Revista Siete Días Ilustrados
17.03.1969 |
Los 25 mil habitantes de Bella Vista constituyen un inquietante foco
de tensiones. ¿Un pueblo que está condenado a desaparecer?
El sábado 8, un enfurecido grupo de manifestantes, poblado por
mujeres y niños, se apostó en las vías del ferrocarril Belgrano, en
las cercanías de la población tucumana de Bella Vista, con la
intención de dejarse aplastar por el primer convoy que pasara por el
lugar. Todos vieron llegar a los trenes (primero uno de carga,
después otro de pasajeros) con absoluta serenidad: la angustia
corrió por cuenta de los maquinistas, quienes casi no tuvieron
tiempo de accionar los frenos, según declararon después. Finalmente,
la muchedumbre se dispersó al ser informada por el abogado Roberto
Valero de que se estaba tramitando la libertad de cuatro fogosos
oradores apresados por la policía la noche anterior, cuando
intentaban realizar un acto relámpago en las escalinatas de la Casa
de Gobierno provincial.
La justicia, tal vez apremiada por una situación que podía
complicarse aún más, redujo a unas pocas horas la pena de prisión
por 30 días que había impuesto a los cuatro revoltosos el jefe de
policía local.
Idéntica disposición contemporizadora exhibió el titular de la
Dirección Nacional del Azúcar, Guillermo Raúl Aréchaga, quien,
veinticuatro horas después, consiguió que la insurrecta población de
Bella Vista suspendiera una "Marcha sobre Tucumán", prevista para el
jueves 13, que amenazaba convertirse en la manifestación masiva más
grave —y posiblemente más sangrienta— que hubiera tenido que
soportar el gobierno actual. La solución ofrecida por Aréchaga,
sorprendentemente aprobada por unanimidad, es típica de la ideología
dominante: se constituirá una sociedad formada por los "sectores de
la comunidad" de Bella Vista, para efectuar la molienda de este año;
el gobierno prometió financiar el proceso y entregar los cupos
correspondientes.
"Esa no es una solución factible —advirtió a SIETE DIAS el
secretario local de la CGT de Paseo Colón, Benito Romano—. No es
fácil estructurar una empresa con factores tan disímiles como los
que integran la comunidad de Bella Vista; tampoco es posible
conseguir, a esta altura, la caña suficiente para realizar una
molienda económica, pues la mayoría de los cañeros deben haber
comprometido ya sus cupos con otras plantas fabriles."
Por esa causa, el peronista de izquierda Romano —uno de los pocos
que aún acompañan al rebelde Raimundo Ongaro— no está convencido de
que la decisión de suspender la marcha haya sido adecuada. De
cualquier modo, la Coordinadora Intersindical de Defensa (otro
organismo obrero de emergencia, formado por los sindicatos de los
ingenios cerrados) ratificó la decisión de cumplir el jueves 13 una
"jornada de protesta" junto con delegaciones chaqueñas y
santafecinas afectadas por el mismo problema. Pero Miguel Lazarte,
secretario de la Federación Obrera Tucumana de la Industria
Azucarera (FOTIA), optó a último momento por "mantener unida a la
comunidad en un proceso sin divisiones, fortaleciendo el movimiento
hasta el final", según declaró a SIETE DIAS.
VIAJE DE UN LARGO DÍA HACIA LA NOCHE
Más allá de las diferencias surgidas entre los rebeldes —se perfilan
dos líneas: una blanda, que hasta ahora se impone, y otra
intransigente—, el caso Bella Vista se ofrece como modelo para
estudiar uno de los rostros más representativos del interior: el
ilusorio desarrollo de una empresa humana de proporciones, sin
sustentación económica sólida.
Desde los fundadores inmigrantes hasta los elegantes que
incursionaron en los salones de la high society, pasando por los
escaños parlamentarios y por desmayadas obras de coqueta
beneficencia, la industria azucarera tucumana sucumbió ante los
mandobles de una realidad inexorable y, tal vez, de una política
improvisada.
Irónicamente llamado Bella Vista, el pueblo que ahora está al borde
de la extinción se forjó hacia 1882 en torno al ingenio azucarero
fundado por los españoles José y Manuel García Fernández. En algunas
épocas campeó una cierta prosperidad; entonces se erigieron
alrededor de 200 comercios, 30 talleres, pequeñas fábricas y 18
establecimientos de enseñanza primaria y secundaria; 25 mil
tucumanos se aposentaron en la comarca.
El flagelo de la superproducción, posiblemente la inconsciencia del
despilfarro perpetrado en tiempos mejores, y el chaleco inexorable
del monocultivo, fueron carcomiendo paulatinamente la salud
económica del ingenio. Cuando el grupo Gettas-Fiad asumió su
conducción, entre 1966 y 1967, muchos creyeron que el potencial
financiero de los nuevos dueños aseguraba un regreso a la
prosperidad. Pronto se disiparon talas esperanzas e, inclusive,
despuntó el escándalo: el contador Humberto Medina, por entonces
subdelegado en Tucumán de la Dirección General Impositiva, acusó al
ex gobernador Fernando Aliaga García de haber recibido 70 millones
de pesos para aprobar el convenio con Gettas-Fiad.
Sin embargo, antes de que la clausura del ingenio fuera una amenaza
concreta, los presuntos favoritos del ex gobernador entregaron dos
mil hectáreas de tierra óptima a 150 familias de ex trabajadores del
ingenio, a un precio de venta calculado en la mitad del establecido
por la valuación fiscal; este paliativo se llamó Cooperativa de
Campo Herrera y llegó a entusiasmar al presidente Juan Carlos
Onganía.
Tal vez esa concesión de Gettas-Fiad haya sido el primer paso del
grupo para abandonar el ingenio. El 29 de enero, mientras toda la
población se insubordinaba, el paquete accionario fue entregado al
Estado, a quien se le concedió el derecho a votar y resolver en las
asambleas de la empresa. Esta operación, calificada de "espectacular
juego de diplomacia financiera" por los sectores económicos
tucumanos, no impidió que la heterogénea Comisión Pro Defensa de
Bella Vista, integrada por obreros, comerciantes, profesionales y
políticos, iniciara, bajo el comando del sacerdote Francisco
Albornoz, una intensa campaña de protesta, que debía culminar con la
marcha del jueves 13 y que conmovió a la provincia durante los
últimos dos meses.
LOS SACERDOTES PECADORES
La comisión contó con el apoyo masivo de los pobladores de Bella
Vista, azotados no sólo por la falta de trabajo sino también por
peligrosos brotes de enfermedades endémicas, que obligaron a la
movilización sanitaria del gobierno de la provincia. Como último
recurso, las familias decidieron no enviar sus hijos a la escuela:
"La educación no sirve —declararon— si se forma a los niños en la
miseria". Es posible que estas actitudes de protesta pasiva, casi
gandhianas, esgrimidas después de la suspensión de la marcha, hayan
sido elegidas por consejo del grupo de sacerdotes que desde el
principio asumió la conducción del proceso. Trece de ellos, erigidos
en lo que se dio en llamar "decanato de la FOTIA", se
autodenominaron "testigos del sufrimiento de millares de nuestros
hermanos, víctimas del actual sistema económico" y se identificaron
abiertamente con "todos aquellos que luchan por la liberación
integral del hombre, que posibilite el rompimiento de las ataduras
que impiden su plena realización y que configuran una situación de
pecado".
A fines de la semana pasada, cuando se conoció una resolución de la
jerarquía eclesiástica, los habitantes de Bella Vista se preguntaban
quiénes son en realidad los pecadores: el párroco de San Pablo, Raúl
Sánchez, uno de los inspiradores del grupo, fue enviado a un
cursillo de ocho meses que se dictará en Ecuador. La noticia no sólo
sembró el desconcierto: uno de los integrantes de la comisión confió
a SIETE DIAS que el cura Sánchez "era demasiado molesto para el
gobierno y había que sacarlo". Es posible que, a partir de ahora,
los curas tucumanos reingresen a las catacumbas conspirativas,
similares a las surgidas en los orígenes del cristianismo, y que no
se preocupen demasiado por pacificar a sus coterráneos.
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