30 meses de crisis militares
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diciembre 1960

MIENTRAS las juntas de calificaciones de las fuerzas armadas finalizaban en los últimos días de noviembre la elaboración de las listas de jefes y oficiales propuestos para ascensos y cambios de destino, parecían permanecer intactos y proyectarse hacia 1961 los factores causantes de las crisis militares desarrolladas en la Argentina desde el 1º de mayo de 1958.
Es previsible entonces que los agudos episodios militares precipitados durante los treinta meses transcurridos desde que Arturo Frondizi es Presidente de la Nación, vuelvan a repetirse porque las circunstancias que los gestaron no han desaparecido. El propio teniente general Pedro Eugenio Aramburu admitió el 11 de octubre pasado que la crisis militar que vivíase en esos días era algo "común en este período de transición". En estos treinta meses los desasosiegos, irritaciones y deliberaciones de las fuerzas armadas constituyeron hechos permanentes: "comunes", según la definición de Aramburu. No hubo casi semana en ese lapso en que no se hablara de sugerencias, planteos o imposiciones militares. Lo que el ex presidente provisional llamó "la gran crisis moral y material que padece el país", halló al parecer dentro de las tres armas a irreemplazables protagonistas durante los dos años y medio de gobierno de Frondizi.
Los críticos más severos del gobierno han coincidido en que los poderes republicanos restaurados el 1º de mayo de 1958 son débiles por haber surgido de un préstamo o pacto preelectoral, desaparecido inmediatamente después; y que en la misma medida en que esos poderes se desprestigiaron, las fuerzas armadas mostraron nuevamente una capacidad de decisión que se habían acostumbrado a ejercer en la época del régimen provisional.
¿Esa debilidad y desprestigio de los poderes republicanos configuran la causa determinante de las crisis militares?

ANTES DEL COMIENZO
Cuando posteriormente a las elecciones del 23 de febrero de 1958 las tres armas decidieron la entrega del poder a Frondizi, éste sabía que ciertos sectores de las mismas miraban con profundo y no disimulado recelo su llegada al poder. Antes del comienzo, el gobierno constitucional se sintió amenazado.
En los últimos días de abril de ese año comentóse reservadamente que el aún general Miguel Ángel Iñíguez —quien había defendido en posición ortodoxamente legalista el gobierno de Perón en 1955— había trazado un plan de emergencia para asegurar la asunción del mando por parte de Frondizi, si algún sector trataba de impedírselo. Dicho plan implicaba el traslado del presidente electo a Mendoza, ciudad en que hubiera constituido su gobierno en caso necesario. Lo verídico o no de ese operativo de emergencia nunca pudo comprobarse: Frondizi asumió en Buenos Aires y las tropas de las tres armas le rindieron honores. La férrea determinación de Aramburu había logrado para ello el consenso mayoritario de las tres armas.
Esa legalidad —definida por el Presidente el 24 de noviembre último como precaria e inestable— pareció el 1º de mayo tierra firme. Voces de altos dirigentes de la Unión Cívica Radical Intransigente y asesores militares del flamante presidente aconsejáronle entonces proceder drásticamente: relevar a todos los jefes de las tres armas que se habían pronunciado contra la entrega del poder. Frondizi desechó esa política de cambios en masa. Díjose después que prefirió no hacerlo para no quedar en manos de un sector.
La advertencia del Presidente dirigida a las fuerzas armadas en su primer mensaje al Congreso, en el sentido de que "no decidirían" de ahí en adelante, significó para muchos el anticipo de una realidad distinta. Pero también Frondizi había dicho en ese mensaje: "Ello no significa que las fuerzas armadas se desentiendan de los problemas nacionales y populares".

A LOS SESENTA DÍAS
Dos meses más tarde, en la esfera del secretario de Marina, contraalmirante Adolfo Estévez, se alzó la primera evidencia de que el "hermoso destino para miles de jefes y oficiales" prometido por Frondizi no había sido aceptado. El director del Liceo Naval "Almirante Brown", capitán de navío Francisco G. Manrique, afirma el 4 de julio que, "apenas vividos sesenta días de democracia efectiva, el pueblo habla de conspiraciones y revoluciones y el rumor indica a éste o a aquél político en actitudes desconcertantes". "Lo primero que salta a la imaginación —añadió—, es pensar si existen o no causas y hechos determinantes que llevan a la selección del hecho revolucionario. Porque si existen y además de existir no hay otra solución que no sea la de la fuerza, entonces ningún ciudadano debe vacilar".
Sin embargo, Manrique admitió que por "vía de una revolución volveríamos a fojas cero".
Tres días después, el 7 de julio, la tradicional comida anual de camaradería de las fuerzas armadas que se realiza con asistencia del presidente quedaba suspendida. Inmediatamente súpose que la causa de la suspensión había sido el tono crítico del discurso que iba a pronunciar en esa oportunidad el contraalmirante Arturo Rial. La Unión Cívica Radical del Pueblo denunció entonces que Frondizi no quiso que las fuerzas armadas dejaran oír su voz, lo cual significaba, a juicio de ese partido, una "terrible ironía".
El 8 de julio Frondizi contestó tácitamente a la actitud de Rial en un mensaje dirigido a las tres armas. Aludió, como al asumir la primera magistratura, a su condición de comandante en jefe de las fuerzas armadas y afirmó estar dispuesto a tomar "medidas concretas" para reprimir a quienes se alzaran contra los "principios de disciplina y jerarquía".
Mientras tanto, algunos dirigentes políticos opositores comenzaron a agitar por primera vez la existencia de un pacto entre Frondizi y Perón, y en general la oposición concentró sus ataques al gobierno en los casos de DINIE, reorganización judicial y política petrolera. Pero sobre todo contra el integracionismo, a cuyo ideólogo, Rogelio Frigerio, acusaron de ejecutar la instalación de peronistas en cargos claves.
El 2 de agosto Manrique, el ex jefe de la Casa Militar de la presidencia de Aramburu, dejó la dirección del Liceo Naval. Seis días después, Frondizi otorgaba aumentos de sueldos a las fuerzas armadas.

"LIMAR" LA AERONÁUTICA
Al finalizar los cuatro primeros meses de su gobierno, Frondizi habría considerado necesario "limar" los comandos militares hostiles. La primera etapa de ese operativo se inició en Aeronáutica, y así el secretario de esa arma, comodoro Roberto Huerta, convocó al servicio activo al comodoro Julio César Krausse. Esta medida fue estimada en los altos mandos aeronáuticos como una tentativa de colocar a Krausse en un cargo decisivo.
La crisis precipitóse rápidamente cuando Huerta ordenó el relevo del comandante aéreo de combate, comodoro Osvaldo Raúl Lentino, quien se encerró en su sede de Charcas 1659, impidiendo la entrada de su reemplazante y del mismo secretario. Catorce jefes fueron sumariados, pero la presión de casi todos los mandos obligó a Frondizi, once días después de estallado el episodio, a aceptar el retiro de Huerta. El primer reemplazante designado fue el comodoro Carlos Gallina, quien no llegó a asumir. El 13 de septiembre asumía la secretaría de Aeronáutica el brigadier Ramón A. Abrahin.
Cuando en los medios oficialistas se hizo el balance de esta crisis, llegóse a la conclusión de que el presidente había actuado con éxito porque finalmente, si bien anuló la convocatoria de Krausse, el grupo activamente opositor al gobierno dentro del arma aérea quedó también fuera del servicio activo. En síntesis, este episodio llegó a definirse como un canje provechoso.

FIN DEL "GOLPISMO LEGAL"
Más allá del pedido de renuncia de Alfredo Palacios a Frondizi, de los tumultos promovidos por la implantación de la enseñanza libre, la actuación de las fuerzas armadas, en las primeras movilizaciones de obreros, y la alta fiebre del dólar, los servicios de informaciones de la presidencia consideraron en los primeros días de noviembre de 1958 que el vicepresidente Alejandro Gómez constituía "definitivamente" un peligro para la estabilidad de Frondizi. Gómez, según lo relatarían después confidencialmente algunos de los personajes que realizaron las negociaciones para obtener su renuncia, había sido "controlado" con cierta minuciosidad por orden del propio presidente.
Señálase que Gómez, al estar completamente divorciado de la línea política, económica y social seguida por el gobierno, habíase manifestado "deseoso" del retiro del presidente ante calificados dirigentes opositores y algunos jefes militares. Esa actitud alentaba intensamente la presión de los sectores militares adversos al gobierno, en busca de un reemplazo legal de Frondizi.
Antes de solucionar el "caso Gómez", la presidencia consideró prudente liberarse de la presión general de las fuerzas armadas contra el secretario económico social, Rogelio Frigerio. El 10 de noviembre se produjo su salida, abriéndose una brecha en el disconformismo de los cuadros. Al día siguiente quedaría implantado el estado de sitio por treinta días, más por las posibles virulentas derivaciones del "caso Gómez" que por la huelga petrolera, según lo indicaron coincidentes fuentes políticas oficialistas y opositoras. Horas más tarde, estalló el "complot" del vicepresidente y desapareció en forma vertiginosa la posibilidad de "golpe legal".

SUBVERSIÓN EN EJERCITO
Después del "caso Gómez", el viaje de Frondizi a los Estados Unidos y los ascensos, pases y retiros de jefes y oficiales, a fines de 1958, el gobierno pareció ir al encuentro de su primer aniversario con relativa calma en los ámbitos castrenses, pero hacia abril brotaron claramente nuevos síntomas de descontento. Tras los disturbios del 3 de abril de 1959, de los que el ministro del Interior, Alfredo Vítolo, responsabilizó a peronistas y comunistas, surgió la afirmación presidencial de que el gobierno estaba dispuesto a aceptar la "impopularidad inmediata". En seguida el titular de la UCRI, Alfredo García, denunció la existencia de tres maquinaciones, insinuando la intervención de militares, pero sin entrar en detalles.
Al producirse en Mendoza la derrota presidencial en las elecciones del 26 de abril, los rumores de netos planteos militares cobraron cuerpo. Pero el 1º de mayo Frondizi les salió al paso en su mensaje al Congreso, en el cual volvió a dirigirse a las fuerzas armadas en capítulo especial. Exaltó el cumplimiento de su compromiso al entregar el poder y retornar al ámbito natural de sus quehaceres castrenses. Quiso subrayar que el Poder Ejecutivo "no llevó ni llevará problemas políticos de ninguna naturaleza al seno de las fuerzas armadas" y que "las secretarías militares tuvieron a su cargo la responsabilidad de su respectiva arma".
Transcurridos diez días de ese mensaje se produjo en Córdoba la insubordinación contra el secretario de Guerra, general Solanas Pacheco, de varios oficiales de la Escuela de Tropas Aerotransportadas. El 13 de mayo la presión militar contra el sector integracionista provocaría la salida de Frigerio como asesor presidencial oficial, y la de varios miembros del gabinete. El 20 de ese mes el contraalmirante Rial volvió a enjuiciar al gobierno, señalando que se había implantado el engaño sistemático como norma.

LA IV DIVISIÓN EXIGE
Al llegar junio de 1959, la oposición inició en la Cámara de Diputados una ofensiva sobre el pacto Frondizi-Perón, negado terminantemente por el gobierno al mismo tiempo que en Ciudad Trujillo se distribuían a la prensa copias del supuesto documento. Casi inmediatamente, jefes retirados del ejército, de importante actuación durante la Revolución Libertadora, se agruparon en torno al general Arturo Ossorio Arana tratando de aglutinar un movimiento contra el gobierno. Jefes retirados de las otras armas apoyaron el plan, pero el respaldo de los mandos no se manifestó.
En cambio, la IV División de Ejército, con asiento en Córdoba, gravitó firmemente para obtener la renuncia del subsecretario de Guerra, coronel Reimundes, acusado por los cuadros de esa unidad y de otras, de alentar la formación de un grupo de jefes con el fin de apoderarse de los puestos claves en el arma y alcanzar ulteriormente metas políticas propias. El 17 de julio renunció Reimundes y fue reemplazado por el general Rosendo Fraga, el mismo que hoy actúa al frente de la secretaría. Al día siguiente Vítolo anunciaba en la Cámara de Diputados un intento de derrocar al gobierno, mencionando a algunos jefes militares retirados. El 23 estalló la crisis política como secuela de la caída de Reimundes, que constituía un punto de apoyo vital dentro del ejército para Frondizi. Salieron varios ministros y secretarios y entró el equipo Alsogaray en el gobierno.
En la última semana de junio se hizo insostenible la situación de Solanas Pacheco, por lo que fue reemplazado por el general Elbio Anaya. El secretario renunciante señaló en su dimisión las "graves dificultades" que debió afrontar y aludió al hecho de que habían "afectado profundamente" la autoridad y disciplina dentro del arma. Anaya entró en la secretaría de Guerra con mano dura. Algunos observadores se apresuraron a afirmar que la disciplina había terminado en el ejército y que también en este caso Frondizi había sacrificado a un secretario como medio que le permitió cierta desarticulación del golpismo activo.

MARINA Y EN SEGUIDA EJERCITO
Las actitudes manifestadas por el secretario de Marina, contralmirante Estévez, durante los acontecimientos que culminaron con las renuncias de Reimundes y Solanas Pacheco, considerados como de franco apoyo al Poder Ejecutivo, originaron el 12 de julio la iniciación de la crisis en los mandos navales. Altos jefes fueron sancionados en un primer momento por solicitar el reemplazo de Estévez.
El 18 el Presidente dirigió a los almirantes una carta en la cual manifestaba que no revelaría a Estévez, "no por su persona, sino por lo que significa como afianzamiento de la disciplina, ausente hoy en la mayoría de las instituciones del país, y por esa misma razón necesaria de preservar en las fuerzas armadas". Frondizi invocó además "viejas normas de disciplina naval, subordinadas a la decisión del superior que manda". La enérgica actitud presidencial mantúvose hasta la noche del 24 de julio en que Frondizi debió trasladarse personalmente al edificio de la secretaría de Marina para dar satisfacción a los requerimientos de los mandos navales alzados contra Estévez. El contraalmirante Gastón Clement llegó entonces como prudente sucesor.
Esa noche de julio el general Anaya, cuando se le preguntó sí se haría cargo interinamente de la secretaría de Marina, dio una respuesta que quedó como un símbolo de la situación que existía paralelamente en el ejército: "Apenas puedo con la mía... y ya me quieren dar otra".
Precisamente en esos días iniciaba su gestión como comandante en jefe del ejército el general Carlos Severo Toranzo Montero, quien comenzó a ordenar ciertos pases y designaciones que fueron considerados inadecuados por Frondizi. El 1º de septiembre el Presidente aprobó el relevo de Toranzo Montero, sustituido interinamente por el propio Anaya y después por el general Pedro Castiñeiras.
En ese momento la poderosa IV guarnición de Córdoba hizo sentir de nuevo su voz en forma imperativa y lo mismo hicieron sucesivamente la casi totalidad de las guarniciones.

TRIUNFO DEL COMANDO REBELDE
Anaya explicó la medida tomada contra Toranzo Montero en la noche del 3: "La Constitución y todas las leyes militares expresan terminantemente que para la designación de los altos mandos militares el comandante en jefe del ejército propone, el secretario de Guerra resuelve y el presidente de la República decreta. Estas disposiciones claras y terminantes no han querido respetarlas en este caso. No ha querido la revisión de sus disposiciones como principio. Esa es la única y exclusiva razón de su relevo".
También Anaya afirmó que aplicaría con la máxima energía todas las medidas de fuerza previstas por la ley a quienes no acataran las órdenes de la secretaría de Guerra. Los tanques salieron en apoyo de la tesitura presidencial en medida supervisada por el íntimo amigo de Frondizi y comandante en ese entonces de la guarnición de Campo de Mayo, general Julián García. Todo fue inútil. El respaldo obtenido por Toranzo Montero obligó al Presidente a ceder otra vez.
En estos episodios se presentó un cuadro muy distinto a los anteriores: se estuvo a punto de luchar, se habló de tregua y hubo un comando rebelde triunfante. Anaya se fue con una escueta renuncia, pero recalcó en ella que "quiso contribuir al afianzamiento del orden y la disciplina, notoriamente subvertidos", pero también aclaró que ese orden y disciplina "fueron malogrados por determinaciones ajenas a su voluntad". Sin duda Anaya se refería a la decisión de "no luchar" de Frondizi. Posteriormente sus amigos comentarían que el Presidente "temió" que el gobierno sucumbiera bajo la voluntad de las fuerzas que reprimieran a Toranzo Montero.
Sin embargo, pese a la consolidación de Toranzo Montero en el comando en jefe, Frondizi logró colocar en la secretaría de Guerra a un general que seguiría la línea ya evidenciada por sus antecesores: obedecería a las decisiones presidenciales. El general Rodolfo Larcher impartió sugestivas instrucciones al ejército poco después de asumir el cargo e hizo una advertencia: "Politizar al ejército significa el riesgo de que éste pretenda militarizar al gobierno. Para que este conjunto esté por encima de la política de partido sus integrantes también deberán estarlo". Por su parte, Toranzo Montero reiteró ante los cuadros, como lo había hecho anteriormente docenas de veces ante los periodistas, que durante los acontecimientos en ningún momento hubo intenciones de alterar el orden constitucional.

MAS PODER PARA TORANZO MONTERO
Cuando el 14 de marzo de 1960 el gobierno puso en vigencia el plan Conintes, en la totalidad de sus efectos por considerarlo necesario, según lo anunció, para reprimir los actos terroristas, Toranzo Montero asumió también la responsabilidad de dirigir directamente ese mecanismo. La aplicación del plan Conintes y la justicia militar en todo el país tuvo como inmediata consecuencia la investigación en Córdoba. De esta forma el 12 de mayo el ejército acusó al gobernador Arturo Zanicchelli de haber tenido contacto con terroristas, imputación que virtualmente provocó la intervención federal a esa provincia.
Casi simultáneamente con la aparición del plan Conintes, Toranzo Montero, en prolongadas exposiciones hechas a los altos mandos, había señalado que "a través de nombramientos y pases, el color actual del ejército es el mismo con que emergió de la Revolución Libertadora". También había aclarado: "En caso de catástrofe nacional o de acefalía política, el ejército podrá siempre asumir el control supremo del orden y aun el poder político si esto fuera una necesidad ineludible". Sin embargo, el comandante en jefe aclaró que el ejército "no puede abrigar la creencia de que el poder político le corresponde por derecho, pues, ello implicaría la usurpación del principio de la soberanía popular".
Paralelamente, los planes de reestructuración del ejército progresaron desde esa fecha, con el fin de dividir al país en seis zonas militares.

EL ENFRENTAMIENTO DIRECTO Y PUBLICO
A su vez, en su mensaje del 1º de mayo de 1960, Frondizi había afirmado que, "a pesar de todas las circunstancias e incitaciones, las fuerzas armadas han comprendido que el país sólo puede vivir y desarrollarse en la legalidad". Cuando el 13 de junio estalló el movimiento subversivo del general Fortunato Giovannoni en San Luis, que sólo tuvo seis horas de duración por carencia de apoyo efectivo, las fuentes gubernamentales se empeñaron en significar la verdad de lo afirmado por el Presidente en su segundo aniversario.
Tras el breve episodio de fricción entre las secretarías de Aeronáutica y Guerra por la compra de los aviones para el ejército, llegóse al 1º de septiembre, fecha en que comienza otra etapa de crisis en el arma terrestre. Al ser analizada ese día la situación nacional por los altos mandos bajo la presidencia de Toranzo Montero, se coincidió en la necesidad de proponer al Presidente soluciones "drásticas, urgentes y de fondo".
La situación pareció culminar con el memorándum presentado por Toranzo Montero a Frondizi, el 12 de octubre, previas exigencias verbales; presentaciones en que se corporizó por primera vez en forma documentada y pública, la crítica de una de las armas a la acción política, económica y social del gobierno. El Presidente recurrió entonces a un enfrentamiento también directo y público, denunciando la amenaza de golpe y afirmando que tomaría sus decisiones dentro de sus facultades constitucionales.
Nuevamente cayó un secretario de Guerra, mas, en esta oportunidad el renunciante adoptaría una posición combativa. Larcher identificó en Toranzo Montero a un oficial superior con "veleidades de futuro dictador". Se sucedieron el nombramiento del nuevo secretario, general Fraga, la constitución del tribunal de honor que, presidido por Aramburu, amonestó a Larcher y absolvió a Toranzo Montero; la violenta apelación de Larcher con nuevas acusaciones contra el comandante en jefe y, ya en noviembre, el nuevo enfrentamiento entre el gobierno y Toranzo Montero por vía parlamentaria.
El memorándum de Toranzo Montero, cuya satisfacción por parte del Presidente significaría algunos cambios fundamentales, aún parece seguir en pie. Como respuesta a ese documento lleno de exigencias, Frondizi produjo hasta ahora tres hechos: la declaración del 12 de octubre por la noche en que anuncióse que el gobierno se opondrá a la integración y a las maniobras peronistas y comunistas; la renovación del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y el mensaje del 23 de septiembre en que el jefe de Estado se declaró tan anti-maccarthysta como no comunista.

EPICENTRO DE LA CRISIS MILITAR
Al entrar el país en los últimos meses del tercer año de restauración del régimen constitucional, la situación en las fuerzas armadas acusa netos contrastes de arma a arma. A pesar de estimarse que en los cuadros de ejército, marina y aeronáutica existe un "vehemente anhelo de cambio profundo del panorama nacional", en el arma terrestre ese estado de ánimo se presenta más crítico.
También señálase al ejército como el arma más conmovida en sus cuadros desde el advenimiento de la Revolución Libertadora, durante cuyo gobierno alrededor de trescientos oficiales superiores, seiscientos jefes, cien oficiales subalternos y unos dos mil doscientos suboficiales pasaron a retiro. Ese número elevado de bajas del servicio activo unido a la reincorporación de muchos oficiales que revistaban desde hacía varios años en situación de retiro, son considerados hechos motivadores de continuos resentimientos y fricciones. Veteranos observadores castrenses consideran que, mientras no sea mitigado ese clima, al margen del andamiaje exterior de la crisis, las convulsiones intestinas seguirán perturbando al ejército.
El nuevo secretario de Guerra, general Rosendo Fraga, aspiraría a encauzar paulatinamente el arma dentro de su primigenia misión técnica, sin que por ello "deje de ser protagonista orgánico de la vida nacional".
En la marina se ha evidenciado una mayor cohesión entre sus cuadros, posteriormente al 1º de mayo de 1958. La crisis también existió en ella, pero con características más atenuadas y silenciosas que en el ejército: aunque durante la Revolución Libertadora hubo muchos pases a retiro, en ningún caso se reincorporó al servicio activo a oficiales que hacía ya varios años que se habían desvinculado del mismo.
En Aeronáutica los desplazamientos fueron quizás tan drásticos como en el ejército después de la caída de Perón y las posteriores crisis dejaron prácticamente agotada al arma, cuyos cuadros tratan de mantener a toda costa su unidad para evitar nuevos desmembramientos que hoy serían imposibles de superar.
Las crisis militares tienen por ello su epicentro en el ejército.