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pie de fotos
-Generales Viola (en primer plano) y Videla: La cúpula planifica
-Luder, Pennisi y Miguel, fórmulas de recambio
-"Isabel", González y Demarco: quemar las naves
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¿Qué pasará en noviembre? (I)
La actitud del Ejército
Las usinas de rumores han estado activas en los últimos tiempos. Dieron lugar a una superproducción de versiones referidas al Ejército, que ahora contaminan el ambiente político. Cuesta trabajo distinguir el smog así fabricado de los auténticos nubarrones. Lo cierto es que, mientras no faltan quienes se muestran nerviosos, los principales jefes militares se dedican a asegurar la unidad interna e incrementar la lucha contra la subversión; en lo político, entienden que, para aumentar su poder, no necesitan forzosamente asumir otras
responsabilidades.
" Los expertos políticos predicen que las cosas empeorarán de tal manera que los militares tendrán que tomar el poder, les guste o no", dijo el 20 de octubre —en una nota referida a la Argentina— el semanario norteamericano U.S. News y World Report, vocero oficioso del departamento de Defensa de los Estados Unidos. Según la revista, "la inflación, la inquietud laboral y el terrorismo político están paralizando a la Argentina", por lo cual "la presidente Perón ya no puede contar con el respaldo militar".
¿Hasta qué punto este portavoz del Pentágono estaba reflejando la realidad argentina o expresando su deseo propio?
Si se tienen en cuenta las versiones que circularon en Buenos Aires las últimas semanas, puede creerse que, al fin de cuentas, U.S. News no ha hecho sino recoger lo que dice la calle en esta capital sudamericana. Pero, ¿quiénes lanzaron aquí aquellas versiones? ¿Qué grado de verosimilitud tienen ellas?
Es cierto que la Argentina soporta una elevadísima tasa de inflación; es cierto que los conflictos laborales se han multiplicado —a punto de que el propio Ejecutivo propicia una ley que suspendería por medio año la vigencia del derecho de huelga—; y es cierto, también, que el terrorismo político causa estragos. Pero, habida cuenta de que la mera instalación de un gobierno militar no acabaría ni con la inflación, ni con las inquietudes laborales, ni con el terrorismo, ¿tiene sentido hablar de una nueva desestabilización política de la Argentina?
¿Qué piensan, en verdad, las Fuerzas Armadas?
No es sencillo determinarlo; entre otras cosas, porque dentro de ellas, como es natural, existen diversas tendencias y, conversando sólo con quienes se muestran dispuestos a hablar, quizás sea imposible lograr un promedio ponderado.
Hay oficiales que se muestran muy desanimados por el curso de los acontecimientos y tienden a auspiciar —aún sin tener ideas claras sobre lo que corresponde hacer— una reacción enérgica. En esa línea puede identificarse, entre otros, a los siguientes generales:
—Ramón G. Díaz Bessone, comandante del II Cuerpo, con sede en Rosario;
— Santiago Ornar Riveros, comandante de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo; y
—Juan Antonio Buasso comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña, con sede en Neuquén, quien provocó un escándalo en octubre al decir públicamente que el Ejército no era custodio de cualquier orden establecido, sino únicamente de aquel que —a juicio de la institución, se entiende— se acomodara a los principios fundamentales de la Nación.
El hecho de que estos jefes resulten susceptibles de ser agrupados en una lista, conforme su estado anímico, no significa que formen una liga políticamente definida. Díaz Bessone se proclama partidario de la doctrina social de la Iglesia; Buasso ha sido consejero de Juan Carlos Onganía y Riveros se destaca por sus reflejos antiperonistas. Lo que tienen en común es un desasosiego causado por la crisis, y la sensación de que es necesario hacer algo para superarla, no saben bien cómo.
Pero la mayoría de los jefes militares — empezando por el propio comandante general del Ejército, Jorge Rafael Videla— se siente, también, afligida por la situación general del país, y cree que, antes de tomar un camino destinado a salir de tal situación, es preciso aunar criterios con los distintos sectores organizados de la comunidad a través de las organizaciones empresarias, obreras y políticas. En esta tesitura se encuentra el general Roberto Eduardo Viola, jefe del Estado Mayor del Ejército, y se incluye, globalmente, a todo el Estado Mayor.
Puede decirse, por lo tanto, que ésta es la posición de la cúpula castrense, la cual —aun cuando no tenga el manejo directo de hombres y armas— goza actualmente del respeto de la institución.
Las preocupaciones centrales de esa cúpula son las siguientes:
• Mantener la unidad del Ejército, previniendo aventuras y procurando que toda decisión a adoptar por el arma sea fruto del consenso interno.
• Establecer contactos cada vez más estrechos con las restantes armas; objetivo conseguido con relación a la Marina —con la cual existe un diálogo por demás fluido—, pero aún no pon la Aeronáutica. En esferas castrenses es dable oír críticas al comandante de esta última arma, brigadier Héctor Fautario. También pueden escucharse críticas a la supuesta pasividad de la aviación en la lucha contra la guerrilla. Tres son los cargos principales en este aspecto:
1. El avión Pucará, que fuera especialmente adaptado para la contrainsurgencia, no ha entrado en combate.
2. En Tucumán, la guerrilla opera con dos helicópteros propios, y la Aeronáutica regular no actúa.
3. El Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, secuestrado en Formosa, voló durante dos horas y media sobre territorio argentino y aterrizó en Santa Fe, sin ser detectado en ningún momento.
Por cierto, en medios aeronáuticos se trata de levantar los cargos. Se explica que, habiéndose confiado la lucha antisubversiva principalmente al Ejército, la Aeronáutica sólo puede realizar tareas de apoyo, en la medida en que sea requerida. Hasta ahora —dicen — siempre ha prestado su cooperación cuando le fue solicitada oportunamente.
La superación de este malentendido contribuiría a la unidad de las tres armas.
Las inquietudes del Ejército, sin embargo, continúan, pues también se trata de:
• Aumentar la eficacia de la lucha antisubversiva, misión para la cual las Fuerzas Armadas cuentan ahora con el aval de las jerarquías eclesiásticas (ver páginas 5 a 8).
• Restablecer la autoridad presidencial, lo cual supone —en el caso de que la señora María Estela Martínez de Perón no recupere sus energías o se vea jaqueada por problemas internos del peronismo— la eventual necesidad de un alejamiento prolongado o definitivo de la presidente y la cobertura de la vacante mediante el procedimiento previsto en la Ley de Acefalía. En algunos círculos castrenses se dejan oír, inclusive, iniciativas tendientes a una nueva reforma de esa ley, cuyo objetivo sería tornarla más "realista". Según su redacción actual, en caso de acefalía del Ejecutivo, la Asamblea legislativa elegirá presidente de la Nación entre sus miembros o, en su defecto, entre los gobernadores de provincia. Hay quienes juzgan inadecuado que el diputado Antonio Pereira o el senador Jorge Luis Lorenzo —por nombrar a dos legisladores cualesquiera— sean potenciales candidatos a la presidencia, y el jefe del Ejército, por ejemplo, esté excluido de esa posibilidad. Pero esto no deja de ser, por ahora, un conjetura dentro de otra.
Lo único cierto es que el Ejército, por vía de estas preocupaciones, va ampliando su esfera de actuación. ¿Lo hará hasta el extremo de asumir responsabilidades en cuyo ejercicio fracasó en el período 1966-1973? ¿Es posible que, como dice U.S. News, los militares argentinos adopten una decisión que — y esto no lo dice la revista norteamericana— significaría desconocer la voluntad popular, libremente expresada hace dos años? Hay quienes sostienen que este último argumento es sofístico, pues la voluntad popular respaldó a Juan Domingo Perón, y sólo por añadidura a su esposa. Pero, ¿están dispuestos los hombres de armas a arrogarse el derecho de interpretar lo que siete millones de votos significaban en realidad? ¿Creen, verdaderamente, que la lucha contra la subversión les impone una conducta que hasta hace poco desechaban en virtud de su falta de proyecto político y del desprestigio que admitían haber sufrido?
¿Qué pasará en noviembre? (II)
Otra vez Luder
La recaída de la presidente se produjo cuando su salud era una de las varias circunstancias que se indicaban como causales de un probable alejamiento. Todas las miradas se vuelven, ahora, otra vez sobre Italo Argentino Luder, y se pone en marcha el proyecto de lo que podría llamarse el neoverticalismo; adelantarse a cualquier maniobra que, usufructuando errores del actual gobierno, desplace al peronismo del poder. El objetivo —como el de los radicales— es "llegar al 77", eliminando todo factor irritativo que pudiera dar pretextos a una eventual interrupción.
En el peronismo, se llamaba verticalidad a la obediencia; al acatamiento de la voluntad personal de Juan Domingo Perón, líder carismático que, como tal, sustituía por sí solo a los órganos plurales que caracterizan a un partido político en sentido estricto.
El 1° de julio de 1973, con la muerte de Perón, a su movimiento se le planteó un dilema difícil de resolver: ¿podía sustituir al líder o debía procurarse la organización que le faltaba?
Quienes lanzaron la consigna rodear a "Isabel" entendieron que —sin pretender que la viuda de Perón fuera la continuación del mito— era posible y necesario convertirla en Jefa plenipotenciaria, asesorada por un círculo íntimo que procuraría suplir su relativa falta de experiencia política. La verticalidad, que hasta entonces era el nombre de una actitud de obediencia normal —y hasta esencial— del peronismo, fue esgrimida entonces como un valor utilitario, consistente no ya en la subordinación a una persona por puras razones de adhesión a ella, sino en el necesario acatamiento a una Jefatura, ejercida ahora por María Estela Martínez de Perón.
La rama sindical del peronismo —a la sazón, la única que exhibe organicidad— aceptó esa
redefinición de la verticalidad como útil, en una primera etapa. Luego, pareció advertir que ese esquema reducía, en la práctica, la capacidad de influencia del movimiento obrero sobre el gobierno; defecto que inicialmente se atribuyó a José López Rega, acusado de haberse embriagado con el poder que le daba el hecho de ser la principal figura a aquel círculo íntimo.
El conflicto alcanzó su punto culminante en junio último, cuando la presidente anuló las convenciones colectivas de trabajo, firmadas con las empresas por los diversos sindicatos. La reacción gremial —incluyendo movilizaciones populares— obligó a la señora de Perón a volver sobre sus pasos
y prologó la caída del ex ministro de Bienestar Social.
En aquel momento, la alta dirigencia sindical albergó la esperanza de que la consigna rodear a "Isabel" fuera, a partir de entonces, posible también para esa alta dirigencia.
Sin embargo, la presidente reconstruyó su círculo íntimo con otras personas, ninguna de ellas representativa de un sector social u organización política. Su médico personal y hasta hace poco Secretario de Deportes y Turismo, doctor Pedro Eladio Vázquez, fue apareciendo como el más prominente consejero presidencial, sobre todo después de la caída del ex ministro del Interior, coronel Vicente Damasco, víctima de un planteo militar al cual él habría dado origen con maniobras —no muy sutiles— tendientes a subordinar al Ejército. Otro miembro de la entourage es el secretario privado de la Presidencia, doctor Julio González. Cuando la flaqueante salud de la presidente la obligó a tomar cinco semanas de descanso, el presidente provisional, Italo Argentino Luder, intentó desarmar el cerco, pidiendo la renuncia a Damasco y exonerando a González.
Por entonces se especulaba con la posibilidad de que —en beneficio de su salud o de su tranquilidad personal— la señora de Perón prorrogase, sine die, su descanso.
Pero a mediados de octubre la presidente pidió la devolución de su cargo, restituyó a González y amenazó con designar a Damasco como secretario general de la presidencia. Animada por el éxito que —con la cooperación de los gremios— alcanzó el festejo del 17 de octubre, el cual le permitió mostrar cómo se podía llenar la Plaza de Mayo con gente dispuesta a oírla, la presidente se mostró resuelta a ejercer su autoridad.
Fue así como, pocos días después, exigió la renuncia del ministro de Bienestar Social, ingeniero Carlos Emery, quien estaba llevando a cabo una investigación sobre manejo de fondos en ese ministerio, durante la gestión de sus antecesores. Sin mucho disimulo, esa investigación estaba destinada a revisar las cuentas de José López Rega. Podía, también, afectar a Pedro Eladio Vázquez —por su actuación como secretario de Deportes y Turismo, desde 1973 —y aun a la misma presidente.
Emery fue removido por ella y la vacante quedó cubierta con la designación de Aníbal Demarco, hasta entonces titular de Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos. Para nombrar a este empresario —dueño de Tarzán, una constructora de casas prefabricadas— "Isabel" tuvo que afrontar un nuevo pleito con el sindicalismo. La amistad que mantiene la presidente con la señora Nélida de Demarco —y con el propio actual ministro— pudo más que la utilidad política de designar a Rafael Cichello, a quien se señalaba como candidato de las 62 Organizaciones.
El 28 de octubre se anunció oficialmente —sin previo aviso sobre la renuncia de Emery— que ese mismo día, a las 19, juraría Demarco. A último momento, la ceremonia fue suspendida. Por la noche, se conoció un decreto por el cual se confiaba la cartera de Bienestar Social, interinamente, al ministro de Justicia, Ernesto Corvalán Nanclares. En círculos gremiales se daba por descontado que —tal como se lo habría aconsejado Lorenzo Miguel esa tarde— la presidente anularía la designación de Demarco y nombraría, en cambio, a Juan José Taccone. Sin embargo, al mediodía siguiente, sin que Corvalán llegara a asumir su interinato, se anunció que, finalmente. Demarco juraría al atardecer. Lo hizo en una ceremonia privada, sin invitados especiales, ni cámaras de televisión, ni micrófonos.
Este irregular trámite parecía marcar el comienzo de un nuevo conflicto entre la cúpula sindical y la Presidencia. Tras haber desoído la sugerencia de que nombrara al dirigente sindical —y vicepresidente. 1º del Partido Justicialista— José Báez como secretario general de la Presidencia, "Isabel" le negaba al gremialismo el Ministerio de Bienestar Social. Casi simultáneamente, ratificaría su confianza al intendente de Buenos Aires, general José Embrioni, defraudando las expectativas del presidente de la Sala de Representantes, Miguel Unamuno quien —con apoyo sindical— esperaba sustituirlo. La señora de Perón demostraba así que no le preocupaba en demasía las buenas relaciones con lo que los propios gremialistas califican como "su única base de sustentación posible": el movimiento obrero organizado.
¿Cuál es el rédito de esa actitud presidencial? Como resulta poco visible, hay quienes conjeturan que la señora de Perón ha resuelto "quemar las naves", para obligar a sus partidarios a defenderla y a sus adversarios a definirse. Haciendo su voluntad, sin hacer caso de conveniencias o desinteresados consejos, la presidente estaría probando así a los "verticalistas" y quitando sus ropajes a quienes simulan rendir culto a su autoridad y a las instituciones. El riesgo que semejante actitud implica, estaría calculado: si para asegurar su permanencia, la señora de Perón debiera convertirse en reina que no gobierna, sería preferible que, negándose a esa condición, ella obligase a sus oponentes a asumir la responsabilidad de interrumpir un proceso que se abrió hace sólo dos años con un verdadero plebiscito popular. Eso serviría para heroificar el retiro de la presidente y justificar, retrospectivamente, muchos errores que, entonces, aparecerían como resultado de las difíciles condiciones en que —el final lo probaría— ha tenido que gobernar la señora de Perón.
El neoverticalismo
Frente a tal panorama, parece haber surgido de filas verticalistas una nueva estrategia, que consiste en colocarse "contra el gobierno, en beneficio del gobierno". Se repite así lo ocurrido cuando Perón estaba en el exilio y era impensable su retorno: entonces, quienes pretendían salvar el peronismo (o liderarlo) inauguraron, con Augusto Timoteo Vandor al frente, una estrategia autónoma, que en algunos aspectos podía inclusive entrar en colisión con la voluntad del líder.
Ahora, una suerte de neoverticalismo estaría gestándose. Sus razones serían estas: todo el peronismo quiere ayudar a la señora de Perón, pero esa voluntad se estrella a menudo con el círculo íntimo de la presidente. Si ella no puede salir de él, no sólo se resentirá personalmente, sino que podría afectar —además de la suya— la permanencia del peronismo, como movimiento, en el poder. Luego de haber luchado dieciocho años por el gobierno, los justicialistas no querrían verse, ahora, privados de lo que finalmente habían conseguido en 1973. Si la presidente lo comprende, y la entourage se torna permeable, permitiendo la neta participación sindical en el gobierno, se habrá cumplido el ideal, ya que en el peronismo nadie puede mirar con agrado, en principio, la salida de "Isabel". Pero si no se dan aquellas circunstancias, habrá que recurrir a la consabida consigna que, anteponiendo naturalmente a la Patria, luego establece para los peronistas el siguiente orden de prioridades: primero el movimiento, luego los hombres.
Fue un razonamiento similar el que llevó, meses atrás, a la designación de Italo Argentino Luder como presidente provisional del Senado. A sabiendas de que la presidente prefería dejar vacante ese cargo, para mantener a un hombre de su circulo íntimo —Raúl Lastiri, entonces titular de la Cámara de Diputados— primero en la línea sucesoria, el neoverticalismo designó a Luder porque entendió que un eventual interinato de Lastiri podía comprometer la estabilidad del gobierno, dados los vínculos familiares y políticos que unen a éste con, el ex ministro de Bienestar Social, José López Rega, que de hombre fuerte ha pasado súbitamente a ser considerado como portador de un maleficio, que hace legítimo todo lo que se haga para conjurarlo.
Hubo sectores que, participando de la tesis neoverticalista, se apresuraron en el intento de capitalizarla. El caso más notorio es el del gobernador bonaerense, Victorio
Calabró, a quien en los últimos tiempos se lo ha señalado como aspirante a la presidencia de la Nación, cargo para el cual es potencial candidato en caso de acefalía, ya que la ley vigente obliga a la Asamblea legislativa a cubrir la vacante presidencial con un legislador nacional o un gobernador de provincia. Calabró desató un escándalo cuando algunas semanas atrás, declaró a corresponsales extranjeros que, tal como iban las cosas en la Argentina, no llegaríamos a 1977. Esa afirmación, que el gobernador ratificó luego —por escrito—, ante el Tribunal de disciplina del Partido Justicialista, movió a que sectores ligados a Lorenzo Miguel — con quien Calabró mantiene una vieja rivalidad dentro de la Unión Obrera Metalúrgica, a la cual ambos pertenecen— acusaran al mandatario bonaerense de un entendimiento con los radicales, y hubo quienes
auspiciaron la intervención a la provincia de Buenos Aires. El 17 de octubre los asistentes a la Plaza de Mayo corearon estribillos contra Calabró y pidieron a la presidente "que lo eche".
No obstante, hay quienes opinan que, persuadido Calabró de la inviabilidad de su proyecto personal, es posible que finalmente se formalice un nuevo pacto con Miguel, que consolidaría la hegemonía metalúrgica en la nueva etapa. La mediación podría estar a cargo del senador Afrio Pennisi, amigo de Calabró y sostén de Luder, quien aparece como la figura más expectable en el proyecto neoverticalista.
El juego vuelve a Luder
El presidente provisional del Senado cumplió dignamente su reciente interinato y la tesis neoverticalista contempla la posibilidad de un nuevo interregno, y aun la de un mandato prolongado, si éste sirviese para evitar que el peronismo in totum fuera desalojado de la Casa Rosada.
En las últimas semanas ha habido más de un indicio, corroborante de la confianza que los neoverticalistas tienen en Luder:
• Afrio Pennisi, fue electo vicepresidente primero del Senado.
• Lorenzo Miguel y el titular de la CGT, Casildo Herreras, —este último pese a estar ubicado en un punto medio entre el neoverticalismo y la ortodoxia— fueron al Congreso a saludar a Pennisi.
• Luego, en un agasajo tributado al flamante vicepresidente primero del Senado, Lorenzo Miguel declaró públicamente que Luder "hace honra a su fe democrática", y José G. Báez instó al presidente provisional de la Cámara alta a "que siga adelante".
En los corrillos políticos comenzó a hablarse, entonces, de la posibilidad de que Luder reasumiera en noviembre. Las versiones señalaban, como posibles causas de reasunción, las siguientes:
• Un viaje de la presidente al exterior, que podría iniciarse en España, asistiendo la señora de Perón a los funerales de Francisco Franco, si éste finalmente moría en noviembre Esta posibilidad aparecía como interesante para el caso de que el viaje resultase prolongado: si iba a ser corto, y la presidente iba a regresar a reasumir su cargo, la eventualidad de que fuera a España —sede de José López Rega— no parecía contribuir a la tranquilidad interna, dada la brujofobia que se ha despertado en los factores de poder. En los últimos tiempos, se ha tratado de detectar, inclusive, posibles comunicaciones indirectas de la presidente con Madrid, y Pedro Eladio Vázquez —quien, finalmente, dejó su cargo de secretario de Deportes y Turismo al asumir Demarco— fue sindicado como el "contacto" presidencial con López Rega, no obstante las manifestaciones que Vázquez hace, a quien lo quiera oír, sobre sus presuntas diferencias con el ex ministro. Ha llegado a decirse que existe la grabación de una conferencia telefónica mantenida por Vázquez con López Rega desde la localidad cordobesa de Jesús María, situada a unos treinta kilómetros de Ascochinga.
• La licencia, acordada esta vez por el Congreso, y más o menos prolongada. El fundamento sería la salud de la presidente, que está efectivamente resentida. La afección que padece —colitis ulcerosa— es seria y la tensión nerviosa a que es sometido un presidente, resulta absolutamente contraindicada.
• La renuncia de la señora de Perón, que inclusive algunos peronistas auspiciarían, basados en la salud de ella y en la necesidad de evitar que se la convierta en centro de un escándalo. El descubrimiento de presuntas graves irregularidades en el manejo de la Cruzada de Solidaridad Justicialista, presidida por "Isabel", puede llevar a la presidente a una situación difícil Seguramente para evitar que el affaire se conviertiese en prenda de la oposición —o, peor aún, del golpismo— los diputados oficialistas votaron a favor de una investigación parlamentaria del asunto. Sin embargo, la presidente se mostró disgustada por esa decisión. La constitución de la Comisión Investigadora fue demorada en el Parlamento al tiempo que la designación de Demarco frenaba la investigación administrativa que se llevaba a cabo en Bienestar Social. No obstante, la justicia ya había tomado cartas en el asunto (ver página 17) y la oposición había lanzado la iniciativa menos favorable para la presidente:
• El juicio político, que —según lo establecido por la Constitución— puede llevar a que la presidente sea removida por el Congreso, si éste la hallase responsable de mal desempeño.
El reagravamiento de la señora de Perón, quien debió ser internada en la clínica de la Pequeña Compañía de María, la madrugada del lunes 3, vino a inclinar la balanza en favor de la licencia.
Pero el circulo íntimo —donde ya no aparece el doctor Vázquez, ni siquiera como médico, pero donde figura ahora el ministro de Justicia, doctor Ernesto Corvalán Nanclares— se oponía al traspaso apresurado del mando, sosteniendo que el cuadro de la presidente (colisistitis) no le impedía atender el despacho, como lo hizo el mismo lunes. Simultáneamente, se especulaba con el probable relevo del ministro del Interior, Ángel F. Robledo, partidario de la licencia o la renuncia. Luder, por su parte, esperaba.
Revista Cuestionario
Noviembre 1975
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