"Qué se debe hacer desde la función pública: dejar que lo inmoral vaya ganando la calle y las personas?", se preguntaba hace unas semanas el Presidente Onganía, destilando sus confidencias ante un periodista. "Este es un problema que siempre tengo presente. Temo las exageraciones en ambos sentidos: tolerancia o intolerancia. Pero no es posible quedarse con los brazos cruzados."
Bajo el Gobierno del teniente general Juan Carlos Onganía, a quien sus compatriotas juzgan un riguroso moralista —acaso por la severidad de su talante—, las estadísticas de delincuencia han alcanzado niveles desconocidos. Recientemente, en USA se informó que la Argentina es su principal proveedor de estupefacientes; trascendió, además, que es el mayor mercado mundial de artículos de contrabando.
Si se necesitaba algún indicio sobre la preocupación que el auge delictivo suscita en los círculos oficiales, conviene señalar la reunión convocada el 16 de febrero por el Ministro de Justicia, Conrado Etchebame (h). Consternado por la enormidad de los ilícitos que se suceden, llamó a consulta al presidente del Banco Central, Egidio Iannella; al Inspector General de Justicia,
Enrique Zaldívar, y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Héctor Alegría. No trascendieron detalles sobre la política que el Gobierno adoptará contra el boom de la delincuencia económica; hubo, en cambio, alusiones a una actualización de los textos legales, para eliminar sus "mallas flojas".
Fiel S. A. inauguraba la escalada el 11 de enero, al trascender la estafa que perpetró contra sus ahorristas por 350 millones de pesos viejos. A partir de entonces, se conocieron las siguientes:
16-1-70: Caja de Crédito de Villa Devoto (6.000 millones).
17-1-70: Briders-Feldman, incendios intencionales (300 millones).
12-11-70: Promotora de Crédito Automotor (60 millones).
12-11-70: Bengen y Cía., inmobiliaria (15 millones).
El martes de la semana pasada, la Policía Federal allanaba cuatro locales de la Caja Popular de Belgrano; detuvo, por orden del Juez Esteban Vergara, a 28 directores. Quedaron en libertad al día siguiente, por falta de mérito; los amparaba, además, un informe del Banco Central.

CHEQUES VOLADORES
El síntoma más certero del deterioro de la fe pública es, probablemente, la inundación de la plaza por los cheques voladores, hecho que —por repetido— los diarios desdeñan para su plana policial. Hace apenas dos décadas, provocaban escándalo en la Argentina. Por cheques voladores, el Banco Central clausura mensualmente 6.800 cuentas corrientes, según se informó la semana pasada a Periscopio.
Teóricamente, alrededor de 80.000 personas debieron caer en prisión durante 1969, por libramientos indebidos. Cualquier oficial de Juzgado sabe que ni remotamente fue así: el Estado no posee, siquiera, comodidades para alojarlos.
Cada dos años se duplica el número de los que recurren a esta práctica (36.000 en 1967); entre los poquísimos que sufren proceso, casi todos salen absueltos. Las restricciones crediticias han hecho del cheque el principal elemento coactivo de la usura: debe aceptarse que, además de delincuentes, lo firman seres desesperados. Algunos juristas propician la derogación de este delito; otros arguyen que es restablecer la prisión por deudas. Acaso sea peligroso: los libradores tapizarían el país o, simplemente, nadie aceptaría ya un cheque, que se perdería entonces como medio de pago.
¿Sería aconsejable entregar a manos policiales la persecución del bandidaje de cuello blanco? Actualmente, la Justicia penal sólo opera ante hechos consumados y revelados; carece de una Policía propia que proteja a la población de tanta malicia: fraudes, defraudaciones, estafas, falsificaciones, cheques sin fondos, contrabando, evasión fiscal o previsional, quiebras fraudulentas, uso de pesas o medidas falsas, acaparamientos de mercaderías, adulteración, agio, monopolios.
Algunos observadores se preguntan si no habrá llegado el momento de desenterrar una proposición que la Policía Federal mantiene desde 1963: creación de la Policía Económica. Pero acaso no sea el instrumento más adecuado; sí, en cambio, alguna dependencia judicial, menos proclive a la arbitrariedad y más respetuosa de los derechos individuales.
El reciente blanqueo de capitales no ha contribuido a inspirar el propósito de una conducta económica sana. En el futuro, las horribles sanciones que el Gobierno prometa a los evasores fiscales o previsionales serán recibidas, quizá, con una sonrisa.
La usura —pese al sonado episodio rosarino del año anterior— disfruta de total impunidad: los legisladores argentinos aún no se decidieron a tipificarla como delito. Es un deporte que se sigue practicando con desenfado, al amparo de escribanías o sospechosas cooperativas.
La cínica filosofía que tienta a los argentinos hace ya demasiados años —todo está corrompido, todo es corrompible— ha mermado en la valoración popular el carácter oprobioso de estos delitos. "Hemos conocido épocas distintas, en que la estafa, el negociado, la falsificación y el contrabando eran delitos infamantes y estaban muy lejos de otorgar esa suerte de prestigio que hoy parece nimbar a algunos astutos con suerte", enfatizaba La Razón el 27 de enero pasado.

SOLO PAPELES
—Usted es un profesional distinguido; por eso ha sido incluido en nuestra lista especial. Tiene prestigio; la gente lo quiere, lo respeta. Sobre todo, lo respeta.
-¿Yo?
—Sí, doctor. Suscribiendo uno de nuestros títulos de Capitalización y Ahorro, no tendrá que participar del sorteo. Publicaremos su nombre y tendrá medio millón a su disposición. Por favor, le pedimos reserva.
Reserva fue lo único firme de estos acuerdos: la mayoría de los "caracterizados" —involucrados en recientes maniobras de corredores de sociedades de Capitalización y Ahorro— negó que hubiera sido víctima de un timo.
El dinero recibido por las entidades financieras que surgieron en los últimos años —salvo las de ahorro y préstamo para la vivienda— no está garantizado por el Estado. Aventurarse con las otras se ha convertido en una ruleta rusa: durante los últimos dos años, el Gobierno clausuró 15 compañías de ahorro y préstamo para fines determinados (que no eran vivienda). La última, Pormar Sociedad Anónima, el lunes 9 de marzo.
Contra lo que cabría suponer, los recientes casos de estafas se hallan en manos de la Justicia común, en vez del Fuero Penal Económico. Instaurados durante el período frondicista, estos tribunales brotaron de la necesidad de reprimir el agio. Algunas leyes posteriores ampliaron levemente su competencia; con todo, sus 13 Jueces, que desde entonces ventilaron unas 6.000 causas, raramente se apartaron de cuatro casos-tipo: contrabando, cheques sin fondos, balances falsos y adulteraciones de vinos. El monopolio los ocupó en contadas oportunidades; ahora tienen entre manos un par de denuncias sobre un presunto trust de editoriales y otro farmacéutico.
Los llamados delincuentes económicos, protagonistas de las 38 estafas más audaces perpetradas durante 1969, debieron, entre otras cosas, falsificar sellos de vino, vender terrenos ajenos, crear una organización de falsos sordomudos, comercializar ilegalmente achuras del Frigorífico Municipal, falsificar permisos de residencia para sudamericanos limítrofes, cobrarle al Hipódromo de La Plata premios de caballos que no habían corrido, falsificar entradas de cine. En el estado actual de la legislación y de la represión económica, todo está permitido.
Este año trascendía en Buenos Aires una novedad operativa: venta de joyas a plazo a empleados estatales. Finalizado el pago de las cuotas, los pagarés firmados por los compradores no les eran devueltos. Estos se notificaban del timo cuando algún comerciante de "buena fe", a quien le habían sido endosados, los demandaba por cobro.
Sin embargo, nadie alcanzó los virtuosismos de Silhouette Internacional, que en noviembre de 1966 esquilmaba a quince mil gordos de Buenos Aires. Carlos Sansone, Joseph Della y Carol Frelick, cerebros de la extravagante cadena de gimnasios de belleza, volaban hacia Miami a poco de conocerse el fraude. Esto no ha cambiado: el exterior continúa siendo el mejor abogado del bandolerismo económico. Luego, la prescripción, el olvido, acaso otra vez la respetabilidad.
El Presidente vive preocupado: "El mundo de la inmoralidad es insondable", ha dicho en la misma ocasión. "Cuando se adoptan medidas que hacen a la moral, se descubren las más extrañas reacciones. Nuestro país es moral. Hay otros que, por excederse en la libertad, cayeron, casi, en la disociación, y hoy están pagando caro." Esa amenaza, sin embargo, pesa también sobre nuestro país.
A los pocos días de tomar el mando —relató—, pusieron a su firma dos cartas de intención por 400 mil dólares cada una. "Los funcionarios que me explicaron los detalles no fueron suficientemente claros; a su vez, habían recibido explicaciones también poco claras. Las influencias sobre el Gobierno abundan y no es fácil individualizarlas", admitió el Presidente.
"Gobernar no es cosa placentera —dijo—. Es un guerrear continuo. Resulta difícil descubrir lo que es totalmente limpio, en la opinión o en el consejo o en el asesoramiento, de lo que no lo es. Sin embargo, la práctica de la función va enseñando mucho."
Existe cierta correspondencia —un "clima"— entre la ética de una Sociedad y la de su Gobierno. No es posible enfrentar con éxito a la delincuencia económica si abundan los funcionarios venales, cuyas actitudes provocan escepticismo, la atonía moral. El Ministro de Justicia se apresta a empeñar el combate; pero no bastarán ni una perfecta legislación, ni el ensanche del nuevo fuero, ni una policía especial. El mal ha calado más hondo.
Enrique R. Aftalión, 60, no halla en los delincuentes económicos características que los distingan del resto. El célebre coautor de la Introducción al Derecho —martirio de generaciones de abogados— se alinea con los que sostienen que la mayoría de los delincuentes no exhibe los famosos estigmas atávicos propugnados por Lombroso: "Menos en esta materia, de cuyos protagonistas sólo puede decirse que son sujetos despiertos, con un genio especial para soslayar las reglamentaciones económicas", sugirió a Periscopio.

HOMEOPATIA JUDICIAL
Los cascos singularmente lúcidos de los delincuentes financieros justificaron, a juicio del penalista, la implantación del Fuero Económico. Hacía falta, asegura, una mayor especialización de los magistrados, que además de los conocimientos propios de los criminalistas, necesitaban cierta versación en economía, regulaciones económicas y principios contables y financieros. "Diría que es un poco el principio de la medicina homeopática: 'similia similibus curantur', o sea que el remedio debe tener semejanza con la enfermedad."
No todos sustentan, como Aftalión, el principio de que el delito económico sea una categoría especial. "La expresión es vaga, genérica; tampoco se distingue con dicha denominación el bien jurídico protegido a que se alude. ¿La Economía, acaso?", declaró a Periscopio Norberto Julio García Tejera, 35, un abogado del foro capitalino. "Cabe más bien referirse a delitos económicos cometidos contra el patrimonio público o privado, la fe pública, la Administración, etcétera."
De cualquier modo, los magistrados del fuero aludido no parecen contar con la infraestructura legal adecuada: "Estos nuevos Jueces se ven obligados a aplicar normas caducas, basadas en principios ampliamente superados", expresa el abogado Jorge Garber. "El cheque es el mejor ejemplo de la disociación existente entre la norma aplicada y la realidad económica."
El argentino medio vive ajeno a tamañas sutilezas. Pero sus urgencias —un auto, una casa— de pronto lo arrojan al desastre.
Buen producto de la necesidad, las ansias de poseer apenas le hacen tener en cuenta si el plan de pagos le conviene; los estafadores saben que cierra sus tratos con enorme celeridad. Y las leyes nunca parecen ser suficientes para ampararlo: hasta abril de 1968 —última reforma del Código Penal—, el vendedor de un departamento dolosamente hipotecado no iba a la cárcel.

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