Mágicas Ruinas
crónicas del siglo pasado

En la última, quincena, dos medidas oficiales generaban sendas declaraciones de guerra por parte del sector obrero. En principio, la CGT vandorista, que postulaba una audiencia con Onganía, al verse desairada respondió con una áspera proclama: "El único camino que nos queda —bramaron, el miércoles 14, los jerarcas de Azopardo 802— es el de la acción, y no será rehuido por nosotros".
En segundo término, la central rebelde, acuciada por varios procesos judiciales que le endilgan el cargo de incitar al crimen, aprobó, en la madrugada del sábado 19, su demorado plan de efectuar actos "relámpago", en los barrios industriales, para agitar a la opinión contra el Gobierno (Nº 294). Que ambas decisiones belicosas lleguen a concretarse y que, en tal caso, logren conmover al régimen, es algo dudoso; bastan, sin embargo, para probar el fracaso del "sindicalismo de participación", que existe sólo en los discursos de los altos funcionarios.
En adelante, habrá dos grupos de sindicatos opositores; para controlarlos, a principios de la semana pasada surgía, en una versión, la táctica del Gobierno consiste en intervenir, hacia octubre, todos los gremios, o declararlos en estado de asamblea "para que las bases derriben a los dirigentes corruptos", dijeron las fuentes oficialistas.
Sí alguien no se explica la malquerencia de la Casa Rosada hacia el vandorismo —un sector potencialmente adicto a ella— deberá remitirse al propio Onganía: según sus íntimos, él desdeña a Augusto Vandor, más aún que a los socios de éste, y busca derribarlo de su crujiente sitial.
Más cauta, quizá, la Secretaría de Trabajo observa a los partidarios de un reemplazo en el campo obrero, que el estado de asamblea y la elección de nuevas autoridades gremiales puede
traer aparejado —aun cuando se opere la necesaria depuración de los padrones— un triunfo arrasador de los rebeldes, adictos a Raimundo Ongaro.
Claro está que los defensores de la intervención (fácilmente detectantes entre los émulos de Adalbert Krieger Vasena) no piensan en realizar otros comicios hasta el día siguiente al éxito total del plan económico: en tanto, bien pueden los sindicatos estar bajo la égida de interventores, o curadores surgidos de sus mismas filas.
Algo de esto ocurre ya en la sometida Unión Ferroviaria; no obstante, en círculos que frecuenta el Secretario de Trabajo, Rubens San Sebastián, se menciona otro procedimiento —el de la transacción— para actualizar, a sabor del Gobierno, las entidades obreras. Es ésta: hacia fines de año, Onganía recibirá a los caudillos laborales más adictos y les anunciará el comienzo de la "etapa social"; en cifras, un 15 por ciento de alzas en los salarios, o tal vez la institución de dos aguinaldos sin modificar los sueldos actuales.
Amparado en la euforia consiguiente, el Jefe del Estado les reprocharía a los jefes obreros sus rencillas y el empecinamiento con que insisten en la actividad política. La solución presidencial: que los líderes permitan el acceso de interventores en sus organizaciones, para realizar comicios de los cuales surja una sola CGT de sabor "profesional". Para justificar su intromisión, la Secretaría de Trabajo exhibe un cálculo de hierro: hay cerca de ocho millones y medio de personas en actividad y sólo un millón de ellas está sindicado.

Inmóviles y móviles
Si es cierto que los gremios no son representativos, también es verdad que el Gobierno necesita una tregua laboral (y está dispuesto a obtenerla) para reformar, al menos, la ley de Despidos y el sistema previsional; ya se estudian estas modificaciones pero, como es habitual, existen discrepancias: 
• En torno al primer asunto —regido hoy por la Ley 11729—, el ala "nacionalista" del Gobierno postula que las empresas inmovilicen aquel sector del capital circulante asignado por lo común a "reservas por despido"; esas sumas deben estar a disposición de los inspectores de la Secretaría de Trabajo. También proponen un mecanismo para impedir cesantías "injustas": sólo la admitirían en los casos de indisciplina o de ausencia de producción. La última hipótesis contempla el reintegro al trabajo del operario separado, cuando la compañía vuelva a su ritmo normal.
• Como es lógico, el libre empresista Krieger Vasena, sentado en el Ministerio de Economía, se opone a inmovilizar ese dinero en el giro normal de cada firma. Él insiste en la creación, a nivel nacional, de un fondo de desempleo, como el que ya rige en el rubro de la construcción. Así, el parado contaría con un subsidio temporario y su patrón no tendría que dar cuenta a nadie de la causa del despido.
"El sistema asegura la movilidad de la mano de obra, que debe ser paralela a la del capital", observan los exegetas de Krieger Vasena. Además, ellos pretenden que los empresarios coticen el dinero para el Fondo junto con la cuota del aporte jubilatorio patronal, a la que se sumaría, más adelante, la tasa que los obreros depositan hoy en las obras sociales sindicales. También Economía intenta unificar estas tres prestaciones en un solo recaudador; la Dirección General Impositiva, hoy en vías de reorganización.
Por lo pronto, la iniciativa liberal merece la oposición de Alfredo Cousido, el "nacionalista" Secretario de Seguridad Social, que no quisiera ver allanadas las Cajas de Jubilación. Sospecha que, en poder de la Secretaría de Hacienda, los ingresos previsionales podrían malograrse, y terminar enjugando algún déficit presupuestario. A trueque de conservar para sí la administración de esos dineros, Cousido ofrece a la DGI el padrón dé contribuyentes levantado en abril de 1967, cuando se estableció la última moratoria previsional. Ocurre que buena parte de los patrones cotizantes de aportes jubilatorios eluden el pago de impuestos: la lista bastaría para atraparlos en las redes de Raúl Cuello, el Director General de Impositiva.
Además, los técnicos al mando de Cousido proponen un arbitrio para aumentar los jornales sin crear moneda: incrementarán el salario familiar de cada obrero en un 35 por ciento y descongelarán en 5 puntos los aportes patronales a las Cajas, como ya ocurrió a fines del ejercicio pasado con las cuotas obreras. Esa porción sería entregada a los trabajadores en forma de salarios; y el presunto desequilibrio para las Cajas, paliado con una mayor cosecha de fondos en el ramo de independientes: artesanos, profesionales y directivos de empresa.
Nadie duda que Seguridad Social es una presa deseable para Economía, pero no hay garantías de que Bienestar Social entregue esa bolsa fácilmente; en cambio, podría existir un acuerdo entre Conrado Bauer y Krieger Vasena para absorber las obras sociales de los sindicatos. Teóricamente, el Ministro de Bienestar aboga por la coordinación del anárquico servicio hospitalario nacional: intenta evitar la superposición de esfuerzos, porque en ciertas ciudades existen sanatorios de la Nación junto a clínicas provinciales o municipales y consultorios de los gremios, que trabajan divorciados, a mediana capacidad y altos costos.
¿No sería más práctico —se preguntan los asesores de Bauer— fortificar uno de esos institutos y suprimir los demás, para volcar en zonas huérfanas de atención médica los fondos que ellas devoran? Por supuesto, una reforma de este tipo exige el asentimiento de cada, entidad privada (sindicato, mutualidad): los técnicos de Bienestar Social creen poder obtenerlo en conversaciones con el gremialismo; al cabo formarían una junta central hospitalaria, regida por el Gobierno y los dirigentes sindicales.
De todas maneras, los técnicos son ingenuos: ya Juan José Taccone, el más oficialista de los jerarcas, se proclamó defensor de la autonomía de los servicios sociales obreros. Que las cuotas sanitarias dejen de pasar por los sindicatos, sería un golpe mortal para sus caudillos; que ese dinero se una al aporte jubilatorio y a un fondo de desempleo en una sola contribución, segaría las aspiraciones de los gremialistas a coadministrar el ingreso: serán los primeros en oponerse.
Las dificultades de Bienestar para engarzar a los consultorios gremiales, los deseos de Economía para hacerse de las cuotas obreras, permiten suponer que, sin embargo, la reforma se pondrá en marcha, junto con los arreglos al sistema tributario: para neutralizar las protestas sindicales, el Gobierno necesita enmudecer a estas organizaciones. Tal es el origen de los rumores de intervención que se escucharon en la última semana.
Más fácil hubiera sido imponer cambios si el Gobierno, desdeñando sus escrúpulos populistas, hubiese avasallado a los gremios el 29 de junio de 1966: así lo aconsejaban (y lo hacen todavía) algunos generales. En el plano del trabajo, los dos años pasados en dilaciones sirvieron, no obstante, para despertar al Gobierno de una fantasía: la del "participacionismo" obrero, un apoyo que se desea sin condiciones, aunque no case con la ideología liberal enunciada en el Anexo 3 del acta revolucionaria. 
PRIMERA PLANA
27 de agosto de 1968

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