Los tres secretarios militares, los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y algunos ministros, recibieron esta semana una hoja escrita a máquina, a dos espacios, de la cual quedó nada más que una copia. El texto era muy reducido: "La secretaría de Informaciones de Estado tiene registrada la siguiente versión: el presidente de la República pediría una licencia de tres a seis meses por razones de salud. La enfermedad que padece el doctor Arturo Illia, según el diagnóstico del médico presidencial, sería arteriosclerosis progresiva".
Resultó imposible a los redactores de Confirmado obtener cualquier aclaración a esta información. Nadie, en ningún nivel, quiso comentarla. Nadie la creyó factible. Nadie
aceptó efectuar un análisis de la situación política que derivaría de ese hecho.
De todos modos, y sin que influyera en forma alguna la posible necesidad de una sucesión, ya desde hace más de cuatro semanas se está librando una sorda batalla en el nivel de ministros, senadores y gobernadores por lograr un cambio en la conducción del gobierno argentino y, además, por determinar la orientación que ese cambio tendría.
En la noche del 23 de abril último, el ministro de Defensa, reunido en el ministerio de Economía, insistía ante algunos miembros del equipo de Juan Carlos Pugliese en la necesidad de asentar sobre bases más realistas que el programa radical el tratamiento de la deteriorada situación económica. Pocos días después, el secretario de Hacienda, García Tudero, en una reunión privada, y comentando la ofensiva desatada por el ministro de Defensa, expresó: "Somos prisioneros del programa".
Sin embargo, no creen en esa atadura algunos grupos del radicalismo del Pueblo. Junto con la ofensiva de los senadores radicales que han interpelado a ministros del gobierno y ahora desean hacerlo con el presidente de la República, en una explosiva aspiración de reordenar la conducción del país, se ha formalizado un núcleo de gobernadores y altos funcionarios que ha expuesto un plan mucho más meticuloso.
Los gobernadores que se han incorporado a esta ofensiva son los de Santa Fe y Entre Ríos, principalmente, sobre la base de que son los únicos jefes de gobiernos provinciales importantes que han triunfado en las elecciones del 14 de marzo (las otras dos provincias importantes, Córdoba y Buenos Aires, fueron perdidas por el gobierno). Los altos funcionarios y dirigentes radicales están representados por Leopoldo Suárez. La tesis elaborada y expuesta por este núcleo, en diferentes reuniones, es la siguiente:
1) El país se está deslizando hacia una difícil situación económica. Difícilmente haya capitales para inversiones importantes.
2) Las importaciones de petróleo pueden significar, en el corriente año, una inversión de 150 millones de dólares, imposibles de obtener en el Banco Central.
3) Si no se produce un cambio sustancial en las condiciones económicas, será imposible mejorar en los resultados obtenidos en las elecciones del 14 de marzo por el radicalismo del Pueblo. En 1967, es posible que el país deba absorber gobernadores peronistas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, Es imposible predecir la reacción de las Fuerzas Armadas a un resultado de esa naturaleza; pero algunos la sospechan.
El plan que finalmente elaboró este grupo, es el siguiente: es posible, cambiando inmediatamente el equipo económico actual —a excepción del ministro Pugliese—, establecer un plan de expansión de la economía argentina. La renegociación de la deuda externa, la solución extrajudicial del pleito con las compañías petroleras, y el acuerdo con el FMÍ, pueden producir la afluencia de inversiones y capitales del exterior que el país necesita. Si este plan de expansión económica se realiza, será posible en las elecciones de gobernadores de 1967 lograr dos polarizaciones favorables al gobierno: la de los antiperonistas y la de la clase media satisfecha con la situación económica. Este hecho permitiría ganar las provincias de Córdoba y Santa Fe. Seguramente se perderá en la provincia de Buenos Aires, donde resultará muy difícil, bajo ninguna circunstancia, ganarle al peronismo. Pero ese único problema con un país en plena expansión y habiendo triunfado en las otras provincias grandes, se podría resolver con la intervención de la provincia de Buenos Aires antes de que se reúna el Congreso.
El conocimiento de este plan ha levantado una ola de debates en el seno del gobierno y de la UCRP. Algunas reuniones importantes se celebraron últimamente con la participación de Ricardo Balbín. Fue quizá decisiva la efectuada en La Plata, a la cual asistieron también el gobernador Marini, el vicepresidente Perette, el ministro Leopoldo Suárez y el ministro Palmero. Aparentemente, el jefe de la UCRP se opone a una desviación tan drástica del programa radical, si bien estima que ha llegado el momento de introducir ciertos cambios. Por ahora, no ha presentado un plan coherente.
Hasta el momento resulta imposible formular un pronóstico. Pero es evidente que el presidente Illia se ha mostrado remiso a cualquier variación en los esquemas y métodos ya establecidos, si bien ha prometido una respuesta a algunos puntos del planteo de los gobernadores para antes del 15 de mayo próximo. En fuentes informadas se estima que el. presidente intentará conjugar cualquier cambio, con el mantenimiento del programa radical.
Por ahora, ha comenzado solicitando a su gabinete que se reúna semanalmente, sin su presencia, y trate de trabajar en forma coherente y orgánica. Se supone que más adelante intentará ampliar sus equipos de asesores, desprendiéndose de la burocracia que ahora tiene en la Presidencia de la Nación. Estos asesores le permitirán analizar las presentaciones que le hagan sus ministros y, a su vez, tomar sus propias iniciativas.

* * *

La situación interna del radicalismo del Pueblo sigue siendo, al menos en la superficie, monolítica, sin fisuras importantes, ya que no puede otorgársele importancia al núcleo de Intransigencia Nacional que criticó la conducción oficial y la jefatura de Balbín. A pesar del deterioro que determina la acción de gobierno, Balbín aún mantiene —por supuesto, nada más que en la superficie— la apariencia de un partido disciplinado para la UCRP.
Pero esto no impide que trasciendan las rencillas domésticas, evidentemente graciosas. Arturo Illia hace ya largas semanas que no conversa, no recibe y no saluda a su secretario privado, Juan Carlos Calderón. Por su parte, otro de los asesores presidenciales, Eugenio Conde, ha roto relaciones con dos altos funcionarios de la Presidencia: Luis Caeiro y Ricardo Illia, quienes a su vez no tienen muy buenas relaciones entre sí. El secretario de Comunicaciones, Antonio Pagés Larraya, lucha incansablemente para desprenderse de Nélida Baigorria, zarina de la radio y televisión oficiales, de René Bernard, que controla el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART), y de Javier López Zavaleta, presidente de Teléfonos del Estado. Hace ya tiempo que el ministro de Trabajo, Fernando Solá. no encuentra sosiego con su subsecretario, Germán López, y son legendarias las batallas de Antulio Pozzio, secretario de Energía y Combustibles, con Facundo Suárez, presidente de YPF, y Esteban Pérez, administrador de Gas del Estado.

Ir Arriba