HACE ahora exactamente treinta años, en agosto de 1943, se realizaba el más importante de los actos de la etapa Ramírez en el Gobierno provisional de 1943/1946: el coronel Matías Rodríguez Conde era designado investigador de uno de los grandes peculados de la década anterior. Lo acompañarían dos jóvenes de entonces, el abogado Juan Pablo Oliver y el ingeniero Juan Sábato. A una obra maestra de la corrupción política, Rodríguez Conde y sus colaboradores opusieron una obra maestra de la investigación administrativa.
Unos días antes, monseñor Miguel de Andrea había pronunciado uno de sus discursos más notables. El 4 de julio, en presencia del general Ramírez, celebrando el Día de la Empleada, diría que en ese acto se daba "la conjunción del Gobierno en lo que tiene de más representativo y del pueblo laborioso en lo que tiene de más genuino, para iniciar la marcha de la victoria de la justicia social". El lúcido prelado agregaría, dirigiéndose a los argentinos de todos los sectores hasta ayer en pugna: "Os apasionaba la solución del fraude político; bien está; pero al pueblo apasiona más la del fraude económico". Y en seguida: "Los pueblos suelen mostrarse indiferentes con los errores políticos. Suelen ser muy tolerantes con los excesos morales. Pero son extremadamente sensibles a las injusticias económicas. Y cuando éstas originan desequilibrios en sus angustiosos presupuestos, y los espectros de la miseria y el hambre amenazan trasponer los umbrales de su hogar, fácilmente pierden el control y entran en un estado psicológico que es el más apto para las rebeldías y las violencias".
Políticamente, la década del 30 no termina en 1940 sino en 1943. Entre las grandes injusticias económicas del lapso que venía de concluir y que denunciaba De Andrea estaba el peculado mediante el cual la Compañía Argentina de Electricidad (CADE) y la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE) habían conseguido, en diciembre de 1936, la prórroga y agravamiento de las concesiones por las que suministraban electricidad a la ciudad de Buenos Aires.
Desde su sanción misma, las ordenanzas despedían un hedor mefítico. Dentro y fuera de partido político responsable no se ocultaba que en torno de ellas había ocurrido algo gravemente corrupto y sórdido.
En 1940 el problema fue llevado a la Cámara de Diputados. Se nombró una Comisión Investigadora. No tuvo ésta mucha urgencia en dictaminar. Lo hizo al año siguiente, en la vorágine del final del período ordinario, donde quedó disimulada su condición gatopardezca y encubridora: "Que del estudio de los antecedentes de la tramitación y sanción de las ordenanzas números 8.028 y 8.029 no resulta la existencia de procedimientos irregulares ni morales para las personas que han intervenido en estos actos; y que las mencionadas ordenanzas, consideradas integralmente, y en cuanto a sus resultados y repercusiones frente al interés general y al de los consumidores, son ventajosas en relación a las situaciones legales y de hecho existentes con anterioridad a la sanción". Exactamente todo lo contrario —y de un modo férreamente incontrovertible— iba a probar tres años después Rodríguez Conde.

La década infame
Es que 1941 todavía era la década del 30. Dentro de ella, en 1940, José Luis Torres escribe el primero de sus libros (que ojalá reedite ahora EUDEBA en forma de obras completas). Se llama Algunas maneras de vender la patria y tiene por subtítulo: Datos para la autopsia de una política en liquidación. Está dedicado predominantemente al grupo Bemberg pero se ocupa incidentalmente del affaire CADE-CIAE. Lo concluye así: "Yo no creo en los compatriotas de mi generación. No creo en el pueblo actual de la República, que ha sido corrompido, acobardado y pauperizado espiritual y fisiológicamente por clases argentinas de satrapía, en lo que va corriendo del siglo. Tengo en cambio, para mi consuelo, una fe inmensa en la niñez de mi patria. No digo ni siquiera en la juventud de mi patria, contaminada por la podredumbre. Tengo en la niñez de mi patria una fe inmensa, como la tengo en mi hijo, que no ha de ser cobarde, ni vil, ni codicioso, si Dios lo guarda. Creo que las frentes augurales de los niños argentinos de la hora actual —¡cómo se reirán de mi creencia ingenua los sátrapas triunfantes!— redimirán al país de sus tristísimas miserias actuales, con un poco de vergüenza por la conducta de sus progenitores.
Mi hijo, a quien he dedicado este libro, no tendrá nunca vergüenza de su padre, aunque su padre haya de durarle poco, lo que está dentro de lo posible, pues la satrapía gobernante a veces da frutos individuales del tipo de Valdés Cora, el sicario, asesino de Bordabehre, que sigue viviendo después que Lisandro de la Torre se rompió el fuerte corazón de un balazo por su patria vendida y su vida fracasada en un esfuerzo estéril". Y afirmaba su esperanza de que las nuevas generaciones de argentinos habrían de vivir atmósferas más diáfanas y tener pensamientos más alegres, más optimistas, más limpios y generosos.
En parte se equivocaba Torres. Porque tres años después sus contemporáneos Rodríguez Conde, Oliver y Sábato harían que una fortísima corriente de aire circulara por el asunto eléctrico. Pero en parte acertaba, porque el estupendo y patriótico informe Rodríguez Conde resultó una atmósfera demasiado pura para la política de la época. Y desde 1945, en que fue presentado, hasta 1959, en que lo imprimió el Congreso Nacional, el informe vivió una vida soterrada, clandestina, circulando como un panfleto demasiado virulento para la débil capacidad argentina de asimilación de la trágica verdad sobre la clase herodiana que menciona Toynbee y que Torres nombraba como satrapía.
El pesado clima de dependencia, no sólo económica y política, sino también cultural, en esto muy importante, hizo que los responsables del negociado quedaran protegidos hasta por sus adversarios políticos aparentemente enconados. No es casual que la dependencia y sus ejecutores de todo tipo se empeñaran en ocultar gravísimas tropelías como las denunciadas por Rodríguez Conde. La ignorancia de estos hechos, como el mantenimiento del prestigio político y social de los incursos en el negociado, como la vigencia de las ordenanzas leoninas y escandalosas, eran aspectos de un sometimiento que debía disimularse. El ocultamiento, el enmascaramiento de la opresión económica constituye un elemento central de la dependencia cultural.
La verdad nos hará libres, como dicen las Sagradas Escrituras. También en el plano político. De ahí sin duda esa larga postergación del Informe Rodríguez Conde.
En 1972 tuve que intimar a un Ministro de Gobierno nacional que me ocultaba una documentación vinculada al caso Swift-Deltec, a título de pertenecer a la "órbita de intimidad" del Poder Ejecutivo. Señalé entonces que el poder público carece por definición de intimidad. Un año antes, el Presidente había ordenado un informe sobre Ewift-Deltec a la Junta Nacional de Carnes. Este organismo lo produjo hacia fines de noviembre de 1971, confirmando con gran fuerza de convicción lo que la Sindicatura había establecido en el juicio de convocatoria y yo en la sentencia de quiebra de esa compañía frigorífica. También este excelente informe, que desnudaba la actividad de un grupo, multinacional, fue mantenido en reserva, impedido de ilustrar a los argentinos sobre quién y cómo los empobrecen y debilitan.
Ahora, como décadas atrás, se quiso alejarnos de esa verdad que nos hará libres.
Revista Redacción
09/1973

Ir Arriba