Más allá de la psicosis de derrumbe que aterroriza a los porteños, una decena de especialistas -empresarios, ingenieros, funcionarios- alertan sobre los recaudos técnicos y organizativos necesarios para evitar otros nuevos dramas.


Todos los días se motoriza un mismo puntual, bullicioso fenómeno: en un retazo de la avenida Montes de Oca —columna vertebral del porteño barrio de Barracas— decenas de hombres y mujeres forman corrillos que discuten, apasionadamente un tema casi obsesivo. Es que allí, llegando al cruce con la calle Aristóbulo del Valle, todavía laten las marcas físicas de una catástrofe que asumió los perfiles de un verdadero apocalipsis urbano: los restos de escombros, de muros y cañerías guillotinados, son testimonio del derrumbe ocurrido en la noche del martes 16 de junio, con un saldo de 31 muertos y decenas de familias azotadas por el desastre. Junto a la hoya donde se alzaban los quince pisos derruidos, un reguero de signos ayuda a no olvidar el suceso. Mientras varias máquinas topadoras apilan hierros y piedras sobre un costado del terreno, los vecinos vociferan ante el cronista de SIETE DÍAS: "Esto fue un crimen; si vivimos en un país decente, los culpables tendrán que pudrirse en la cárcel". No faltan los más exaltados: "Debería existir la pena de muerte para castigar tanta irresponsabilidad". Al borde de la vereda, una cuadrilla de la Dirección de Mantenimiento de la Municipalidad se apresta a cargar los desechos, con rumbo al vaciadero de Costanera Sur, en tanto que una corona floral simboliza el homenaje de la Asociación de Amigos de la avenida afectada.
Aunque fue el más reciente y espectacular entre tales desastres, el de Barracas sobrenada hoy en una psicosis del derrumbe, suscitando un reguero de denuncias y el desvelo de quienes tienen la responsabilidad en la construcción y control de edificios destinados a vivienda. Motivo suficiente para que un equipo de redactores de SIETE DÍAS escrutara durante la semana última las entrañas del problema —consultando a especialistas, autoridades y damnificados—, con la intención de brindar una respuesta a un repetido interrogante: ¿Por qué ocurre esta increíble secuencia de casas abatidas? ¿Cuáles son las posibles soluciones que eliminen o prevengan la reedición del drama?

CUATRO MESES DE ZOZOBRAS

Quizás el campanilleo de alarma para la opinión pública haya retumbado cuando, a mediados de febrero, un edificio en torre cayó sepultando a dos personas; ocurrió en la calle French 2862, también en la jaqueada Capital Federal. En esa oportunidad pudo saberse que la Comuna metropolitana había acordado un estudio conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción; objetivo del mismo: codificar las medidas de seguridad tendientes a impedir la gestación de tales accidentes. Por otra parte, una comisión especial designada por el Centro Argentino de Ingenieros —y que presidió el profesional Oreste Moretto— trabajaba hacia la misma época en el propósito de fijar normas "que pongan a cubierto a los propietarios y eviten el desprestigio que supone para la ingeniería la repetición de estos sucesos"; dicho proyecto, que auspició importantes reformas al código de edificación vigente, fue entregado al departamento municipal de Obras Particulares el 3 de junio.
Con todo, ése no fue el único estudio ni la única efervescencia suscitados por el tópico de la seguridad edilicia: ya un decreto comunal formalizaba, el 6 de mayo, la investigación emprendida por un notorio equipo técnico de la Facultad de Ingeniería bonaerense; en dos entregas sucesivas —fechadas el 27 de mayo y al 11 de junio— esos profesionales, que actuaron bajo la tutela del Departamento de Construcciones y Estructuras de la facultad, expusieron sus recomendaciones sobre la evidente inseguridad del edificio ubicado en la calle Montes de Oca. Una inestabilidad que había podido detectarse ya el 28 de febrero, al descubrir los alarmados inquilinos serias resquebrajaduras desde la planta baja hasta el séptimo piso.
La evacuación de los departamentos amenazados y de las fincas vecinas así como las posteriores tareas de apuntalamiento no alcanzaron para soslayar el colapso. Que ahora desata un rosario de quejas y acusaciones —en muchos casos apresuradas— sobre el telón de fondo del dolor colectivo. Por ejemplo, la exaltación de Julio Pasos (29, dos hijos) y Pedro Barrau (45, un hijo), sobrevivientes del cataclismo: "Si bien en un principio fueron desalojadas las viviendas cercanas y se interrumpió el tránsito de vehículos, a los pocos días aquéllas fueron nuevamente habilitadas y se dio vía libre a los automotores; en ningún momento se cortó, tampoco, el suministro de agua y luz. Nos preguntamos: ¿quién autorizó a llenar el tanque de agua, que pesaba más de 50 mil kilos?". Y abundan: "Una de las víctimas (y con él toda su familia), Francisco Tormak, fue quien primero alertó sobre el riesgo, quien más trámites hizo en la Municipalidad y el que tenía más miedo; si finalmente fue a vivir allí es porque todos los funcionarios nos tranquilizaban —claro que no en forma oficial, ya que estaban realizando el estudio— en el sentido de que no había problemas con el edificio. Fuimos engañados desde el primer minuto", aseveraron a SIETE DÍAS.
Es una indignación avalada por la epidemia de desmoronamientos que prometen convertir a la ciudad en una tumba de hormigón armado: si hubo 33 casos desde el año 1930, 12 de ellos se produjeron sólo en 1969; por lo demás, esta galaxia desmoronante parece crepitar hoy, día a día, en mil indicios de variable magnitud; algunos de ellos: las grietas denunciadas en la losa del sótano de la galería Le Bouilevard, del barrio de Flores, por cuya razón la Dirección Autárquica de Obras Municipales instaló una placa "testigo" de vidrio para pesquisar supuestas oscilaciones; la inestabilidad registrada en la Escuela Nacional de Danzas, al 200 de la la calle Esmeralda, así como las fisuras que inquietan al estudiantado del Instituto Superior del Profesorado, en la porteña avenida de Mayo; también en la calle Montes de Oca —esta vez en su intersección con California— una cornisa cayó con descomunal estrépito sobre el toldo metálico de un bar. Por último, esa abarrotada semana final de junio brindó otros aportes al tema, que en algún caso se vio tenido por un dejo de nostalgia: a las versiones sobre "visibles deficiencias" en el hormigonado y estructura de una obra, al 2280 de la calle Oro, en el barrio de Palermo —según lo explicó a SIETE DÍAS un vecino, el arquitecto Carlos Hanisch—, la inquietud que ronda a dos edificios de la calle Córdoba, se agrega la clausura y- demolición preventiva del mitológico restaurante Pedemonte, en Rivadavia 619. Ciertamente, la nómina no se agota en estas menciones: como en una miscelánea reiterativa, inquilinos y propietarios sufren en la actualidad una suerte de hipocondría —claro que lógica y hasta recomendable— ante la mínima sospecha de una falla técnica en sus hábitats.

EL CASCABEL Y EL GATO

"A raíz de las deficiencias observadas el 28 de febrero en la construcción del edificio, la Municipalidad procedió al desalojo del mismo, con corte de los servicios de luz, agua y gas, y a su apuntalamiento con tirantes de madera, como es de práctica en estos casos", enfatizó el primer comunicado suscripto por la Intendencia en cuanto al desplomado inmueble de Montes de Oca. Y recordaba que esas medidas fueron tildadas de "exageradas" en un primer momento; además, ante la magnitud del problema se requirió la colaboración de las entidades profesionales y del Departamento de Construcciones y Estructuras de la Facultad de Ingeniería, que reúne a los profesionales más destacados. Ante la falta de responsabilidad del presunto propietario, la Intendencia mantuvo su actitud —añadía ese texto—; un adelanto de aquel informe técnico requerido autorizaba a abrir el tránsito por la avenida, y habilitar la unidad sólo después de realizado el refuerzo de columnas y el apuntalamiento que eran imprescindibles.
La seriedad técnica despicada por los estudiosos en la emergencia surge, asimismo, de la explicación concedida a SIETE DÍAS por el ingeniero civil Arturo J. Bignoli (50, tres hijos, profesor del departamento de Estabilidad de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la comisión de estudios para Montes de Oca): "El informe de la Facultad de Ingeniería establecía claramente que la construcción se hallaba en situación de estabilidad precaria; que debían reforzarse todas las columnas del sótano y planta baja, como así la columna número dieciséis hasta el sexto piso, aparte de apuntalar lateralmente el edificio para conferirle mayor estabilidad trasversal. Una vez hechos tales trabajos, se contaría con la estabilidad correcta".
¿Cuáles fueron, entonces, las causas de una débacle que nadie suponía inminente, aun cuando estuvieran claros los defectos constructivos? "Es bastante difícil establecerlas —reflexiona el ingeniero Bignoli—: la comisión había recalculado todo de nuevo y teníamos la convicción de que, una vez apuntalada, esa construcción no podía caerse. Pienso que algún hecho nuevo —tal vez, la inundación sufrida hace poco, a raíz de las excavaciones hechas para el apuntalamiento— pudo interferir en el proceso. Fue un grave error, evidentemente, no tapar esos huecos; pero en esta nada tiene que ver la comisión, ya que la tarea estaba a cargo de la Municipalidad. Además, el apuntalamiento debía ser revisado todos los días, cosa que no sé si fue cumplida por los entes municipales." Una sinopsis coincidente la brindó el ingeniero Antonio Marín, decano de esa casa de estudios, al referirse a las conclusiones de aquel dictamen, "que formaron un verdadero libro": a juicio de los profesores y técnicos intervinientes, el edificio podía ser salvado. "Su posterior derrumbe pudo deberse a vicios ocultos, no detectados en las partes relevantes, que nunca es posible descubrir a menos que exista una sospecha previa, o bien pudo producirse un hecho nuevo, inexistente durante las investigaciones que —reitero— fueron exhaustivas". De su reseña brotan —entre otras cosas— las siguientes fallas observadas; por los técnicos: mala calidad del hormigón en el sótano y planta baja; defectos en los cálculos de las columnas: los esfuerzos que se les exigieron eran excesivos; "estabilidad precaria del edificio", como lo señaló textualmente el veredicto; diferencia entre la estructura real y los planos en poder de la Municipalidad, lo que obligó a replantear en el lugar (durante los estudios) todas las dimensiones de la casa; lesiones en las columnas 2 a 6 del sótano, y 3 de la planta baja.
Desde otro ángulo —el de la vigilancia policial— se advirtió que "el agente de facción en la zona no estaba reforzado por un consigna, ya que eso sólo podemos hacerlo cuando es solicitado, o en caso de delito, o también de manera temporaria", aclaró Adolfo Tebus (46, casado), comisario de la seccional 26, con jurisdicción sobre el edificio siniestrado. "Distinta hubiera, sido nuestra conducta en caso de haber existido la clausura de la casa; lo cierto es que en el período que medió desde principios de marzo hasta el derrumbe, sólo permitimos el acceso a los inquilinos que necesitaban retirar sus efectos personales y estaban, autorizados a hacerlo", completa. No obstante, niega que obren en su poder autorizaciones por escrito para que nadie habitara en forma permanente en el predio condenado.
El ingeniero Hilario Fernández Long (51, cinco hijos, ex rector de la Universidad de Buenos Aires en el bienio 1965-66 y especialista en cálculos de estructuras) es categórico al definir que no "existió aquí, para nada, una culpa de la Municipalidad: no puede tener un ejército de gente para controlar todas las obras". Pero tanto uno como otro especialista —igual que los restantes expertos consultados— no escatiman su severidad el juzgar el cúmulo de deficiencias organizativas, de negligencias e imprevisiones que palpitan en la trastienda de este mal.
Así, el mismo ingeniero Bignoli pareció convertirse en un adalid del celo profesional al confesar reiteradamente: "Atención, estamos haciendo las estructura de hormigón en la propiedad horizontal mal, muy mal". Recomendación que repitió ante SIETE DÍAS: "Los proyectos se hacen conforme a un reglamento; pero, como ocurre con todos los reglamentos, se los viola". A su juicio, influye en esta actitud "un concepto equivocado de la economía operativa. Es muy común ver columnas que se proyectan inclinadas, pensando tal vez que se logra un ahorro, y una mayor libertad para la distribución de las plantas". Idéntica improvisación sufren los materiales empleados: "La construcción se delega en terceros, es decir a contratistas; éstos a cuadrilleros y como conclusión termina agregándose cantidades indebidas de agua a la mezcla, para achicar el presupuesto y porque implica menos esfuerzo para colocarla en moldes". Otros factores que aumentan el peligro, el director de la obra, competente en todo lo relativo a la construcción en general no lo es en igual medida para el hormigonado o la mecánica de suelos; y suele ocurrir que ese cálculo lo delegue en un simple práctico. Consecuencia: "La obra puede venirse al piso". Es que, además, el proyecto de una estructura se paga a precios irrisorios, según el opinantes
"En una obra calculada en 100 mil pesos el metro cuadrado, las empresas apenas pagan al proyectista 50 pesos viejos el metro. Por otro lado, es una gravísima falla que no se reclame la inscripción en una matrícula ad-hoc para los especialistas en mecánica de suelo, tecnología del hormigón y hormigón armado, tres pilares fundamentales en esta materia. Sin embargo, para consagrarse a ellos no se exigen antecedentes públicos y seguros". Como quiera que sea, se trata de un cáncer no localizado exclusivamente en el país: en 1969, un congreso celebrado en Londres se inquietó por resolver el riesgo que allí cobró también perfiles apabullantes.

LA ECONOMÍA MAL ENTENDIDA

Apenas les dieron dos horas de plazo para liar sus petates y abandonar el local. Recién una semana después —el viernes 26 de junio— los socios del bar lácteo Mi Vaquita, en Rivadavia y Perú, pudieron penetrar en su reducto, uno de los siete afectados en esa ochava por la orden de demolición de la Intendencia. "Responsable de la rajadura es la dueña, doña María Devoto de Bustillo, que nunca puso un centavo en su propiedad", plañen los lácteos comerciantes.
Sea o no así, para Alfredo Biassuto (43, dos hijos, directivo de Oreste Biassuto Propiedades) "el problema es general: la primera medida a arbitrar para solucionarlo es inspeccionar las obras, disponiendo guardias móviles que las vigilen en los días de hormigonado". Reconoce, por cierto, la necesidad de "sanear las empresas constructoras, concluir con el aventurismo comercial". Una tesis parecida a la que impulsa al secretario de la Unión Obrera de la Construcción, Rogelio Coria, quien lapida: "Debe excluirse de la industria a los subcontratistas técnica y moralmente insolventes; los trabajadores habrán de abandonar sus tareas cuando sean desoídos sus reclamos al respecto".
Como un eco de tanto malestar, la Dirección General de Fiscalización de Obras de Terceros encara actualmente una "mayor frecuencia de las inspecciones de oficio, el régimen de fiscalización de excavaciones con obligación de presentar memorias y cálculos, y la exigencia de realizar ensayos de suelo, en todos los predios donde se construyen edificios tipo torre", según lo puntualizó a SIETE DÍAS su titular, ingeniero Carlos Nolasco. La comunicación a los Consejos Profesionales de las trasgresiones comprobadas, las reuniones con ésas y otras asociaciones con el fin de aunar criterios, son en su opinión vías que pueden instrumentarse en este campo. El ingeniero Oreste Moretto (54, dos hijos, quien presidió la comisión del Centro Argentino de Ingenieros que tuvo a su cargo el estudio de las reformas al código vigente para la edificación) sintetiza que, "si bien las modificaciones propuestas abarcan muchos flancos de este ítem, específicamente se refieren al de las resistencias: los edificios se caen al haber fallas en tal aspecto. Es verdad que resulta muy difícil establecer por qué sucedieron los derrumbes de French y Montes de Oca, pero no fue normal que ocurrieran. Esta anormalidad determinó al CAI a tomar cartas en el asunto", explica.
El trajinado rubro de las mezclas de hormigón mueve asimismo a la protesta de José Andrés Fernández (58, directivo de la Federación Argentina de la Construcción), quien al censurar el "desmedido afán de lucro" recuerda detalles menos conocidos por el gran público: "En la época invernal ¿hay que tomar en cuenta, lo que no siempre se hace, el margen de temperaturas mínimas para el procesamiento del hormigón; y, en todos los casos, cuidar que el hierro no se deforme al pisarlo. Tampoco se efectúan pruebas de resistencia para estructuras muy altas. Hay un desmedido afán por quemar etapas, propio de una sociedad de consumo; cuando los profesionales tienen obras en varios lugares —a veces, distintas ciudades— al mismo tiempo, mal pueden atenderlas como es debido", acusa. Una mejor reglamentación y control serían, pues, impostergables. El oportunista sentido del ahorro, "que más que un afán de lucro lo sería de velocidad", determina para Fernández Long que no se contrate al especialista en estructuras, quien además debería vigilar paso a paso las instancias de la obra. "Curiosamente, el problema de los derrumbes se da siempre en la propiedad horizontal: son empresas poco conocidas, la responsabilidad sé diluye; en caso de contarse con un profesional, es poco remunerado." Las columnas —talón de Aquiles en cualquier proyecto—, y los edificios en torre, plantan a su criterio los intríngulis más arduos. "Pero no debería constatarse, nunca, que una vez vendido el edificio no quede un responsable, como ocurrió en el caso Montes de Oca."

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