Revista Periscopio
09.06.1970 |
La suerte de Pedro E. Aramburu mantuvo al país, durante toda la
semana, en la angustia y en la incertidumbre, y desató una batalla
política entre el Gobierno y los grupos afectos a la Revolución
Libertadora —que confiaban en obtener el poder para sí después de
reclamarlo para él en los últimos meses—. Los responsables de
haberla desatado lograron su objeto: agravar las dificultades para
la convivencia argentina. La implantación de la pena de muerte es,
por ahora, el único fruto del atentado.
La noticia cobra estado público a las 12.30 del viernes —Aramburu ha
desaparecido a las 9.30— y el primer mensaje verosímil de los
secuestradores se divulga a las 2.30 del lunes. En ese lapso de 60
horas, los voceros oficiales —primero, el Ministro Imaz; luego, el
Secretario Premoli— evitan escrupulosamente las palabras "secuestro"
o "rapto": es un "episodio", una "desaparición". A su vez, el
aramburismo —Comandos Civiles Revolucionarios, partidos políticos,
la vasta superestructura liberal— acusa tácita o expresamente al
Gobierno. En suma, las dos hipótesis más aceptables, en ese nivel,
parecen ser la del autosecuestro, tal vez como primer' paso de un
golpe, y la de una operación preventiva: se desestiman la de un
grupo extremista de derecha (tipo Tacuara) o de izquierda (tipo FAL)
y la venganza peronista demorada.
En esta etapa, se suceden los "comunicados". El primero fue el de
los Montoneros, Comando Juan José Valle: un sobre blanco sin
inscripciones, papel tamaño carta con el membrete "Perón vuelve",
hallado a las 21.45 por redactores de La Prensa en el baño de
hombres de la confitería Albor II (Cabildo 701). El conciso texto
asegura que Aramburu fue secuestrado "a los fines de someterlo a
juicio revolucionario". Casi a la misma hora se recibe en Clarín el
eje las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), Comando Cabral: propone
rescate "a cambio de los presos políticos y sociales" hasta las
19.30 del sábado. Pero ese día, a las 15.30, mientras Julián Agüero,
canónigo de San Ignacio, festeja su cumpleaños en compañía de
algunos amigos, un telefonazo le indica que busque una carta en el
altar de la Virgen de Itatí: un cierto Comando Militar Generación
Tacuara exige la liberación de "los camaradas de Taco Ralo, del
Policlínico Bancario", El Kadr, Duhnay y otros.
Dos de ellos eran falsos, necesariamente; pero restaban certeza al
otro, y cada cual era libre para escoger el que más conviniera a sus
prejuicios.
El bando liberal estaba excitado: volvía el buen tiempo viejo. Sus
prohombres acudían al departamento de Aramburu —algunos, hasta
mañana y tarde— para hacerse retratar y decir frases sibilinas al
periodismo. Pero eso no era todo: había constantes reuniones en
domicilios privados. Cada uno llegaba con noticias frescas que
extasiaban al auditorio. Fue necesario obtener otro departamento, en
el piso 7.
El sábado, por ejemplo, alrededor de las 19, más de dos decenas de
políticos se congregaban en el estudio de Arturo Mathov. Uno de los
artífices del encuentro fue Horacio Thedy. Había gente de UDELPA
(Unión del Pueblo Argentino, el partido que formó Aramburu para las
elecciones de 1964 y del que luego se separó, disgustado por algunos
escándalos) y del radicalismo del Pueblo. Balbín se excusó; tenía
una comida en La Plata. El socialdemócrata Américo Ghioldi estaba en
espíritu: al día siguiente almorzó con Pablo González Bergez para
enterarse de todo. No faltaban algunos militares retirados. La
reunión duró hasta medianoche y se prolongó en los bares vecinos.
Desde luego, se condescendía a recordar que la vida de Aramburu era
lo primero; pero de semejante cabildeo no podía salir sino una
estrategia política. Todos estaban interesados en lo que llamaban
"el doblete". La idea era obtener un espacio de tv -—dos canales, se
dijo, estaban dispuestos— y apelar, por ese medio, "a las Fuerzas
Armadas y al país". Prudentes, sin embargo, decidieron invitar a un
sacerdote, un intelectual y un político "potable". Se había pensado
en un cura del Tercer Mundo; luego lo reemplazaron por Iñaki de
Aspiazu y, finalmente, por el Obispo de Neuquén, monseñor Nevares:
por supuesto, nadie pensó en consultarlos. En cuanto al intelectual,
unos sugerían el nombre de Victoria Ocampo y otros el de Ernesto
Sábato, siempre sin preguntarse si ellos aceptarían. Entre los
políticos, las preferencias eran para González Bergez. Todavía
estaban discutiendo a la hora en que el programa debía salir al
aire.
Sin embargo, entre los diversos grupos identificados con la
Revolución Libertadora surgieron disidencias sobre tres puntos:
represalias, pena de muerte y tratos entre la familia Aramburu y
personajes vinculados al régimen actual.
En la noche del sábado, el general retirado Federico Toranzo
Montero, asomado a la casa de Montevideo 1053, leyó una proclama:
"La hora de la meditación ha terminado". De no regresar Aramburu con
vida, "devolveremos en las personas de los dirigentes del
totalitarismo, de izquierda o de derecha, todo posible daño que se
le pretendiera infligir", prometía.
"Esto es obra de un maldito", espetó Horacio Thedy cuando se lo
mostraron (no llevaba firmas) ; "con este comunicado no se defiende
la vida de Aramburu ni la paz social". "Estoy de acuerdo en
principio —fue el comentario de Isaac Rojas—. Con lo que no estoy de
acuerdo es con las amenazas." Luego preguntó': "¿Cuál Toranzo?
¿Carlos o Federico?"
Aldo Luis Molinari, Subjefe de Policía durante la Revolución
Libertadora, también se ofuscó: "¡Pero esto no está firmado!" A poco
de leerlo, deslizó: "La Revolución Libertadora no toma represalias,
pues es un movimiento de opinión suficientemente conocido, que tiene
por objeto clarificar el proceso político nacional No se puede
hablar de represalias. Lo único que tenemos nosotros es la ley, y la
ley es la Constitución".
Una misteriosa entidad también se alistó en la línea dura: para
Voces de
la Historia de los Hombres Libres General Roque Lanús, la solución
era ''implantar la pena de muerte y duplicar las dotaciones de las
fuerzas de seguridad". FAEDA (Federación Argentina de Entidades
Anticomunistas) se pronunció en el mismo sentido; la medianoche del
martes, el Gobierno les daba la razón.
El primer funcionario en presentarse al domicilio de Aramburu fue el
Subsecretario de Interior (Darío Saráchaga) y no el Ministro de
Relaciones (Juan B. Martín), como hubo de equivocarse algún
noticiero de TV. El Canciller, conmovido, incurrió en un lapsus al
decir: "Yo era muy amigo del general Aramburu"; rápidamente, cambió
el tiempo del verbo. Después llegaron el Secretario de Transportes
(Ressia) y el Subsecretario de Salud (Mondet).
Sin embargo, quienes dieron la más apropiada imagen del cenáculo
liberal fueron un ex Ministro del actual Gobierno (Adalbert Krieger
Vasena) y dos del elenco que acompañó al Presidente Aramburu
(Eduardo Busso y Julio Cueto Rúa). Para el ala radical-populista del
movimiento que pretende el poder, estas presencias —y la de
Desiderio Fernández Suárez— eran reconfortantes.
A ellos —se interpretó— iba destinada una tórrida declaración de
Ernesto Sammartino: "Los auténticos demócratas argentinos hemos
visto con desagrado —aunque no con sorpresa, porque conocemos sus
métodos—, que representantes de la más cruda reacción y del
imperialismo hayan incorporado sus nombres a la nómina de los
ciudadanos de todas las fuerzas populares que repudian el
incalificable atentado cometido contra uno de los nuestros ..." Lo
acompañaban en la protesta Carlos Sánchez Viamonte, Horacio Thedy,
Silvano Santander. Manuel Belnicoff.
Federico Toranzo Montero No enmascaraba sus propósitos: "Los
democráticos debemos tomar las armas para evitar estos sucesos".
Rojas conmovido, sugería a los hombres de prensa: "Los que tengan
responsabilidad en este proceso deben tomar las posiciones que les
correspondan ...) sin que lo dificulte un distorsionado concepto de
la autoridad". Pero, al mismo tiempo, exigía represión: "...o que
una falta de sanción de los delitos vigorice la impunidad que
alienta al extremismo". Héctor Sandler líder de UDELPA) marcaba
puntos, pero sin exponerse demasiado: "El Presidente Onganía ha sido
poco claro y convincente en la decisión de lograr la libertad del
general Aramburu". sostuvo.
SENTENCIA DE MUERTE
La maniobra consistía en convencer a las Fuerzas Armadas de que el
único obstáculo para la liberación de Aramburu y la pacificación del
país era la presencia, al frente del Estado, de un hombre que ya
tenía posición tomada sobre la imposibilidad de negociar con
secuestradores. Fue necesario movilizar a la señora de Aramburu. El
domingo a las 14.25, Sara Herrera y su hijo ascendieron a un Fiat
1600 rojo que tomó rumbo a Olivos. Eugenio volvió a las 16.23, antes
que su madre. El Gobierno mantuvo silencio. Sandler se encargó de
informar a la prensa. Ahora se trataba de insinuar por todos los
medios que la obstinación del Presidente desamparaba a otro teniente
general. Ni siquiera había que continuar la búsqueda de los
captores, que en ese momento involucraba ya a unos 20.000 hombres de
todas las fuerzas de seguridad : así se exponía la vida de Aramburu.
A las 2.30 del lunes llegaban a La Prensa otros dos comunicados
suscriptos por el Comando Juan José Valle, en el mismo papel y con
el mismo sello que el primero. Uno de ellos, para demostrar que el
rehén estaba en sus manos, enumeraba sus efectos personales: una
medalla llavero con inscripción, dos bolígrafos Parker, un
calendario del Banco del Interior, un pañuelo, una traba de corbata
de oro, un reloj pulsera automático. El segundo —una lacónica
sentencia de muerte— recordaba la ejecución de 27 argentinos,
"legalizada por los decretos 10362 y 10363, del 9 de junio de 1956";
y el fusilamiento de ocho militares (decreto 10364). Además se
prometía cristiana sepultura a los restos del acusado, que sólo
serían restituidos a sus familiares "cuando al pueblo argentino le
sean devueltos los restos de su querida compañera Evita": de tal
manera se intentaba —no sin ingenuidad— hacer recaer las sospechas
sobre el peronismo.
Esta primera etapa se cierra con el radiograma de Alejandro A.
Lanusse a las guarniciones del interior y con un mensaje de monseñor
Antonio Caggiano a los forajidos.
"Si bien la reacción natural ante la agresión a valores de la
nacionalidad y sentimientos íntimos puede impulsar a acciones
individuales —amonesta el Comandante en Jefe—, no es el camino a
seguir." Recomienda serenidad una vez más, "lo que no significa
dudas —se defiende— sino conciencia responsable, como fundamento de
las decisiones que cuadran en las circunstancias". En otros
términos: las Fuerzas deben evaluar la situación y proceder en
conjunto.
Por su parte, el Cardenal se ofrece a parlamentar. Su exhortación
contrasta con la propaganda oficial —volcada obsesivamente por
radios y TV—, y no sólo por emplear intermitentemente el modo
arcaico de la segunda persona del plural; también por su tono
comedido y por omitir las rituales alusiones a una conspiración
foránea: "A pesar de los errores graves que llevaron a ustedes a tal
actitud, no pueden haberse extinguido del todo vuestra libertad ni
el respeto sagrado de la vida, ni vuestro amor al país".
En realidad, ambos documentos registran —aunque de distinto modo— el
porfiado trabajo de zapa cumplido por los liberales. Lanusse duda,
aunque lo niegue; y la decisión del anciano Cardenal le fue
arrancada por un compacto y masónico grupo de personalidades.
El Obispo de la diócesis platense monseñor Antonio Plaza exhortó
humildemente "a todos, autoridades, jefes de las Fuerzas Armadas y
dirigentes de todos los sectores sociales, a comportarse con
claridad, tolerancia y justicia". Inoportunos bromistas ofrecieron
10 millones de pesos viejos por la vida del raptado, en nombre de
quien lleva el nombre de un Presidente —Juan Carlos— y el apellido
de otro —Aramburu—. El Arzobispo Coadjutor de Buenos Aires se sintió
incómodo, no por esa circunstancia, sino porque él no había ofrecido
premio alguno.
El radiograma militar y sobre todo la exhortación apostólica eran
tardíos, reflejaban el sistema de fuerzas de la primera etapa,
cuando ya se había entrado en la segunda: desde la mañana, con la
aparición de los comunicados 2 y 3 de los Montoneros, la situación
había cambiado bruscamente. Resulta que no es Onganía quien se niega
a transar: son los otros.
LA SEGUNDA ETAPA
Los adeptos de la Revolución Libertadora comprenden que ahora se
aflojarán las presiones dirigidas contra la cohesión militar.
"Carecen de solidez concreta", dice Bernardino Labayru a propósito
de los comunicados verosímiles, a los que califica de "petulantes".
Este escepticismo se vuelve insostenible cuando la familia Aramburu
admite que la enumeración de los efectos personales es correcta. Hay
que imaginar otra cosa. ¿No será —sugieren, cada vez más temerarios—
que los Montoneros no existen?
El capitán de navío Aldo Molinari emite la sospecha el lunes a las
18, cuando los periodistas lo abordan ante el departamento de la
calle Montevideo —donde transcurre el interminable mitin de la Unión
Democrática—. "Los comunicados son auténticos, pero no se puede
afirmar que el grupo firmante sea el secuestrador. El Gobierno tiene
todos los resortes para investigar."
La madrugada del martes, con una premura que no es su estilo, otorga
un rotundo crédito a la segunda misiva de los Montoneros: "Al
permitir el reconocimiento (por los familiares de Aramburu) de
algunos de sus efectos personales, proporciona la clara evidencia
del carácter del atentado. La sospecha cunde: el Gobierno capitaliza
una victoria. ¿Por qué no imaginar que esa victoria es obra suya?,
dudan los liberales.
La segunda etapa se extiende de la madrugada del lunes a la
medianoche del martes —exactamente, 45 horas y media—, cuando
Onganía pronuncia una frase que sugiere, sin decirlo, el fin trágico
de Aramburu: "El país ha recibido hoy, con estupor, la noticia de
una sentencia inhumana..." La sentencia se conoció la tarde del
martes, a eso de las 16.15. Una voz masculina llamó a La Nación para
advertirle que en el baño de hombres del bar de Corrientes y Yatay
se encontraba un sobre; en él se decía que Pedro E. Aramburu fue
ajusticiado a las 7 del lunes 1º.
Es que, entretanto, el Gobierno se había fortificado, gracias al
operativo "Pacificación". Aquella madrugada, los cronistas que
velaban junto al domicilio de Aramburu se quedaron perplejos oyendo
a un grupo de Comandos Civiles Revolucionarios (Oscar R. Martínez
Zemborain, Oscar R. De Filipo, Carlos Rodríguez, Tristán Castellanos
y otros) repudiar a otros gorilas. "Estamos persuadidos —añadían— de
que el secuestro ha sido obra de ideologías extremistas y no de
grupos peronistas, como se pretende hacer creer a la población."
Nadie intentó tal cosa: ni el Gobierno, que se confesaba
desorientado, ni Rojas, Molinari, Labayru o Toranzo Montero, que
acusaban más bien al Gobierno.
Por esa brecha se lanzó el operativo "Pacificación": de pronto,
todos éramos buena gente y nos queríamos como hermanos. El peronismo
se prestó, con su
docilidad congénita. Jorge Daniel Paladino reunió a los periodistas
en su departamento de Tucumán 1600; a su lado, Paulino Niembro,
Lorenzo Miguel, Andrés Framini y algún otro jerarca. Todos
condenaron "sin reticencias" el secuestro y el crimen, que ya daban
por cierto. El Movimiento Peronista Vertical, que responde al mayor
Pablo Vicente, se dobló aún más: aplaudía "la conducta de las
autoridades abocadas al esclarecimiento de este suceso".
La CGT, obediente a un llamado del oficial, encargó la palinodia a
sus escribas ; como no era suficientemente abyecta, la reemplazaron
por otra de José Alonso y Rogelio Coria. A su vez, los
"democráticos", suponiendo que así aislaban al Gobierno, proclamaron
su flamante ternura por el peronismo.
El abrazo de gorilas y peronistas dejaba como chivo emisario al
extremismo de izquierda; y, aunque la investigación no había
brindado el menor indicio, la propaganda oficial percutió
desaforadamente. El CONASE (Consejo Nacional de Seguridad) deliberó
el martes por la tarde; un tenso discurso del Presidente —a las
23.55— denunciaba la "agresión ideológica" del extremismo, "que en
escala continental golpea todas las fronteras de América y del
mundo"; por fin, el locutor leyó el texto de la ley que establece la
pena de muerte. Proyectada hace varias semanas, se la adecuó al caso
Aramburu: según una versión, la reclamó el CONASE y obtuvo el
asentimiento de los Ministros militares. Al parecer, el Presidente
habría expuesto sus reservas.
La Constitución Nacional abrogó "para siempre" la pena de muerte;
pero los liberales la instituyeron en 1886. Nunca se aplicó, sin
embargo, y un Gobierno representativo consiguió derogarla en 1922.
Hay todavía quienes creen que pone un dique al terrorismo; pero sus
cultores saben asegurarse la impunidad. no así el ciudadano
inocente. En todo caso, tal vez haga que si algún terrorista se
viera perdido, en vez de entregarse mate a varios policías: su final
será el mismo.
LA TERCERA ETAPA
El miércoles amaneció bañado en el impacto del discurso presidencial
y la nueva Ley: es que después de su eliminación en 1922, la pena de
muerte sólo fue implantada dos veces en la Argentina, y en ambos
casos a través de la Ley Marcial: en 1930, durante el Gobierno
Uriburu, y en junio de 1956, cuando Pedro Eugenio Aramburu conducía
el Estado. Ahora, en cambio, se añade al Código, para que vele por
ella la Justicia civil.
Si el anuncio de la nueva Ley —formulado después de una extensa
reunión del Consejo Nacional de Seguridad— asombró a los argentinos,
la tercera etapa de esta historia los dejaría con la boca abierta.
Se inició al despuntar el 3 de junio y terminó unas setenta horas
después, con un llamado de atención que el Gobierno dirigía a los
liberales (o, según el comunicado oficial, a "personas o sectores")
y, en menor escala, a un diario de esa tendencia, el vespertino La
Razón.
A las 4.30 del miércoles, el capitán Molinari y el general Labayru
abandonan la casa de Aramburu; en el garaje cercano suben a un
automóvil donde los espera Eugenio y el coronel Montiel Forzano.
Seguidos por los periodistas, marchan a la Dirección General de
Gendarmería —a cargo del general Jorge E. Cáceres Monié— y se
entrevistan con él. Mientras deliberan, dos radio-trasmisores de
mochila y algunas ametralladoras son colocadas en el auto en que han
venido y en otro coche allí estacionado. Alrededor de las 5, la
caravana enfila hacia el Puente Pueyrredón; los agentes del puesto
de Tránsito, no bien miran las armas, envían a toda la comitiva a la
Sección 30. Sólo a las 7.15 Eugenio Aramburu regresa a su domicilio,
silencioso.
Molinari, en cambio, desecha el sueño. Ya entrada la mañana -—de
acuerdo a un posterior relato que ofreció a los periodistas—, y
debido al fracaso del "operativo", se presenta en el Comando en Jefe
de la Marina y pide apoyo. Sus interlocutores, los vicealmirantes
Constantino Arguelles (jefe del Estado Mayor) y Jorge Duyós, le
confían un pelotón de la Infantería, integrado por cinco
suboficiales a las órdenes del teniente Paiva. Antes de partir con
ellos, cita a Coordinación Federal en la avenida Pavón, Villa
Dominico, cerca de donde con su tropa iba a dirigirse.
Después de mediodía arrestan, en una finca de Boulevard de los
Italianos y Mansilla, a Horacio Wenceslao Orué (35, casado con Nadia
Kowalczuk, de 27, pintor-chapista y fotógrafo); el barrio entero se
alborota: los vecinos juran haber visto sacar de la casa una
multitud de armas y bombas. Dos automóviles ("por el color, eran de
la Malina") y una serie de personajes vestidos de civil; "a Molinari
lo reconocimos de tanto verlo en la televisión". Es cierto: desde el
secuestro, el viernes 29, el antiguo camarada del "capitán Gandhi"
no cesa de triscar en Montevideo 1053.
MOLINARI Y SU PESQUISA
Una vez entregado Orué a Coordinación Federal, Molinari se siente en
libertad de hablar; al caer la noche, anuncia a los periodistas la
detención "del hombre que el domingo pasado trasladó, entre las
10.30 y las 10.40, al teniente general Aramburu, en una camioneta,
desde esa casa [la de Villa Dominico] hasta otra". Molinari no da
nombres, y asegura no haber interrogado al prisionero. Sus noticias
tienen el efecto de una bomba.
Menos de tres horas después, la bomba parece estallar: el Jefe de la
Policía Federal, por boca del vicecomodoro (re) Ricardo Campodónico,
subdirector de Coordinación Federal, niega "veracidad" al relato de
Molinari. El jueves, este tira y afloja entre las autoridades
nacionales y los adictos al ex Presidente suscitaba una ola de
versiones. Lo único cierto es que existían dos investigaciones
paralelas, como si el sector duro de los liberales estuviese tan
interesado en la vida de Aramburu como en desmerecer las gestiones
de la Policía. De su lado, el Ejército y la Marina aparecían en una
curiosa actitud.
El mismo jueves, a las 2.30 y hacia las 20, Molinari confirma sus
declaraciones. A mediodía, en un diálogo con los periodistas, el
Ministro del Interior se queja por la interferencia: "Todos estamos
igualmente preocupados [...], pero si cada uno se va a transformar
en pesquisa esto se va a convertir en un loquero". ¿Y de Orué?
"Hasta anoche la Policía Federal no tenía conocimiento de la
detención de ese chofer". Imaz insiste en que el secuestro es
resultado de un plan subversivo continental, que se acordó en abril
en Canelones, Uruguay. (El viernes, su colega Antonio Francese lo
desmentía en Montevideo.)
A la misma hora, el coronel Premoli visita a doña Sara Herrera, por
encargo del Presidente, para reseñarle el estado de la investigación
oficial. Por la noche, el mismo Premoli admite que Orué está
arrestado, a disposición del Juez Federal de La Plata, Armando
Emilio Grau. El jueves, sin embargo, reservaba otras novedades:
• Revelación pública del hallazgo, ocurrido el domingo a la
madrugada, de la camioneta Chevrolet a la que Aramburu habría sido
transferido del Peugeot blanco utilizado para secuestrarlo. El
vehículo (robado con el automóvil, del mismo garaje) apareció frente
al Instituto de Medicina Aeroespacial, bosques de Palermo.
• La cocinera de la familia Aramburu (Teresa Lobos) y una mucama por
horas (sólo dijo su nombre, María), ambas con una antigüedad de
veinte días en Montevideo 1053, fueron interrogadas por segunda vez
en el Departamento Central. Lobos explicó: "Me mostraron a dos
personas con uniforme militar, ambas contra la pared, una de frente
y otra de espaldas. A la que estaba de espaldas no pude verla, así
que ignoro si se trataba o no de uno de los secuestradores. Al que
tuve de frente no lo reconocí, pero tengo entendido que fue detenido
ayer de acuerdo a datos suministrados por la señora de Aramburu". ¿
Quién era ?
• Sandler distribuye a los periodistas un violentísimo comunicado.
Aramburu, expone, "ha sido secuestrado para ser eliminado del
escenario político, y si fuere necesario, quitarle la vida. Los
autores han usado la burda apariencia de la venganza [... ] No es
verdad que el secuestro sea imputable a extremismos ideológicos de
escala continental.
El verdadero responsable es el Gobierno. Su forma dictatorial,
antidemocrática y antipopular, sostenida por oscuros intereses,
pretende ser institucionalizada. Esta es la corriente que quiere
asesinar a Aramburu".
• Arturo Frondizi produce un texto condenatorio del secuestro: la
política oficial, señala, es responsable de esta situación que
"conduce al caos'". Sólo Perón calla la boca, en Madrid: es, como se
sabe, un hombre parco.
El jueves, en fin, durante una hora y media, el Ministro de Defensa
conferenció con los Comandantes Gnavi, Lanusse y Rey, para analizar
"las políticas de desarrollo y seguridad" que debían ser examinadas
el viernes en la Casa Rosada. "Las políticas en el campo interior o
estrictamente político —añadió José Rafael Cáceres Monié— prevén
para el futuro institucional de la Nación el sistema representativo,
republicano y federal."
Las tres palabras sonaron a gloria en los oídos liberales y hasta
acrecieron —si cabía— el optimismo de los aramburistas por la suerte
de su líder. En la tarde del viernes el ex Presidente "estaba vivo"
en cuatro lugares de la Capital: eran rumores. En todo caso, La
Razón titulaba: se desvaneció la pista; es que se descarta la
conexión de Orué con el rapto de Aramburu; es un marxista, pero nada
tuvo que ver en este asunto. La Razón indicó: "Hay una mezcla de
temor y ansiedad en la gente que se traduce en una paralización
general de actividades". Son estas exageraciones las que le
reprocha, luego, el Gobierno. Nada dice, en cambio, de una impresión
que ganaba la calle y que transcribe el vespertino: los autores del
atentado serían ultras de la derecha. El PE, al hablar de
"inspiración foránea" o "ideología extranjera", evita calificarla
como de izquierda o de derecha.
El viernes, Onganía estuvo dos horas con los Comandantes de las
Armas (17 a 19); en seguida, y hasta las 22.40, se sumaron los ocho
Ministros, los Secretarios de los tres Consejos Nacionales, el
Secretario de la Presidencia y el de la SIDE. "Se procedió a un
detenido análisis y redacción definitiva de las políticas
nacionales, las que oportunamente se darán a conocer", rezaba el
escueto parte. Un comunicado del Gobierno, expedido a las 0.15 del
sábado, advertía: "Los intereses de grupos o parcialidades no deben
perturbar el espíritu de concordia" manifestado por el pueblo.
Sin embargo, los anuncios sobre "políticas nacionales" dulcificaron
el ánimo de los dirigentes partidarios; la mayoría de ellos auguró
un pronto llamado a elecciones: de eso se habló el sábado, en los
alrededores de Montevideo 1053. No es probable que Onganía ceda tal
trofeo: quienes se entrevistaron con él, en esta semana tempestuosa,
lo vieron preocupado por el curso de los acontecimientos y deseoso
de algún relevo ministerial.
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Sara Herrera
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