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pie de fotos
- El presidente y los mandos en Olivos, Suárez, Avalos, Romanelli, Onganía y Pita
-Vázquez, la primera víctima
-Cairó, no sirvió el Plan Lepra
-Armanini, brigadieres unidos
-Alsina, perdón presidencial
-Onganía, si tuviera una bola

 

—Lo siento, señores. Yo también esperaba otra cosa.
Así se despidió el Ministro de Defensa, Leopoldo Suárez, de los altos mandos militares que habían sostenido en la residencia de Olivos su primera entrevista formal con el Presidente de la Nación. Fue el sábado 12, y después de un frugal almuerzo hubo cinco horas de conversaciones. Nadie sabe, todavía, si Leopoldo Suárez se disculpaba o si, realmente, "esperaba otra cosa". Se sabe, en cambio, que los contertulios de Arturo Illia abandonaron Olivos con más decepción que al entrar.
El Ministro de Defensa delineó un horizonte menos escéptico ante los periodistas; "Se ha entablado un diálogo cordial y sumamente constructivo entre el señor Presidente y las Fuerzas Armadas", sintetizó. Junto a él y al doctor Illia se habían sentado los tres Secretarios (general Ignacio Avalos, de Guerra; vicealmirante Manuel A. Pita, de Marina; y brigadier Mario Romanelli, de Aeronáutica), los tres Comandantes en Jefe (teniente general Juan Carlos Onganía, contraalmirante Benigno Ignacio Várela, brigadier Carlos Conrado Armanini) y el jefe del Estado Mayor de Coordinación, brigadier Carlos Bertoglio.
Los mandos militares no concurrieron a Olivos con demasiadas esperanzas; la postura del gobierno ante la guerra dominicana quebró los pocos vínculos que ataban a las Fuerzas Armadas con el Poder Ejecutivo. Por otra parte, dos hechos importantes pesaban en el ánimo de las autoridades castrenses: 1) habían pasado 20 meses antes de que el Primer Magistrado se decidiera a platicar con los altos mandos; 2) Illia intentó disimular los alcances del cónclave —o minimizarlos— sugiriendo que los altos mandos lo invitaran a un almuerzo en Campo de Mayo (ver Nº 136).
No obstante, sería demasiado fácil atenerse a estos últimos episodios, o al peligroso relumbrón de la anécdota, o inclusive a la crisis desatada por los disturbios de Santo Domingo, para pulsar las actuales relaciones entre Gobierno y Fuerzas Armadas, hoy deterioradas al máximo. Los oficiales que el sábado 12 penetraron en la Residencia de Olivos eran el andante archivo de un año y medio de fricciones y descortesías.
Si el conflicto dominicano interpuso un peligroso témpano entre los cuarteles y la Casa Rosada, la verdadera historia comienza 20 meses atrás y es la historia hasta hoy no publicada de un enfrentamiento donde —por omisión, a veces, por convicción las más— el Gobierno llevó la ofensiva. Veinte meses que se amplían, porque ya al día siguiente de los comicios, el 8 de julio de 1963, señalado Arturo Illia por el voto directo y antes de ser consagrado por los Colegios Electorales, asomaron los primeros fuegos.

El "Plan Lepra"
Desde ese instante hasta el 12 de octubre, la trastienda de las negociaciones para formar el gabinete mostró algunos alarmantes indicios: trascendió, por ejemplo, que un sector de la UCRP postulaba al general Carlos Alberto Caro para Comandante en Jefe o Secretario de Guerra. En otras fuentes oficialistas se esgrimía este poco azul triunvirato: general Enrique Rauch (Guerra), brigadier Medardo Gallardo Valdez (Aeronáutica) y contraalmirante Raúl Lynch (Marina).
Por esos días llegó hasta los agitados despachos militares una inquietante noticia: en el hotel Savoy se echaban las bases de una conjura destinada a eliminar a los Comandantes en Jefe. Sus autores —jefes colorados y hombres de la UCRP que los acompañaron en numerosos golpes y conspiraciones— lo denominaron "Plan Lepra". El desplazamiento de los Comandantes significaba una revancha por setiembre de 1962 y abril de 1963.
Obviamente los jerarcas de la Unión Cívica Radical del Pueblo no las tenían todas consigo; la mayoría de sus corazones estaba de parte de los oficiales retirados, actitud afectiva que les hacía olvidar que los cuadros azules posibilitaron su acceso al poder. Apretados entre el pasado y el presente, intentaron congeniarlos; tarea peregrina, ya que se negaban a negociar con una de las partes o a ejercer una de las formas de la prudencia: la espera. Las heridas de abril estaban frescas.
El 12 de octubre, durante las ceremonias de asunción, altos jefes militares se encontraron en la Casa Rosada. "Decime, Lanusse, ¿quiénes son los secretarios?", preguntó el general Osiris Villegas a su colega Alejandro Lanusse. "Ni idea", respondió. Ninguno tenía contestación, luego de aguardar vanamente algún tipo de consulta del Poder Ejecutivo.
El 14, se anunció que al siguiente mediodía jurarían los nuevos Secretarios; sin embargo, sólo once horas antes quedó cubierta la cartera de Marina, cuando el Ministro Suárez llamó al hotel Savoy al vicealmirante Pita y le propuso el cargo. Una sorda lucha terminaba de librarse entonces; alcanzó su apogeo en torno de la figura del contraalmirante Lynch, que ya descontaba su nombramiento y fue duramente resistido por Puerto Belgrano.
El 15 entraron en funciones, por fin, el general Avalos, el vicealmirante Pita y el comodoro Martín Cairó, al frente de las Secretarías. Diez días más tarde, el Plan Lepra cobró su primera pieza: el 25 de octubre de 1983, Suárez anunció el relevo del contraalmirante Vázquez.
El vicealmirante Pita, sin aviso previo, comunicó a Vázquez; que, "por razones de mejor servicio, quedaba reemplazado". La Armada volvió a estremecerse; desde Puerto Belgrano se pidieron explicaciones y, ante el riesgo de mayores asperezas, se presionó para que sucediera a Vázquez el contraalmirante Varela. Entre tanto, el Ministro de Defensa aseveraba: "No hay ninguna inquietud." También el gobierno temió mayores complicaciones, y el Presidente Illia echó su firma al decreto 182, nombrando a Varela, quien asumió efectivamente el 29.
Poco después, el gobierno reanudaba las hostilidades. Al ingresar en la Secretaría de Aeronáutica, el comodoro Cairó encontró un consejo de brigadieres unido alrededor de Armanini (Cairó pasó sus primeros 15 días de gestión sin entrevistarse con Armanini, lo que se entendió como una tácita invitación al choque). Para quebrar esa hegemonía, proyectó ascender 17 comodoros a brigadieres; las estructuras de la Aeronáutica, fue el juicio de sus pares, no soportarían esas promociones.
Cairó —que como Avalos y Pita había sido propuesto por funcionarios del gobierno Illia y dirigentes de la UCRP— planteó la divergencia al Ministro Suárez; exigía, desde luego, la remoción de Armanini. Reeditar el caso Vázquez, a sólo dos meses de distancia, era poco sensato: Suárez decidió sondear la atmósfera, mientras eludía las sugerencias de algunos correligionarios que preconizaban el apuntalamiento de Cairó.
Armanini tampoco se quedó quieto. "Ahora soy yo, mañana les tocará a ustedes", filosofó ante jefes del Ejército. Cuando Suárez se entrevistó con el cuestionado comandante aéreo, Armanini contaba con el apoyo de su arma y la simpatía del Ejército; el Ministro de Defensa calculó que no podía accederse a la petición de Cairó, y así lo comunicó a Illia. El affaire se dilató, en tanto los titulares de Interior y Relaciones Exteriores intercedían en favor de Cairó, Suárez insistió: "Si no se logra la renuncia de Cairó me sentiré desautorizado", dijo.
A las 10 de la noche, el 31 de diciembre de 1963, arrancó el consentimiento para la dimisión de Cairó, un paso que se hizo efectivo el 1º de enero. Sin embargo, ése no era el final: la búsqueda de un nuevo Secretario desató otra puja en el gobierno; el 18 de febrero —plazo exagerado para cubrir un cargo de tanto nivel— juró el brigadier Mario Romanelli, recibido sin resistencia. El Plan Lepra no había surtido efecto en su segundo paso; se supuso que el tercero jamás se intentaría (eliminación de Onganía), pero no faltó ocasión para actualizarlo.

Los 400 golpes
La lista de desencuentros entre Gobierno y Fuerzas Armadas, o de meras agresiones (lo que los mandos denominan "subalternización"), se concreta en 12 acontecimientos clave:
• El 28 de octubre de 1963 se encargó la dirección de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) al brigadier Medardo Gallardo Valdez, un sanjuanino de orientación colorada que fue Interventor en Córdoba desde 1955 a 1958 (Juan Palmero desempeñó el Ministerio de Gobierno en su gabinete). Gallardo Valdez eligió como su segundo al coronel Manuel Martínez, oficial que integró el bando colorado en los sucesos de abril. Los dos funcionarios erradicaron a los azules de la SIDE y favorecieron el repentino encumbramiento del capitán de navío Antonio Revuelto, también colorado, en la agencia noticiosa Telam, vocera de la SIDE.
• Maniobras similares se cumplieron en Coordinación Federal y Policía Federal, organismos dependientes de Interior. De la noche a la mañana, el teniente coronel Pascual Sebastián Ulla (emparentado con Palmero) fue puesto a la cabeza de Coordinación; la sorpresa llevó al teniente coronel Samuel A. Cáceres, director de la entidad, a entregar las llaves al Ministro. En cuanto a la Policía, descontaban los mandos que se cumplirían las disposiciones según las cuales corresponde la jefatura a un oficial superior de las FF. AA. Se aceptó la renuncia del coronel Carlos Muzio y el subjefe, Inspector General Nicolás J. Rodríguez, asumió interinamente la jefatura. Hasta hoy, esa situación no se modificó.
• Otro desplante se produjo al cambiar de manos el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART), porque no se dio cabida al obligatorio representante de las Fuerzas Armadas.
• En febrero de 1964, contrariando frescas declaraciones del Ministro del Interior, el Subsecretario de Defensa proclamaba las necesidades de proscribir al peronismo. Hernán Cortés, que jamás fue visto con buenos ojos por las Fuerzas Armadas, había decidido no ocultar sus sentimientos colorados. Se aguardó en vano su renuncia, pues la gaffe era enorme. 
• El Ministro de Defensa y su colega de Economía, el doctor Eugenio Blanco, advierten que los hermana un mismo obstáculo: las Secretarías tienen tanto o más peso que ellos. Se esboza, así, la reforma de la Ley de Ministerios encaminada a suprimir las Secretarías. "No puedo siquiera arrestar a un sargento", se quejaba Suárez, que expuso sus ideas ante los consternados mandos. Modificada la Ley, los Ministros concentrarían todo el poder, servidos por simples Subsecretarías. A pesar del ardor descargado por Suárez en su explicación, las FF.AA. vieron en esa tentativa —todavía no enviada al Parlamento— lo que es: una espada de Damocles que, no bien aprobada, politizará a las Fuerzas Armadas.
• El 14 de abril de 1964, el general Jorge Alvarez Spence renunció como Secretario General del Ministerio de Defensa, cargo que ejercía desde noviembre de 1962. En la Casa Rosada se mencionó, para sucederlo, al coronel Gustavo Eppens (colorado). Hasta hoy, sin embargo, esas funciones están vacantes, a pesar de la insistencia de los mandos en que sean cubiertas, "Tan poco les interesan las Fuerzas Armadas —protestaba un oficial de Aeronáutica— que no se preocupan por que tengan su delegado en el Ministerio."
• En mayo del 64, frustrados sus anhelos de regresar a la actividad, los sectores colorados inundaron el país de versiones y rumores sobre "el golpe de Estado de los generales Lanusse y Osiris Villegas". La campaña perseguía dos fines: 1) que el gobierno abogara por las reincorporaciones, para "tener amigos" en las Fuerzas Armadas, capaces de contrarrestar una rebelión; 2) desacreditar a los mandos azules. Al mismo tiempo, el matutino oficialista Pregón lanzaba indirectos ataques contra Onganía. La SIDE y Telam, concluyeron los jefes castrenses, fueron los canales por donde corrió la ofensiva. Más tarde, las mismas radios oficiales se sumarían a la sibilina tarea de desprestigio. Como respuesta, las Fuerzas Armadas no sólo denuncian a Suárez la agresiva acción psicológica; se preocupan por refirmar una vez más sus principios legalistas.
El discurso de Onganía en West Point (Estados Unidos), el 6 de agosto, ante sus colegas de toda América, se inscribió en la misma línea: "La subordinación [de las FF.AA.] es debida a la autoridad del gobierno, en cuanto ésta emana de la soberanía popular... El acatamiento es debido y referido, en última instancia, a la Constitución y a las leyes —señaló el Comandante del Ejército—, nunca a los hombres o a los partidos políticos que circunstancialmente pudiesen detentar el poder público."
• En octubre de 1964, el jefe de la guarnición de Resistencia, teniente coronel Jorge Castro Madero, mandó retirar un busto de Eva Perón que jóvenes partidarios del justicialismo habían emplazado en la calle. Fue el prólogo de un escándalo, de un río de reacciones; el gobierno resolvió mantener su acostumbrado silencio, aunque alentó en secreto la posibilidad de que la Cámara de Diputados votara una reprimenda contra Castro Madero, por desacato. El Poder Ejecutivo especuló con los dos beneficios que podía obtener: 1) que las Fuerzas Armadas —el Ejército, en este caso—chocaran con el peronismo, si respaldaban a Castro Madero; 2) que el peronismo frenara sus ímpetus bélicos y hasta la Operación Retorno, entonces en plena ebullición, al comprobar que las Fuerzas Armadas no le eran adictas. Algo más ganaba Illia: que otros, no él, se pronunciaran acerca de un tema tan electrizante como la ubicación del peronismo en la vida nacional. El 25 de octubre, en Bahía Blanca, los periodistas preguntaron a Onganía sobre el episodio de Resistencia: "Lo que ha sucedido en la guarnición militar Resistencia es de responsabilidad del Comandante en Jefe. Sus componentes no han hecho otra cosa que cumplir sus instrucciones", sentenció.
• El 17 de diciembre de 1964, el Presidente convirtió en amonestación el fallo del Tribunal Superior de Honor de las FF, AA. que pedía la destitución y baja, prohibición de uso de grado y uniforme, y arresto, para el brigadier Cayo Antonio Alsina (por una violenta carta que envió al Presidente Guido en setiembre del 63; un año antes, Alsina resistió su reemplazo como Comandante en Jefe y originó una crisis con aprestos bélicos, dentro de su arma). Es norma que los Presidentes acepten o desechen estos veredictos, no que los cambien. La actitud de Illia —que demoró su decisión durante 5 meses— se sumó a las irritaciones.

Piedra de escándalo
De allí en adelante, los sucesos se precipitan vertiginosamente; las cartas del general Enrique Rauch (fueron tres y se divulgaron el 17, 21 y 22 de diciembre de 1964), en cuya gestación quiso verse la influencia de sectores oficialistas adictos al coloradismo, buscaron mellar a Onganía; el reemplazo del general Carlos Jorge Rosas, solicitado por el Comandante en Jefe, puso a prueba al gobierno: Illia tardó 24 horas en descubrir que era en extremo peligroso aceptar las presiones de sus amigos y colaboradores y no acceder al pedido de Onganía, salvando en cambio a Rosas.
Un índice del clima imperante lo brinda este detalle: el 22 de diciembre, por la tarde, el Ministro Suárez anunció que el Presidente había firmado a las 14.15 el decreto de reemplazo de Rosas; pero el decreto fue suscripto recién a las 17.30. Los jirones del Plan Lepra se agitaron detrás de este acontecimiento; la demora del Poder Ejecutivo, la defensa de Rosas entonada por jerarcas de la UCRP, constituían un ataque contra Onganía. Claro que el arma del ataque era un boomerang: si el gobierno se deshacía de Onganía, ¿mantendría su propia estabilidad? Según Alvaro Alsogaray, ese 22 de diciembre el PE estuvo a punto de caer.
Los ascensos de fin de año fueron aceptados por el Presidente y el Senado, ocho horas antes de la ceremonia de entrega de sables que los simboliza; pero el Poder Ejecutivo incluyó dos nombres, por su cuenta, en las promociones a generales de división: Caro y Villegas. El siguiente motivo de fricción lo proporcionan los sueldos, que Leopoldo Suárez prometió ajustar y elevar no bien pasaran las elecciones del 14 de marzo. Fue un arduo conflicto, de dilatada tramitación, zanjado sin el pláceme de los interesados: los aumentos, por fin, comenzaron a regir desde el 19 de mayo pasado, aunque a fin de mes sólo se cobró el 60 por ciento del 40 por ciento convenido (un incremento práctico del 23 por ciento). Y antes de que sobreviniera el problema dominicano, los mandos de Ejército se enteraban de que el Canciller ofrecía al general Rosas la Embajada en Brasil, una manera de perpetuarlo en la actividad e impedir que la Secretaría de Guerra pudiera pasarlo a retiro.
En cuanto al caso Santo Domingo, "es el más alevoso manoseo del gobierno", lo calificó un alto oficial. Como es notorio, el descontento de los militares proviene no sólo de la indecisión sobre el envío de tropas o de la supremacía alcanzada por Brasil (uno de cuyos generales comanda la Fuerza Interamericana). Sucede que el PE pidió opinión a las FF. AA., las FF. AA. la entregaron y el PE la despreció.
"Después de lo de Santo Domingo, difícilmente haya un militar en actividad con fe en el gobierno", resumió un general. Y es cierto: los altos mandos reconocen que todos los puentes de contacto quedaron destruidos y que la crónica de sus relaciones con el Poder Ejecutivo debe dividirse en antes y después de Santo Domingo. Toda esperanza, toda simpatía, se evaporó; la frialdad y la inquietud las sustituyeron.

Horizonte de críticas
Así llegaron las autoridades castrenses a Olivos, el 12 de este mes. El vacío no se restañó en las 5 horas de conversaciones, y como si hubiera pocos motivos de desgaste, el mismo 12, no bien retirados los jefes militares, el Presidente Illia recibía al teniente general Arturo Ossorio Arana y al Canciller: era para proponerle la Embajada en Paraguay. El ex Ministro de Guerra declinó la oferta "porque no se ha resuelto la situación de los oficiales retirados y yo me siento, en parte, responsable, porque los alenté".
—Le pido que medite y acepte —habría contestado Illia—. Nosotros también los alentamos, pero tenemos el deber de gobernar y lo hacemos, pese a esa y otras situaciones.
Si, como simbolizó un militar la semana pasada, es cierto que "dejamos al gobierno librado a su propia suerte", no es menos cierto que las Fuerzas Armadas seguirán observando con sensible atención todos los pasos del Poder Ejecutivo. Quizá logren, así, actualizar y asentar el balance de críticas que formulan a la Administración Illia, balance que no incluye —al menos no se sabe que incluya— una sola cuenta positiva.
Este es un resumen de las principales objeciones:
• La conducción económica. Subsisten todos los defectos y vicios que hallaron los gobernantes, al asumir el 12 de octubre de 1963.
• El "gobierno paralelo". Excesiva gravitación de Balbín y el partido.
• Falta de conducción política en los órdenes interno e internacional. Santo Domingo es el mejor ejemplo del último rubro; del primero, recuerdan las actitudes "inhábiles" del gobierno ante el Plan de Lucha de la CGT, la Operación Retorno (es obvio que las FF. AA. se oponen al regreso de Perón), o las sinuosidades en el manejo de la cuestión peronista; y, además, el revés de marzo.
• Inercia legislativa.
• Divisiones en el elenco ejecutivo y en la UCRP, con sus desagradables reflejos en las sucesivas crisis provinciales, o la reciente "rebelión" de los Senadores.
• El antinorteamericanismo de ciertos funcionarios importantes.
• El control de las radios y la televisión.
• Los cargos sin cubrir.
• El deficiente Servicio Exterior de la Nación (o "turismo estatal", como algunos lo llaman, burlonamente).
• La "demagogia petrolera". Si los altos mandos no aprueban la política de Arturo Frondizi, tampoco lo hacen con la de Arturo Illia.
• Improvisación y falta de organicidad y planeamiento en la acción de gobierno. "El Poder Ejecutivo cumple una función partidista, no nacional", sostienen.
• Falta de decoro. Se refieren a los vaivenes y capitulaciones de miembros del gabinete, las renuncias que debieron presentarse y no se presentaron, las mezquindades de comité.
• Tratamiento dado a las Fuerzas Armadas.
Uno de los símbolos de ese tratamiento es el Ministro de Defensa; el 16 de octubre de 1963, formuló ante los periodistas una de sus típicas expresiones de deseo: "Aquí se acabaron los problemas desde el 7 de julio", pronosticó, refiriéndose a las Fuerzas Armadas, que entonces compartían igual anhelo.
Pero el tiempo y la conducta del gobierno disolvieron los buenos augurios de Suárez; él mismo, considerado con cierto beneplácito por los mandos, durante algunos meses, hoy sólo obtiene el respeto jerárquico de los militares: al cabo de veinte meses de desgastes y vacilaciones, terminó deteriorado.
La conducta del gobierno, además, fructificó en otro de los poderes, el legislativo; ya en octubre de 1963, un diputado de la UCRP —Eduardo H. Vacarezza— se sumó a la guerra contra el equipo azul al presentar el primer proyecto concreto sobre reincorporación de oficiales colorados. Legisladores de otros seis partidos lo imitaron, pero ninguna de esas iniciativas prosperó (hay, inclusive, una elevada al Senado). No obstante, un año después de la asunción de Illia, volvió a la carga su correligionario Juan Antonio Fiol, diputado por Córdoba y ex funcionario de la Intervención Gallardo Valdez. A pesar de los rápidos esfuerzos de Fiol, el proyecto también naufragó.
Suárez había ido muy lejos en su profecía: los problemas no concluyeron el 7 de julio.

Urnas y armas
A pesar de todo, desde los mayores niveles (Illia, Perette, Suárez) se insiste en que la paz y la confianza mutua reinan entre gobierno y Fuerzas
Armadas, quizá porque arrecian los rumores sobre sediciones y conjuras, con un volumen jamás experimentado por la actual Administración. Se trata de un fenómeno que el columnista Mariano Grondona analiza en la página 7: las versiones crecen no sólo porque crece el enfrentamiento Gobierno-Fuerzas Armadas sino, también, porque el descontento invade a otros significativos sectores de la Argentina.
Que el Poder Ejecutivo se alarma por esta atmósfera "golpista" es más que evidente; menos evidentes son las soluciones que procura. Sin dejar de anotar que dentro de la UCRP hay quienes postulan precisamente lo contrario, es decir, excitar el golpe; quizá en 1967, la UCRP sea vencida nuevamente por el peronismo —piensan—, y entonces más vale el desalojo por la fuerza de las armas que por la fuerza de las urnas.
Es lo que sostiene un documento enviado desde el bloque de Senadores oficialistas al Presidente Illia, y que todavía asombra a los mandos militares (ver Nº 136). Los comicios del 67 sumen al gobierno en el temor; con la vista puesta en ellos, el P.E. manejó el caso dominicano.
El pasado lunes 9, un periodista del diario Tribuna, de Olavarría, Buenos Aires, mantuvo este diálogo con el general Onganía, en visita de inspección por la zona:
—¿Habrá elecciones en 1967 o golpe de Estado?
—Le contestaría si tuviera una bola de cristal...
A falta del mágico implemento, las Fuerzas Armadas estudian el panorama. La semana última, mientras la calle inventaba no menos de seis revoluciones listas para estallar, los sondeos practicados por Primera Plana revelaron que en superficie no hay inminencia de golpe. Más aún: algunas fuentes consultadas repitieron que si el gobierno sale del atolladero será mejor para las propias Fuerzas Armadas.
Un oficial de Aeronáutica acudió a una metáfora: "En cada viaje, el piloto pasa por el 'período crítico de vuelo'; es cuando decide si debe continuar o regresar. Si decide continuar, no puede volver atrás y viceversa. Nosotros estamos, ahora, en el período crítico de vuelo." ¿Y el instante de la decisión? "Nadie quiso fijarle fecha".
Sin embargo, si no surge algún inesperado detonante, los resultados del 67 tienen que ver con el "período crítico de vuelo". Estiman los militares que triunfará el peronismo y que el gobierno, de no encontrar una salida coherente, quizá anule los comicios o interponga proscripciones previas. Si se anulan, la historia argentina regresará a marzo de 1962; si hay proscripciones, a 1955, Y los militares esperan que los acontecimientos no los lleven a 1930, 1943, 1955 o 1962, pues "es el país el que retorna hacia atrás".
Los críticos de las Fuerzas Armadas suelen decir que si el equipo azul derribara al doctor Illia, ese acto entrañaría el fracaso del legalismo. Los mandos responden que hay fracaso cuando hay accionar, pero que las Fuerzas Armadas no tuvieron participación —ni tienen— en el actual gobierno. Los comunicados 150 y 200, bases de su filosofía, señalan que debe haber "incidencia" de las FF. AA. en el gobierno, en cuanto a los objetivos nacionales.
Lógicamente —explican—, esta incidencia deben desarrollarla los Secretarios, ya que los Comandantes en Jefe quedan al margen. Pero los Secretarios militares no interpretan a sus respectivas armas, una incomunicación nacida de su inconsulto nombramiento. Los Secretarios se convierten, así, en figuras decorativas, que no viven las ansias y el proceso de sus pares. Si el fracaso existe, entonces es del gobierno.
Trece años separaron la revolución que derrocó a Yrigoyen de la que acabó con Castillo; doce corrieron entre esta última y la que destronó a Perón; seis y medio desde ésta a la que eliminó a Frondizi. Los plazos fueron acortándose: ¿será una circunstancia fortuita o una ley? 


Revista Primera Plana
22 de junio de 1965