La semana pasada, el gobierno del doctor Illia cumplió sus primeros dos meses en el ejercicio del poder. El principal dirigente de uno de los partidos socialistas, Américo Ghioldi, hizo el análisis de esos sesenta días: con preocupación, señaló la ineficacia y las contradicciones del gobierno. Afirmó —luego de enunciar una serie de hechos negativos— que las únicas dos medidas que podían haberle proporcionado popularidad al Poder Ejecutivo (la anulación de los contratos petroleros y la puesta al día de sueldos y salarios en la administración pública) ni siquiera pudieron ser capitalizadas, ante la sensación general de inoperancia que ofrecen las autoridades.
Casi simultáneamente, otro dirigente político que tradicionalmente tuvo afinidad con los radicales del Pueblo, Horacio Thedy, censuró a los partidos políticos que se apresuraron a dar su apoyo al gobierno sin un acuerdo previo sobre un programa concreto, "quizá —señaló— para ir a cobrar en ventanillas su decisión".
Para los observadores políticos, las razones de la inoperancia oficial son difíciles de determinar. Muchos opinan, lisa y llanamente, que la causa fundamental es la incapacidad personal de los integrantes del gobierno; para otros, las contradicciones y divergencias profundas entre los principales funcionarios impiden todo movimiento concreto.
Lo cierto, de todos modos, es que la actividad oficial parece estar trabada de una manera especial: primero se hacen anuncios, luego se comienza a trabajar en cosas concretas pero, en una tercera etapa, las cosas nunca pueden terminarse y quedan a medio hacer, entre una confusa serie de nuevas declaraciones y nuevos anuncios. El clásico mito de Sísifo, según el cual el personaje mítico nunca podía llegar a colocar la piedra sobre la montaña, simbolizaría así —de acuerdo con esas opiniones—, estos primeros dos meses de gobierno.
Cuando el gobierno anuló los contratos petroleros —una de las dos medidas concretas y positivas, según Américo Ghioldi—, se pensó que ése era el primer paso para la iniciación de una nueva política energética. Los radicales del Pueblo, para fundamentar esa anulación —que había sido entusiastamente propugnada por el vicepresidente Perette— invocaban dos argumentos básicos: la eventual inmoralidad administrativa en su gestación y la falta de un debate en el Congreso. El primer día de sesiones extraordinarias, fueron los defensores de esos contratos petroleros los que solicitaron una amplia investigación parlamentaria sobre la tramitación de los mismos. Y, sorpresivamente, fueron los radicales del Pueblo (con una sola excepción, el diputado León) los que votaron contra la investigación. El oficialismo prefería, así, que la Fiscalía Nacional de Investigaciones analizara si hubo o no dolo en la elaboración de los contratos, Pero, justamente, esa fiscalía es objetada por muchos sectores políticos que dudan de su imparcialidad. La política propugnada por el vicepresidente en materia de petróleo ponía así en juego el autoabastecimiento, hacía retroceder a los inversionistas extranjeros, no concretaba una solución de alternativa y contradecía las dos objeciones básicas que los mismos radicales del Pueblo habían efectuado a la forma en que gobiernos anteriores habían encarado el mismo problema.
Resultaba así claro que el gobierno no podía concretar —o no atinaba a hacerlo— las consecuencias de su medida. Y luego., mientras el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Facundo Suárez, comenzaba a sostener la tesis de que no se podían romper del todo las negociaciones con las compañías inversoras hasta que no estuviera asegurado el autoabastecimiento, el secretario de Energía y Combustibles, Antulio Pozzio, apoyado por lo que se dio en llamar "el grupo Silenzi de Stagni", sostenía la tesis absolutamente contraria y afirmaba que las anulaciones significaban prácticamente que todo el esfuerzo debía ser hecho por Y.P.F. Pozzio tuvo finalmente un altercado con Suárez, y actualmente nadie conoce cuales serán los designios oficiales que prevalecerán.
El gobierno se aprestó también a resolver otro de los problemas básicos de la Argentina —sumamente complejo en su elucidación para cualquier país del mundo—: el creciente y constante incremento de los precios. Algunos funcionarios se inclinaron por la fijación de precios máximos; el ministro Blanco se opuso; otros se inclinaron por la presión sobre los intermediarios; decenas de declaraciones se sucedieron. Finalmente, todo quedó paralizado al producirse enfrentamientos internos, y ya el viernes comenzaba nuevamente la aguda carrera de los precios.
Al asumir la presidencia, Illia enunció sus objetivos en materia militar. El propósito del gobierno era resumible en una frase: luego de una época de crisis, paz en las Fuerzas Armadas. Pero el vicepresidente Perette intentó, desde el primer momento, introducir cuñas coloradas en los organismos militares, con consecuencias francamente perturbadoras para la vida de las instituciones castrenses; el ministro de Defensa trató de resistir esa política y, finalmente, se produjo un altercado entre Perette y Leopoldo Suárez.
Una de las causas fundamentales del déficit presupuestario está constituida por las pérdidas que producen los ferrocarriles estatales. También en este punto los radicales del Pueblo habían prometido una rápida solución. Pero la lucha entre el ministro de Obras y Servicios Públicos, Miguel Ángel Ferrando, y el secretario de Transportes, Pedro Fleitas, hizo que., finalmente, sólo se atinara a la rehabilitación de algunos ramales y talleres (que aumentarán el déficit) sin estructurarse una política concreta para salir de la situación crítica.
Cuatro enfrentamientos fundamentales (sin contar los que se producen en torno de la Secretaría de Prensa o de la Municipalidad) simbolizaban así la frustración de todos los proyectos oficiales: Facundo Suárez versus Pozzio; Leopoldo Suárez versus Perette; Elizalde versus Blanco; Ferrando versus Fleitas. Después de los primeros sesenta días de gobierno, todo hacía pensar que había una sola salida posible de esa situación: que Illia asumiera en los hechos todos los poderes que le corresponden y fuera, de verdad, el jefe de la administración pública, tal como lo prescribe la Constitución; que Perette asumiera en los hechos la presidencia del Senado y abandonara sus intenciones de convertirse en cogobierno; que, en cada esfera de la actividad, el principio jerárquico- administrativo fuera hecho cumplir por el Poder Ejecutivo y, además, que se elaborara un plan de gobierno.

UCRP
Confuso triunfo de los amigos de Illia
Tal como se preveía, el tono crítico de las elecciones radicales del Pueblo del 8 de diciembre estuvo dado por los comicios de Córdoba. Allí se enfrentaron los ultra oficialistas candidatos de la lista Celeste, apoyada por la vieja guardia 'illista' de la provincia, respaldada por Raúl Fernández (presidente saliente del Comité Provincial y titular del bloque de diputados nacionales), y los hombres de la lista Rosa, que postulaban como candidato a presidente del comité de la capital cordobesa a Arturo Gallegos. La lista Celeste estaba encabezada por Eduardo César Ángeles. Tanto Ángeles como Gallegos responden a una común orientación sabattinista, cuyas diferencias se establecen solamente en el plano local. Resultaba obvio, sin embargo, que los amigos directos de Illia veían con simpatía a la lista Celeste.
Desde antes de la elección, la lista Rosa había objetado el padrón partidario. El día de los comicios fueron asaltados varios comités y destruidas urnas y actas: inclusive se llegó a asaltar la sede del Comité Provincial, donde funcionaba la Junta Electoral, destruyéndose documentación sobre el acto electoral. Las autoridades del radicalismo del Pueblo interpretan, en general, que los incidentes fueron promovidos por la lista Rosa, como una forma de obligar a la Junta Electoral Nacional a anular los comicios. Ese cuerpo, sin embargo, se limitaba a esperar el informe de Raúl Fernández, presidente saliente del Comité Provincial, considerado como "juez y parte" por sus adversarios. Hacia fines de semana, todo hacía prever que los comicios no serían anulados, a pesar de la pérdida de actas. Los cómputos habían favorecido ampliamente a los celestes y nadie parecía tener interés, dentro de las autoridades nacionales, en revisar lo actuado. La decisión de la Junta Electoral de esperar el informe de Raúl Fernández constituía, por lo demás, una verdadera definición.

UDELPA
Entre los tests y la realidad
Constituido su Comité Nacional, UDELPA se prepara ahora a emprender una intensa acción promocional en todo el interior del país. El ex presidente Aramburu será la figura clave de esa campaña que, publicitariamente, ha sido bautizada como "Operación Verdad" por los directivos udelpistas: "Hablar claro; no hacer demagogia y fijar posiciones serias ante todos los problemas, resulten o no populares esas posiciones", según definió un diputado nacional. La primera fase del plan se puso en marcha hacia el fin de semana con el viaje de Aramburu a Azul, provincia de Buenos Aires. Allí, en la cabaña del diputado Miguel Alfredo Castelar, el presidente del Comité Nacional de UDELPA tomó contacto con dirigentes bonaerenses de la amplia .zona enmarcada en las secciones quinta, sexta y séptima.
Según declaran sus allegados, Aramburu intenta poner énfasis en lo que llama "los aspectos negativos de toda regulación artificial en la economía". Dentro de lo que el ex presidente entiende por regulación artificial de la economía se encuentra el sistema de precios máximos. "Lo que Aramburu dirá en sus giras —expresó el diputado nacional udelpista Luis Antón— es que aquí hace falta una verdadera complementación económica nacional, con miras a una integración latinoamericana que se apoye en la zona de libre comercio."
Las próximas giras del "Operativo Verdad" tendrán como meta a las provincias de Cuyo y el Noroeste, donde la organización de UDELPA es ahora casi nominal. El vocal del Comité Nacional Hugo Werder es uno de los planificadores del plan: según él, lo fundamental ahora es la organización partidaria auténtica en los lugares donde solamente existieron "dispositivos para fabricar boletas de Aramburu".
Bernardo Loitegui, secretario general de UDELPA, será el responsable directo de los aspectos reorganizativos. Su primer paso será designar delegados en San Luis, Corrientes, Río Negro, Salta, Neuquén y La Rioja, que comenzarían a actuar en esos distritos a partir del primero de enero. Simultáneamente, se designaría al diputado nacional Eduardo Gutiérrez como interventor en Tucumán, en reemplazo de Vales Garbo: Gutiérrez es un hombre joven, llevado a posiciones partidarias por la llamada nueva ola de UDELPA. Nació en Tucumán, pero actuó casi siempre en la política capitalina. También se designará nuevo interventor en La Pampa.
Tanto el "Operativo Verdad" (reiteración de "slogans" realistas por parte del mismo Aramburu) como la reorganización de los distritos tienen un mismo objetivo: las próximas elecciones parlamentarias de 1965. UDELPA teme perder muchos votos, que se canalizaron hacia Aramburu en la opción presidencial, si no se agiliza doctrinariamente y ocupa un lugar ideológico dentro de la vasta clase media argentina. El Comité Nacional udelpista se apresta también a integrar equipos técnicos, con el propósito de realizar una campaña electoral de muchos meses, similar a la que encaró Frondizi en 1956 con vistas a los comicios de 1958. Además, en UDELPA comentan que la renovación parlamentaria puede empezar antes de lo previsto si no se modifica la curiosa situación legal en que está la legislatura de Catamarca: en esa provincia, la legislatura se renueva anualmente y un tercio de los diputados tendría que ser reemplazado antes del 30 de abril si se mantiene el régimen actual de mandatos, que establece que ellos vencen el primero de mayo. "El test nos será útil; veremos lo que podemos hacer sin Aramburu como canalizador", dicen en el Comité Nacional de UDELPA.

FF.AA
Fluido statu quo en la Aeronáutica
Después de algunas escaramuzas, el gobierno de Illia tuvo que abocarse por primera vez, durante la semana pasada, al análisis de una crisis militar. La situación planteada entre el secretario de Aeronáutica, comodoro Cairo, y el comandante en jefe del arma, brigadier Arminini, sirvió para poner claramente de manifiesto las tensiones que provoca cualquier intento de reincorporación de militares separados como consecuencia de los episodios ocurridos entre setiembre de 1962 y abril de 1963. Y nadie podía asegurar, hacia fines de semana, que se hubiera logrado un acuerdo estable que superara el statu quo logrado en términos aparentemente salomónicos: aceptación de algunos relevos y mantenimiento en sus funciones tanto a Cairó como a Armanini.
"No hay ninguna clase de problemas en la Aeronáutica", dijo el ministro de Defensa, doctor Leopoldo Suárez. En forma similar contestó a los periodistas el secretario de Aeronáutica, comodoro Cairó. Solamente el brigadier Armanini dio a entender a los representantes de la prensa que había existido una situación conflictiva, al señalar que todo habla sido ya superado. Pero se negó a explicar en qué había consistido esa crisis reconocida oblicuamente.
La situación en Aeronáutica —que determinó finalmente las divergencias entre Cairó y Armanini— reconoce varios antecedentes, más o menos inmediatos:
• Los azules del arma ven con desagrado la designación del brigadier Gallardo Valdéz, quien había sido rechazado al ser propuesto para secretario de Aeronáutica, como secretario de Informaciones de Estado. El desagrado crece al pasar el coronel Martínez a desempeñar funciones de subsecretario.
• El brigadier Zinny y el vicecomodoro Álvaro Morales firman un acta, antes de que se produjeran las designaciones en Aerolíneas Argentinas, con el personal, como "futuros presidente y vice-presidente" del ente estatal. Sin embargo, Zinny es nombrado luego interventor, no presidente. Y el vicecomodoro Morales no es designado. En Aeronáutica se comenta en distintos tonos el episodio.
• Se hacen numerosos ofrecimientos a oficiales retirados para la presidencia de DINFIA. Se crea una situación paradojal, y ninguno había sido designado hasta fines de la semana pasada.
• En la quinta del comodoro Cairó — según versiones inconfirmables circulantes en el arma aérea— se realiza una reunión con oficiales superiores retirados (afirman que estuvo presente el brigadier Lentino) y jefes y oficiales en actividad. El brigadier Armanini habría entendido que no contribuía a preservar el espíritu de disciplina el hecho de que el secretario del arma consultara con militares retirados y subordinados en actividad.
• Según el diputado conservador Almada, notorio amigo político de los militares "colorados", el comodoro Cairó había ya promovido, en el nivel presidencial, una cuestión contra el comandante en jefe, brigadier Armanini, y los brigadieres, por "no haberse incluido a los ayudantes del secretario en la lista de ascensos, hecho considerado como una manifestación de franca hostilidad".
• Otra versión agregaba que Cairó también había planteado algunas reincorporaciones, entre otras las de los comodoros Agustín de la Vega y Horacio Añel. Armanini, ante ese hecho, habría pedido consultas con los brigadieres, solicitud que denegó el secretario Cairó.
Pero, finalmente, esas tensiones se canalizan y alcanzan su punto culminante cuando, sorpresivamente, el secretario de Aeronáutica desplaza de su cargo de secretario general de la institución al comodoro Ricardo Witte, y designa en su lugar al comodoro Edgar Darío Arribau. Inmediatamente, el comandante en jefe, brigadier Armanini, se presenta ante el comodoro Cairó y se produce entre ambos un áspero diálogo. La reserva de los dos conferenciantes impide una transcripción literal, pero comentarios marginales recogidos permiten, en cambio, una reproducción aproximada de los términos en que se produjo. Según los testimonios recogidos, el fondo del diálogo habría sido el siguiente:
-Brigadier Armanini: Junto a los otros altos mandos, yo soy, señor, uno de sus asesores naturales. Y además, el comando en jefe es la más alta autoridad del arma. Si usted, al mes de haber puesto en funciones al comodoro Witte, luego de haber hecho las consultas correspondientes, ahora, imprevistamente para todos nosotros, procede a reemplazarlo cuando ni siquiera está en el país, y dispone además el relevo de jefes de departamento, puedo pensar que usted ha resuelto prescindir de los asesoramientos naturales o tiene otros asesores, Mi cargo y mi jerarquía quedan, además, menoscabados ante el cuerpo de oficiales, ya que debo decir ante el mismo que me informo por los diarios de las cuestiones de fondo de la institución, que, por razones de cargo, debería conocer previamente. Ruego a usted, señor, que disculpe mi franqueza, pero entiendo que será útil a los dos exponer con claridad nuestros puntos de vista.
-Comodoro Cairó: No me molesta su franqueza, pero con la misma sinceridad, debo manifestarle que no entiendo cómo usted y los ocho brigadieres no presentaron su solicitud de retiro cuando asumí el cargo, de manera de dejarme en libertad de acción. Evidentemente, usted debía comprender que ha habido un cambio en el país...
-Armanini: El cargo de brigadier o el de comandante en jefe no son puestos políticos originados en el gobierno anterior, sino consecuencias naturales de una profesión estable y apolítica. Se llega por méritos y por antigüedad, no por razones políticas.
De esa manera habría quedado planteado el pedido a Armanini y a los brigadieres para que solicitaran el retiro, y la respuesta negativa de éstos. La conversación también habría girado sobre el tema de las reincorporaciones: Cairó se habría referido a la situación de "buenos camaradas" que han quedado fuera de la institución. La respuesta de Armanini habría sido también negativa: "Las instituciones militares no son entidades gremiales, donde el empleo es la fuente de trabajo. En las Fuerzas Armadas lo que priva es el interés institucional y el mantenimiento de la disciplina. No veo razones para ceder en un principio donde no se cedió nunca. Por otra parte, no entiendo cómo usted compagina esa tesis con su negativa ante la propuesta de ciertos ascensos, negativa que usted fundamenta en razones de economía".
Lógicamente, las consecuencias de ese diálogo trascendieron rápidamente y, sea o no formalmente exacta la versión, los acontecimientos posteriores demostraban que allí estaban radicadas las diferencias de criterio entre los dos jefes.
Esas consecuencias trascendieron rápidamente a las otras armas. Hacia fines de semana, un alto jefe del Ejército comentaba a sus amigos: "El gobierno constitucional tiene todas las facultades para ejecutar la política social, económica e internacional que le parezca conveniente y que sea respaldada por el Congreso Nacional. Nosotros enarbolamos la bandera de la subordinación. Pero hay una cuestión de ámbito interno que no podríamos dejar vulnerar sin negarnos a nosotros mismos, por los sacrificios y vidas humanas que costó: es el mantenimiento de la disciplina y el respeto a la jerarquía, para poder así garantir el acatamiento de la Constitución en la Ley. Si cediéramos, en cambio, y la concepción desplazada en setiembre se adueñara de los mandos militares, el gobierno constitucional que lo consintiera sería luego derrocado por ellos."
La frase sintetizaba, evidentemente la tesis azul: la expresión "acatamiento del poder militar al poder civil" no corresponde a una realidad republicana. En una república, hay acatamiento de todos a la autoridad legítimamente constituida que obre de acuerdo a la Constitución, las leyes y los reglamentos. "Si, por ejemplo — comentaba un comodoro, a propósito de la crisis aeronáutica — el presidente nombrara comandante en jefe a un cabo, la fuerza le desobedecería y cualquier tribunal militar absolvería a los rebeldes, ya que la obediencia corresponde en cumplimiento de las leyes y reglamentos. Ese es ahora el fondo de la cuestión".
Algunos azules, en tanto, hablaban ya de una operación "mate". En ajedrez, comentaban, muchas veces se simula amenazar una torre o un alfil o procurar la captura de una dama cuando, en realidad, lo que se prepara es el jaque mate. La operación mate tendría las siguientes etapas:
• Relevo de Armanini y los ocho brigadieres en actividad, de manera de dejar al arma sin brigadieres y crear la "excusa técnica" para las reincorporaciones.
• Presionar ante el ministro Pita, de Marina, para que no ascienda a almirantes a los cuatro capitanes de navío en condiciones, de modo de crear la misma situación.
• Reincorporar por las mencionadas "excusas técnicas".
• Con el control de la Marina y la Aeronáutica, apoyar un eventual relevo del general Onganía por parte del presidente de la República.
La crisis de la Aeronáutica y la Marina serían, así, fintas para una ofensiva contra el objetivo deseado: el comando en jefe del Ejército. Hacia fines de la semana pasada alguien recordaba que todos los problemas militares siempre habían tenido sus anuncios premonitorios en crisis parcializadas de la Aeronáutica.

Iglesia
Un documento en la línea renovadora
La semana anterior, el sector progresista de la Iglesia Católica recibía con evidente satisfacción el documento dado a conocer por el obispo auxiliar de Córdoba, actualmente a cargo de esa diócesis, monseñor Enrique Angelelli. Interpretaban que el texto contribuía a encarnar en los hechos la doctrina social de la Iglesia, tal como fue planteada por la línea Juan XXIII-Paulo VI, en un medio reticente a las innovaciones audaces.

La rutina del silencio
Un importante representante de ese sector señalaba a PRIMERA PLANA que la Iglesia Católica argentina presentaba tres características especiales dentro del nuevo espíritu ecuménico: a) temor a los cambios y resistencia a abandonar posiciones casi-conservadoras; b) temor a toda manifestación critica y a toda publicidad sobre la existencia de tendencias ("Si aquí se publica sobre la Iglesia una cuarta parte de lo que dice Time, es casi un escándalo"); c) adopción de compromisos por representantes de la jerarquía en forma generalmente indirecta. "Por eso —señalaba— tiene tanta importancia el documento cordobés."
Como consecuencia de esa situación general, fueron escasos los textos eclesiásticos abiertamente ubicados en una línea social. E, inclusive, éstos fueron en general más tímidos que los documentos producidos por la Jerarquía en otros países. Sin embargo, por la acción de presencia de un clero joven y renovador, en los últimos tiempos la Iglesia argentina ha ido asumiendo el impacto de los problemas contemporáneos.

Nuevas voces
En los medios eclesiásticos progresistas tiende a considerarse al cardenal Caggiano como una figura conciliadora, con la cual ha coexistido últimamente un sector de la jerarquía más proclive al compromiso político-social. El arzobispo de La Plata, monseñor Plaza, asumió recientemente posiciones sociales totalmente definidas; de alguna manera, sin embargo, sus actitudes lo hicieron aparecer ante algunos observadores como vinculado indirectamente a un sector político. Esa situación hizo que ahora la posición de vanguardia en lo social haya sido asumida por otros dos obispos: monseñor Carlos María Cafferatta, obispo de San Luis ("El sistema rural de nuestra República es anacrónico, injusto e irritante", dijo en una reciente carta pastoral), y monseñor Enrique Angelelli.
"Centenares de miles de hogares obreros, de clase media e inclusive de los sectores profesionales —dice el reciente documento de Angelelli— registran en sus presupuestos los continuos y bruscos ataques del desequilibrio económico actual. Se suman a esta situación desalentadora el cierre de plantas industriales, suspensiones masivas de personal, retracción en los sectores de la producción, desniveles marcados entre producción y consumo y una paralización virtual del aparato financiero económico, ya sea estatal o privado. Esto configura algo más que una crisis: es la conculcación, la negación misma, de los derechos humanos y cristianos de la persona."
PRIMERA PLANA
17 de diciembre de 1963

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