La semana última aún seguía varado en la Presidencia de la Nación el proyecto que busca otorgar a las Empresas Estatales las características de sociedades anónimas privadas; mientras tanto, en los quioscos callejeros hervían las publicaciones opuestas a tal medida: castigan al Ministro Emilio van Peborgh (Defensa Nacional) y tratan de soliviantar los ánimos de las Fuerzas Armadas, puesto que la reforma afectará en especial a las fábricas militares.
Sus principios, con todo, no constituyen una novedad: se apoyan en el texto de la Ley 17318, sancionada en julio del año pasado, que permite a las firmas del Estado regirse por las normas vulgares del Código Civil y, eventualmente, incorporar hasta un 49 por ciento de capital particular. Los promotores de la iniciativa —el Secretario de Energía, Luis M. Gotelli, y el propio van Peborgh— dan trascendencia especial a las ventajas que las compañías estatales gozarán, mediante una conducción típicamente empresaria, ajena a las pulsiones burocráticas, más rápida y dispuesta a interpretar las evoluciones del mercado.
Ninguno de ellos concede importancia notable a las posibles inversiones externas que la Ley 17318 admite sumar; aunque, en caso de que ellas sean , necesarias, "las preferiremos argentinas", dijo van Peborgh. Esencialmente, el Ministro de Defensa sugiere la conversión para "modernizar" a las pesadas industrias militares y, públicamente, desecha la integración con sectores externos. Hasta supone que ellas podrían adoptar una forma similar a la de Hidronor (encargada de erigir El Chocón), que ante la Ley tiene un carácter privado, pese a que todas sus acciones están en manos de la Nación.
De cualquier modo, los críticos nacionalistas del sistema en ciernes se obstinan en desconfiar: si la Ley 17318 autoriza, como es notorio, el acoplamiento de capitales independientes, nada impedirá que los sucesivos directorios, alegando motivos de necesidad, los introduzcan en cada rubro. En ese caso "no existe en el país —editorializaba Azul y Blanco— una concentración de fondos privados nacionales de volumen suficiente como para tomar participaciones razonablemente proporcionadas a la magnitud de los grandes talleres del Gobierno".
Sencillamente, Marcelo Sánchez Sorondo interpreta que la idea de van Peborgh abre la puerta a los "monopolios" norteamericanos, una decisión más grave todavía —según los próceres de la tendencia— en el caso de las acerías y de las fábricas de material militar.
En círculos castrenses de graduación intermedia, Primera Plana obtuvo una versión complementaria de la anterior: sostiene que en su reciente visita a la Argentina, el titular del Banco Mundial, Kobert McNamara, puso a las autoridades en una alternativa de hierro; si ellas pretenden contar con el préstamo del Banco para levantar El Chocón, deberán anular las compras de elementos bélicos en Europa y ceder parte de las empresas militares a los inversores de USA.
Sin duda, se trata de una fábula: ni los norteamericanos precisan del chantaje para imponer sus exportaciones, ni los contratos de adquisición de blindados franceses, obuses italianos y buques británicos u holandeses son tan decisivos como para movilizar las iras de McNamara, El acuerdo argentino-francés supone la importación de treinta tanques AMX-13 y la construcción en fraguas y líneas locales de otras tantas unidades; pero ésta es sólo la primera etapa: en una segunda, con permiso y aportes de París, se continuaría el montaje de vehículos para exportar a toda Latinoamérica.

Versiones alarmistas
Las mismas fuentes del Ejército susurran que esta segunda fase no se concretará nunca porque los asesores del Pentágono destacados en Argentina ya protestaron: habrían detenido los subsidios del MAP (Military Assistence Program) luego de reequipar a su costa el Regimiento de Tiradores Blindados "Húsares del General Pueyrredón".
Varias situaciones reales contribuyen a engrosar estas fantasías. La primera: la renuncia del general de división Mario Aguilar Benítez a la Dirección de Fabricaciones Militares, en setiembre último; entonces el oficial se alejó disconforme con el flamante Decreto 4247, que centraliza en la oficina de van Peborgh el Plan de Movilización Industrial, antes a cargo de FM. Pero, el 18 de octubre pasado, el diario "Comercio y Justicia", que se edita en Córdoba, agregó otro motivo a la dimisión de Aguilar Benítez; fue cuando publicó una circular reservada del general, dirigida a van Peborgh: el titular de FM, antes de desertar, rechazaba en esa carta una proposición de venta de la Fábrica de Material de Comunicaciones (ubicada en San Martín, Buenos Aires) a una compañía argentina de camiones en la cual predomina el capital norteamericano. El militar en retiro nunca desmintió a "Comercio y Justicia", pero el jueves 7, tal vez para compensarlo, el Gobierno lo nombró Director de SOMISA.
Sea como fuere, el peronismo —he aquí otro hecho— construyó su nueva táctica sobre la base de posibles disidencias en el Ejército a partir del problema de las empresas. Los principales teóricos del movimiento insisten en que se libra ahora una lucha sorda entre un bando, capitaneado por el general de división Eduardo Uriburu —gestor del Plan Europa— y partidario del autoabastecimiento militar sobre la base de inversiones originadas en el MCE, y otra corriente, favorable a la colaboración con USA, que encabezaría van Peborgh. Los peronistas intentan fortalecer a Uriburu —futuro Comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, quien se reúne asiduamente con ellos—, ganarse al Presidente Onganía y luego, aliados a los "nacionalistas" del gabinete, derrocar al equipo denominado "liberal" (ver páginas 13 y 14). Por último, las vacilaciones del propio Onganía para decidir sobre la conveniencia del esquema Gotelli-van Peborgh, que le fue sometido hace más de un mes, parece indicar que, al menos, la Casa Rosada otorga al cambio un sentido por demás trascendente. "Eso de la privatización de las empresas es un cuento chino y nada más." El miércoles pasado, mientras el general norteamericano James Alger se paseaba por la Argentina en compañía de 50 oficiales adscriptos a la Junta Interamericana de Defensa, el flemático van Peborgh repetía esas palabras por tres veces ante Fanor P. Díaz, de Primera Plana.
Los dos metros de estatura que ostenta el Ministro (de 42 años, casado y padre de 7 hijos; brevet de Ciencias Económicas obtenido en Harvard) parecen condescender con su visitante: enseguida lo invita a aposentar en uno de los sillones de su despacho de Paseo Colón y Belgrano, en la Capital Federal, frente a los ventanales menos bucólicos del Comando del Ejército.

Los 400 golpes
"Los funcionarios no podemos salir a hacer declaraciones públicas y a defendernos por las acusaciones que se nos hacen, pero cualquiera que me conozca sabe que yo no acepté este destino, que importa sacrificios, para hacer negocios." Embutido en un impecable traje gris, con algunas canas en las sienes, van Peborgh sonríe poco y observa con desconfianza; por momentos habla entre dientes y deja cabalgar en su rostro afilado un aire provocativo. Sin duda, le molesta que se lo sospeche en tejemanejes comerciales. "Se han dicho muchas mentiras —lamentó con amargura—: que yo soy personero de armadores británicos, que estoy ligado a intereses del ramo del amianto y que podría utilizar mi puesto para sacar beneficios. Nada más absurdo."
Él se hizo cargo de la cartera en marzo último, en reemplazo de otro financista, Antonio Lanusse, quien renunció molesto por imputaciones del mismísimo Onganía. Otros voceros interpretaron que Lanusse —adicto, como van Peborgh, a una dirección puramente empresaria de las firmas estatales— se retiró jaqueado por los oficiales de Aeronáutica dispuestos a impedir el traspaso de Aerolíneas Argentinas a la Secretaría de Transportes.
Por fin, esa transferencia se ejecutó bajo el cetro de van Peborgh, en cuya designación resultó decisiva la amistad que lo une con Adalbert Krieger Vasena. Antes de señorear en Defensa, el actual Ministro ocupó la presidencia del Banco Industrial; en otras épocas había acumulado un rosario de vinculaciones comerciales; director de dos sociedades anónimas (Eternit y Crédito Industrial e Inmobiliario Sudamericano), ejecutivo de las Cristalerías Rigolleau y conspicuo miembro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).
En abril, como para contrapesar tan buenos antecedentes directivos, sobre van Peborgh cayó como una dura crítica la acusación del coronel Ramón Molina, jefe actual de la agrupación de Artillería 121: hurgando en el historial del Ministro, el oficial descubrió que van Peborgh fue capitán de legionarios ingleses en la Segunda Guerra Mundial. "Eso no es cierto —masculla el funcionario— pero prefiero no tocar el asunto: entiendo que volver sobre él resulta poco constructivo."
Sus colaboradores, no obstante, lo hacen: "Van Peborgh tenía entonces unos 17 años, y es verdad que se enroló como voluntario, a la par de muchos descendientes de extranjeros. Pero él mantuvo en su uniforme una jineta que lo identificaba como argentino".
Además, es mentira que haya jurado lealtad a la Corona británica —agregan—; ni siquiera pudo pelear, como era su deseo, para liberar a Bélgica, la patria de sus abuelos Cuando retornó a Buenos Aires se lo inscribió como subteniente de la reserva."
Pero no sólo esa desmentida ocupó al Ministro en estos siete meses: el 24 de setiembre debió calmar los ánimos y anunciar —para luego retractarse— aumentos a los oficiales, suboficiales y tropa de las Fuerzas Armadas así como al personal civil. Más recientemente, el 9 de octubre, La Nación informó en su primera página que era inminente la "privatización" de todas las empresas nacionales. No hay intención de privatizar en forma lisa y llana ninguna firma estatal", refutó van Peborgh, aunque "algunas de ellas serán transformadas en empresas mixtas con mayoría de acciones estatales intransferibles", según el texto de la Ley 17318. 
El esquema en poder de Onganía incluye —y no solo para las compañías de la órbita de Defensa, sirio también para YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, AA, Subterráneos de Buenos Aires y ELMA— una revaluación de los activos: si el saldo resultara positivo enjugará posibles deudas; en caso de ser negativo, será cubierto por el Estado; más tarde, el haber neto será fraccionado en acciones y el Gobierno se atribuirá entre un 51 y un 100 por ciento de tales títulos. La Ley no exige a los Directores la calidad de accionistas: pueden serlo, entonces, los funcionarios del Ejecutivo, quienes, además, tendrán sueldo e incentivo proporcional a las ganancias: una forma de motivar a los gerentes.
Fabricaciones Militares es un complejo de 15 talleres y altos hornos que en 1957 rindieron un beneficio de aproximadamente 2.900 millones de pesos; cabe agregar al "holding" el rubro SOMISA, del cual FM posee el 99 por ciento de la participación. Al 30 de junio último, la acería SOMISA brindó utilidades del orden de los 3.700 millones de pesos.

¿Ficción o realidad?
Según los partidarios de la transformación de FM, esas ganancias son más bien ficticias, si se tiene en cuenta que FM vende la mayor parte de su producción al Estado y que SOMISA endilgó en los últimos años una deuda de 26.000 millones al Tesoro Nacional, una situación que podría agravarse en el futuro con sólo pensar que el propio Krieger Vasena lanzo junto a SOMISA una competencia temible: la de Propulsora Siderúrgica.
Por su parte, este año Aguilar Benítez desembarazo a SOMISA de otro posible enemigo; el acuerdo entre Acindar y United States Steel, de USA.
"Para mantener tales fábricas en actividad es preciso no cargar el Presupuesto nacional en un solo centavo; en algunos casos, las plantas deberán producir elementos de índole civil", definió el 10 de octubre el nuevo titular de FM, el general Oscar M. Chescotta. Su misión: la de agilitar el sistema y, sobre todo, convertir a SOMISA en rentable sin que ello signifique cargas para Economía.
Los primeros objetivos de la metamorfosis ideada por van Peborgh serían la Fábrica Militar de Aceros, situada en Valentín Alsina (Buenos Aires), la de Vainas y Conductores Eléctricos (Avellaneda) y los Altos Hornos de Zapla.
Pero ya los radicales del Pueblo buscaron completar el patrimonio de SOMISA con aportes privados, sin conseguirlo; acaso tenga más fortuna van Peborgh, si logra interesarlos en ciertos renglones paralelos al ramo exclusivamente militar. Ocurre que, desde antiguo, las compañías particulares argentinas exigen que FM —y los Astilleros de Río Santiago, y la aeronáutica DINFIA de Córdoba— abandonen la competencia en el sector de artículos para la paz. Así, las instalaciones de San Francisco, en Córdoba, produjeron hace tiempo motores eléctricos; debido a la presión particular, FM se retiró luego de esa área. De igual modo dejó de moldear garrafas de gas envasado, de tornear trépanos para YPF y de forjar rejas para los arados. A su vez, DINFIA volcó su dinero a la fundación de IKA, que también recibió sus técnicos; ahora realiza ciertas partes del Peugeot y arma aviones Cessna.
Por cierto que es en este plano, de la integración horizontal, donde las normas de la Ley 17318 podrían dar frutos: nuevos adelantos (la construcción de aeroplanos fumigadores es uno de ellos) surgirían de la asociación entre capitales privados y del Gobierno.
Aunque "bajo seudocompañías argentinas que proliferarán al amparo de esa legislación, las empresas estatales serán entregadas al oro foráneo —acusaba una carta que el peronista Raúl Matera envió el viernes pasado a Onganía—: esos capitales vendrán a usufructuar de organismos que dan beneficios y son el resultado de la perseverancia de muchos compatriotas".
Pero la hipótesis del cirujano sólo será posible si el Gobierno ensaya la integración vertical: la explotación de las venas cupríferas descubiertas mediante el Plan Cordillerano, o el experimento de Sierra Grande. Entonces sí que las firmas militares deberán recurrir —por el alto costo de tales obras— al capital Extranjero.
Necesariamente, la industria de guerra argentina fue deficitaria: enormes complejos con grandes gastos fijos producían muy pocas unidades para unas Fuerzas Armadas que estuvieron ajenas a todo conflicto; como es lógico, el gasto del material no exigía mayor intensidad. Si lo que se pretende es maximizar las ganancias construyendo equipos específicamente bélicos, será preciso suponer que la Argentina debe internarse en una guerra capaz de exigir gran cúmulo de armamento a alto ritmo, o que planea aprovisionar a las otras repúblicas sudamericanas. La hipótesis de la guerra no figura ciertamente en los planes de Onganía, pero cualquier esquema algo realista deberá reconocer que tanto esa fórmula como la de exportación exigen el visto bueno del Pentágono.

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