Revista Periscopio
01.09.1970 |
¡Once balas, once balas de revólver! Tres en el parietal derecho,
tres en el oído, cinco en la espalda. "Creí que eran cohetes o una
ametralladora —dice el panadero José da Silva—. Los tiros resonaron
seguidos, ni siquiera pude contarlos." La autopsia revelaba, más
tarde, esa insólita cifra que exterminó la vida de José Alonso.
Fue el jueves 27 por la mañana.
Enrique Ramón Micó, secretario adjunto de SOIVA (Sindicato Obreros
de la Industria del Vestido y Afines), llega hasta la casa de
Alonso, en Santos Dumont 2542, a cuadra y media del Instituto
Geográfico Militar. Como tantas veces, irán a la sede del gremio, en
Tucumán al 700, casi esquina Maipú. Son las nueve menos diez; Micó
estaciona su Fiat 1600 color borravino, saluda al agente de custodia
y entra. Al revés de Pedro Eugenio Aramburu, Alonso recibía
protección policial; sin embargo, de nada le sirvió.
A las nueve, los dos sindicalistas embarcan en el pescante del Fiat,
que maneja Micó; toman por Ciudad de la Paz y bajan por Matienzo en
procura de la avenida Cabildo. Cruzan Zapata, desde un Peugeot
blanco hacen señas a
Micó: al parecer, tiene una goma "baja". Detiene la marcha junto al
cordón; mientras el Peugeot frena delante, y un Chevrolet blanco se
coloca detrás; un tercer automóvil —cuyas características se
ignoran— queda a la expectativa.
Micó desciende para observar el desperfecto; lo imitan dos de los
ocupantes del Peugeot, uno de los cuales falla en su intento de
disparar contra el secretario: se le traba el arma y abate a su
víctima de un culatazo en la nuca. Alonso no alcanza a abrir la
puerta de su costado, el derecho: otro de los atacantes, que ha
abandonado el Chevrolet, lo acribilla a quemarropa. La operación no
dura dos minutos: los asesinos huyen sin inconvenientes.
Alonso murió instantáneamente. Al volver en sí, Micó observa el
cuerpo exánime, con la cabeza ladeada hacia la izquierda. "¡Esto es
un crimen político!", se desgañita. Lo rodean tres vigilantes;
montan en el Fiat y parten a la Comisaría 31ª, donde el cadáver es
retirado; luego, en una ambulancia, lo trasladan a la Morgue
Judicial. Ya habían terminado su labor el Juez de Instrucción,
Carlos Ramón Arigós, y los funcionarios policiales, a quienes
encabezara el propio titular de la repartición, general Cáceres
Monié. A las ocho y media, el ataúd con los restos de Alonso es
instalado en la capilla ardiente, dentro del local de SOIVA. La
primera corona de flores pertenece al Secretario de Trabajo; él y
Nicanor Saleño, el Subsecretario —un amigo del finado—, estuvieron
al mediodía en Santos Dumont 2542.
La CGT declaró un paro de 15 minutos, el viernes, y 48 horas de
duelo. El desfile fue incesante por Tucumán 737, las ofrendas
invadieron la vereda; un centenar de policías actuaba en las
inmediaciones. Las coronas más cercanas al féretro eran las del
Presidente Levingston, el Secretario Juan A. Luco y Juan Domingo
Perón. Figuras de todos los sectores se acercaron a la viuda de
Alonso, desde el Cardenal Caggiano hasta Juan Carlos Onganía, que se
presentó en la madrugada del viernes. Su sucesor en la Casa de
Gobierno estuvo media hora, al caer la noche; la Junta de
Comandantes en Jefe y el Arzobispado fustigaron el asesinato en
sendas notas.
El Chevrolet y el Peugeot fueron descubiertos entre el jueves y el
viernes: los habían robado a sus dueños. Las pistas escasean; sólo
hay vagas declaraciones de Micó ("Gente de más de 30 años, no mal
entrazada") y algunos vecinos, amén de las huellas e indicios
encontrados por la Policía.
¿El móvil del atentado? A mediados de setiembre deben renovarse las
autoridades de SOIVA; iba a medirse con Alonso —que reinaba en el
gremio desde 1949— su antiguo discípulo Juan Carlos Vidal, caudillo
de la agrupación El Tábano, a quien apoya el peronismo duro. Los
opositores ganaron terreno: tres meses atrás, una asamblea repudiaba
la gestión de Alonso en FONIVA (Federación Nacional) e impedía
considerar la Memoria y Balance del último ejercicio. Sin embargo,
Vidal condenó el feroz asesinato, apenas cometido.
Francisco Schettini, secretario de Finanzas de SOIVA, atribuyó el
crimen a "elementos de derecha". Según Los Principios, de Córdoba,
se habría decidido eliminar a Alonso el 17 de agosto, durante una
reunión celebrada en el Barrio de Clínicas de esa ciudad, de la cual
participaron células subversivas "de izquierda" (excepto el Partido
Comunista y los Montoneros), así como delegados de Bolivia, Brasil y
Uruguay. Un "Comando Ejecutivo Emilio Maza" se responsabilizó del
cobarde desmán.
Al alba del viernes, después de estrechar la mano de Antonio
Cafiero, junto al cadáver de Alonso, el cacique textil Andrés
Framini oficializaba el temor de los medios sindicales peronistas,
al preguntarle: "Decime, Antonio, ¿quién de
nosotros será el próximo?" Rosendo García en mayo de 1966, Augusto
Vandor en junio de 1969, Alonso ahora; en junio último, Aramburu, y
durante estos cuatro años tantas otras vidas —desde el estudiante
Pampillon hasta el cabo Sulling, en Garín—, más de treinta,
inmoladas en la lucha estéril y sanguinaria, donde cada parte
sostiene poseer la razón y la verdad. ¿Por qué no sucedían estas
cosas en épocas de Illia, de Frondizi? ¿Por qué crece así la
violencia, cuando lo que sobran son leyes y dispositivos de
seguridad?
DE VIDAS Y HACIENDAS
El miércoles, a las tres y media de la tarde, Córdoba volvía a ser
noticia. Alrededor de veinte personas, incluidas cuatro mujeres,
tomaban la Comisaría 16ª de la capital provincial, emplazada en
Ferreyra, un suburbio. El copamiento duró unos 20 minutos; antes de
marcharse —en tres automóviles—, pintaron en los muros la sigla MRA
(Movimiento Revolucionario Argentino) y se declararon miembros del
"Comando Hilda Guerrero de Molina", una ama de casa tucumana que
pereció en 1968 durante una refriega. Hace tres meses, diez
muchachos disfrazados de militares habían asaltado el Banco de
Ferreyra, de donde se llevaron 25 millones de pesos.
También el miércoles, el Juez Federal Marcelo Tomás Barrera ordenaba
el procesamiento de seis detenidos por los hechos de La Calera
(julio 1º), a quienes acusa de "asociación ilícita calificada con
tenencia de armas de guerra y explosivos". Son José Alberto Fierro,
Luis Alberto Lozada Caeiro, Ignacio Vélez Carreras, Cristina
Liprandi de Vélez, Alberto Soratti Martínez y Raúl Héctor Guzzo
Conté Grand.
Dispuso, además, dejar en libertad a María Lidia Piotti de Salguero,
Mirtha Susana Cucco, Roberto Calabrese, Carlos Constanzo y Luis
Mario Lanfranchi. Salvo Vélez, los demás encausados se hallaban en
la Capital y fueron remitidos a Córdoba; Fierro y Guzzo habían sido
requeridos por el Juez que indaga el asesinato de Vandor; Lozada, la
esposa de Vélez y Soratti, por el Juez Raúl J. de los Santos, que
entiende en el secuestro y homicidio de Aramburu. El fallo de
Barrera parece eximirlos de vinculaciones con estos dos infames
episodios; en cuanto a Vélez, la Policía Federal sostuvo que fue,
junto con Emilio Ángel Maza (fallecido), el autor material del rapto
de Aramburu.
De los Santos, precisamente, elevó el viernes a la Sala en lo Penal
de la Cámara Federal el sumario (once cuerpos de 2.017 folios y diez
legajos periciales) y puso a disposición del Tribunal a los cuatro
detenidos (Carlos Alberto Maguid, Nora Nélida Arrostito de Maguid,
Ana María Portnoy de Silveyra, y el sacerdote Alberto Fernando
Carbone). Se aplicará la Ley 18.670, de instancia única y juicio
oral. El sábado se cumplieron tres meses del secuestro; acaso las
tareas de la Cámara aviven el recuerdo de un acontecimiento que ya
desapareció de las fugaces páginas de los diarios, sin que se
conozcan sus hondos misterios.
No obstante, la semana pasada, el caso Aramburu merecía algún
espacio. Un acto de homenaje al ex Presidente, celebrado el martes
en Unione e Benevolenza, sirvió para que Arturo Mathov, uno de los
seis oradores, acusara de "desidia, negligencia y desinterés", a los
generales Onganía, Imaz (Ministro del Interior), y Fonseca (Jefe de
Policía). El público tributó expresiones desconsideradas a estos
tres nombres. Pero el mismo martes, La Razón
difundía fragmentos del testimonio rendido ante el Juez De los
Santos por Juan José López Aguirre, que el 26 de julio, en Miramar,
profirió acusaciones contra los gobernantes destituidos en junio
(ver periscopio Nº 46).
López Aguirre dirigió la Policía bonaerense bajo la Administración
Illia; al asumir el cargo, desecha la reincorporación al servicio
activo del subcomisario Salvador Botey, que decretara el Interventor
Imaz antes de transferir el poder a Anselmo Marini. En junio de
1966, Imaz vuelve a la Gobernación de La Plata, y encarga al mayor
retirado Hugo Miori Pereyra la organización de una custodia; al
mando de esta fuerza —que "cuenta con vehículos, aviones,
radiotrasmisores, armamentos, y tiene la más absoluta impunidad y
también la más absoluta autoridad que se pueda imaginar"— es
colocado Botey, y a ella se agregan los oficiales Baldochi, Almazán,
Insúa, Thorne. Los secuestros y las extorsiones, según López
Aguirre,La Razón, eran el objetivo cotidiano de esta brigada de
halcones: se citan apellidos y fechas. Obviamente, el ex Jefe
endilga a estos hombres una clara relación con el caso Aramburu.
El Ministro del Interior, por su parte, informaba que en las
planillas de la Casa de Gobierno no figura el ingreso de Mario
Eduardo Firmenich; La Vanguardia había sostenido que este prófugo
visitó 22 veces la Subsecretaría de Interior, entre abril y mayo
(periscopio, Nº 47). De paso, el brigadier McLoughlin especificó que
suman 67 los detenidos a disposición del P.E.; 48 están vinculados
con el vaciamiento de empresas. El jueves, el inspector general José
Barlaro denunciaba que eran 24 las compañías desmanteladas "por la
misma asociación de personas" (los hermanos Todres); ya se aprestaba
a demoler otras 15.
"La delincuencia económica —añadió el inspector general Alejandro
Virasoro—, al aflojar los resortes morales de la sociedad,
posibilita que la delincuencia ideológica tome banderas que hasta
cierto punto se justifican. Sin olvidar, desde luego, que la
delincuencia ideológica responde siempre a una deformación mental*'.
Lo mismo cabe para los cerebros del vaciamiento.
El Presidente Levingston, en un discurso de 481 palabras leído en la
noche del jueves, señaló —tras un fervoroso ditirambo del líder
masacrado—: "No es José Alonso ni una víctima de enfrentamientos
internos, ni la consecuencia del azar. Es un blanco cuidadosamente
elegido por los enemigos de la Nación [...]. Sus autores nada tienen
en común con el pueblo argentino, ni con sus dolores, ni con sus
luchas, ni con sus angustias. Son extraños a todo sentimiento de
nacionalidad".
Es cierto, pero no sólo se combate a los enemigos —asesinos de vidas
y haciendas— con el rigor de la Justicia; también se los vence
curando el dolor y la angustia del pueblo, ofreciendo estímulos y
posibilidades a su lucha por un futuro mejor.
Es, sin duda, el sentido de la oración fúnebre que pronunció el
sábado en la Chacarita, el Secretario General de la CGT: "Aquí
—clamó José Rucci— hay un solo y único culpable; un sistema político
retaceado que coloca al país en el padecimiento de la incertidumbre.
Un sistema de feroz explotación y de miseria [... ] fácil caldo de
cultivo para los extremismos de izquierda y de derecha".
TREINTA AÑOS DE FILIGRANAS
En febrero de 1963, la CGT elegía a su primer secretario general de
la era posperonista: José Alonso. De aquel entonces data una curiosa
fotografía: Augusto Timoteo Vandor abraza a su amigo; a la derecha,
asoma el rostro juvenil de Rosendo García. El destino acabó por
llevarse a los tres de este mundo; primero cayó Rosendo, baleado en
un pizzería de Avellaneda; tres años después, un grupo de bandoleros
terminaba con El Lobo en sus oficinas de la calle Rioja. Los autores
de estos dos episodios nunca fueron descubiertos; sucederá lo mismo
con los asesinos de Alonso?
Había nacido en el barrio porteño de Monserrat, el 6 de febrero de
1913, hijo mayor de un sastre español que le enseñó el oficio. En
1938, los empleados de la Sastrería Astral lo nombran delegado: los
sedujo, sin duda, su sencilla firmeza, su palabra afable. Desde ese
momento hasta el jueves 27 de agosto, Alonso no se apartó de las
filas de la dirigencia gremial. En 1943 se cuenta entre los
fundadores de FONIVA; en el 45 es titular de SOIVA, el sindicato de
la Capital; en 1949 asciende a la cúspide de la Federación. En ambos
puestos se mantuvo hasta su muerte, salvo el período 1955-58.
Interventor en la Unión Ferroviaria (1951), vicepresidente del
directorio de La Prensa (1951-1955), casa en 1952 con María Luisa
Pinella, la madre de sus dos hijos, María, 17, y José Luis, 14 Tras
el derrocamiento de Perón, su ídolo, va a la cárcel durante
dieciocho meses; es lógico que milite, luego, en las 62
Organizaciones. Este bloque de sindicatos peronistas, de cuya tutela
se adueña Vandor, lo impone al frente de la CGT, que Arturo Frondizi
ha devuelto dos años antes, en 1961.
Es que Alonso no ha obtenido sus galones por la magnitud de su
gremio —uno de los más débiles y menos numerosos de la Argentina—,
sino por sus cualidades naturales: elocuencia verbal, trato llano,
habilidad negociadora y cierto barniz intelectual que solía
distinguirlo de sus colegas. El mandato de Diputado nacional que
obtuvo en 1952 lo ayudó a pulir esas dotes.
La CGT que él conducía se lanza contra Illia: el Plan de Lucha de
1964 (ocupación de 3.850 fábricas, con toma de rehenes) es absorbido
por el Gobierno y se hunde en el fracaso. Tampoco se materializa el
retorno de Perón: las autoridades brasileñas lo despachan de vuelta
a Madrid, en diciembre de
1964. En enero siguiente, Alonso es reelegido para un segundo
período en la cgt: sus relaciones con Vandor, sin embargo, se han
enfriado en los últimos tiempos. Secretario de la central, tuvo que
cargar con desaciertos que no eran obra suya. Poco después el choque
con Vandor es inevitable.
El caudillo metalúrgico desea quitarle a Perón el control del
movimiento; Perón contraataca por medio de Alonso y de su tercera
esposa, Isabelita. Lo único que consiguen es dividir la fuerza y
hacerle el juego a Arturo Illia. Vandor se venga: en febrero de 1966
se arregla para que el Consejo Directivo de la CGT expulse a Alonso.
Ahora hay dos 62 Organizaciones: las que responden a El Lobo, y las
que con Alonso están "De pie junto a Perón". En octubre, ya con
Onganía en la Casa Rosada, Vandor se apropia del timón cegetista;
las huestes de Alonso no llegan al estrato directivo. Un segundo
plan, esta vez "de Acción", aplasta a sus artífices y a la propia
CGT.
Alonso se ausenta entonces de la escena gremial. Su sindicato le
interesa mucho más; allí trabaja su mujer, briosa combatiente que ha
creado EVAS, una especie de fundación social cuya sigla lo dice
todo. Los fines de semana, la familia Alonso descansa en la costosa
quinta de Monte Grande, o en el chalet de Florida; en verano, pueden
elegir entre la casa de Miramar, el club del sindicato en Punta
Chica, o el hotel de FONIVA en Mar del Plata. Alguna vez pensaron en
mudarse al departamento de Belgrano 1341; sin embargo, a él le gusta
el domicilio de Santos Dumont, un sitio más sereno y agradable.
"Participacionista" de la primera hora, Alonso reaparece en la
palestra nacional en setiembre de 1969, gracias a una entrevista con
Onganía. Finalmente, ayuda a modelar el Consejo Directivo que la CGT
forma en junio; ahora, cooperaba en la reorganización de las 62, a
las que iba a volcar un fuerte sector del "participacionismo".
Alonso contribuía, una vez más, a los designios del poderoso gremio
metalúrgico: la ofensiva desatada por el secretario general, José
Rucci, y el líder Lorenzo Miguel, consiste en ampliar el poder de
las 62 para adquirir el dominio total de la CGT. Así, forzaron la
convocatoria de un plenario del bloque, donde sea revisada la
expulsión de los ocho dialoguistas decretada en enero último. Con
ellos y con los aliados que aportaría Alonso, los herederos de
Vandor pensaban arremeter contra Jorge Daniel Paladino y apropiarse
del "sector político".
Carlos Juárez y Alberto Armesto, socios de Juan A. Luco hasta que
asumió la Secretaría de Trabajo, alientan el plan; en su bufete
funciona la redacción de Retorno, que suma sus páginas al aparato
del vandorismo. El núcleo, en fin, orquestó un Congreso Nacional del
Justicialismo, con dirigentes marginados de la conducción oficial en
el último lustro. Alberto Iturbe, uno de sus diseñadores, elaboró la
consigna: "La tarea ahora consiste en proyectar nuestros principios
ideológicos y doctrinarios hacia el año 2000".
La muerte de Alonso —quien se acercó definitivamente a los
vandoristas después del 8 de junio— quizá desbarate estas nerviosas
filigranas.
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Alonso, Vandor, García en 1963
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