó sobre "Participación de
la juventud en el desarrollo; vencieron alumnos de escuelas
secundarias de Las Parejas (Santa Fe), Resistencia y Castelar; los
textos fueron recibidos, como sucede desde 1966, en Montevideo 850.
Elisa V. de Ortiz, 39, convalidaba estas afirmaciones ante un
enviado de Periscopio; el trabajo —que elaboró con otros tres
alumnos— constaba de 4 carillas "con observaciones generales", no
incluía mapas ni planos y fue entregado por ella misma en la sede de
la Comisión.
Una segunda sorpresa deparó la semana: también el lunes 3 estalla la
noticia de que dos procesados por el golpe de La Calera, el
estudiante José Antonio Fierro, 25, y el médico Raúl Héctor Guzzo
Conte Grand, 32, acababan de ser reconocidos como asesinos de
Augusto Timoteo Vandor (junio 30, 1969), durante un careo ordenado
por el Juez Alberto Chiodi. De los Santos los había desechado en el
sumario que dirige. Un segundo trámite, el 6, que incluyó además a
Luis Alberto Lozada Caeiro y Carlos Alberto Soratti Martínez, no
tuvo análogo resultado. La UOM cerró su boca a toda pregunta.
Ínterin, abundaron los descargos. Alfredo Allaría, director del
Hospital Privado de Córdoba, donde ejerce Guzzo, asegura que el 30
de junio de 1969 su subordinado atendió la guardia externa y visitó
a 37 pacientes en sus domicilios. Irma Carolina Ferrero de Fierro,
madre del estudiante y activa dirigente peronista de Córdoba, habló
con los periodistas el miércoles 5. en el estudio del abogado Hugo
Anzorreguy, defensor de su hijo en la Capital Federal. Ofreció
entonces una minuciosa cronología de las actividades de Fierro —ex
alumno del Liceo Militar General Paz, como Vélez y Emilio Ángel
Maza— el día del homicidio de Vandor.
A las 13, por ejemplo, se encontró en la esquina de Lavalleja y
General Bustos, de Córdoba, con Jorge Kaplan, hijo del ex
Subsecretario interino de Difusión y Turismo, quien le comunicó el
atentado. El propio Kaplan ha brindado este testimonio el 25 de
julio último a detectives de la Policía Federal, que lo interrogaron
en Córdoba; es de suponer que lo mismo hicieron en el Hospital
Privado.
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Firmenich |
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Fierro, circa 1962
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