Algunos interrogantes sobre las relaciones futuras entre la Argentina y Estados Unidos

En la tarde del viernes, Buenos Aires asistió a una típica estratagema diplomática protagonizada por el. ministro de Relaciones Exteriores. En conocimiento de que el enviado de Kennedy, Averell Harriman, era portador de una carta de su presidente a Arturo Illia, el doctor Zavala Ortiz dio a conocer, pocas horas antes de la entrevista Harriman-Illia, una nota de felicitación del primer ministro ruso al presidente argentino. Nuestra cancillería suponía así que en el impacto sobre la opinión pública, una carta neutralizaba a la otra.
Los observadores diplomáticos intentaron descubrir el móvil de esta actitud en un canciller que ha reiterado, en diversas oportunidades, su posición occidentalista. Lo más probable es que el doctor Zavala Ortiz haya considerado importante demostrar a Estados Unidos, en momento en que el subsecretario de Estado para asuntos políticos visita el país, que la diplomacia argentina tiene medios para abrir un frente cuando corre peligro de cerrarse otro.
Otro episodio sorpresivo: se notó la ausencia del canciller Zavala Ortiz en la comida que ofreció el embajador de los Estados Unidos al señor Harriman en la noche del viernes. Puesto que Harriman ocupa el segundo cargo en los Estados Unidos en materia de política exterior, no podía dejar de ser llamativo. Y un episodio sorprendente más: el vicepresidente de la Nación se excusó de asistir a la comida, alegando tener un compromiso anterior. Un juego sutil de típicas características diplomáticas, que incluso daban la sensación de que los Estados Unidos y Argentina se hallaban al borde de un enfriamiento muy serio de sus relaciones.
Sin embargo, sería muy difícil o prematuro simplificar los acontecimientos hasta este extremo o equivocarse sobre los verdaderos móviles de la visita de Harriman a Buenos Aires.
Un hecho es indudable, y lo reconoció en su información Frank Manitzas, corresponsal de Associated Press en Buenos Aires. Harriman habló de petróleo con Illia, si bien fuentes de la embajada de los Estados Unidos expresaron que el tema fue iniciado por el mismo jefe del Ejecutivo argentino.
A su vez, fuentes argentinas indican que el único objeto del viaje de Harriman a Buenos Aires fue el de discutir el problema del petróleo. El influyente New York Times coincidía con los voceros del gobierno en esta apreciación, en una información que daba a conocer en sus ediciones del jueves último, aparecidas en Nueva York en la noche del miércoles.
De todos modos, un balance efectuado por cronistas de PRIMERA PLANA permite hacer una valoración más vasta del tema. Resulta poco factible que uno de los asesores clave de Kennedy en política mundial, y el hombre que tuvo sobre sus espaldas el peso del pacto anti nuclear con Rusia, dedicara su tiempo al tema de los contratos de petróleo exclusivamente. Las compañías privadas de los Estados Unidos, como las inversiones privadas de otros países en diferentes áreas del mundo, constantemente se ven envueltas en problemas. Sería la primera vez que una figura del nivel de Harriman se ocupa de uno de esos problemas. La explicación dispone de otros elementos de juicio:
• La Alianza para el Progreso, corazón de la política latinoamericana de Kennedy, está estancada. Y crecen las críticas en los Estados Unidos en un momento crucial: vísperas de elecciones en las cuales Kennedy necesita ser reelecto.
• A los Estados Unidos les es muy difícil contener el desequilibrio financiero de Brasil. Informaciones llegadas de San Pablo, donde se encuentra reunido el Consejo Interamericano Económico y Social indican, además, que Brasil no participará en el comité ejecutivo que intentará impulsar la Alianza para el Progreso y que buscará apoyo económico en los países comunistas.
• Por lo tanto, únicamente en una estrecha asociación con la Argentina, que en estos momentos puede demostrar una ponderada estabilidad política, lograrían los Estados Unidos reconstruir una política de desarrollo político y económico en América latina.
Todos estos elementos de juicio explican mejor la visita de Averell Harriman. Y explican que un diplomático tan avezado no tuviera empacho en cometer un pecado de lesa diplomacia: afirmar enfáticamente que la Argentina es el país líder de América latina, sin desconocer el furor que esta declaración habría de provocar en Brasil y en México.
Un hecho hay que subrayar como conclusión: las respuestas que recibió Harriman de parte de Illia y Zavala Ortiz lo convencieron de las intenciones occidentalistas del gobierno argentino, pero no le dieron informaciones suficientes para ilustrar a Kennedy sobre las posibilidades de éxito que tiene el equipo de la UCRP en la aplicación de su política, considerando los enormes problemas de orden financiero por los que atraviesa la Argentina.
De todos modos, quedó claro en las entrevistas que el gobierno de Illia abriga, por encima de todo, la intención de preservar el orden jurídico. En este sentido, su actitud respecto de los contratos de petróleo, o de cualquier otro problema que envuelva a inversiones norteamericanas, dejará a salvo el concepto de justicia que existe en Occidente: no habrá expropiaciones.

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Democristianos
Sueldo obtendrá una victoria a lo Pirro
Hacia fines de la semana pasada, la entrevista entre Horacio Sueldo y el ex presidente Perón había provocado una crisis limitada en el partido Demócrata Cristiano. Sueldo había participado en una reunión internacional de agrupaciones democristianas en Francia y luego, especialmente invitado, recorrió los países europeos con gobiernos de esa ideología. Sorpresivamente aprovechó la cercanía física para hacer un viaje a Madrid. Al regresar a la Argentina se ocupó de hacer trascender confidencialmente que había llegado a un acuerdo político con Perón, sobre la base de la reciprocidad y la acción solidaria. Sin embargo, advertido rápidamente de que ese acuerdo había provocado una reacción contraproducente en las filas de su partido, sostuvo luego que la versión sobre su pacto político era "una infamia". "Fui a España —dijo entonces— para visitar a algunos parientes y conversar con profesores universitarios."
Entre los dirigentes de la democracia cristiana, todos creen, sin embargo, que el acuerdo, efectivamente, se realizó. La opinión generalizada allí es que sus resultados son negativos, ya que:
• De hecho, el acuerdo puede ser denunciado por el peronismo, pero no por los democristianos. Una "acción solidaria" significa que el partido debe abstenerse si el peronismo es proscripto, pero si los justicialistas no son proscriptos, no quedan obligados a nada.
• El pacto compromete a los democristianos en una acción opositora, que las autoridades de los distintos distritos (juntas provinciales) no comparten y que, inclusive, han desautorizado de antemano mediante una colaboración concreta con el gobierno.
A esas críticas se añaden las objeciones comunes sobre lo que muchos consideran una "conducción unipersonal e inconsulta del partido, que ha llevado a la agrupación a situaciones inconvenientes y ha mermado su prestigio y su seriedad políticos". Se cita especialmente, en ese sentido, la experiencia del "operativo Matera" y, paralelamente, se comentan en forma agresiva algunas denuncias espectaculares realizadas por Sueldo en la campaña electoral.
Lo cierto es que Sueldo parece haber quedado francamente en minoría dentro de la democracia cristiana. Un balance de la composición y distribución de fuerzas que presentará la próxima convención partidaria, que se reunirá a fines de noviembre (posiblemente el 28) en Avellaneda, ofrece los siguientes síntomas en ese sentido:
• Los 20 convencionales de la "línea patagónica", encabezados por los representantes de Neuquén y Río Negro, comparten las tesis antisueldistas de los senadores Corradi y Roberto De Regge y responden a la orientación general de Francisco Ramos Mejía.
• Quince convencionales de la línea del noroeste (Jujuy, Salta y Tucumán) respaldan las posiciones de Carlos Imbaud, ex interventor federal en Tucumán y ex candidato a gobernador de la provincia que, peleado con Sueldo, organizó el "Movimiento de Recuperación Tucumana".
• José Antonio Allende, líder indiscutido del distrito Córdoba, con área de influencia en La Rioja, La Pampa y Catamarca (20 convencionales) se ha enfrentado directamente al sueldismo.
• La alianza "Provincia de Buenos Aires-Litoral" aparece influida decisivamente por Enrique De Vedia. Aspira a que la provincia de Buenos Aires controle el partido y De Vedia sea el presidente de la Junta Nacional. Esa línea tiene el eventual apoyo de 10 ó 15 convencionales.
• En la Capital Federal, bajo la conducción de Salvador Busacca y José Ignacio Rivera, hay fuerte oposición al sueldismo (5 convencionales).
Con un quórum ideal de 115 convencionales, el antisueldismo tendría así asegurados unos 70 convencionales. Y, sin embargo, cuando llegue el momento de la renovación de autoridades, seguramente Horacio Sueldo será reelecto. El mecanismo democristiano consiste en que la convención elige a los miembros de la Junta Nacional y la Junta Nacional, a la vez, designa sus autoridades. Ahora, el partido Demócrata Cristiano está empeñado en mantener la imagen de su continuidad y apareció demasiado comprometido con las experiencias de Sueldo como para dar un giro brusco sin desacreditarse. El operativo consiste en anular a Sueldo sin eliminarlo: en lugar de una Junta Nacional adicta, se lo rodeará de otra integrada por sus opositores. José Antonio Allende será allí la figura decisiva, como jefe de la oposición antisueldista, y la táctica consistirá en transformarlo primero en
presidente "paralelo" del partido y después, en un segundo paso, en el reemplazante de Sueldo.
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Senadores
Ahora, un bloque regional patagónico
Así como en los partidos políticos comienza a hablarse del predominio de las "líneas geográficas" sobre las estrictamente ideológicas, en el Senado de la Nación puede aparecer ahora un bloque suprapartidario unificado en torno de ineludibles afinidades geográficas. En la última semana, flamantes senadores electos por el Cono Sur de la Argentina se aprestaban a constituirse en sector pluripartidista para promover el desarrollo económico de la Patagonia.
Según Elías Sapag, uno de los promotores del bloque regional, la acción coordinada de los senadores patagónicos permitirá concretar iniciativas de interés regional —y, en consecuencia, nacional— con el apoyo de los tres sectores sureños representados en el Senado: radicales del Pueblo, neoperonistas y democristianos. "Una magnífica plataforma —comentó-— para luego convencer a los otros senadores."
De los ocho senadores que envían Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Chubut, seis ya estarían comprometidos en la "idea regional", y las conversaciones para incorporar a los otros dos están avanzadas. Los senadores ya comprometidos son Adolfo Barbich, José Enrique Gadano y Jorge Oscar López, de la Unión Cívica Radical del Pueblo; Roberto De Regge y Luis Corradi, de la democracia cristiana, y el neoperonista Elias Sapag.
Los propósitos de los unificados representantes patagónicos son:
• Lograr una salida al Pacífico para los productos de la región. Piensan que en la zona baja de la cordillera —por ejemplo, en San Martín de los Andes, donde existe una altitud de 640 metros— puede construirse una carretera destinada a empalmar con las comunicaciones chilenas al puerto de Valparaíso; en reciprocidad, podría ofrecerse a Chile el puerto de Bahía Blanca, sobre el Atlántico.
• Impulsar el proyecto Comahué (El Chocón-Cerros Colorados), evitando que esas obras sean postergadas por las de Salto Grande (en eso chocarán con Perette, que reclama prioridad para Salto Grande).
• Puesta en marcha de las minas de hierro de Sierras Grandes e intensificación de los trabajos en los yacimientos carboníferos de Río Turbio.
• Instalación de lavaderos de lana y creación de hilanderías y fábricas industrializadoras de cueros.
• Promoción integral del desarrollo patagónico, "reserva potencial del país."
Según Sapag, la acción mancomunada de los senadores tiene que traducirse en un "formidable florecimiento del extremo sur argentino".

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Petróleo
Facundo Suárez logra una alianza con Illia
A la semana de asumir la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el mendocino Facundo Suárez (40 años) expresó en rueda muy íntima de amigos: "La anulación de los contratos es un detalle; me preocupa el día siguiente a la anulación. Me preocupa que el país esté abastecido de petróleo." Parecía que intentaba dejar a un lado, por un momento, el aspecto político del debate sobre los contratos, y abocarse a los problemas industriales y económicos que podía crear la interrupción en la producción y, por lo tanto, las dos opciones que determinaría esa interrupción: importación de petróleo o racionamiento de combustibles.
A pesar de sus casi violentas discusiones con el vicepresidente Perette y su equipo, a pesar de que en reiteradas oportunidades el presidente Illia le hizo saber que contaba con todo su apoyo, Facundo Suárez no siempre pudo desprenderse de la envoltura política e ideológica que rodeaba el tema del petróleo. Comprendió así que al margen de cualquier consideración no podía siquiera pensar en una renegociación de los contratos, o en que se asumiera una actitud más realista en el estudio detallado de los mismos,, que nadie tuvo tiempo de hacer durante la agitada campaña electoral. Se dedicó, por lo tanto, a ese "día siguiente" tan temido, y a las formas por las cuales se podría seguir asegurando el autoabastecimiento de petróleo para la Argentina.
Estos signos de realismo en Facundo Suárez ya llamaron la atención de los observadores políticos durante su acción como diputado nacional de la UCRP en el último parlamento. En su bloque defendió en un debate el aumento de las cuotas en el Fondo Monetario, y ante las violentas críticas de Zavala Ortiz, le expresó: "Me sorprende mucho eso que usted dice. Lo que ahora se hace es consecuencia directa de la gestión de la Revolución Libertadora, que usted apoyó como miembro de la Junta Consultiva."
Durante los dramáticos días previos al derrocamiento de Frondizi, Facundo Suárez fue el único legislador de la UCRP que formuló violentas declaraciones contra la actitud de las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo instó al presidente del bloque de diputados de su partido, Anselmo Marini, a formular una declaración oficial señalando las terribles consecuencias que podía tener para el país la interrupción del orden constitucional.
Estas actitudes de independencia de criterio debían asimismo manifestarse en el delicado cargo de presidente de YPF. La primera propuesta de Suárez a Illia fue muy simple: cualquiera sea la actitud que se adopte con los contratos petroleros, que la misma no afecte la producción de petróleo. Solicitó, por lo tanto, que la política petrolera del gobierno se ajustara a las siguientes características:
• Que el vicepresidente de la Nación no interfiriera en una tarea que no corresponde a su esfera específica;
• Conceder a YPF un tiempo prudencial, entre 45 y 90 días, para estudiar su reorganización. Al mismo tiempo, se estudiaría su real capacidad de producción y las posibilidades de encontrar en diferentes compañías internacionales un inmediato apoyo de carácter financiero y técnico, para reemplazar a aquellas compañías que podrían alejarse del país si se anularan drásticamente los contratos;
• Que el ministro de Economía estudiara las indemnizaciones que corresponderían a las compañías petroleras, y que de ellas se hiciera cargo el gobierno para no poner sobre las espaldas de YPF el peso de dichas indemnizaciones. Afrontar ese esfuerzo financiero era condenar a YPF a un paulatino desangrarse y a un estancamiento.
• Que el ministro de Educación y Justicia analizara el aspecto jurídico de los contratos, para que su anulación se hiciera de acuerdo con la ley. Sería muy difícil para YPF poder salir al mercado mundial del petróleo en busca de asistencia financiera o técnica si existiera un precedente antijurídico en el tratamiento dado a conocidas firmas internacionales.
En términos generales, este plan se fue cumpliendo. Lógicamente, con las típicas interferencias nacionales e internacionales. Sin embargo, hacia fines de semana, daba la impresión de que el problema del petróleo era lentamente dominado y encauzado.
En su última entrevista con el presidente Illia, la noche del jueves, Facundo Suárez había llegado a concretar la continuación de su plan. Aparentemente, el presidente lo había aceptado.
En primer lugar, no interrumpir la producción de petróleo por parte de las compañías. Efectivamente, en la misma semana YPF solicitaba a esas empresas que aumentaran la producción, en vista de un incremento en el consumo que se estaba registrando. En segundo lugar, iniciar la reconstrucción jurídica de los contratos, para colocarlos dentro de la ley. En este proceso, obtener de las compañías condiciones mucho más favorables que las logradas en las negociaciones realizadas por el gobierno de Frondizi. En tercer lugar, iniciar una violenta ofensiva comercial para colocar a YPF en el lugar adecuado en el mercado interno de distribución de combustibles, que el ente estatal estuvo perdiendo en los últimos años. Cuarto, estudiar, ya con el autoabastecimiento asegurado, la posibilidad de que el grupo petrolero italiano ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) ingresara en la Argentina no sólo como contratista —condición actual—, sino como explorador, productor, refinador y distribuidor, con las mismas características en que se encuentran Shell y Esso. A cambio de otorgarle una participación en el mercado de ventas de combustibles —aproximadamente un 10 por ciento—, obtener del ENI las sumas necesarias para capitalizar a YPF y permitirle construir en Ensenada una refinería de lubricantes. Actualmente, el mercado interno se distribuye así: 40 % entre Shell y Esso; 60 % YPF. De este 60 %, YPF aprovecha sólo una parte por su deficiente política de comercialización.
Hacia fines de semana, el vicepresidente de la Nación amenazaba con un escándalo político si el plan secreto de Facundo Suárez se aplicaba.

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UCR del Pueblo
Los antibalbinistas, enfrascados en articular su estrategia
Todas las gestiones que se venían realizando para que los distintos sectores del radicalismo del Pueblo llegaran a un acuerdo que evitara la lucha interna en diciembre próximo, cuando deben elegirse nuevos delegados al Comité Nacional, parecían estar encaminadas al fracaso, durante los últimos días. La fugaz experiencia del distrito metropolitano, donde los dos caudillos principales —Julián Sancerni Giménez y Francisco Rabanal— habían logrado una unidad más o menos precaria, difícilmente pueda ser consolidada o extendida a los otros distritos.
Por de pronto, los sabattinistas se manifiestan disconformes con la hegemonía que la provincia de Buenos Aires tiene sobre el resto del partido. Según un hombre de esa tendencia, "los dirigentes de la provincia de Buenos Aires representan en su mayoría a la clase pudiente y están divorciados del sentido popular del radicalismo". En términos políticos, esa frase expresa el enfrentamiento entre la llamada "línea cordobesa" y el balbinismo y el evidente disgusto con que los primeros recibieron una serie de designaciones que colocaron a amigos de Ricardo Balbín en puestos importantes de la administración pública.
Los adversarios de Balbín esgrimen, en el pleito interno, otro argumento con carga emocional. El mismo dirigente sabattinista agregó: "Por lo demás, no es posible apoyar la reelección de Balbín como presidente del Comité Nacional, porque llegó la hora de que, también en el partido, las provincias reclamen la plena vigencia del federalismo y dejen de estar sometidas al puerto y a la provincia de Buenos Aires".
El esquema previsible es, entonces, que los adversarios de Ricardo Balbín basen su campaña interna sobre tres principios: 1) Demasiada influencia de Buenos Aires en el gobierno: 2) Conducción partidaria por "los ganaderos ricos"; y 3) Excesiva hegemonía de la primera provincia dentro del partido. Una suerte de "federalismo popular" pasará así a marcar la acción de los hombres que tratarán de desplazar a Balbín del Comité Nacional.
Esa acción puramente interna coincide con objetivos de gobierno: los mismos sectores son los que postulan que, por ejemplo, el manejo del crédito "pase a manos de hombres del interior, y que los directorios de los bancos se integren con hombres directamente vinculados a las actividades empresarias en el Norte, Cuyo y la Patagonia".
Para las corrientes antibalbinistas, el Comité Nacional tampoco acertó a elaborar una estrategia en las relaciones con los militares. "El partido —sostienen— debe hacer todos los esfuerzos posibles para salir de su crónico antimilitarismo y de sus contactos exclusivos con sectores perimidos de las Fuerzas Armadas; debe acercarse al Ejército real, concreto, actual, sin prejuicios."
Lo evidente, sin embargo, es que lo que está comenzando a articularse en algunos sectores de la U CR del Pueblo no constituye una estrategia militar, sino una estrategia para terminar con el dominio de Balbín. Muchos aseguran que el presidente de la República no es totalmente ajeno a esas inquietudes.
12 de noviembre de 1963
PRIMERA PLANA

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