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crónicas del siglo pasado

REVISTERO
DE ACÁ


1957, año de la reconstrucción argentina
LA SITUACIÓN POLÍTICA DE HOY NO TIENE PRECEDENTES EN LA HISTORIA DEL PAÍS.
Por JERÓNIMO JUTRONICH

revista Vea y Lea
1957


Aramburu desde Tucumán al anunciar la decisión del gobierno revolucionario de convocar a elecciones de convencionales para proceder a la reforma de la Constitución de 1853 cuya vigencia con la consiguiente derogación del estatuto peronista de 1949 había sido decretada el 27 de abril


"Las Cámaras serán muy pronto" dijo el vicepresidente Rojas a los miembros de la Junta Consultiva Nacional durante el debate sobre la reforma de la ley electoral que aún está a resolución del Poder Ejecutivo. Aquí el vicepresidente Rojas aparece en un acto a bordo del Murature


El ex asesor del Poder Ejecutivo doctor Raúl Prebisch es hoy una de las figuras más discutidas. La aplicación de sus planes de reactivación económica determinó la drástica devaluación del peso. El plan, según se acaba de anunciar aunque no ah sido íntegramente ejecutado se mantendrá en vigencia


Como ministro del Interior el doctor Landaburu que aparece a la derecha del general Aramburu defendió la sanción de un estatuto de los partidos políticos que impidiese la ingerencia estadual en la marcha de las agrupaciones cívicas. Por su parte ha propiciado un sistema de elecciones primarias de candidatos


La primera crisis del gobierno revolucionario fué provocada por el doctor Eduardo B. Busso, su primer ministro del Interior. La crisis, como se sabe, determinó la caída del presidente general Lonardi, que devolvió sus poderes a las fuerzas armadas y fué sucedido por el actual presidente provisional general Aramburu

 

 

 

PARA comprender mejor la situación política de hoy en la Argentina e intentar despejar las grandes incógnitas del futuro inmediato, es indispensable presentar en orden los hechos capitales ocurridos a partir de la Revolución del 16 de septiembre de 1955, y especialmente los posteriores al 13 de noviembre del mismo año, fecha que marca la calda del general Lonardi por la devolución de "sus facultades a las fuerzas armadas", según las palabras del comunicado oficial de la Casa Rosada dado al día siguiente, y la ascensión del general Pedro Eugenio Aramburu al cargo de presidente provisional de la República.
Es previo, sin embargo, reconocer que en ninguna parte como en la Argentina puede hablarse de mayor y tan definitiva quiebra en la función de los aspirantes a arúspices políticos. Aquí, la experiencia enseña que en períodos de inestabilidad, tales como los que se están viviendo desde 1930, no pueden hacerse vaticinios. Y el vaticinio se hace mas difícil que nunca por la presencia de ciertos "factores explosivos" que gravitan imperiosamente sobre la conducción gubernativa y en el ánimo de la opinión pública.
Lo que a través de la propia experiencia histórica argentina parece indudable es que, cualquiera sea el camino que se siga, la solución estará dictada por las enseñanzas de dos dictaduras tiránicas instaladas en el curso de un siglo. Tras la caída de Rosas, en efecto, el país avanzó tanto que bastaron ochenta años para colocarlo en la línea de vanguardia de la civilización occidental. Es de esperar que el capítulo siguiente a la caída de Perón servirá para recuperarnos del vergonzoso atraso de hoy.
UNA SITUACIÓN SIN PRECEDENTES
Debe recalcarse, entretanto, que la actual situación argentina carece de precedentes en el orden nacional.
Urquiza, por ejemplo, cuando hizo su pronunciamiento del 1º de mayo de 1851, era gobernador de Entre Ríos, es decir, un igual a Rosas, gobernador de Buenos Aires, en cuyas manos los Estados de la que después sería la Confederación Argentina habían delegado el manejo de las relaciones exteriores. La mayor gravitación de Rosas nacía de tal delegación y, claro está, del superior poderío económico de Buenos Aires. Buenos Aires era la puerta de acceso al país y la usufructuaria de sus aduanas. Después de su pronunciamiento, Urquiza se asoció (29 de mayo de 1851) con Brasil y Uruguay, para combatir a Rosas, y recibió ayuda militar de sus aliados y hombres que engrosaron su ejército hasta la acción de Caseros. Hay acuerdo entre los historiadores, o entre la mayoría de ellos, en el sentido de que Urquiza lo mismo hubiera hecho la guerra a Rosas sin la ayuda de brasileños y uruguayos.
La caída de Perón, en cambio, fué un hecho ejercido exclusivamente por argentinos y es el primer caso de un gobierno totalitario, en el más riguroso, y moderno sentido del término, destruido por la oposición interior. El general Lonardi se encargó de destacar este aspecto de la triunfal rebelión antiperonista cuando dijo (23 de septiembre de 1955) que la Argentina había dado al mundo "el primer ejemplo de un gobierno absolutamente totalitario, armado con todas las armas de la propaganda y la fuerza, y secundado por un sector engañado pero importante del pueblo, derrocado no por una guerra exterior, sino por el amor a la libertad de su pueblo, su sentido del honor y su completo sacrificio".
Al triunfar sobre Rosas, el general Urquiza provocó el acuerdo de San Nicolás y convocó al Congreso Constituyente de Santa Fe, con la ausencia de la provincia de Buenos Aires. Después de Perón, en cambio, el problema constitucional se planteó a la inversa, pues se trataba de derogar, como ocurrió el 27 de abril de 1956, la Constitución peronista de 1949.

LA HISTORIA NO SE REPITE
Hay otras diferencias entre lo ocurrido en 1851 y lo que presenciamos en 1955. Las principales son: 
1º) Al día siguiente de Caseros, Urquiza ordenó el fusilamiento de cierto número de jefes rosistas prisioneros. En 1955, el general Lonardi proclamó inmediatamente el lema de "ni vencedores ni vencidos" recalcando (28 de septiembre de 1955) que no haría "ninguna discriminación contra los peronistas". En la práctica, el generoso programa de Lonardi debió experimentar modificaciones sustanciales;
2º) Los gobiernos provinciales establecidos en 1851, salvo algunas excepciones, se mantuvieron inalterados; Urquiza designó un gobernador interino para Buenos Aires —Vicente López— y asumió con el título de director provisorio el manejo de los intereses nacionales. En 1955, todos los gobiernos provinciales y la totalidad de los poderes —ejecutivos, legislativos y judiciales— caducaron; cesaron igualmente las autoridades municipales.
3º) Triunfante en Caseros, Urquiza sancionó la Constitución aprobada por el Congreso de Santa Fe y luego fué elegido (lo de noviembre de 1853) presidente de la Nación; no intervinieron en la elección la provincia de Buenos Aires, que estaba separada de la Confederación, ni las de Tucumán y Santiago del Estero, que por estar en guerra entre sí no convocaron a sus respectivos electorados. La situación de hoy es totalmente distinta, pues ninguna provincia ha planteado problemas de secesión y tampoco existe estado de guerra entre una u otra. Además, ahora no puede darse el caso de que los conductores de la Revolución Libertadora lleguen como Urquiza a la presidencia de la Nación por la vía electoral, tanto por haber muerto su primer jefe, el general Lonardi, cuanto porque el actual gobierno provisional que preside el general Aramburu ha declarado solemnemente, y lo ha reiterado repetidamente, que ninguno de sus hombres aceptará cargos electivos para las próximas elecciones.
Todo esto ratifica lo ya demostrado de que la actual es una situación sin precedentes.
O sea, simplificando, que en la política argentina no tiene validez la afirmación tan generalizada de que "la historia se repite". Aquí, la historia no se repite. Y justamente esta convicción es la que hace abrigar la esperanza de que, al término de la actuación del gobierno provisional, sobrevendrán mejores condiciones que las que siguieron a las grandes conmociones anteriores del país.
Por lo demás, basta dirigir una mirada al mapa de la América latina para comprobar cómo el continente se va limpiando del azote de sus dictadores, según lo explicó hace algunos días Rómulo Betancourt, ex presidente de Venezuela —asiento de una dictadura y refugio de otro dictador—, al afirmar que "hay un fermento democrático visible que demuestra que el período de los dictadores está llegando al anticlímax. Las dictaduras en América van quedando reducidas a una minoría y en el curso de los últimos años se ha visto cómo por vía violenta, y en ocasiones por la vía electoral, se ha ido modificando la situación que existía en varias repúblicas".

CARTA REPUBLICANA DE LA REVOLUCIÓN
Aunque, como todos lo saben perfectamente, el gobierno provisional es una consecuencia directa de la Revolución del 16 de septiembre de 1955, adquirió su actual fisonomía con la renuncia del general Lonardi, explicada en detalle en muchos documentos oficiales y personales, por lo que es innecesario repetirla. La caída de Lonardi señala la modificación del lema de "ni vencedores ni vencidos" y el predominio de una forma atenuada de jacobinismo revolucionario, ejercido por el sector de jefes y oficiales de las fuerzas armadas aparentemente dispuestos a todo lo necesario para impedir rebrotes del peronismo. Para la gente, éste es el grupo de "los gorilas", expresión que no entraña ninguna intención despectiva. "Vienen los gorilas", se decía el 16 de junio de 1955, cuando aparecieron los primeros aviones sobre el cielo de Buenos Aires para bombardear la Casa Rosada.
A menos de un mes de la forzada renuncia de Lonardi, el gobierno provisional dio su declaración de principios (7 de diciembre de 1955), conocida también cómo "Carta Republicana de la Revolución", que declara sus finalidades. Textualmente, son éstas:
1°) La finalidad primera y esencial de la Revolución ha sido derrocar el régimen de la dictadura. Hemos triunfado en la lucha armada. Debemos ahora suprimir todos los vestigios de totalitarismo para restaurar el imperio de la moral, de la justicia, del derecho, de la libertad y de la democracia. Cumplido ese objetivo y alcanzadas aquellas condiciones que permitan a la ciudadanía expresar su auténtica voluntad, ella decidirá sobre sus destinos. Y quedará reservada a los gobiernos constitucionales que sucedan a este gobierno provisional la solución de los grandes problemas argentinos que no hagan a la esencia misma de los objetivos revolucionarios.
2º) Este gobierno es un gobierno provisional y sus hombres carecen de toda pretensión de continuismo. En consecuencia, reiteramos el compromiso formal de que ninguno de sus miembros aceptará cargos electivos a los que pudiera ser propuesto como candidato en los próximos comicios. El gobierno revolucionario mantendrá también estricta neutralidad e independencia frente a las distintas tendencias y partidos políticos democráticos.
3º) El desquiciamiento total de la Nación producido por el régimen depuesto exige un mínimo de realizaciones inmediatas para el cumplimiento efectivo de los postulados de la Revolución, así como la adopción de medidas previas a la consulta electoral para que ésta sea verdaderamente libre y auténtico su resultado. Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias, por trascendentes que ellas sean, para alcanzar aquellos objetivos.
A esto sigue un programa de quince puntos, que resumimos: el enaltecimiento del prestigio internacional de la República, la plena vigencia de los derechos del hombre, el equilibrio y el respeto entre los distintos grupos sociales, el desmantelamiento de las formas totalitarias y la desintegración del estado policial, la restauración de la austeridad republicana, la independencia del Poder Judicial, la dignificación de la administración pública, la libertad de cultos y el reconocimiento de los derechos de la Iglesia Católica, libertad sindical, la reorganización de la enseñanza con sentido republicano y democrático, el fortalecimiento del federalismo, el saneamiento de la economía, la creación de condiciones propicias a la inversión de capitales extranjeros y la depuración de la estructura electoral del país.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
En general, el programa se viene cumpliendo con alternativas y procedimientos que dan pie a la viva polémica del presente, sobre todo en los puntos concernientes a lo económico y lo gremial.
Del programa revolucionario en materia política, que es lo que interesa de manera principal a los fines de este resumen, el gobierno lleva ejecutado lo principal, sin que esto signifique censura o aprobación por sus realizaciones. En cierto modo, rebasó las limitaciones que se impuso en su declaración del 7 de diciembre de 1955, cuando (27 de abril de 1956) declaró la nueva vigencia de la vieja Constitución de 1853, con sus reformas, excluida la de 1949. El mismo decreto declara vigentes las Constituciones provinciales anteriores al régimen depuesto y deja sin efecto las sancionadas durante el peronismo en las provincias de Misiones, Chaco y La Pampa.
Derogadas las Constituciones peronistas, con lo que el gobierno provisional completaba "de este modo en el orden jurídico fundamental el acto revolucionario que tuvo por objeto abatir el régimen de la dictadura" —se dice en uno de los fundamentos del decreto—, se abrieron las puertas a la discusión pública, y en eso se está, sin que se advierta que el problema, a pesar de los esfuerzos del gobierno, consiga conmover muy profundamente a la opinión, tal vez porque la ciudadanía se siente preparada para una contienda electoral con vistas a la designación de sus gobernantes.
Al parecer, la derogación de las Constituciones peronistas fué el agente catalítico que terminó por cohonestar los propósitos de los núcleos dispersos que quedaban adictos al régimen caído. Creían todavía en el magnetismo que sobre las masas ejerciera el entonces prófugo de Panamá y se lanzaron a la aventura contrarrevolucionaria del 9 de junio de 1956, que dejó un saldo sangriento y terminó por aventar los escrúpulos de quienes optaban por el lema de "ni vencedores ni vencidos". La represión fué rápida y sin consideraciones. Los juicios sumarios, seguidos de fusilamientos, hicieron realidad el recuerdo de las épocas más duras de las guerras civiles.
Como saldo positivo de la frustrada rebelión, se hizo patente la indiferencia de las masas por el demagogo fugitivo. No se produjeron los fulminantes levantamientos previstos por los organizadores y la Revolución, lejos de resentirse, consolidó sus cuadros.
A seis meses de derogadas las Constituciones peronistas, el presidente Aramburu anunció en Tucumán (26 de octubre de 1956) la decisión de convocar a elecciones de convencionales constituyentes, "por el sistema de representación proporcional, apenas queden listos los padrones y con anticipación a las elecciones de autoridades nacionales, provinciales y municipales".
Al propiciar la reforma de la Constitución, el gobierno provisional se inspira en los siguientes propósitos:
1) El afianzamiento de los derechos y garantías individuales y sociales; 2) La realidad de un auténtico federalismo; 3) El fortalecimiento de las autonomías municipales, 4) La efectividad de la libertad de expresión; 5) La limitación de las facultades del poder central; 6) La imposibilidad de reelección de presidente y vicepresidente; 7) La efectiva independencia del Poder Legislativo y la ampliación de sus facultades en lo que se refiere a fiscalizar al Poder Ejecutivo; 8) El robustecimiento integral del Poder Judicial; y 9) La limitación de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional en lo relativo a la designación y remoción de los empleados públicos, de modo de dar base constitucional y llegar a un estatuto que les asegure estabilidad y los independice de los vaivenes de la política.
Al anuncio de la reforma siguió (18 de diciembre) la designación de una comisión de estudio del problema. Sus integrantes, doctores Juan A. González Calderón, Carlos Sánchez Viamonte y Sebastián Soler, deben expedirse dentro de los 120 días, contados desde el 18 de diciembre último.
Primera exteriorización de labor de la comisión de estudios constitucionales fué su resolución de expedirse por unanimidad por la
prohibición de la reelección del presidente y vicepresidente de la Nación "en todo tiempo y circunstancia".
Como es lógico, la expectativa pública gira alrededor de dos interrogantes:

¿CUANDO SE HARÁN LAS ELECCIONES?
¿Cuándo se harán las elecciones de convencionales constituyentes que reformarán la Constitución? ¿Cuándo las elecciones generales?
Una frase del presidente que se hizo famosa (8 de enero de 1956) dice: "La Revolución llamará a la libre decisión popular nunca un minuto después, pero tampoco un minuto antes. Cuanto mayor sea el apoyo que reciba, menor será la etapa de reconstrucción".
En la última comida de camaradería de las fuerzas armadas (8 de julio) precisó que el propósito es llamar a elecciones generales en el último trimestre de 1957. En la misma oportunidad hizo también anuncios relativos al estatuto de los partidos políticos, la ley electoral y la convocatoria para la reforma constitucional.
A mayor abundamiento, en declaraciones periodísticas dijo el presidente (8 de diciembre) que para 1957 "hemos previsto dos elecciones nacionales prudentemente espaciadas". La primera para elegir convencionales; la segunda para elegir autoridades.
Casi simultáneamente, en Córdoba, el ministro del Interior declaraba que prácticamente todo está listo para dar el decreto de convocatoria a elecciones de constituyentes.
Agréguese que el general Aramburu, en su mensaje de fin de año, afirmó: "Hemos dicho que cumpliremos lo prometido. Mejor conducta que dudar por el hecho de dudar es ayudarnos a cumplir".
Finalmente, en la Junta Consultiva Nacional, el vicepresidente Rojas les dijo a los consejeros durante el debate acerca de la ley electoral "que esperen la llegada de las nuevas Cámaras, que será para dentro de poco tiempo".
Este año habrá, pues, elecciones, aunque los cálculos anticipados acerca de las fechas dependen de las siguientes circunstancias:
1) Para la elección proporcional de convencionales que reformarán la Constitución habrá que esperar el pronunciamiento de la comisión de estudios constitucionales. Esta terminará su cometido, a más tardar, antes del 18 de abril próximo, pero es seguro que el decreto de convocatoria a elecciones se dará antes de esa fecha, luego de lo cual se abrirá un período de amplia discusión sobre los puntos de la reforma.
2º) Para las elecciones nacionales y provinciales, ha de ser previo que termine su labor la Asamblea Reformadora de la Constitución y que el Poder Ejecutivo se defina acerca de la ley electoral.
Tanto como la reforma constitucional los problemas que más viva repercusión pública tuvieron en el curso de la realización del programa político del gobierno han sido y siguen siendo la reforma de la ley electoral y el estatuto de los partidos políticos. Los dos problemas fueron llevados por el Poder Ejecutivo al examen de la Junta Consultiva Nacional, sin que ocurriese lo mismo en el caso de la reforma constitucional.

LA LEY ELECTORAL
Con la ley electoral, la cuestión no está agotada y sigue pendiente de la resolución final del Poder Ejecutivo. La Junta Consultiva, como se sabe, expidió dos dictámenes. Los consejeros católicos independientes, socialistas, demócratas y demócratas progresistas se pronunciaron por una reforma en favor de la implantación del sistema de representación proporcional, y los radicales —Comité Nacional y unionistas— lo hicieron por el mantenimiento de la lista incompleta de la ley Sáenz Peña. No asistió a ninguna de las sesiones el representante radical "sabattinista", que en la comisión política de la Junta se pronunció también por el mantenimiento de la lista incompleta. Tampoco participaron del debate los ex consejeros demócratas cristianos, la aceptación de cuyas renuncias se produjo durante las mismas sesiones.
Largo y muy ilustrativo, el debate fué abierto con un discurso del presidente del cuerpo, contralmirante Rojas. "La ley electoral argentina —dijo— no puede ser tocada sino para mejorarla. Fué buena, excelente, en su origen. Completarla, modificarla, si así correspondiera, para que confronte mejor las exigencias de nuestra vida democrática, es la tarea del momento".
Las palabras del contralmirante Rojas pueden dar la pauta de las intenciones del Poder Ejecutivo.
En realidad, el debate no hizo sino confirmar lo que se sabia acerca de dos posiciones irreductibles: los radicales, en favor de la lista incompleta para diputados nacionales y la elección directa de presidente y vice de la Nación y de senadores nacionales; las demás fuerzas políticas, por la representación proporcional y elección indirecta de presidente y vicepresidente.
Para los radicales, la reforma entraña una maniobra dentro del problema argentino, que "es un problema de radicalismo y antirradicalismo, como expresión de dos fuerzas políticas que vienen andando y enfrentándose desde la Colonia" (López Serrot). Según los socialistas, "el régimen electoral vigente ha resultado el mejor instrumento de fabricar mayorías y manejar el símbolo mayoritario" (Ghioldi). Los conservadores recalcaron que la ley Sáenz Peña abrió una "etapa agitada, inestable. En su curso hemos vivido tres revoluciones victoriosas... han caído, derribados por la fuerza, tres gobiernos... hemos sufrido, además, una nueva tiranía" (Aguirre Cámara).
Saldo positivo del debate resultó el repudio unánime del fraude. Hubo una dramática confesión de culpas del consejero Aguirre Cámara:
"'Pero yo no combatí el fraude como debí combatirlo y cuanto podía, en verdad, combatirlo. No lo enfrenté. Y ese pecado de omisión pesa sobre mi conciencia como una lápida."

EL ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Aún están frescos los recuerdos de la agitada gestión —a puertas cerradas— del estatuto de los partidos políticos, que por momentos pareció que llegaría a provocar una crisis dentro del gobierno. Había dos tendencias. Una propugnaba la reorganización de los partidos, ya sea declarándolos en estado de asamblea, o bien abriendo sus registros en todo el país; la otra sostenía que el Estado debía mantenerse prescindente en el manejo de las agrupaciones.
Triunfó la tesis no intervencionista, y el estatuto dado (17 de octubre) garantiza el libre funcionamiento de los partidos que expresen su resolución de mantener el régimen democrático, que tengan un nombre que no contenga designaciones personales y una carta orgánica que garantice la libre afiliación, y que cuenten con un determinado número mínimo de afiliados. Establece normas para el reconocimiento y para la fiscalización de los fondos e impone la obligatoriedad de hacer públicos los padrones de afiliados.
El estatuto fué bien recibido, salvo en los sectores partidarios que abogaban por la reorganización total de las agrupaciones.
He aquí algunas opiniones consultadas:
Arturo Frondizi, radical, Comité Nacional. — "Las fuerzas armadas y el gobierno provisional han cumplido la promesa de asegurar libertad para los partidos ya constituidos y para la formación de nuevas fuerzas cívicas. El estatuto ha satisfecho, además, a la opinión pública porque no interfiere en la vida interna de las agrupaciones políticas."
Juan O. Gauna, radical del Movimiento de Intransigencia Nacional. — "No hace ningún servicio a la pacificación política del país."
Santiago Núdelman, del Movimiento Pro Radicalismo Unido. — "Ha defraudado a la opinión democrática del país."
José Aguirre Cámara, demócrata. — "Nunca pensé que pudiera hacerse otra cosa. Una reorganización general podría haber complicado más el cuadro partidario del país."
Luciano Molinas, demócrata progresista. — "Salió como debía salir, es decir, sin ingerencias del gobierno y con las cuestiones electorales de los partidos en manos de la justicia, que es la mayor garantía que se podía pedir."
El estatuto es "aceptable" para los socialistas, y "bueno en general" para los demócratas cristianos.
Al día siguiente de conocido el estatuto, se hizo público que el ministro del Interior propiciaba la elección primaria de candidatos en los partidos. Según el proyecto, todos los ciudadanos que forman parte del cuerpo electoral de la nación tendrían el derecho de elegir los candidatos, se hallen o no afiliados a un partido político. La iniciativa ministerial fué recibida con resistencia.

SUPRESIÓN DE LOS VESTIGIOS TOTALITARIOS
Además de las medidas de naturaleza afirmativa dirigidas a la reconstrucción institucional del país, están aquellas destinadas a lo que en su programa el gobierno llamó la "supresión de todos los vestigios del totalitarismo", tales como la disolución del ex partido peronista y sus organizaciones afines y muchas otras que no cabe mencionar aquí —interdicciones, intervenciones, etc.— que no parecen de naturaleza esencialmente política pero eran exigidas para la demolición de un sistema de monstruosas proyecciones.
Algunas de las decisiones oficiales se orientan a impedir el rebrote de organizaciones perniciosas. Una de las más discutidas, para citar un caso, es la creación de la Junta de Defensa de la Democracia.
A la lista de manifestaciones constructivas con vistas a la próxima normalización institucional —que de ninguna manera parece que podrá detenerse ni postergarse— se agregan esfuerzos de tal magnitud como el empadronamiento general, que puede calificarse como una de las más vastas y limpias movilizaciones civiles jamás realizadas en la República, de la que saldrán padrones electorales limpios, inobjetables.
Es cierto que en los esfuerzos que los hombres de las fuerzas armadas ejecutan ha habido errores, titubeos y contradicciones, pero es igualmente exacto que, por lo que se ve, han sabido superar las tentaciones de lo que se da en llamar la tendencia "continuista", en la que se alistarían aquellos que carecen de fe en el país y en las saludables reservas morales de su pueblo. Lo prueba, por ejemplo, la disolución de la célebre Secretaría de Prensa de la dictadura, que fué el principal organismo utilizado para crearla y perfeccionarla. Ningún gobierno formalmente decidido a perpetuarse en dictadura, acusación que suele dirigirse al que preside el general Aramburu, se desprendería de tal instrumento para la propaganda y la corrupción.
Todo esto ha ocurrido bajo la presión de circunstancias excepcionales y la reunión de docenas de "factores explosivos": huelgas, conspiraciones, desgano y crisis, una impetuosa tendencia inflacionista y la acción de presencia de ciertos personajes, a los que se creía desterrados para siempre del escenario político argentino.
Al gobierno le queda bastante por hacer para desmontar lo que queda de la máquina peronista, como lo atestigua la subsistencia de la vieja cadena de diarios, revistas y radios, que, hoy en manos de funcionarios delegados o interventores, sigue desafiando todos los embates renovadores. Son, sin embargo, astronómicas cuentas de pérdidas que paga el pueblo, verdaderos toneles de las danaides, barriles sin fondo imposibles de disimular aún dentro del superfrondoso presupuesto nacional que supera los 61.000 millones de pesos.

LOS "FACTORES EXPLOSIVOS"
De todos los "factores explosivos" que inciden directamente sobre el clima político nacional, ninguno ejerce mayor imperio que la carrera inflacionista. Desde el primer día, el gobierno provisional intentó detenerla, sin éxito.
Cuando Lonardi anunció (26 de octubre de 1955) que había "terminado el sistema de ocultación de la verdad", reveló que el Banco Central emitía a razón de miles de millones de pesos por año, que la circulación total de dinero había llegado a la "fantástica" cifra de 54.800 millones de pesos y que el aumento de dinero (de dinero, no de bienes o riqueza) había aumentado en un 500 por ciento por habitante. "Si alguien se hubiera propuesto —dijo Lonardi— desarticular la economía y aniquilar sus fuerzas dinámicas, no lo habría podido hacer con tal cabal perfección". Y aunque no prometió milagros, aseguró que se harían los mayores esfuerzos para reducir el desequilibrio del comercio exterior y combatir la inflación.
Después, el gobierno llamó al doctor Raúl Prebisch, se hizo una drástica devaluación de la moneda y se anunció la aplicación del plan de restablecimiento propuesto por el técnico argentino. Hace pocos días, se convino con el Fondo Monetario Internacional la paridad del dólar a 18 pesos, para el tipo de cambio oficial, que nada tiene que ver con la cotización en el mercado libre, que se aproxima a los 40 pesos por dólar.
A un año de conocido el plan Prebisch, el ministro de Hacienda anunció que sus objetivos se mantienen, agregando que se irían eliminando paulatinamente las restricciones, a la importación "que traban el libre desenvolvimiento de la actividad económica".
Mientras la economía argentina mantenía un carácter pastoril, estas medidas hubieran sido seguramente muy bien recibidas. Pero ocurre que al presente la industria ha crecido hasta colocarse en la misma situación dominante que antes mantenían la agricultura y la ganadería, con la diferencia de que, mientras una devaluación monetaria puede ser estimulante para impulsar exportaciones de materias primas, el mismo fenómeno no es de aplicación a la producción industrial, por no hallarnos aún en condiciones de competir con la de los países más desarrollados. La inflación, pues, castiga más duramente a la industria que a las demás actividades.
Los sectores industriales se sienten en estos momentos postergados en beneficio de la actividad agropecuaria. La protesta va tomando cuerpo y llega a hablarse, incluso, de una verdadera conspiración contra la industria.
La primera reacción organizada para decidir al gobierno en su favor habrá de ser una gran exposición de la industria metalúrgica. Piensan los industriales que su magnitud hará rectificar errores e injusticias cometidas que —agregan— son a su vez motivo de conflictos gremiales, ya que la prosperidad general no puede lograrse sin plena ocupación industrial.
Los problemas industriales se asocian tan íntimamente a los de la inflación que constituyen, evidentemente, nuevos factores explosivos en el campo político.

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA VIDA POLÍTICA
De las decenas de libros que acerca de la situación argentina se han venido escribiendo de un par de años a esta parte, un norteamericano, Arthur P. Whitaker, escribió dos que pueden realmente recomendarse por la abundancia de información y la agudeza de las observaciones, lo cual no le impidió equivocarse (en "La Argentina y los Estados Unidos") cuando se trató de vaticinar cuánto tiempo se prolongaría el imperio de Perón. En su mas reciente libro ("La Argentina, un calidoscopio") coloca a las fuerzas armadas argentinas como arbitro final de las disputas políticas.
Es deseable que Whitaker se equivoque otra vez y que las fuerzas armadas vuelvan a su tradición de apolíticas, en que se mantenían hasta 1930. Y éstos son los deseos que, según todas las exteriorizaciones, abrigan los propios jefes y oficiales que derrocaron a Perón.
Hay abundancia de indicios de que en las fuerzas armadas soplan vientos nuevos. Se pusieron de manifiesto a través de una conferencia del general González, que tuvo vasta resonancia; o por las reacciones que un discurso político del doctor Arturo Mathov provocó en los generales Alonso, Dalton, Zerda y otros. También por las manifestaciones del ministro de Ejército, cuando al referirse a la libertad de prensa, en el último día del año anterior, aseguró que "esta revolución, que aspira a restituir a este país el "estado de derecho" en su plenitud institucional y jurídica, tiene tanto respeto por la libertad de prensa, atributo fundamental del mundo libre".
Por lo demás, los jefes más responsables, desde el general Lonardi, apenas triunfó la Revolución, reconocieron la necesidad de restaurar el prestigio de las fuerzas armadas. El propio presidente Aramburu, dirigiéndose a sus camaradas de las tres armas, admitió que el pueblo argentino había llegado a alejarse "de sus fuerzas armadas al confundirlas con elementos del instrumental dictatorial". Y en otra oportunidad hizo una durísima crítica del militarismo, particularizando su trayectoria en la vida americana.
Si, como temen los militares, ha habido un receso en el prestigio militar, se debe a su politización, que especialmente el peronismo extremó para procurar hacer de las fuerzas armadas parte de su "instrumental dictatorial".
Entretanto, un síntoma que causa preocupación en los jefes militares puede ser el número menor de aspirantes a seguir la carrera de las armas, observada en el Colegio Militar.
Un signo favorable son las medidas para el fortalecimiento integral de la disciplina en los cuadros superiores, puesto de relieve con la destitución, ocurrida en noviembre, de sus altos cargos, de varios generales que disentían con el ministro sobre la conducción del Ejército. Después de los hechos, el ministro explicó su sentido y la posición del gobierno y del Ejército, que, afirmó, no es ni reaccionaria ni continuista.
Mucho se ha especulado, y se sigue especulando, acerca de desinteligencias y malentendidos en el seno del grupo de jefes y oficiales que hoy gobiernan. Sería bastante ingenuo que no las hubiera. Pero lo positivo es que las que parecían más graves, como en la ya recordada gestión del estatuto de los partidos políticos, fueron superadas sin que trascendiesen fisuras irreparables. Este, por sí mismo, es un tema prácticamente inagotable, y tan pronto como aparece el rumor, es el presidente, o es el vicepresidente, o son los ministros los que se encargan de desvirtuarlo, porque está claro el propósito de ofrecer la visión de un frente unido. El presidente explicó esto al afirmar que "las fuerzas armadas de la Revolución forman un solo núcleo poderosamente identificado en los mismos ideales. Es inútil pretender confundirlas. Esas fuerzas obedecen a la civilidad, que marcha adelante con todas las garantías que corresponden a un país democrático, de firmes convicciones y con fe en el porvenir".
Como se ve, con ciertos altibajos, la Revolución va cumpliendo su programa político, a veces insatisfactorio, pero que, en definitiva, conduce a lo que todos esperan.
O sea, que éste sea el año de la restauración institucional de la República.