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Proyectos en danza
La política gubernamental de privatizaciones para achicar el Estado encuentra creciente —aunque todavía limitado— apoyo entre los legisladores oficialistas, mientras la oposición mantiene silencio, y al menos por el momento no hace oír sus críticas o apoyos.
Los diputados radicales presentaron tres proyectos de ley, mientras los senadores adhirieron a la nueva política a través de un proyecto de comunicación.
• Hugo Socchi. Propone la derogación de la ley 22.177 —que obliga a privatizar por licitación— y las normas que disponen sistemas especiales de privatización. Faculta al Poder Ejecutivo a privatizar en forma total o parcial, o liquidar todas las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas, cuya propiedad pertenezca total o parcialmente-al Estado nacional. Para acelerar el proceso, se autoriza al PE a transferir la titularidad, control y administración de la empresa a privatizar al órgano o ente que se encargue de las privatizaciones. La transferencia a los particulares se podrá materializar mediante: a) enajenación de activos de las empresas, como unidad o separadamente; b) venta de acciones, cuotas partes del capital social o patrimonios; c) locación por un plazo no menor a cinco anos, con opción a compra; d) administración con opción a compra; transferencia directa cuando el adquirente fuese una cooperativa formada por personal del establecimiento.
• Adrián Álvarez y Marcelo Stubrin. Se autoriza al PE a declarar sin destino inmuebles, maquinarias y equipos para el pago de deudas contraídas con acreedores de carácter público o privado. El Estado dispondría de 360 días para vender todos los activos fijos sin destino específico o cuya afectación no guarde relación con el valor intrínseco del bien afectado.
• Ramón Dussol y Luis bencina. La preocupación de los dos diputados chaqueños es que se inhabilite para comprar las empresas privatizables a quienes no reúnan solvencia moral y responsabilidad económica. Entre los potenciales inhabilitados figuran: a) los fallidos o concursados fraudulentos; b) los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos y los condenados por hurto, robo, extorsión, estafas y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública; c) los que tuvieran litigios contra el Estado; d) los que hubieren transmitido por venta o por algún otro título su paquete accionario al Estado en razón de deudas contraídas con él; e) los que no acrediten el cumplimiento de leyes sociales.
• Senadores Luis Braseseo, Antonio Nápoli, Héctor Velázquez, Juan Trilla, Margarita M. de Torres, Fernando de la Rúa, Kenneth Woodley, Faustino Mazzucco. El proyecto de comunicación solicita al Gobierno la enajenación de "todos los bienes muebles e inmuebles que no se encuentren afectados a la directa explotación de los servicios". Entre los muebles a liquidar figuran los que están "en absoluto desuso y deterioro" en la órbita de empresas como Vialidad, Ferrocarriles, ENTel, ENCOTel, Obras Sanitarias y las Fuerzas Armadas. Entre los inmuebles hay estancias en Buenos Aires, estaciones e instalaciones ferroviarias.
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Privatistas ma non tróppo
Si el presidente Raúl Alfonsín sorprendió a radicales y no radicales cuando decidió impulsar las privatizaciones, y no pocos observadores interpretaron que el partido gobernante emprendía así un giro histórico en su ortodoxia, ahora hay dirigentes del oficialismo dispuestos a dar por tierra con el mote de estatistas, asegurando que nunca lo fuimos.
No pocos atribuyen a la pulseada entre históricos y tecnócratas la mora en que cayó el aparato radical frente a la pragmática decisión del jefe partidario. Las críticas no llegaron a aflorar, y en cambio, en forma lenta, empiezan a llegar los apoyos. Es el caso de diputados como el balbinista Hugo Socchi, por un lado, y Marcelo Stubrin y Adrián Álvarez (Junta Coordinadora), por otro, que acaban de sumarse a la nueva estrategia a través de dos proyectos de ley, que apuntan a destrabar la maraña jurídica que suele frenar las privatizaciones.
Álvarez y Stubrin quieren que el Gobierno pueda declarar sin destino inmuebles, maquinarias y equipos, para afectarlos al pago de deudas que resulten de difícil cancelación con los medios ordinarios de pago, o venderlos o permutarlos cuando resulten innecesarios. El propósito de Socchi es que sea posible privatizar —total o parcialmente— o liquidar "todas aquellas empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas" que el Ejecutivo "estime conveniente."
Los senadores oficialistas también se sumaron a la batalla por la modernización —si bien sólo a través de un proyecto de comunicación—, sugiriendo al Ejecutivo que enajene "todos los bienes muebles e inmuebles que no se encuentren afectados a la directa explotación de los servicios de las empresas del Estado o mixtas con participación estatal.
La pregunta que surge inevitablemente es si el radicalismo es estatista o privatista. Desde distintas ópticas, Socchi y Stubrin sostienen que "nunca fuimos estatistas. El Gobierno de Illia es la mejor prueba de ello —dice Stubrin—, porque no pasó al Estado una sola empresa. Las estatizaciones se hicieron durante las dictaduras militares y la gestión de ministros de Economía liberales".
Según Socchi, "no hay ningún cambio ideológico en el partido, ya que nunca estuvimos de acuerdo con las estatizaciones de empresas", y además la plataforma partidaria "sólo habla de las actividades vinculadas al interés nacional que deben pertenecer al Estado".
Pero la inclinación privatista tiene sus límites: Socchi entiende que "no podemos privatizar improvisadamente y sin discriminar, porque a nadie se le puede ocurrir vender YPF o Fabricaciones Militares." "Privatizar —afirma Stubrin— no quiere decir que pensemos en destruir el Estado como representación de la sociedad o como ámbito donde se realiza la justicia social, sino que buscamos un Estado integrador en lo económico, con impuestos justos y distributivos, que estimule la inversión y resuelva problemas sociales agudos "
Para Stubrin, "el Estado obeso y socialmente insensible sólo puede ser fomentado por los enemigos del país, ya que es imposible de financiar, no beneficia a nadie y perjudica a todos. Queremos modernizar el Estado para que cumpla un papel ágil en la sociedad, resuelva las injusticias económicas, oriente las inversiones."
R. C.
Fotos: Higinio González

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Lidia López
Control de Estado
Lidia López, titular de la Sindicatura General de Empresas Públicas, dio ante SOMOS —primera vez en años que la máxima autoridad de ese organismo concede un reportaje— algunas precisiones sobre la pesadez del Estado, los obsoletos criterios que privan todavía sobre la función de una empresa, sus puntos de vista sobre las privatizaciones y las políticas que permiten las abultadas pérdidas de las sociedades estatales. La doctora López afirmó con seguridad:4 4 Hay que privatizar todo lo privatizable y liquidar todo lo que se pueda liquidar". Estas son algunas de sus definiciones, que cobran singular significación por provenir de una funcionaría a cuyo cargo está el control contable, patrimonial y de gestión de las empresas estatales.
• Crisis de la empresa pública: Existe y es parte de la crisis global de las organizaciones en nuestro país. Las empresas públicas no son otra cosa que organizaciones que tienen que dar respuesta exactamente igual que las empresas privadas. Tienen que ser eficientes y dar una respuesta de utilidad a la comunidad a la cual pertenece.
• Cultura de mando: la crisis tiene un origen cultural. Durante muchos años existió en nuestro país una cultura de mando. En una cultura de mando la clave es la obediencia. En una democracia moderna, las organizaciones requieren para su desarrollo una cultura de consenso cuya clave es el discernimiento y la capacidad para la toma de decisiones.
• La pérdida de Ferrocarriles: Es habitual en el mundo que los ferrocarriles sean empresas deficitarias. Sucede en muchos países, lo que no quiere decir que los ferrocarriles sean un elemento obsoleto, y en este caso el ejemplo más claro es Japón. No es importante que Ferrocarriles Argentinos pierda un millón y medio de dólares por día: lo único importante es saber si esa pérdida responde a una decisión previa en ese sentido que puede pasar por lo económico o lo social. Debemos tener en cuenta la realidad de nuestro país, y no pensar en el ferrocarril como ese sistema que permite que quienes viven en el conurbano puedan venir de una manera barata a trabajar en la City, y tampoco podemos pensar en el ferrocarril como ese sistema de gran capacidad de transporte de los productos de la pampa húmeda hacia Buenos Aires. Pensar así podría llegar a permitirnos diseñar un sistema altamente productor de utilidades, pero totalmente disociado de las necesidades del país.
• La idea de la privatización. Hace unas décadas la soberanía pasaba por la propiedad, porque ésta significaba toma de decisión, disponibilidad, manejo de una cantidad de actividades que se consideraban totalmente correlacionadas con el poder político del Estado como Nación. Eso eran las comunicaciones, dentro de las cuales estaban los transportes, las redes telefónicas, la radiodifusión. Las tecnologías han cambiado el perfil del mundo, y hoy no puede pensarse que se pone en riesgo la soberanía si no se dispone del control —por vía de la propiedad— de la explotación, tanto sea de teléfonos, como de comunicaciones, de transportes, palabras y sonidos. Si reflexionamos que las comunicaciones de gran sensibilidad pasan a través de satélites deberíamos arribar a una conclusión: la defensa de la soberanía pasa por la disponibilidad tecnológica, no por la propiedad de la empresa.
Eduardo Tuculet
Fotos: Mario Manusia
Revista Somos
9/8/1985