—¡SI YO fuera presidente!.
¿Cuántas veces los hombres de este país y de todas las repúblicas del mundo se habrán planteado lo que podrían hacer en caso de llegar a la más alta dignidad a que pueden ser llevados en una democracia representativa?
Y ahora que estamos precisamente a un mes de la consulta electoral, el viejo tema cobra actualidad y vigor, con la diferencia, tal vez, de que como las cosas se presentan tan complicadas, confusas y difíciles, son muchos menos los hombres del pueblo que quisieran ser presidente, y muchos más los verdaderos candidatos de partidos grandes y chicos. Por lo visto, como cuando el horno no está para bollos, los aficionados renuncian a la pala y la dejan a los profesionales panaderos, en este caso a los políticos,
VEA Y LEA pidió a candidatos a la Presidencia que se planteasen la añeja cuestión de "¡Si yo fuera presidente,". y el mérito de la consulta reside en el simple pero importante hecho de que fué contestada por los propios candidatos, que las escribieron o dictaron sin valerse de intermediarios intérpretes de su pensamiento.
No aparecen todos los candidatos porque, al cerrarse esta consulta, en algún caso podían preverse cambios por acuerdos de última hora, y en algún otro la ausencia imposibilitaba el contacto.
De todos modos, han escrito para VEA Y LEA los hombres representativos de las tendencias presuntamente mayoritarias, y aquellos que encabezan movimientos de opinión y de doctrina perfectamente definidos. Lo que dicen estos hombres puede equivaler muy aproximadamente a lo que piensa el país.


Escribe LUCAS AYARRAGARAY, (partido demócrata cristiano)
COMO candidato a la presidencia de la Nación del Partido Demócrata Cristiano soy el vocero de una fuerza política que, si bien es nueva en la vida cívica argentina, no hace sino interpretar para nuestra realidad una doctrina clara y coherente que ha hecho en gran parte del mundo la prueba de su solidez y de su eficacia al servicio del hombre.
Esa fuerza política ha concretado su pensamiento en la Declaración de Principios y en el Programa que han servido de base para el Plan de Gobierno que para los próximos años ofrece a la ciudadanía, y en la Plataforma aprobada por la Convención celebrada por el Partido en la ciudad de Santa Fe en noviembre pasado. La Democracia Cristiana no ofrece así hombres providenciales ni fórmulas vacías, sino un sistema de soluciones hondamente meditadas para los problemas argentinos del presente, que representa desde ya una garantía para la acción de sus hombres en el gobierno. Antes de exponer las líneas generales de esa Plataforma, considero ineludible puntualizar que los comicios del 23 de febrero plantean a la ciudadanía un dilema: reeditar las viejas soluciones que han llevado al país al desgobierno y a los golpes de fuerza en tres oportunidades; o depositar su confianza en una fuerza nueva que ofrece hombres, ideas y métodos que significan una renovación substancial de nuestra vida política.
Cualquiera de las fuerzas tradicionales mayoritarias, sólo separadas por diferencias de hombres o de jefes, representan la reedición de aquellas viejas soluciones. Frente a esas fuerzas, y como único Partido de envergadura nacional, la Democracia Cristiana representa esa nueva solución que el país espera, materializada en su Plataforma y en los candidatos elegidos para cumplirla.
Si yo tuviera que definir el Plan de Gobierno de mi Partido, que he recibido la misión de llevar a la práctica, diría que constituye un programa de liberación del hombre argentino en todos los aspectos de su vida concreta.
En materia institucional ese plan apunta al federalismo y a la descentralización en todos los órdenes, como garantía de libertad, de eficiencia y de desarrollo armónico de todas las posibilidades regionales: vigorización política, económica y cultural del federalismo, máximo desarrollo de las autonomías municipales, reorganización de las grandes dependencias de la Administración Pública por una efectiva descentralización que las ponga al alcance del hombre concreto en todo el ámbito del país.
En lo económico, reconocimiento de que no hay libertad efectiva si cada argentino no dispone de una base sólida para su subsistencia material, y de que este objetivo no puede alcanzarse sin un gran esfuerzo solidario para el aprovechamiento de todas nuestras posibilidades; y el incremento de nuestra producción en todos los órdenes, tanto agropecuario como industrial. En este sentido hay que subrayar que sólo un aumento substancial de la renta nacional puede asegurar los resultados positivos de una auténtica justicia en la distribución de la riqueza.
Nuestra política económica se basa, para todo ello, en la libre iniciativa privada y en la función supletoria e integratoria del Estado, tendiente esta última a asegurar una economía al servicio del nombre, la primacía del trabajo sobre el capital y la subordinación del lucro a la moral y al bien común.
En el orden inmediato, la recuperación económica del país requiere ante todo una severa adecuación de los gastos e inversiones públicas a nuestras posibilidades; la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, condicionando todo, aumento de los medios de pago al crecimiento de la producción; el estímulo de ahorro para la capitalización básica; la creación de concesiones positivas júridicoeconómicas para la inversión de capitales extranjeros; un plan orgánico de capitalización y tecnificación del agro; una política de vigoroso desarrollo de las fuentes de energía, que para nosotros son inalienables, sobre la triple base del reconocimiento de los derechos provinciales, el apoyo más amplio e incondicional a Y.P.F., y la colaboración complementaria del capital privado en las zonas no exploradas, con los debidos resguardos legales y licitación pública en contratos de locación de obras o de servicios o de otras modalidades.
En este orden de ideas me interesa destacar especialmente que es alarmante el descenso de nuestra producción agrícola en los últimos quince años, particularmente si consideramos en forma comparativa tanto la reducción de las áreas sembradas y el rendimiento, como nuestra posición relativa como exportadores en el mercado mundial de los distintos productos, resultado todo ello de una despreocupación suicida por las condiciones de explotación de esta gran fuente de la riqueza nacional, que no sólo suministra las divisas para nuestras necesarias importaciones, sino que es también base y condición para nuestra progresiva y racional industrialización.
Nuestro programa de liberación del hombre argentino contempla en el orden social el reconocimiento de los derechos naturales, de la función propia y de la plena libertad de actuación de las sociedades intermedias: familia, sindicatos, asociaciones profesionales y culturales. Es en estas sociedades intermedias de todo tipo donde alcanza el hombre el pleno desarrollo de su personalidad; ellas lo defienden del egoísmo individualista y de la opresión del Estado; sin ellas, queda el hombre inerme frente a las grandes organizaciones del poder, tanto políticas como económicas. En nuestra concepción pluralista de la sociedad, todas éstas son garantías concretas y positivas de la libertad.
Esta concepción integral de la libertad, propia de la Democracia Cristiana, encuentra también su concreción en nuestro programa educacional de reconocimiento de la libertad de enseñanza en todos los grados, con igualdad de derechos y distribución proporcional de los fondos públicos, autonomía y descentralización de la enseñanza oficial, y universidades autónomas, independientes de toda influencia política, sean de creación oficial o privada.
La misma inquietud por la liberación del hombre encuentra su realización en el orden laboral, donde la defensa de los intereses obreros exige conciliar la libertad con la eficacia de las organizaciones gremiales. De allí nuestro principio de libertad de sindicación, pero con contribución obligatoria de todos los trabajadores a un fondo que se distribuirá proporcionalmente a la importancia de cada sindicato, y la representación unificada en toda tratativa con la patronal o el Estado. Pero nuestra plataforma no se detiene en el aspecto formal, sino que propicia una acción legislativa tendiente a estimular por todos los medios la transformación gradual y voluntaria de la estructura actual
de las empresas hasta formas comunitarias, que permitan, donde sea posible, reemplazar el contrato de trabajo por el de sociedad. En la misma dirección apunta nuestra posición favorable al fomento y difusión de las cooperativas, en todos los órdenes de la producción, y muy especialmente en el agro, donde ya han dado pruebas de constituir un instrumento eficaz de liberación.
Siempre en materia social, no puedo dejar de destacar la especial preocupación del Partido por el problema de la vivienda, para cuya solución aboga por una política orgánica, a través de institutos regionales de Planeamiento y Vivienda llamados a promover la iniciativa y la cooperación privadas; así como nuestra decisión de implantar el seguro social integral y con una administración descentralizada, destinado a reemplazar el actual régimen jubilatorio anárquico, incompleto y centralista.
Nuestro programa de liberación del hombre argentino se completa en nuestra plataforma en el capítulo de política internacional, del que destaco nuestra definición en favor de la integración económica de América latina, mediante la complementación gradual de sus áreas regionales, para lo que debe comenzarse por establecer mercados progresivos y selectivos, con plena conciencia de que sólo la creación de un gran mercado latinoamericano ha de permitir el pleno desarrollo de las inmensas riquezas naturales de nuestro continente. Nos sumamos así al vigoroso movimiento de la Democracia Cristiana en Latinoamérica, sintiéndonos partícipes de una realidad espiritual y material que trasciende las fronteras de nuestro país.
Ello, naturalmente, no nos hace olvidar nuestras obligaciones para con la comunidad de las naciones, por el fortalecimiento de cuyos organismos internacionales abogamos categóricamente.
Con este programa sintéticamente expuesto vamos a las elecciones con la gran esperanza de que el pueblo comprenderá nuestro planteo realista y veraz, convencidos de que la Democracia Cristiana argentina puede asumir la responsabilidad del gobierno, y seguros de que los resultados del comicio la harán entrar en la historia como la fuerza nueva que el país necesita.


Escribe RICARDO BALBIN, (UNIÓN CÍVICA RADICAL DEL PUEBLO)
LA PREGUNTA compromete, sin duda alguna, a los hombres políticos colocados ante el país en la situación de ser responsables, de quererlo así la ciudadanía, de su destino. Para un militante en las filas de la Unión Cívica Radical del Pueblo, como es mi caso particular, la respuesta tiende a simplificarse, porque en las actitudes todas del partido, en la claridad de su pensamiento largamente exhibido, y en la conducta y coherencia de su línea pública, pueden encontrarse con facilidad las contestaciones concretas a cada pregunta que pueda hacerse el elector. Pero sé que ello no es suficiente. El hombre argentino —mujeres y hombres del país— tiene cada día una nueva pregunta a flor de labios, y desea de los políticos la respuesta. No es éste un problema exclusivamente nuestro: el mundo, en todas sus latitudes, vive el apremio de una angustia dada por las crisis sociales, por las guerras, y ese clima crea la irritabilidad, que hoy parece el común denominador de todos los caracteres. Falta respeto entre los hombres y, por cierto, también, entre quienes representan una idea. La agresión, la subestimación para el adversario —siempre hablando en el plano de los ideales— ayudan poco a la reconstrucción argentina. Considero que es absolutamente necesario que el dirigente comprenda que en la República se mueven también otros hombres con otros planteos, perfectamente respetables, que aunque antagónicos con los suyos, posiblemente sean útiles en una convivencia democrática que busca encontrar definitivamente el camino del progreso y del bienestar popular.
Pero para llegar a ese respeto recíproco, es imprescindible que cada uno exponga con claridad su pensamiento, que nadie oculte nada. El pueblo, espera ansioso para elegir, y merece el respeto de quienes aspiran a conducirlo: ocultar el pensamiento sería traicionarlo —otra traición más— en sus más legítimas esperanzas. No sea que se lo ponga en el trance sufrido de tener que optar, y no elegir... Logrado ese ambiente para la Nación, debemos afirmar que la tarea del gobernante habrá de ser dura y difícil. Si aquél no se lograra, sería imposible gobernar. El Radicalismo del Pueblo entiende los problemas argentinos enfocados desde un punto de vista auténticamente nacional. Su nacionalismo —el bueno— no es un artificio caprichoso para manejar circunstancias electorales. Le viene de las más genuinas vetas de su estirpe criolla. Por ello, todo lo que hagamos, si nos toca hacerlo, será con vistas ciertas a la felicidad de todos los que habitan este bendito suelo. Sentimos un verdadero orgullo por el pasado histórico que, con aciertos y con errores, nos dio patria. En esta patria es donde toca a nuestra generación dirigente orientar rutas precisas; a la joven generación recién incorporada al ejercicio de su voto, decidir con justicia, sin miedo, para proyectar la República hacia un futuro de realizaciones que jalonen su recuperación ética y material. Porque entiendo que lo que se haga hoy tendrá vigencia de mañana. Porque en esta actualidad de grandes decisiones, es el futuro argentino el que está en juego.
En lo humano, será nuestro esfuerzo dedicado a moralizar el país, para que dentro de ese cuadro apto para la creación sea útil el trabajo de cada uno. Sin moral, será vano todo intento serio. Ya sabemos lo que valen los programas sin conducta. Hay que moralizar los ambientes todos de la República, arriba y abajo, moralizarlos con el ejemplo de una conducta sin tachas, que se muestre a través de una administración de manos limpias. Así el hombre de trabajo encontrará en su propia conciencia la verdad de su reclamo ante el patrón que sea injusto, y entonces el derecho de huelga, incorporado a la ley fundamental de la Nación por el voto de la Unión Cívica Radical del Pueblo, tendrá no sólo fuerza de ley, sino también fuerza extraordinaria que da la razón de un derecho legítimo. En nuestro gobierno, las fuerzas gremiales encontrarán eco justo para sus demandas, y verán cómo sus sindicatos funcionan libremente, sin interferencias oficiales, para que el contenido reivindicador de su vieja lucha no se vea trabado por nadie ni por nada. Cada obrero será artífice de su propio sindicato, y en el acierto con que elija a sus dirigentes gremiales estará dada la eficacia del instrumento defensor de su derecho.
Los sectores de las fuerzas vivas, que de una u otra manera inciden también sobre la marcha progresista del país, encontrarán en el Radicalismo del Pueblo un celoso guardián de las leyes, para que en la armonía entre el capital y el trabajo se pondere el equilibrio necesario para la reconstrucción. No toleraremos la injusticia social. La ley, y nada más que la ley, será nuestra vara para medir las transgresiones. Sin el orden que establece el cumplimiento de la legislación vigente no es posible el progreso.
Yo creo firmemente que no puede haber en la República una intensificación de la producción, de la industria, del trabajo del campo; si no se intensifica la defensa del hombre, que es la materia prima esencial de todo ese proceso económico: darle tranquilidad, atender a su bienestar, defender su salud, respetarlo en sus opiniones y derechos. Esa será la tarea fundamental para recuperar el futuro de la Argentina.
Somos partidarios decididos de un gran proceso de industrialización. Pero no improvisado para la creación de brillantes negocios de un día, sino realizado para que sirva de veras a la recuperación económica del país. Los pueblos que deseen zafar las pinzas fuertes de las economías foráneas que crean desventaja —no las limpias, que coparticipan con los pueblos donde se radican— deben crear su propia industria. Aquí nosotros tenemos la ventaja grande de que, ayudando el negocio agropecuario con seriedad y con sentido nacional, dispondremos de las divisas necesarias para montar nuestras propias fábricas. Nosotros no combatimos el imperialismo con "slogans" porque no queremos hacer un "slogan" del imperialismo: porque trabajamos para darle un sentido moral al concepto de soberanía. Es muy fácil hablar de "entreguistas", tanto como lo es de desleal. Yo no creo que ningún argentino sea capaz de vender a su país: quienes utilizan la tribuna pública para declarar cosas tan tremendas, lo hacen sin seriedad y sin ninguna responsabilidad. Es una acusación demasiado grave, como para ser jugada así, porque sí, al éxito de un comicio. Al dictador prófugo se lo acusó con verdad de ello, y se lo sacó de la casa de gobierno. Esa es la lección.
En materia de petróleo, ya está dada claramente nuestra posición. Estamos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales porque la consideramos una institución capaz de dar solución a la necesidad del país. Se locarán servicios de cuantas empresas se presenten a las licitaciones necesarias, pero no se hará una sola concesión de la explotación del bien llamado oro negro. En una palabra: el gobierno del Radicalismo del Pueblo dará concreción al autoabastecimiento de petróleo por medio del organismo estatal cuya estructura tuvo vigencia plena mediante el auspicio de los hombres del radicalismo en el gobierno.
Todas estas consideraciones, todo el quehacer de un gobernante de un gran país como el nuestro, tienen, por lógica, que estar sujetos a la ley inexorable de la actualidad. Nosotros permanecemos firmes frente a nuestras consignas fundamentales vinculadas a la libertad, a la justicia, al sentido moral de la vida y a la igualdad en el derecho y en las posibilidades. Pero decimos claramente que aspiramos a ser útiles y eficaces en la tarea de nuestro tiempo. Cada actualidad tiene su drama, su esperanza y su creación. Nosotros hemos vivido el drama. Estamos en el filo de la hora de la esperanza. Y aspiramos a actuar en la etapa de la creación, que es tanto como decir construir o reconstruir, según lo que no se hizo o según sea lo que se destruyó.
Esas, son las dos tareas que se le deben a la Argentina.
La Unión Cívica Radical del Pueblo las cumplirá.

Escribe ARTURO FRONDIZI (UNIÓN CÍVICA RADICAL INTRANSIGENTE)
EL PARTIDO que llegue al gobierno el 1º de mayo deberá afrontar dos clases de problemas: los problemas propios de un país en desarrollo y los problemas artificiales creados por los intereses que intentan impedirlo o perturbarlo. El primer objetivo del nuevo gobierno será eliminar los factores provocados de perturbación y de atraso.
1. PAZ, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD.
Los principales factores de perturbación son: la falta de convivencia pacífica, la falta de normalidad institucional, la inseguridad jurídica y -la inestabilidad económica. Por eso, nuestra primera tarea, si triunfamos, será terminar con las persecuciones políticas e ideológicas, asegurar el respeto a todas las ideologías y creencias y' hacer realidad efectiva los derechos y libertades proclamados en la Constitución.
En segundo lugar, habrá que restablecer las garantías jurídicas para todos: para las personas, los bienes y las instituciones. Hay que terminar con la arbitrariedad, con las amenazas constantes y el temor a las represalias. Tanto el hombre que trabaja como el hombre que invierte capital y el hombre que crea bienes espirituales o materiales, deben sentirse amparados y estimulados. Tiene que haber seguridad social para el trabajador y seguridad jurídica para el hombre de empresa. Sólo así hallará aliento y recompensa el esfuerzo creador, cualquiera sea el terreno en que se desarrolle.
En tercer lugar, habrá que imponer estabilidad en todos los órdenes, lo cual significa que los planes trazados puedan ser cumplidos. Esto vale principalmente para el gobierno, pero importa sobre todo a los particulares. Habrá que terminar con los cambios bruscos de orientación, los proyectos que no se cumplen y las iniciativas que mueren apenas se inician. Si no hay estabilidad, nadie se atreve a comenzar empresas de aliento ni se siente seguro. Sin grandes inversiones ni seguridad no hay progreso efectivo, no hay bienestar duradero, no hay realización nacional. En un clima de inestabilidad e inseguridad —lo estamos comprobando día a día—, sólo prospera el especulador, el usurero y el aventurero, cuyas actividades hacen más cara la vida y volatilizan el producto del trabajo nacional. Aspiramos a iniciar una era de paz, seguridad y estabilidad, para que la Argentina sea la gran nación que por sus hombres y su suelo merece ser.
2. DESARROLLO E INTEGRACIÓN NACIONAL.
Los factores de atraso que habrá que eliminar son algunos de larga data y otros provienen de la acción retrógrada de los intereses que están influyendo en el momento actual. Los factores tradicionales de atraso están vinculados a la presión conjunta del imperialismo externo y la oligarquía interna, que han tratado y tratan de mantener al país en la condición de mero productor de materias primas (trátese de la producción agropecuaria -que es el factor tradicional- o del petróleo y otras fuentes de energía, que constituyen los objetivos del más moderno imperialismo). El nuevo gobierno deberá desarrollar una política de signo nacional, que atienda exclusivamente a los intereses del pueblo argentino, cuya prosperidad y bienestar deberían ser meta final de todos los partidos.
Pero la acción inmediata del nuevo gobierno deberá dirigirse a conjurar los efectos de la política económico-social que se ha venido siguiendo. Esos efectos, que los propios hombres del gobierno provisional se han visto obligados a reconocer, se traducen en elevación desmesurada del costo de la vida, descapitalización nacional y creciente dependencia de determinados mercados exteriores, con mengua de nuestra soberanía y de nuestras posibilidades de desarrollo.
El nuevo gobierno deberá cambiar totalmente el signo de la actual política económica y financiera. Para ello, el país deberá tener el control de los resortes básicos paulatinamente abandonados: el crédito, el comercio exterior, los servicios públicos esenciales, la energía. Deberá reactivarse en forma efectiva y no declamada la explotación de nuestro petróleo por Y.P.F. y la siderurgia nacional, que son los dos grandes pilares de nuestro futuro inmediato.
Paralelamente a esta acción, deberán eliminarse las trabas impuestas a nuestra industrialización y establecerse los estímulos crediticios, impositivos y tecnológicos indispensables para que nuestras fábricas y talleres vuelvan a emprender el ritmo de crecimiento interrumpido por la política del régimen actual. Esa reactivación industrial deberá ir acompañada por una enérgica acción vitalizante y renovadora en el campo agrario, que dé estabilidad y estímulo al productor rural, que afirme las garantías sociales de sus hombres de trabajo y que promueva la modernización integral de sus medios de trabajo y de vida. Todo ello para lograr, en breve lapso, la meta de la integración agro-minería-industria, ya alcanzada en los países altamente desarrollados y demorada en la Argentina por los factores retardatarios antes mencionados.
Mientras los objetivos básicos de esta nueva política económica no sean totalmente alcanzados, habrá que desarrollar un plan de emergencia contra la carestía de la vida, que deberá ser llevado a cabo con la participación y el apoyo de todos los sectores económicos interesados del trabajo, de la producción y del Estado.
3. GOBERNAR CON TODOS LOS ARGENTINOS.
Para poder superar los obstáculos que previsiblemente habrá de enfrentar un programa de liberación como el que se acaba de enunciar, el futuro gobierno constitucional no podrá ser un gobierno de comité. Nos proponemos apelar al concurso de todos los hombres y mujeres capaces, sean o no radicales intransigentes, que compartan nuestros objetivos nacionales y populares. La Argentina ha sufrido mucho como consecuencia de las discriminaciones políticas e ideológicas y su progreso se ha visto seriamente retardado por la falta de un criterio amplio y moderno de gobierno. La función del especialista se vuelve cada vez más importante en el mundo actual, dominado por el progreso técnico y social, y no es posible que las divergencias ideológicas sigan privando al país de la colaboración de hombres indispensables, de técnicos e investigadores que deben trabajar en el exterior por las restricciones que les imponen en su propia patria.
En segundo lugar, esta política de progreso nacional y bienestar popular sólo será posible si a ella concurren todas las fuerzas activas del país. Debe ser una política de participación y no de exclusión. Esa participación requiere una aceptación sin retaceos de la realidad social actual, en la cual juegan papel dominante la organización obrera y las conquistas alcanzadas por los trabajadores. Por eso sostenemos la necesidad de una sola central obrera, sin influencias partidistas, patronales ni estatales, a fin de que los trabajadores cuenten con una representación poderosa y responsable en la discusión de los grandes problemas del país. Por eso, también, comprometemos nuestra decisión de eliminar todos los factores artificiales de división sindical que han sido introducidos en los últimos tiempos y aseguramos que bajo el gobierno radical intransigente habrá un Ministerio de Trabajo y Previsión con la jerarquía y la función que le corresponden y las organizaciones obreras contarán con todos los medios materiales y las garantías necesarias para desplegar su acción en todo el país. 
Otro tanto cabe decir de las organizaciones empresarias, que deberán participar activamente en la elaboración, discusión y ejecución de los planes de desarrollo. En el proceso de integración nacional que aspiramos a iniciar bajo nuestro gobierno, no sólo nadie deberá quedar al margen sino que todos los sectores y todas las actividades deberán intervenir en la plenitud de su fuerza y de su unidad, porque precisamente la disgregación del esfuerzo nacional —que interesa a los sectores de privilegio y a los agentes del imperialismo— se apoya en la disgregación de cada una de sus fuerzas componentes. La cohesión nacional será fruto de la cohesión interna de todos los sectores, cohesión que no debe lograrse compulsivamente sino surgir por propia decisión de los hombres que los componen, en un medio favorable creado por el poder público y bajo la inspiración de una conciencia nacional hecha convicción en cada hombre y mujer de este suelo.
4. CRECIMIENTO ARMÓNICO DE TODO EL PAÍS.
Establecidas las bases de un desarrollo armónico del país en lo económico y en lo social, garantizados los derechos y libertades que son esencia de nuestro sistema democrático y creadas las condiciones de convivencia que reclama nuestro grado de civilización, el país podrá emprender su marcha hacia un futuro lleno de posibilidades. Para ello sólo bastará desatar las energías creadoras contenidas y proporcionar todos los estímulos para que se desarrollen en plenitud. El futuro gobierno deberá preocuparse, en ese sentido, por elevar las condiciones espirituales y materiales de toda la población, desarrollando planes efectivos de educación, vivienda y salud pública de alcance nacional. Al mismo tiempo, para colocar al país en el nivel que corresponde a la evolución actual del mundo, habrá que impulsar un vasto plan de reactivación técnico-científico, creando los organismos necesarios, dotando las instalaciones indispensables y convocando al trabajo creador a todos los técnicos e investigadores, para que en breve plazo la Argentina pueda aprovechar todas las conquistas de la ciencia y también proporcionar a otros pueblos el fruto de su capacidad y de su imaginación.
Para que este proceso de superación pueda cumplirse cabalmente, seca indispensable que todo el país funcione en su conjunto, sin ciudades ni provincias privilegiadas o desposeídas. Habrá que hacer efectivo el sistema federal de gobierno y el respeto a las autonomías comunales, pero habrá que brindar al mismo tiempo todos los medios técnicos, económicos y financieros para que las regiones postergadas recuperen su vitalidad, para equilibrar con el resto del país los efectos de la super-concentración urbana, demográfica y económica en torno a Buenos Aires y el Litoral que ha deformado la República y para crear nuevas fuentes de riqueza y de trabajo en las tierras vírgenes. Haremos así que todos los hijos del país se sientan ligados al suelo donde nacieron y completaremos en lo político, en lo social y en lo económico la obra de Hipólito Yrigoyen, que luchó para que no hubiera más argentinos desterrados en su propia patria.


Escribe RODOLFO GHIOLDI (PARTIDO COMUNISTA)
DEBO aclarar previamente que nuestro partido ha tomado la iniciativa, conforme a la votación de su Convención nacional, de dirigirse a los partidos políticos populares y democráticos, para proponerles conversaciones previas en torno de algunos puntos fundamentales de interés común y con el fin de establecer una candidatura presidencial apoyada por ellos. Hemos señalado los que a nuestro juicio debieran ser los temas objeto del intercambio de ideas, pero aceptamos naturalmente la dilucidación de los asuntos que otros partidos considerasen oportuno debatir. De aprobarse nuestro criterio, todos los partidos populares y democráticos iríamos a las elecciones presidenciales con un solo candidato. Dicho esto, pasaré a lo que constituye el motivo de la entrevista. En pocas palabras, la respuesta a la cuestión del periodista puede ser la siguiente: haríamos desde el Gobierno lo que está en nuestro programa electoral. Comenzaríamos, pues, con la preservación rigurosa de las riquezas nacionales, a los fines de substraerlas a la monopolización colonialista de los consorcios extranjeros, y para estar en condiciones de movilizar convenientemente todos los recurso nacionales, con el propósito de garantizar el desarrollo y evolución de una economía nacional independiente. Hechos como el del petróleo y la energía eléctrica subrayan suficientemente el buen fundamento de esa exigencia. En el primer caso, pudo verse mediante el proyectado acuerdo con la California cómo tras de descuartizar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales se hacía cesión de la soberanía nacional. Recordaré que ahora vuelve a repetirse la argumentación de entonces. Naturalmente, no ignoro las palabras, tan bellamente dichas, en favor del petróleo; pero, pregunto, ¿no habría sido mejor votar la nacionalización del petróleo en la Convención nacional constituyente de Santa Fe? Por lo que hace a la energía eléctrica, todo es tan reciente que pareciera una impertinencia un registro detallado del proceso. La extorsión imperialista marcha del brazo de la extorsión política. La publicación mejicana "De la Política" recuerda que el nazi Heineman, presidente de la SOFINA, en previsión de la derrota militar se fué orientando hacia el Departamento de Estado, a cuyos efectos contrató por 10.000 dólares mensuales los servicios de Messersmith, embajador norteamericano aquí y en México; entregó además un paquete de acciones al grupo Snyder, de tanta influencia en el "gabinete Cadillac" de Ike. Jubilado Messersmith, éste fué reemplazado por W. H. Draper, ex jefe del Plan Marshall en Europa. Cuando el facto tomó su decisión conocida en el asunto de la CADE, los personeros suizos del "holding" nos bombardearon estrepitosamente, con el apoyo de altos círculos de Washington y de las agencias informativas. Es como si en nombre de lo que se denomina la libre iniciativa privada, que resulta ser la iniciativa de los monopolios, nosotros debiéramos renunciar a los actos de nuestra propia soberanía. Ahora el señor Henry Sergent, de la American & Foreign Power, anuncia que en su conversación con las autoridades argentinas éstas le prometieron resolver las cuestiones financieras de la ANSEC (!); dijo textualmente que "se recibieron seguridades de que se harían arreglos temporales". Increíble, pero es así. Claro está, los trabajadores argentinos, tan postergados, no pueden decir palabras optimistas de Mr. Sergent.
El otro aspecto de la defensa celosa de los bienes nacionales está constituido por una política de comercio internacional más elástica, más inteligente, más libre de ataduras metropolitanas. Desde hace largos años el país viene siendo desangrado por el incesante desmejoramiento de la relación de los términos del intercambio, de tal manera que para conseguir actualmente el mismo tonelaje de productos importados debemos exportar doble cantidad de productos nacionales que en un reciente pasado. Evidentemente hay que poner un término a este proceso desquiciante, sufrido también por los demás pueblos latinoamericanos. Países exportadores como los nuestros tienen muchísimo que perder con un régimen comercial discriminatorio que nos obliga a pagar cada vez más por lo que importamos, y a cobrar cada vez menos por lo que exportamos. Se anuncia que una calificada delegación comercial argentina visitará la Unión Soviética y otros países socialistas; es de desear que esa misión tenga de veras el propósito de comerciar en el más alto nivel posible, sobre la base de la plena igualdad y mutuo provecho. Los ejemplos de Egipto y de la República de la India, que resuelven sus necesidades industriales con la ayuda de la U.R.S.S. (caso de la siderurgia en la India, erigida por técnicos soviéticos, con un préstamo por el cual los beneficiarios abonarán el interés del 2 %), debieran estar ante los ojos de los negociadores argentinos. Por otro lado, los productores nacionales han de saber que la capacidad de absorción de los países socialistas, integrados por algo más de 950 millones de habitantes, y poseedores de mercados internos en plena expansión, es sumamente elevada.
En materia de estructuración económica, la otra medida básica es la relacionada con la cuestión de la tierra. El latifundismo constituye una rémora económica y un tremendo castigo social; impide el progreso nacional y, a la vez, esquilma y hunde en la miseria a las masas rurales. El titulado plan de reestructuración agraria vine a consolidar el sistema de la gran propiedad terrateniente; él crea esta opción: o el campesino arrendatario compra a varios miles de pesos la hectárea —tiene que ser, entonces, un campesino rico o muy rico—, o se allana a una nueva tasa de arriendo, más extorsiva; en caso contrario será el desalojo. ¡Y eso es resolver el problema agrario! Desde hace décadas el país está maduro para la reforma agraria; su no realización es uno de los factores de la crisis económica, política y social.
No hace falta probar el envilecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores, de los campesinos, de las clases medias. En un polo están las ganancias cada vez mayores de los grandes consorcios, en el otro polo está el descenso de los ingresos reales de los obreros y de los empleados. La afirmación de que ello es una consecuencia de la crisis económica es singular e inconveniente; ¿por qué el hecho de la crisis determina mayores ganancias capitalistas y menores salarios obreros? Ciertamente, los capitalistas adueñados del poder pueden descargar la crisis sobre los trabajadores, pero ello mismo está diciendo que un régimen verdaderamente popular y verdaderamente democrático adoptaría medidas para impedir que el peso de la crisis cayese sobre los trabajadores. Se trata, pues, de parar la carestía, de detener la ofensiva patronal y de asegurar el bienestar de las masas laboriosas.
En materia de política internacional, urge que nuestro país haga saber que no integra bloques ni se propone ser el almacén atómico de terceras potencias, ni acepta colocarse en situación de objetivo para las represalias destructoras. Debe denunciar el compromiso de la OEA y, con mayor motivo, rechazar resueltamente las aventuras que buscan la vinculación de la OEA con la NATO, cosa que de materializarse significaría envolvernos —con todas sus consecuencias— en cualquier conflicto guerrero de cualquier punto del globo. Tal posición elevaría el prestigio argentino, sería un factor de paz, y colocaría en manos de nuestra diplomacia herramientas muy importantes para la postulación de la coexistencia pacífica de los Estados.
Corresponde decir algo acerca de la estructuración institucional. Nos es cómodo hacerlo, porque nuestro partido depositó un proyecto constitucional completo en la asamblea de Santa Fe, y en él se enfoca ese problema. Rechazamos el sistema presidencialista, de claro sentido despótico. Frente a la tesis de un ejecutivo fuerte (fuerte en el sentido de su esfera despótica), sustentamos la idea de un gobierno parlamentario, esto es, fundado en el Congreso; el ministerio entra a funcionar una vez obtenido el voto de confianza del Parlamento. La explicación que pretende mostrar la conveniencia del ejecutivo fuerte en razón de que sin un Congreso adicto el gobierno no podría dirigir con éxito, no tiene fuerza persuasiva; la experiencia argentina enseña que las cámaras genuflexas no ofrecen una solución recomendable. El gobierno anterior tenía el 90 % de la Cámara; ¿y? El poder de un gobierno depende de su programa, y no cabe duda de que un programa adecuado tendría, en el Parlamento, el apoyo de diversos sectores, y no solamente el del partido oficial. Asimismo, el régimen parlamentario de gobierno es el único que dignifica a los ministros: en él, ellos serán realmente ministros, y no meros funcionarios de un monarca llamado presidente.
Ese régimen exige, como se comprende, el sistema electoral de la representación proporcional. Por este sistema, los partidos tienen la representación cuantitativa que surge de su fuerza electoral, y las corrientes políticas del país pueden llegar a tener la expresión adecuada en los cuerpos representativos. Esto significa que el sistema electoral de la ley Sáenz Peña es contraindicado. El aspecto de dicha ley que trata de las garantías del voto, universal, obligatorio y secreto, merece todo el apoyo; pero el aspecto reaccionario que fija el modo representativo es profundamente antidemocrático y debe ser anulado. Es antidemocrático porque puede dejar a la mayoría del país sin representación, es antidemocrático porque fuerza coactiva y burocráticamente, por medio del Estado, la existencia de dos solos partidos; es antidemocrático porque hace posible que un partido con el 25 % de los sufragios acapare el 66% de los escaños parlamentarios, es antidemocrático porque tolera que un voto valga más que otro.
¿Qué ocurriría si, por hipótesis, el próximo Congreso resultase estar integrado por personas de un mismo color político, aunque presentados con dos denominaciones diferentes? El balance es innegable: la voluntad y la realidad política del país quedarían falsificadas. En efecto, partidos que han tenido representación parlamentaria a lo largo de décadas, y partidos nuevos que han mostrado su pujanza en la Constituyente, serían dejados sin voz legislativa. Esa perspectiva no favorece la unidad tan necesaria ni el camino del desarrollo pacífico.

Escribe VICENTE SOLANO LIMA (partido conservador popular)
LÓGICAMENTE, si el conservadorismo popular llegara al gobierno, su obligación sería aplicar el programa que a tal efecto sancionaron sus asambleas. Es decir, una teoría y doctrina que corresponden a una fuerza democrática de centro, con leve inclinación a la derecha.
Pero, dadas las especiales circunstancias que atraviesa la Nación, es previo a la normal ejecución de un programa elaborado para tiempos tranquilos, un plan para solucionar la crisis política que ha llegado a su mayor y más dramático grado.
Para ello, el conservadorismo popular, desafiando los prejuicios y el espíritu jacobino connatural a todo epílogo revolucionario, ha propuesto arrojar por los aires las antihistórica fórmula de vencedores y vencidos, que si tuvo como antecedente el funesto drama de Dorrego, fué luego sobrepasado por el genio militar y político de Urquiza, al concertar en San Nicolás el acuerdo con los derrotados, base angular de la carta magna del 53.
La igualdad de trato entre vencedores y vencidos no se concilia con la exclusión del partido desplazado ni con los millares de inhabilitados políticos, cuyo veto es el producto de un acto discrecional de poder y no una sentencia de jueces imparciales. La elección de febrero no resolverá, por consecuencia, la crisis. Y renovará, no sabemos para qué, la misma especie de crisis de 1931, que trajo como subproducto la conspiración y una ciega y fanática oposición a los gobiernos surgidos del comicio, donde una poderosa fuerza estuvo ausente por imposición del poder.
Es previo pacificar, o sea resolver la crisis política, como contribución, la más eficaz y noble, a los objetivos permanentes de la paz interna. Si no hay paz en los espíritus argentinos, habrá hostilidad y violencia en las calles de sus ciudades.
El plan integral para la pacificación de la República, propuesto por el conservadorismo popular, significa una solución anticrítica, normalizante, apaciguadora. Si la elección de febrero no resuelve la crisis, puede servir, bien aprovechada que sea, como un punto de partida para comenzar el necesario e imprescindible ciclo de la argentinidad.
El pueblo no creerá nunca en una legalidad aparente y artificiosa, pero aceptará a un gobierno legítimo como la expresión de su propia voluntad democrática. En esto se funda el plan conservador popular de anticrisis.
Proponemos que el comicio de febrero sólo elija un gobierno provisorio, cuyas finalidades serán: a) constituir un gobierno de unión nacional, donde estén representados los grandes partidos, inclusive el peronismo, la C.G.T. y personalidades significativas; b) ese gobierno propenderá el acuerdo de partidos para proyectar una nueva Constitución y promoverá la convocatoria de elecciones de constituyentes a tal efecto; c). constituida la asamblea constituyente, que será soberana, ésta designará un presidente provisional para el país, aceptando las renuncias indeclinables de presidente y vice; d) sancionada la nueva Constitución, se convocará a elecciones generales nacionales, provinciales y municipales, de donde resultará el legítimo gobierno del país.
Mientras dure el gobierno de coalición, consecuencia del comicio de febrero, se ajustará a un plan de emergencia en materia económica y social, procurando resolver las exigencias inmediatas de la situación.
Entre las instancias mencionadas estará la de operar una intensa acción para lograr el equilibrio de la balanza internacional, explotar la riqueza petrolífera con energía, incitar a la mayor producción campesina, mejorar los transportes, y establecer nuevas fuentes generadoras de energía. En el presupuesto habrá que verificar reducciones categóricas, disminuir y redistribuir la parte excesiva de la burocracia, proclamar y cumplir un programa de austeridad gubernamental, y gestionar el crédito internacional para alentar un programa de reactivación económica. Además, se deberán revisar las escalas del impuesto a los réditos, elevar el mínimo no imposible, y liberar al contribuyente del reglamentarismo y la papelería impresa, que lo deprimen y lo traban en su iniciativa y empresa.
Se debe depurar y reducir a lo estrictamente necesario la representación diplomática y consular. Si el país está empobrecido, el gobierno no puede ser fastuoso ni malgastador.


Escribe LUCIANO MOLINAS (partido demócrata progresista)
NO DEBE creerse que por el hecho de no tener perspectivas de triunfo a un candidato a presidente le es fácil trazar su programa de acción. Los hombres que militamos en las filas de un partido de ideas maduradas a través de largos años somos fieles a las mismas y entonces, en estas campañas electorales nuestra principal tarea es la de difundir nuestro programa y demostrar la bondad de sus realizaciones.
Yo diré que, si llegara a la presidencia, lo primero que buscaría es restablecer la confianza en el pueblo y no servir de modo exclusivo a los núcleos de comité. El que se cierre en los límites estrechos de su partido, y sobre todo después de este periodo, que ha de ser para las primeras minorías una carrera demagógica sin precedentes, se mantendría en beligerancia contra la mayoría, cuyo concurso es más indispensable, para la tranquilidad y el encuentro de los caminos difíciles de la recuperación nacional. Ninguno de los partidos actuantes tiene respaldo suficiente para una obra como la que deberá acometerse de inmediato. Las promesas demagógicas serán de imposible cumplimiento. y la lucha política extenuará más las fuentes conmovidas de nuestra economía, de sus maltrechas finanzas y de la inseguridad gremial y social.
La vigencia del voto proporcional, a que obstinadamente se han opuesto las minorías radicales, conduce necesaria y convenientemente a integrar ministerios con respaldo parlamentario, sumando los esfuerzos de los más, en forma de realizar un gobierno con mira a los bien entendidos intereses colectivos y no en la pugna de afirmaciones y negaciones que desgastan, conspirando contra la adopción de medidas requeridas para nuestra reconstrucción, sin beneficios singulares o éxito de circunstancias para grupos o partidos, que de otro modo se esterilizarían y anularían en la acción.
Si llegara a presidente de la República, no ejercería la facultad omnímoda de nombrar ministros del grupo de correligionario o amigos. Los que no lo son, tienen igual derecho a participar en la gestión pública, en la medida de su capacidad y de las fuerzas populares que los respaldan, como que son también partes integrantes de la vida nacional. Creo que de este modo empezaríamos a contribuir decididamente a una verdadera reconciliación nacional y al gobierno de los más, en todos los órdenes de la actividad del país.
El hecho de que la Constitución no reformada confiera al Poder Ejecutivo poderes excesivos, ampliados en una práctica viciosa y deformante de sus principios fundamentales, no quiere decir que los debe ejercer y que no deba también autolimitarse. Si yo fuera presidente de la República, no intervendría jamás una provincia argentina y si estuviera realmente impedido el juego regular de sus instituciones democráticas, entregaría la decisión del conflicto al pronunciamiento del Congreso. Ese respeto a las autonomías locales en lo político lo mantendría con firmeza inalterable en el orden económico, financiero y social. La penetración y dominio del poder central se habrían acabado para siempre.
La misma categórica afirmación que hago, la reitero con respecto al estado de sitio. Un presidente con el concepto de sus deberes y responsabilidades no puede por acto propio asumir poderes tan tremendos, que hasta para el goce de la libertad individual un habitante tenga que salir del territorio' de su patria. La vigencia de la Constitución no se suspende nunca, y sobre una garantía que ella reconoce o acuerda, y que sea discutida, que lo decida el Parlamento, integrado por los representantes de toda la Nación.
De lo primero que abordaría un presidente demócrata progresista sería reglar el sistema contributivo, desnaturalizado en la letra y el espíritu de la Constitución, para asegurar el respeto a las esferas de acción del Estado nacional y provincial. Los impuestos directos a la renta han segado las mejores fuentes fiscales de las provincias. Se sancionaron por cinco años y hace ya un cuarto de siglo que están en vigencia, corregidos y aumentados, mientras hay provincias que languidecen y tienen que vivir de la dádiva federal. Por ello, cuanto se discutían en la reciente Convención Nacional los derechos sociales, mostraba mi insistencia en el afianzamiento de las autonomías económicas para los Estados locales, porque no queremos, decíamos, simplemente leyes escritas, sino vigentes en su integridad.
El presidente demócrata progresista propiciaría en el Congreso la necesidad de cumplir con el compromiso contraído al hacerse la organización definitiva de la República, de dictar leyes de fomento a las provincias, con asignación de recursos especiales, destinados a impulsar su desarrollo económico y sin perjuicio también de la obligación pactada, de acordar subsidios a aquellas cuyas rentas no alcanzaren a cubrir sus gastos ordinarios. Si así no se cumpliera, las grandes usinas hidroeléctricas, ferrocarriles, caminos de acceso, diques, obras de regadío, etc., no se realizarían con un concepto de afianzamiento, del federalismo y seguirían subordinadas al interés político electoral.
La emisión de papel moneda es atributo de la Nación. La facultad del Congreso de acordarla a bancos locales hace mucho más de medio siglo que no se ejerce y todo hace suponer que no lo hará más. La Nación lo ha monopolizado y lo más grave es que en los hechos se ha conferido a una sola persona la dictadura monetaria. Un día más no lo consentiría un presidente demócrata progresista. No se pueden así manejar los intereses económicos del país, soportando arbitrarias oscilaciones del signo monetario, la pérdida de su poder adquisitivo, la elevación del costo de la vida, destruyendo las previsiones de los hombres y equilibrando con la emisión presupuestos desordenados y onerosos, que comprometen el presente y futuro de la Nación.
No podría tampoco consentirse un solo día más que en un ministerio se dicten las normas cambiarías, traspasos del mercado oficial al mercado libre, retenciones, recargos en las monedas extranjeras, aforos movibles y toda esa concentración de poderes, que hacen el juego arbitrario de la vida económica del país, convertido en una verdadera dictadura. Resabios de la década ignominiosa que hemos pasado y a la que todavía se pretende seguir sometiendo al país.
Un presidente demócrata progresista enviaría al Congreso para su estudio y sanción, no sólo el presupuesto general de la administración, sino el de todas las reparticiones autárquicas, sin ninguna excepción. Pretender que existan empresas, bancos u otras dependencias que por sí solas arbitren recursos y los inviertan por cientos y miles de millones de pesos, a espaldas del Congreso, es repugnante a las nociones más elementales de régimen representativo de gobierno. Se hace indispensable, también, cambiar la forma de conducir la política exterior. Los ciudadanos llamados a representar a la Nación, en congresos, conferencias y delegaciones, no pueden seguir siendo la sola expresión de la voluntad del gobierno o de su partido, y no todo debe ser secreto de cancillerías. Los compromisos que suelen contraerse, no son de gobierno, sino de los pueblos llamados a cumplirlos, y a veces, a costa de su propia sangre. Los líderes de los partidos políticos no pueden ignorar el estado de las relaciones exteriores de su país; deben ser informados y consultados a tiempo sobre lo que se propone hacer. No hace mucho, señalábamos la concertación de compromisos que podrían obligar al empleo de nuestras fuerzas de mar; esos compromisos los pueden conocer las naciones vecinas que nada aportan a la acción y, sin embargo, todo es secreto para nosotros.

Escribe ALFREDO PALACIOS (PARTIDO SOCIALISTA)
ANTE una pregunta como la que se formula, y en la que se solicita en realidad la exposición de un programa de gobierno, un hombre de ideas no puede responder como si tal programa dependiera de su voluntad personal. Un candidato a presidente de la República se presenta para ser elegido ante el pueblo, y representa las ideas y la voluntad de un partido político. El pueblo como realidad, y la plataforma electoral de su propio partido político como interpretación de esa realidad, son las voces que dictarán a un candidato a presidente sus palabras durante la campaña electoral, y posteriormente, en caso de ser electo, sus actos de gobierno. Yo represento en las elecciones del 23 de febrero al Partido Socialista, cuya plataforma electoral -aprobada por el 43º Congreso Nacional del partido celebrado en Córdoba los días 16 y 17 de noviembre de 1957- plantea sintéticamente todo un programa de gobierno. Hay varios punios de ese programa que me interesa destacar del conjunto:
Problema agrario: prohibición de entregar en propiedad la tierra pública. Elevación del nivel de vida del trabajador rural. Expropiación de los latifundios por el Estado, y entrega en enfiteusis a comunidades agrarias cooperativas, hasta llegar a la completa socialización de la tierra. Electrificación rural y construcción de caminos, mediante la contribución, por vía impositiva, de las propiedades beneficiarías. Tecnificación del trabajo rural. Amplio apoyo crediticio para la mecanización del agro.
Fuentes de energía: Explotación y administración por la Nación, con participación de las provincias, de los yacimientos petrolíferos, minerales, corrientes de agua, y toda otra fuente de energía, por considerarlas un bien común.
Problemas económicos: Contención de la inflación. Rebaja inmediata del precio de los artículos de primera necesidad, mediante el ajuste de sus costos de producción, la eliminación de los factores que encarecen indebidamente su distribución y venta, y subsidios estatales de emergencia a cargo de un fondo de estabilización a integrarse con la reducción de los presupuestos militar, de culto y de relaciones exteriores, los gastos burocráticos, y la elevación de los impuestos que no afecten a la mayor parte de la población económicamente indefensa. Solución del problema de la vivienda, mediante la construcción de casas colectivas por el Estado, las provincias y los municipios, dando preferente intervención a las organizaciones cooperativas. Estímulo al desarrollo de las industrias, de acuerdo con las posibilidades y necesidades del país.
Servicios públicos: Explotación de los servicios públicos por la Nación, las provincias, los municipios, o entidades cooperativas. Representación de los obreros y usuarios en la dirección y administración.
Problemas sociales: Seguro social, que abarque la protección a la desocupación, la enfermedad, el accidente, la ancianidad, la orfandad y la viudez. Fuero sindical. Protección a la familia, asegurando la vivienda normal y el amparo de la madre y de los niños, cualquiera sea su situación legal. Igualdad jurídica de todos los hijos. Obligatoriedad y laicismo de la enseñanza primaria y secundaria. Gratuidad de las mismas y protección del niño por el Estado, las provincias y los municipios. Autonomía integral del gobierno universitario y gobierno tripartito. Separación de la Iglesia del Estado. Divorcio vincular. Derecho de huelga sin limitaciones ni exclusiones, con amparo judicial. Abolición de la ley de residencia. Salario mínimo, vital y móvil en todo el país, con bases progresivas. Jubilaciones móviles. Contralor obrero y participación en la gestión empresaria. Actualización de toda la legislación laboral y de previsión, tendiente a asegurar a la clase trabajadora cada vez mayor bienestar.
Régimen municipal: Autonomía para la capital de la República. Fomento de la autonomía municipal.
Política internacional: Apoyo a los gobiernos democráticos y repudio de los regímenes dictatoriales.
A lo expuesto sintéticamente y con tanta concreción en nuestra plataforma electoral, sólo puedo agregar unos comentarios que destaquen los aspectos fundamentales de este programa político.
Hay que distinguir tres direcciones principales de acción en nuestra plataforma: acción gremial, educacional y económica.
En el plano gremial no hay palabras más expresivas de una situación que "derecho de huelga". En toda su historia, el movimiento obrero argentino no ha conocido el pleno ejercicio de este derecho elemental para la vida de las organizaciones laborales. Primero, se ejerció la represión salvaje e indiscriminada, por medio de las policías bravas, y posteriormente, después de la famosa resolución 16 de la Secretaría de Trabajo y Previsión, comenzó a "legalizarse" la represión, distinguiéndose arbitrariamente entre huelgas legales e ilegales. Respecto a este problema no se puede decir nada más preciso y categórico que lo que expresa nuestra plataforma electoral: "derecho de huelga sin limitaciones ni exclusiones, con amparo judicial".
En el plano educacional, nuestro partido sostiene la gratitud y obligatoriedad de la enseñanza primaria, que deberá ser laica. En el aspecto universitario, postulamos la autonomía integral de la universidad y gobierno tripartito, con participación paritaria de profesores, estudiantes y graduados, profunda aspiración del movimiento reformista, que el socialismo apoyó desde el primer momento. Pero el problema educacional argentino no se resolverá sino con una radical reorganización, en la que se restablezca la vigencia plena de los consejos escolares, se dé al maestro jerarquía, y se le exija la competencia de un educador, que tiene en sus manos las futuras generaciones argentinas. Hay que iniciar esta reorganización con una elevación del escaso salario del maestro, que en la actualidad apenas puede vivir de su profesión.
En el plano económico, hay que distinguir dos aspectos esenciales: el de la propiedad de la tierra y el de la propiedad, administración y explotación de los yacimientos petrolíferos y minerales. Y.P.F. ya es un organismo arraigado en nuestra economía y en la opinión del pueblo argentino. Nuestra labor debe consistir en defender y robustecer esta empresa del Estado, para que llegue, contra los intereses de los monopolios internacionales y sus personeros en nuestra República, a abastecer las necesidades energéticas de nuestra industria y nuestro campo. El petróleo debe ser explotado, industrializado, comercializado y transportado por el Estado. La consigna será: ni una gota de petróleo entregado al capital extranjero. Además. Y.P.F. debe ser dirigido por un consejo de administración en que estén representados todos los intereses sociales: obreros, empleados, técnicos, el Estado en nombre de la colectividad y los consumidores.
La tierra pública no debe ser enajenada; ha de ser un bien de propiedad común, como el agua o el aire. No se puede permitir que sigan existiendo en nuestro país enormes extensiones de campo en manos de unas pocas familias terratenientes, que gozan del privilegio de la renta del suelo que es producto del esfuerzo común.
Lo que queda expuesto es el resumen del programa de gobierno del Partido Socialista. Y todos saben que nuestro partido es firme en sus convicciones. Así lo demostró en 1936 frente a los consorcios eléctricos que compraron el voto radical, y así lo demostrará en el ejercicio del poder, si el voto del pueblo lo dispone.
revista Vea y Lea
23-01-1958