Laica. Libre. Esas consignas rivales restallaban, precisas, en las paredes de Buenos Aires; circundaron los buzones; asomaban, pintadas con rouge, en los escaparates primaverales de la calle Santa Fe; brotaban en millares de volantes por Florida o a la salida de cines y templos; caían sobre los carros de asalto de la Policía, arracimados en el Congreso, en forma de cartelones que se despeñaban, por sorpresa, desde los cables del troley; bullían en los corrillos de izquierdistas y curas. Golpeaban desde cualquier parte a los apabullados parlamentarios del oficialismo, en trance de optar entre la política complaciente de la Casa Rosada y una suerte de conciencia culpable que prometía redimirlos en aras del Programa de Avellaneda, con el que la Unión Cívica Radical Intransigente había ganado las elecciones del 23 de febrero de 1958 y encumbrado en la Presidencia a un abogado cincuentón, Arturo Frondizi.
La Plataforma, una biblia radical de la década del 40, defendía la escuela pública, la Ley 1420 de enseñanza laica; ella había surgido de la panoplia liberal en las postrimerías del 80 y ni siquiera el peronismo, hacia 1946, encontraría aliento para derrumbar el mito; a lo sumo, se limitaría a incluir la enseñanza religiosa en los planes de estudios. Diez años después, la Revolución Libertadora embestía contra el santuario con el Decreto 6403; uno de sus artículos —el 28— autorizaba la creación de universidades privadas y les confería el derecho de expedir títulos habilitantes; sin embargo, el avance se limitaba a estampar la norma: para consumarla hacía falta reglamentar el artículo, una faena que debía correr por cuenta del Gobierno que sucediera al defacto.
Los reformistas clamaban por la conducción tripartita de las universidades estatales; por un mayor Presupuesto y una hueva ley que aventara las intenciones privatistas. Frondizi acababa de proyectar un aumento del 80 por ciento de la partida estatal para los sueldos de docentes de colegios no oficiales, en su mayoría religiosos; el Presupuesto reservaba 511 millones para las universidades estatales cuando los gastos alcanzaban a mil; esos indicios abonaban la sospecha de que el Gobierno se rendiría al reclamo de los libres en pago de los votos nacionalistas y clericales cosechados en febrero.
A comienzos de setiembre, una delegación de la Federación Universitaria Argentina abordaba al presidente, en Olivos; le pedía, sin preámbulos, que aboliera el Artículo 28. Los títulos no se compran, Los curas a la Iglesia y No aflojes Arturo voceaban los estudiantes en Congreso, el 5; en esas escaramuzas, el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Risieri Frondizi, un profesor de Filosofía, hermano del Presidente, oficiaba de caudillo. "Estoy dispuesto a cancelar todo lo cancelable para luchar en defensa de la Universidad y de la cultura", pontificaba Risieri, que había aplazado un viaje a Moscú.
Parapetada tras el Programa, la juventud ucrista advertía que las universidades privadas "ahondarán en el país sectarismos raciales y religiosos"; la pléyade de los partidos que había consentido la Libertadora (Socialista, Comunista, UCR del Pueblo, Demócrata Progresista, Conservador) protestaba en nombre de Sarmiento; el Ministro de Educación, el ex reformista Luis Mac Kay, prometía, en medio de la barahúnda, que sería respetada la 1420; la Unión Federal, liderada por Basilio Serrano, creía conveniente la intervención de la Universidad; en Córdoba caían bombas de alquitrán sobre la Universidad Católica, y el Gobernador Arturo Zanicchelli buscaba el auxilio de las tropas para reemplazar a la Policía; en la Plaza San Martín, en La Plata, Frondizi emergía disfrazado de Cardenal: el muñeco se abrasaba en la hoguera, entre la vocinglería de los muchachos.
El 15, los libres reaccionaron con una manifestación de 10 cuadras a lo largo de la Avenida de Mayo; casi todos eran chicos de los colegios religiosos: Risieri-Nikita, qué linda parejita y Arturo, coraje, a Risieri dale el raje, gritaban a las puertas de la Casa Rosada; Monseñor Antonio Plaza, con la sotana arremangada, se había colocado al frente; el Presidente asomó al balcón y saludó.
El 19, el aluvión laico se desplomó sobre Plaza del Congreso; los diarios computaron 160.000 manifestantes, y el Jefe de la Policía, Ezequiel Niceto Vega, un capitán de navío que permaneció fiel al frondicismo, confesaba un centenar de detenidos; pero hubo algunos frutos: por de pronto, espantados los legisladores, trotaron con un despacho que derogaba el artículo 28; lo votaron en dos jornadas que sumaron 30 horas, por mayoría de 108 a 52. Entre los conciliábulos iba a aparecer de rondón el Proyecto Domingorena, dispuesto a llenar el vacío con otro artículo: la iniciativa privada podrá crear universidades para expedir títulos o diplomas académicos, y la habilitación para el ejercicio profesional será otorgada por el Estado; síntesis del texto dictado en la Casa Rosada al Diputado entrerriano Horacio Domingorena, que ostentaba en sus blasones el haber sido activista del reformismo. El Senado hizo suya la iniciativa; Diputados la rechazó pero la Cámara Alta insistió con los dos tercios. Llega el 30, último día de las sesiones ordinarias y, como Diputados no consigue la mayoría absoluta, se impone el nuevo artículo.
En esos trámites especiosos hasta los Gobernadores influían; el tucumano Celestino Gelsi llegaba a jactarse de haber dado vuelta a 15 Diputados; un oficialista, Juan Carlos Solanas, eligió los principios y renunció, y un radical del Pueblo, el sabattinista Rafael Hernández Ramírez, cordobés, músico y aviador, se pronunció por la libre porque era católico; a Agustín Rodríguez Araya, que lo increpó, le daría la otra mejilla: "Pega, San Agustín, pero escucha", tronaba la voz de Hernández Ramírez.
Quedaba clausurado un capítulo de lucha ideológica en el país; el match de libres y laicos ingresaba a la antología política, pero las consecuencias, con la implantación de la enseñanza privada, ni fueron tan dogmáticas ni tan terribles, como se suponía.
La explicación de ese proceso de agudo enfrentamiento tal vez haya que buscarla en el contexto de un setiembre que se caracterizó por una blitzkrieg de medidas anti-Programa de la UCRI; la Ley del Petróleo, el Convenio con CADE, el anonimato de las acciones; además, una crisis militar que se había concentrado en el arma aérea y que derivó en la designación del brigadier Ramón Amado Abrahim, en la Secretaría; quizás el litigio estudiantil fue tramado como una cortina de humo.
24 de septiembre de 1968
PRIMERA PLANA

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