Censura y
terrorismo: el best seller de enero
Un paro de actividades
de los obreros gráficos y la adhesión de los
periodistas, el viernes 11, impidió la aparición
de diarios y revistas —por lo menos en Buenos
Aires— el sábado 12. (Por ello, la edición
anterior de Siete Días ganó los quioscos con
ostensible demora.) La Federación Gráfica
Bonaerense y la Asociación de Periodistas
dispusieron tal cese de tareas como expresión de
repudio por el atentado que el lunes 7 sufrieron
los talleres en donde se imprimen el vespertino El
Mundo y el matutino Mayoría, los que debieron
interrumpir sus ediciones hasta casi el fin de esa
semana.
El hecho carecería de
singularidad (la historia argentina está moteada
de alevosos arrebatos contra la libertad de
expresión) si no fuera porque se inscribe en el
curso de dos semanas que los periodistas e
intelectuales en general no vacilarían en
calificar de oprobiosas.
El 31 de diciembre,
dos grupos terroristas arremetieron
simultáneamente contra sendas salas
cinematográficas del barrio céntrico porteño en
donde se anunciaba el estreno de Jesucristo
(originariamente, Jesucristo Superstar), versión
fílmica de una ópera-rock cuya presentación en el
Teatro Argentino, en mayo pasado, desencadenó
también la furia de los vándalos: el teatro fue
arrasado por el fuego y los autores del delito
nunca fueron descubiertos. (Casualmente, pude ver
la pieza en Nueva York, en una función vermouth a
la que asistieron, de la mano de sacerdotes y
monjas, no menos de trescientos alumnos —menores
de edad— de escuelas religiosas. El espectáculo,
solemne y reverencial, exaltaba en términos de
accesible modernidad la figura del Redentor, y por
eso sacerdotes y monjas —con quienes sostuve un
breve diálogo— consideraban conveniente que los
chicos lo vieran.)
Un tercer grupo, ese
mismo día, fue capturado e inmediatamente puesto
bajo proceso por intento de quema de las copias de
ese film, por entonces almacenadas en la sede de
la empresa distribuidora. El 8 de enero, tras
dictarse la prisión preventiva de los acusados,
éstos recuperaban su libertad, "bajo caución real
y por carecer de antecedentes delictivos".
La imposición de la
censura cinematográfica por el terror, y a espaldas
de los ya tan celosos organismos competentes,
prohíja un fenómeno tanto o más lamentable: e|
exacerbamiento de la autocensura. Si después del
secuestro de Ultimo tango en París se operaron
mutilaciones a cuatro o cinco films ya en cartel
(La gran comilona, por ejemplo) y se levantaron
otros (como Decamerón, de Pasolini), después de
Jesucristo se decidió "postergar" Naranja mecánica
y vaya uno a saber cuántos otros títulos no
anunciados.
Durante la primera
semana de enero, agentes de la Policía Federal,
identificados como de la Sección Moralidad,
allanaron librerías de las avenidas Corrientes y
Santa Fe, se incautaron de cuantos ejemplares
hallaron de cuatro novelas de autores argentinos
y, sin que mediara ninguna instrucción judicial,
condujeron detenidos a los encargados —no siempre
propietarios— de cada negocio. En el Departamento
de Policía los libreros fueron informados que los
procedimientos respondían a una denuncia de
obscenidad interpuesta por la Liga de Madres de la
Parroquia del Socorro. Pero el jueves 10, la
presidenta de la Liga de Madres de Familia, Dora
G. de Weyland, negó haber propiciado esa gestión.
Consecuentemente, varios ediles, miembros de la
Sala de Representantes, unieron sus protestas por
los allanamientos y solicitaron audiencias al
secretario general de la Presidencia, Vicente
Solano Lima, y al jefe de la Policía Federal,
general Miguel Ángel Iñiguez.
Frente a estas
calamidades, bien vale insistir en lo que parece
una perogrullada: el camino de la convivencia
pacífica entre los argentinos exige, de cada
individuo adulto, el profundo respeto por las
"ideas que no comparte y la puntualización
civilizada de su discrepancia. Si queremos que el
juego circular de las violencias no nos
estrangule, ningún desmán irracional puede merecer
disculpa, ninguna ofensa (o supuesta ofensa) puede
ser lavada con gelinita. Sabemos de sobra que los
dividendos de la prepotencia —provenga de donde
provenga— se pagan siempre con monedas de sangre.
Norberto Firpo
Docos días después de
la asunción del doctor Héctor J. Cámpora, el
entonces secretario de Prensa y Difusión, José
María Castiñeira de Dios, reseñaba enfáticamente
la que se supuso sería la actitud del nuevo
gobierno en materia de censura: "Como lo hemos
venido señalando con toda claridad —expresó— el
gobierno del pueblo no apelará en ningún caso a la
censura, ni aceptaremos como actitud de conducta
la autocensura, que es un modo de violentar las
decisiones personales".
Unos meses después, la
designación del realizador Octavio Getino (La hora
de los hornos) como interventor del Ente de
Calificación Cinematográfica parecía solidificar
esos lineamientos. En el gremio del cine, el
beneplácito fue general. Y se justificaba. La
labor artística de Getino y sus luchas en favor de
un cine de liberación nacional constituían
antecedentes válidos para entrever que el joven
interventor impondría nuevos rumbos a una
institución que se caracterizó, durante anteriores
gobiernos, por ser un coto elitista, capaz de
recaer en frecuentes contradicciones en cuanto al
concepto de la protección al menor y a la familia.
"En principio, y
fundamentalmente —aseguraría Getino al asumir—, la
tarea será elaborar un proyecto de ley destinado a
sustituir a la que hoy está vigente, la 18.019.
Toda la actividad estará centrada en la voluntad
de cambio expresada por el pueblo argentino. Es
decir, intensificar el proceso de liberación
nacional, que significa también continuar con Ha
descolonización cultural, y del cine en
consecuencia". Por su parte, el decreto de
nombramiento que designaba a Getino interventor
advertía que era indispensable revisar las
disposiciones que en materia de calificaciones
fílmicas determina la ley 18.019, sus posteriores
decretos y reglamentaciones, así como adaptar el
Ente a pautas inspiradas, por supuesto, "en la
concepción que en materia de libertad de expresión
establece la Doctrina Justicialista".
Pero el 16 de octubre,
un hecho desconcertante daba por tierra con los
lineamientos doctrinarios y con las buenas
intenciones de algunos funcionarios: esa
madrugada, una vuelta de timón volvió a revalidar
esquemas que parecían superados. Por orden de un
juez se procedió al secuestro, en su sala de
estreno, de la película Ultimo tango en París (ver
recuadro). ¿Qué había pasado con el proyecto de
reforma a la ley 18019 que Getino debía elaborar
en el término de 90 días? Esa misión había sido
cumplida dentro del plazo establecido.
En noviembre, Octavio
Getino era relevado de su cargo de interventor del
Ente de Calificación Cinematográfica. ¿Qué razones
motivaron este hecho? La respuesta tropieza contra
las ambigüedades. Es cierto, Getino se proponía
cumplir una política prudente, a la vez que
positiva, en el plano cultural e ideológico; pero,
por lo visto, esa intención, opuesta a toda forma
de oscurantismo y en abierto enfrentamiento
contra eventuales "torquemadas", no alcanzó el
plano de las concreciones.
Año rubricado por
importantísimos hechos, 1973 epilogaría, en
materia de censura, con la violencia enquistada en
las salas porterías; así, Los últimos diez días de
Hitler y Jesucristo Superstar debieron ser
retiradas de circulación debido a la acción de
grupos terroristas que, en el primero de los
casos, obligaron a levantar el programa, y en el
segundo, inhibieron el estreno.
No fue todo. El mismo
mes de diciembre, rígidos censores ordenaron
tantos cortes al film Naranja mecánica, que sus
distribuidores decidieron no estrenarlo.
El ejemplo prendió
rápidamente en el interior del país: en la ciudad
de Mendoza, el intendente prohibió la proyección
de Los demonios, que el Ente había permitido
exhibir para los mayores de 18 años.
Enero, por su parte,
deparó más sorpresas: el viernes 4, personal de
civil de la Policía Federal secuestró cuatro
libros de autores nacionales (ver recuadro,
páginas 16-17), extendiendo así el radio de acción
de la censura. Tres días más tarde, un grupo
terrorista atentó contra una cooperativa gráfica
porteña, donde se imprimen los diarios El Mundo y
Mayoría. (ver recuadro, página 17).
Pero no todas las
sorpresas fueron desgraciadas: di martes 15 —en el
cierre de esta edición—, Siete Días pudo confirmar
una noticia aparecida en todos los diarios, donde
se daba cuenta que el Poder Ejecutivo, por
intermedio de un decreto, había decidido
transferir el Ente de Calificación Cinematográfica
—hasta ahora dependiente del Ministerio de Cultura
y Educación— a la Secretaría de Prensa y Difusión.
Este hecho abriría, por el hecho de estar esa
dependencia en manos de un periodista, una
expectativa esperanzada en el controvertido
proceso de la censura.
ATENTADO EN
COGTAL: BOMBAS CONTRA LA PRENSA
La mañana del
lunes 7 de enero sorprendió a los amodorrados
porteños con una noticia por demás triste: un
grupo comando —autodenominado "Ignacio Rucci"—
ingresó sorpresivamente en los talleres de la
cooperativa gráfica COGTAL, reduciendo al
desconcertado sereno Osvaldo Amaya {49). Sin
encontrar ninguna resistencia, los terroristas no
tuvieron dificultades en depositar una poderosa
bomba que, al estallar, dañó seriamente las
rotativas y parte del edificio (foto).
Sin embargo, los
destrozos provocados en la imprenta no impidieron
que, dos días después —gracias a la tarea
mancomunada de operarios y técnicos—, los talleres
retomaran su ritmo de trabajo habitual: El Mundo,
Mayoría y otros diarios que se imprimen allí
retornaron nuevamente a los quioscos.
El hecho impulsó a la
Federación Gráfica Bonaerense y a la Asociación de
Periodistas de Buenos Aires a proclamar un paro de
24 horas como repudio y en reclamo de garantías
para las fuentes de trabajo.
"Nosotros, a
diferencia de lo que hubiese hecho alguna empresa
privada —confesó indignado a Siete Días el
administrador de COGTAL, Francisco Rey (51, una
hija)—, resolvimos no cerrar los talleres ni un
solo día, ya que esa medida incluye, en todos los
casos, la suspensión del personal y, además,
dejarlos sin salarios. De esta forma demostramos a
quienes intentaron coartar la libertad de
expresión y privar a gran cantidad de obreros de
una fuente de trabajo que no lo lograrán mientras
estamos unidos."
LOS LIBROS NO
MUERDEN, PERO..
El viernes 4
de enero, los medios afines al quehacer literario
se convulsionaron ante el embate de la Brigada de
Moralidad de la Policía Federal que, en rápido y
eficaz procedimiento, incautó cuatro libros de
autores nacionales. The Buenos Aires Affair, de
Manuel Puig; Sólo ángeles, de Enrique Medina;
Territorios, de Marcelo Pichón Riviere, y La boca
de la ballena, de Héctor Lastra, fueron los
títulos secuestrados, al mismo tiempo que el
personal actuante detenía por algunas horas a
varios libreros. Con posterioridad, un comunicado
de la P.F. informaba que la intervención se había
realizado atendiendo una denuncia radicada por la
Liga de Madres de familia de la Parroquia del
Socorro.
Si bien la Liga de
Madres de Familia —a través de su presidenta, Dora
G. de Weyland— se apresuró a desmentir toda
posible denuncia de la institución, señalando que
"ni la Comisión Central, ni las comisiones
diocesanas, ni ninguna de sus secciones hizo
denuncia alguna para el secuestro de libros", en
medios municipales la respuesta a la requisitoria
de Siete Días fue más contundente. Ludovico Vitta
(51, tres hijos), ex periodista del vespertino La
Razón, actualmente a cargo de la Dirección de
Policía Municipal, expresó que la Municipalidad no
tuvo intervención, pero lanzó esta advertencia:
"Vamos a tomar cartas en este tipo de asuntos en
lo sucesivo. La Dirección a mi cargo está decidida
a terminar de una vez por todas con quienes abusan
con el snobismo y todo lo malo que nos viene del
extranjero. Estos individuos —fustigó— pervierten
a la juventud argentina, rozando, incluso, la
delincuencia, con todo lo que es chabacano, soez y
repugnante para cualquier ser decente. En todo
caso, a estos detentadores de sellos que tan
fácilmente salen a la palestra a defender una
supuesta cultura, o libertad de cultura, yo
pregunto por qué no se basan en los cánones que,
en la materia, rigen en la propia Rusia de
Kosygin, en la China de Mao o en la Cuba de Fidel
Castro."
La opinión de algunos
de los autores de los libros secuestrados, y de
personalidades del mundo de las letras, ofreció
otra perspectiva del problema. Héctor Lastra (30),
uno de los directamente perjudicados con la
interdicción, no se excitó demasiado: "Vuelvo a
insistir en que todo este proceso no debe
sorprendernos. Tiempo atrás, ya el general Perón
advirtió en un comunicado a todo el país que
estábamos rodeados de ciertas personas o grupos
que no veían más allá de sus narices."
Menos escueto, Marcelo
Pichón Riviere señaló que el tratamiento de su
novela es premeditada, meditadamente realista,
aunque en muchos tramos aparecen metáforas e
imágenes poéticas. "Si el tratamiento realístico
de una novela de amor es considerado obsceno
—planteó—, el amor mismo debería ser declarado
obsceno. Cada vez más los escritores han sentido
la urgencia de romper las máscaras, las
convenciones que la sociedad intenta anteponer a
la realidad. En ese sentido, pienso que todo
escritor es político, aunque el tema que trate no
sea político. Porque una cosa es escribir una
novela de amor, donde la pasión entre un hombre y
una mujer aparece en toda su complejidad (es
decir, que no ofrece una lectura placentera,
impune), y otra una novela rosa, que oculta (y
acepta, en consecuencia, las convenciones) la
grave crisis de las relaciones amorosas."
Con respecto al
secuestro, MPR se mostró sorprendido: "Me resulta
increíble. Por supuesto que hay muchos
antecedentes, pero siempre medió la orden de un
juez y nunca fueron detenidos libreros por el mero
hecho de exponer libros sobre los cuales no
existía (ni legalmente existe, al menos todavía)
un papel que ordene su secuestro o prohíba su
venta y exposición. Es de esperar —se esperanzó,
finalmente— que a la mayor brevedad se esclarezca
esta acción por las vías lega-
les, para despejar un
clima de temor y autocensura que puede dirigirse,
finalmente, a cierta literatura política."
Enrique Medina, por su
parte, fue contundente en cuanto a la defensa de
su obra: "Mi libro no es obsceno ni pornográfico
—indicó, un tanto acalorado—; simplemente describo
una realidad lacerante y cruel. No tuve ni tengo
intención de perturbar ninguna mente, sino
solamente señalar el escándalo de una sociedad que
construye individuos para luego elegir a algunos
de ellos y marginarlos, arrojarlos a un costado,
fuera de su vista." Para Medina, en esencia,
lo
importante es el arma que maneja un escritor. La
suya, advirtió, "parece que provoca heridas
profundas en espíritus sensibles a una palabra
fuerte pero no tan sensibles como para sentir
dolor por la miseria. Si hoy, en la Argentina,
todos hemos sido convocados para construir un país
poderoso, en armonía, denunciar los males es
entonces un acto de valentía; querer que se
escondan, creo, es cobardía, oscurantismo,
antipatriotismo. Lo ocurrido me duele mucho. Pero,
sobre todo, me duele por el pueblo; se lo quiere
convertir en un niño de pecho al que debe
señalársele lo que puede o no digerir."
Pero acaso lo que más
disgustó al ambiente literario porteño fue el
trato recibido por los libreros requisados. Uno de
los responsables de la librería Atlántida, que
prefirió ocultar su nombre, señaló: "Nos llevaron
al Departamento de Policía y, después de un
absurdo interrogatorio, nos metieron a todos en
una celda. Había varios libreros más en ese
calabozo. Después de unas horas nos pusieron en
libertad. No sé si los libros son inmorales, pero
lo que hicieron con nosotros sí que fue una
"inmoralidad."
Es que, sin duda, el
hecho configuró un escalón original en esta nueva
campaña moralizadora. "Estoy muy confundido y
sorprendido por esta medida —firmó Manuel Pampín,
responsable de Ediciones Corregidor, editora de
tres de los títulos secuestrados—; nuestra
editorial no se dedica a publicar libros
pornográficos. Pero lo más lamentable es la
actitud que han tenido los encargados de
efectivizar la medida con los libreros, qué
estaban cumpliendo su misión." Finalmente, para
lograr una mayor claridad en el confuso episodio,
Siete Días entregó un cuestionario al comisario
mayor Juan Carlos Obón, jefe de Ceremonial de la
Policía Federal, donde se solicitaba a la
institución que explicara las causas que motivaron
la incautación de los libros. La que sigue es la
respuesta textual: "1°) La Policía Federal, por
intermedio de la División Moralidad, cumplimentó
el procedimiento por transgresión a lo determinado
en el artículo 128 del C.P., que reprime la
fabricación, publicación, difusión y exposición de
libros obscenos; se aclara que fueron tres (3)los
libros secuestrados: The Buenos Aires Affair, Sólo
ángeles y Territorios, y no cuatro como se dio a
conocer a la opinión pública. 2°) Si bien el
primer conocimiento del hecho surge por denuncia
escrita de la Liga de Madres de Familia de la
Parroquia del Socorro, esta Policía Federal en
posesión de los ejemplares mencionados consideró
que el texto de los mismos representaba una
evidente infracción a la norma penal antes citada
y en base a lo determinado por el artículo 179 —in
fine— del Código de Procedimientos en lo Criminal,
en el sentido de que la Institución puede actuar
de oficio, se procedió en consecuencia, labrándose
las actuaciones de prevención con intervención
judicial. A pesar de que localizada con
posterioridad, la firmante de la denuncia negó tal
circunstancia, la actuación policial —en base a
los argumentos expuestos— se ajustó a las normas
penales vigentes."
Esta respuesta aclara,
en alguna medida, los interrogantes que se han
venido suscitando a través de trascendidos
periodísticos y declaraciones públicas. No
obstante, la Cámara de Diputados de la Nación,
mediante un proyecto de resolución, se ha dirigido
al Poder Ejecutivo para que se la informe sobre
este escabroso hecho. Por su parte, el bloque del
Movimiento Socialista para la Liberación Nacional
—integrante del Frejuli— hizo otro tanto con la
Honorable Sala de Representantes de la Ciudad de
Buenos Aires, para que ésta, a su vez, eleve el
informe a la Municipalidad1. Sin duda, el episodio
no ha terminado.
Cine: tijeras
a la vista
El 27 de
junio de 1973, L'Osservatore Romano, órgano
oficial del Vaticano, concluía de esta forma un
comentario dedicado al film Jesucristo Superstar:
"Extraordinariamente directo y evocador, el film
de Jewison es uno de los productos más serios y
respetuosos de la revolución de Jesús. No puede
definirse como un film religioso, pero es muy rico
en flores espirituales, formulados con un estilo
moderno y profundo." Durante la gestión de Octavio
Getino al frente del Ente de Calificación
Cinematográfica, esta película había sido aprobada
con una restricción: prohibida para menores de 14
años. Días después del alejamiento de Getino,
circuló en los medios periodísticos la especie de
que había sido anulada dicha autorización. No
obstante las nuevas autoridades del Ente, después
de algunos cabildeos, la consideraron apta para
ser exhibida, recomendándole a la distribuidora
del film la modificación del título original. La
película en cuestión se exhibiría con el título
Jesucristo, eliminando el Superstar. Aceptadas las
sugerencias, el estreno fue anunciado para el 1º
de enero. Sin embargo, un grupo de jóvenes se
propuso impedir la proyección del film. Eduardo
Piccinali, Wilold Román Kopytynski, Alejandro
Lucio Garda Ortiz, Ignacio García Ortiz, Ernesto Camps y Ricardo Víctor Fantasía, cuyas edades
oscilan entre los 18 y 32 años, fueron
sorprendidos por la policía cuando se proponían
incendiar las copias de la película que se hallaba
en poder de la distribuidora.
Siete Días se abocó a
la tarea de conseguir una entrevista con uno de
los jóvenes en cuestión para aclarar los motivos
que los impulsaron a intentar destruir ese
material. Localizado el domicilio de Kopytynski
—un semipiso en el barrio de Belgrano—se intentó
el diálogo, notándose cierta preocupación en los
familiares y sin conseguir resultados positivos.
Finalmente, a través de una breve charla
telefónica WRK desgajó estas confidencias:
"Nosotros no queremos formular ningún tipo de
declaraciones. Solamente puedo decir que no
pertenecemos a congregación religiosa alguna."
Lo que el extraño
grupo no logró —impedir la presentación del film—
lo consiguieron, el 31 de diciembre, varios
terroristas que atentaron contra las salas
céntricas donde se anunciaba la película: los
cines Gran Splendid (foto) y Lorena. Ante la poco
tranquilizadora perspectiva, los distribuidores
decidieron retirar la obra y remitir las copias a
Estados Unidos.
De alguna manera, el
hecho registraba el pico más alto de intolerancia
en materia cinematográfica. Pero el público no
pareció ser tomado de sorpresa: es probable que su
extrañeza haya sido mayor cuando el 15 de octubre
del año pasado, la sala porteña Cinema Uno se vio
imposibilitada de proseguir con la exhibición de
Ultimo tango en París, que durante trece días
había congregado a más de 39 mil espectadores, con
record de taquillas: casi 40 millones de
nacionales.
El procedimiento contra
la obra de Bernardo Bertolucci se originó en una
causa iniciada por dos fiscales del crimen,
quienes afirmaron que "el film incurre en
obscenidades". Esto dio lugar a que algunos
observadores especularan sobre los alcances de la
medida: era, según rumores, una especie de tiro
por elevación para desautorizar la política de
Getino al frente del Ente. Más tarde, la renuncia
del interventor parecía confirmar los rumores.
El alejamiento de OG
pareció un incentivo para que ciertos sectores
afilaran sus casi oxidadas tijeras, y una de las
primeras víctimas de esos coiffeurs del celuloide
fue Naranja Mecánica: el celebrado film de Stanley
Kubrick (autorizado durante la gestión de Getino,
con prohibición para menores de 18 años) sufrió
seis generosas podas, lo que motivó a los
distribuidores a retirar la película de
circulación, atendiendo un expreso pedido de su
realizador, quien se negó terminantemente a que su
obra fuera mutilada.
Las expectativas
creadas en Buenos Aires tuvieron, a su vez, una
rápida repercusión en el interior del país. Así,
la onda moralista llegó hasta Mendoza, donde el
intendente de la ciudad, ingeniero José Manzur, un
católico militante de 63 años de edad, quien actúa
en la materia asesorado por una comisión de
señoras, recogió el guante y decidió prohibir la
exhibición de varias películas, entre ellas Los
demonios, de Ken Russell. Esta película inglesa,
cuyo argumento está tomado del libro de Aldous
Huxley Los demonios de Loudun, basado en episodios
históricos acaecidos en el siglo XVII, había sido,
no obstante, aprobada por el Ente y exhibida sin
cortes en todo el país.
Esta ostensible
escalada prohibicionista indujo a recabar la
opinión de algunas figuras dedicadas al quehacer
cinematográfico. Agustín Mahieu, crítico del
matutino. La Opinión, fue terminante al afirmar
que la censura, pese a sus proclamados propósitos
de resguardar la salud moral del pueblo, suele
provocar más prejuicios que beneficios. Toda la
historia del arte —reseñó Mahieu—, desde las
prohibiciones de Baudelaire hasta las mutilaciones
a Ingmar Bergman, ilustra sobre el carácter
regresivo y oscurantista de las censuras. En
principio, aunque no todo el material dedicado al
espectáculo es arte, los peligros de una censura
prohibicionista son mayores que toda teoría sobre
el carácter maligno que puedan poseer los modernos
medios de comunicación de masas. Los malos films
deben ser combatidos con la difusión de un cine
mejor y no con atentados medievales o mutilaciones
que casi siempre recaen sobre obras
significativas. De otro modo se vulnera no
solamente la libertad de expresión, sino que se
favorece una regresión artística e ideológica que
sirve, en última instancia, a los centros foráneos
o locales que postergan la adultez crítica de los
pueblos."
Leopoldo Torre
Nilsson, por su parte* comentó jocosamente la
acción de los censores: "No estoy de acuerdo con
la existencia de estos organismos porque no creen
en la madurez intelectual del pueblo. Además, no
tienen ninguna clase de especialización. En
cambio, mi abogado, que ha estudiado Filosofía del
Derecho, no puede ver numerosos films porque no
pertenece a ninguno de esos esforzados grupos de
personas empeñadas en preservar la salud mental de
los argentinos."
Revista Siete Días
Ilustrados
21.01.1974
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