Antes del 12 de octubre, la formación del ministerio había dado lugar a dos batallas de diferente tipo: una, totalmente previsible, era la puja entre distintos sectores del radicalismo del Pueblo para conquistar posiciones; otra, insólita, era el duro combate que el presidente entonces electo, doctor Arturo Illia, y los principales jefes de las Fuerzas Armadas estaban librando para convencer a un político mendocino, el doctor Leopoldo Suárez, que aceptara el Ministerio de Defensa Nacional.
La situación respondía a la realidad que se estaba viviendo: los jefes militares habían llegado a la conclusión de que el Ministro de Defensa debía poseer tres condiciones fundamentales que permitieran a las Fuerzas Armadas realizar su lento proceso de adaptación a las nuevas circunstancias de un gobierno constitucional y, a la vez, solucionar en un marco de ecuanimidad sus problemas internos. E Illia había coincidido plenamente con esas tres condiciones, que eran:
• El Ministro de Defensa Nacional debía ser un civil de reconocida habilidad política, que pudiera maniobrar hacia el común objetivo de afirmar las instituciones sin crear situaciones irritativas. Debía ser capaz de ir afirmando su autoridad sin estridencias ni actitudes espectaculares, por el mero ejercicio de sus funciones.
• El Ministro de Defensa Nacional debía ser un hombre de la confianza personal del presidente de la República, pero capaz de ser, realmente, un ministro y no un mero testaferro del Poder Ejecutivo. Se recordaba, en ese sentido, que los ministros de Defensa del doctor Frondizi habían sido simples delegados del presidente, mientras que sus sucesores, bajo el gobierno del doctor Guido, habían cumplido un papel intermedio entre delegados de los militares fuertes ante el presidente y figuras decorativas. Una circunstancia hacía especialmente necesario contar con un ministro que tuviera real envergadura: en esos días se consideraba un proyecto que a principios de agosto había sido recibido por el Estado Mayor de Coordinación de las Fuerzas Armadas, de acuerdo al cual se disolverían las tres secretarías militares, y el Ministro de Defensa Nacional pasaría a ser el único vocero de los problemas castrenses dentro del gabinete.
• El Ministro de Defensa Nacional debía saber colocarse por encima de las eventuales fracciones militares y resolver las cuestiones con el máximo de imparcialidad posible. A la vez, debía ser un hombre plenamente consciente de que la autoridad presidencial debía hacerse respetar, pero que, a la vez, los políticos del radicalismo del Pueblo no debían interferir en las Fuerzas Armadas.
Para Illia y para los jefes militares, el hombre indicado a esos efectos era Leopoldo Suárez. Cuando Suárez tuvo ciertas garantías de los ''colorados revanchistas" no interferirían proponiendo para las secretarías militares a hombres que provocaran irritación, resolvió aceptar.

Dos mecanismos
Apenas asumió el Ministerio de Defensa, Suárez tuvo que ubicarse precisamente en relación con dos fuerzas y dos mecanismos que podían transformarse en sistemas de presión: los colorados de su propio partido, encabezados quizá por el vicepresidente Carlos Perette, que pretendían desconocer el significado real de los sucesos de setiembre de 1962 y abril de 1963, y que amenazaban con provocar una nueva crisis y el estado de prevención y vigilancia de los azules, que desconfiaban de un gobierno donde predominaban civiles amigos de los colorados y se proponían evitar que la estabilidad de su institución fuera alterada.
Por supuesto, al ministro Suárez no le resulta especialmente fácil ahora mantener ese equilibrio, y muchos observadores aseguran que sólo su experiencia y su habilidad pudieron evitar el desencadenamiento de procesos cuyas consecuencias hubieran resultado difíciles de controlar.
Un panorama de los problemas militares fundamentales que, en estos días, obligan al Ministro de Defensa a extremar su sentido diplomático tendría que incluir los siguientes hechos:
• El Ejército ha hecho saber concretamente al Presidente de la Nación que se hace indispensable dar una solución concreta al problema planteado en la Secretaría de Informaciones de Estado. Cuando el doctor Illia designó al brigadier Gallardo Valdez en la SIDE, las Fuerzas Armadas, pese a conocer la simpatía de ese jefe militar por los colorados, se abstuvieron de intervenir: se trataba de un nombramiento que competía al poder civil. Pero, una vez efectuado, mandos responsables del Ejército hicieron saber al Presidente que la designación podría traer inconvenientes, sobre todo si el brigadier Gallardo Valdez incorporaba al organismo a sus amigos políticos: para ese entonces, se mencionaban los nombres del coronel Martínez, jefe de operaciones del general Menéndez durante el movimiento del 2 de abril, como subsecretario, y del capitán Revuelto, ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada e inequívocamente ligado a los "golpistas", como secretario general.
Los militares aclararon que las objeciones no se derivaban de un problema ideológico, sino meramente práctico: es inevitable —dijeron— que los actuales mandos, que se enfrentaron al coronel Martínez y al capitán Revuelto en episodios de crisis, no confíen ahora en ellos. Y viceversa. Se creará entonces —agregaron— una incomunicación entre el principal servicio de informaciones y los militares, lo cual creará problemas desde el punto de vista de la defensa nacional, sobre todo en lo que hace al llamado "frente interno".
Illia coincidió con esa objeción —que en el mismo gabinete expuso el secretario de Guerra, general Avalos—, y los decretos de designación de Martínez y Revuelto no fueron firmados. Sin embargo, el brigadier Gallardo Valdez designó por una orden del día interna al coronel Martínez como subsecretario, y el capitán Revuelto tomó a su cargo la agencia de noticias "Telam", que depende de la SIDE. El viernes 6 de diciembre, el matutino La Nación informó sorpresivamente que el Presidente había firmado el decreto designando al coronel Juan Antonio Martínez como subsecretario de la SIDE, agregando que sería secretario general de la entidad el comodoro Mariano López.
El mismo diario también decía que "se prevé el incremento de personal en las dependencias principales, para lo cual se estima que deberán realizarse alrededor de 50 nombramientos, los que se efectuarían entre oficiales de las distintas fuerzas armadas que fueron retirados con motivo de los sucesos de setiembre del año pasado y de abril del corriente". El hecho habría constituido una sorpresiva respuesta a las inquietudes expuestas por el general
Alejandro Lanusse y otros jefes del Ejército, en el sentido de que la institución no podía tratar con funcionarios que no habían sido designados.
• En la Aeronáutica sigue la ofensiva contra el comandante en jefe, comodoro Conrado Armanini. El mismo comodoro Mariano López, eventual secretario general de la SIDE, sería el inspirador de esa ofensiva.
• El miércoles, el Servicio de Informaciones Navales, a través de uno de sus oficiales, comentó a un jefe de la Marina que había venido efectuando seguimientos al contraalmirante Palma y al capitán de navío Revuelto, "a los que se vio entrando y saliendo juntos de los domicilios de casi todos los almirantes retirados".
• Durante su visita a Puerto Belgrano, el presidente Illia fue recibido con gran cordialidad. Pero los oficiales de la Marina habrían insinuado muy tangencialmente que respaldarían la consolidación de la autoridad presidencial frente a cualquier problema que pudieran plantear interferencias extra-constitucionales, aludiendo posiblemente a la discutida actividad del vicepresidente Perette.
• Una carta del general Cornejo Saravia, replanteando las últimas crisis, y una posterior comida de militares colorados dieron al Ejército la sensación de que se iniciaba una ofensiva contra el comandante en jefe del Ejército, general Juan Carlos Onganía.

Legalismo con críticas
Si ésos son los problemas planteados en el campo específicamente militar, no dejan tampoco de influir en el Ministerio de Defensa algunas inquietudes del Ejército con respecto a la política general que viene siguiendo el gobierno. Luego de aclarar que esa inquietud no significaba un deterioro del sentimiento legalista de los cuadros, una fuente responsable señaló a PRIMERA PLANA los motivos básicos por los que muchos oficiales no se sentían satisfechos por la gestión oficial:
• El gobierno parece no tener un plan coherente de acción. La anulación de los contratos petroleros no fue discutida por los militares, que la consideraron un tema específico de las autoridades civiles. En privado, muchos objetaron la forma en que se actuó, sobre todo en lo que hace al problema de la continuidad jurídica. Pero lo que creó intranquilidad es que el gobierno, al intentar ahora renegociar los contratos, demostraría no tener una política de sustitución con respecto a lo que se había venido siguiendo hasta ahora. "La anulación creó una imagen muy negativa entré los inversores del exterior —dijo un alto oficial—, y todavía no se sabe para qué se hizo."
• La anulación de las medidas favorables a la radicación de industrias en el Noroeste y en la Patagonia, realizada sin consultar a los secretarios militares pese a perjudicar indirectamente a organismos que dependen de las Fuerzas Armadas, como Fabricaciones Militares.
• La ineficacia estatal para combatir la carestía de la vida, que crea el descontento popular y fortalece los enfrentamientos de clases.
• La falta de decisión del gobierno para dar medidas que permitan subsistir a numerosas empresas, que atraviesan serias dificultades económicas, lo cual, además del problema que crea en cuanto al ritmo de desarrollo, agrava el cuadro de desocupación.
• La no-consideración, por parte del gobierno, de los problemas económicos por que atraviesan las instituciones militares y sus cuadros de oficiales.
• Las amenazas al Ejército a través de legisladores oficialistas, que proponen "provocativas reincorporaciones" y las designaciones irritantes en organismos para-militares.
• La falta de toda medida tendiente a la promoción de la siderurgia nacional.
El almirante Benigno Varela, Comandante de Operaciones Navales, fijó por lo demás, ante el Presidente de la República, la doctrina de los actuales mandos con respecto a las relaciones entre los poderes civil y militar. En su exposición de Puerto Belgrano, el almirante Varela dijo el de diciembre que "la Marina no debe intervenir en lo que hace a la responsabilidad de los políticos. El político no puede cumplir con esa esencialísima función con el constante amago de la amenaza militar. Creemos igualmente que la decidida y silenciosa contracción a la función castrense tampoco puede desarrollarse eficazmente con interferencias de carácter político". Todos los observadores entendieron que el almirante Varela estaba hablando en nombre de los legalistas, a propósito del problema de las reincorporaciones y las amenazas de los diputados radicales del Pueblo.
Hacia fines de semana, el ministro de Defensa, Leopoldo Suárez, trataba de estructurar una solución orgánica al complejo cuadro que presentaban las relaciones entre el gobierno y los militares. Entre los distintos elementos de tensión, quienes conocen al ministro de Defensa aseguraban, sin embargo, que cualquiera fueren las soluciones que Suárez, finalmente, propondrá al Presidente, nadie podría lograr que se inclinara con parcialidad en favor de un sector militar, pero tampoco que abandonara su realismo político adoptando medidas que entorpezcan la estabilidad de las instituciones militares. "Sus propósitos —aseguran sus colaboradores— siguen siendo los mismos: despolitizar lentamente a las Fuerzas Armadas y abrir la perspectiva a nuevos objetivos." Frente a las presiones de los sectores colorados del gobierno, era evidente que Suárez resistiría la aparición de un Toranzo Montero planteísta, azul, pero, con la misma decisión, se opondría a que esos sectores colorados le impusieran un Toranzo Montero colorado.
Lo fundamental, para Leopoldo Suárez, es la fijación dé objetivos nacionales a asumir por el Ejército. Para el ministro de Defensa, es importante que la opinión pública y los mismos militares tomen conciencia del papel militar en la estructura orgánica de la Nación, no sólo en lo que hace a la defensa sino, también, a la vida económica: empresas como DINFIA (Aeronáutica), Fabricaciones Militares (Ejército), Astilleros (Marina) y muchas otras hacen que hoy, en la Argentina, el 18 % de la producción industrial esté en manos de las Fuerzas Armadas. "Eso constituye —habría expresado el ministro— una gran oportunidad para que los militares retirados como consecuencia de viejas crisis se incorporen al procesó de la comunidad desde funciones castrenses, en posiciones desde las cuales su vocación no afecte, para ser cumplida, el necesario mantenimiento de la paz en las instituciones militares."
Uno de los puntos principales de tensión —el de las reincorporaciones— entraba así en la posibilidad de ser resuelto en forma funcional por el ministro que no quería aceptar su cargo pero que, ahora, se propone desbordar el papel convencional de sus predecesores.
10 de diciembre de 1963
PRIMERA PLANA

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