Volver al Indice

crónicas del siglo pasado

REVISTERO

Informe policial sobre el caso Aramburu
el matorral de los senderos que se bifurcan

Las conclusiones de la comisión oficial que investiga el caso Aramburu dan pábulo a las mas variadas especulaciones, en razón de que no se dieron a conocer las anunciadas pruebas concluyentes. La reacción de Onganía y otras derivaciones confirman que una crisis política germina detrás del enigma..

 

Revista Siete Días Ilustrados
1970

 

 

Millares de paraguas, negros y humedecidos, se hundieron en la espesa niebla del barrio Norte, el sábado 18, para acompañar los restos de Pedro Eugenio Aramburu. Esa madrugada, los diarios emergieron con titulares enormes y extensas crónicas que relegaron a espacios secundarios las informaciones de otro origen. Craso error una de las noticias diluidas por ese despliegue consignaba que "los Estados Unidos indagan con la embajada norteamericana en Buenos Aires sobre detalles del asesinato y hallazgo".
La primicia fue trasmitida por la United Press a La Prensa de Buenos Aires, confirmando un adelanto que en el mismo sentido explícito SIETE DÍAS en su edición de la semana pasada. Notoriamente, el hecho parece certificar que no sólo el aramburismo recela sobre la eficacia de la investigación policial, que seguramente coexisten varias pesquisas que no confluyen sobre las mismas pistas. ¿Por qué? Es probable que buena parte de las conjeturas se acrecentaron una vez conocido el extenso informe que difundió en las últimas horas del lunes 20, la Comisión Coordinadora que investigó el asesinato. Esa noche, con más de una hora de retraso, alrededor de cien periodistas se apelotonaron en el Salón Dorado del Departamento de Policía para escuchar una relación pormenorizada de la pesquisa desplegada a partir del fatídico 29 de mayo. Pero estaban destituidas las preguntas. Entonces, las zonas oscuras del informe -tal vez no aclaradas por el secreto sumarial- abrieron margen para un verdadero espectro de interrogantes. Sobre todo, porque la mayor parte de la exposición policial abundó en detalles conocidos, omitiendo lo que verdaderamente ansiaba saber la opinión pública. Solo por omisión -por ejemplo- los disertantes tuvieron que admitir que aún se ignora cómo, dónde y por quién fue asesinado el general Aramburu. Tampoco se pudieron conocer los nombres y la filiación de quienes enterraron el cadáver en la tenebrosa chacra La Celma, donde fue hallado el jueves 16 por un destacamento de vigilantes del lugar. Aunque la Comisión afirmó que las investigaciones continúan a todo ritmo para detectar a los cómplices e instigadores de los asesinos, también permanece en la zona de oscuridades cuál fue la pista que condujo hasta Timote.
Un hermetismo tan celoso no impidió, sin embargo, que la Comisión Coordinadora se limitara a confirmar datos ya deslizados con anterioridad desde fuentes policiales. Esa filtración comenzó en el momento mismo en que se encontró la primera pista. El hecho de que ahora no se filtren nuevos trascendidos puede sugerir que la investigación ha llegado a un punto muerto. Otra posibilidad: que el tramo actual de la pesquisa abarque delicados niveles que justificarían, esta vez sí, una estricta reserva.

EL EJE DECISIVO

Tales interrogantes brotan del silencio policial sobre los instigadores y de la confusión, tampoco aventada por el informe, sobre la verdadera ideología de los detenidos y prófugos, presuntos autores materiales del secuestro.
El propio inspector general José P. Barlaro, encargado de la crucial instancia técnica de la pesquisa, reconoció que "en virtud de las disposiciones que exigen el secreto del sumario, no se explican en detalle las distintas facetas de los peritajes realizados hasta el momento, que suman 172"; a renglón seguido, Barlaro acotó que tales peritajes, mantenidos en secreto, no susceptibles por ahora de ser analizados por la "opinión pública," constituyen indicios y elementos de prueba concluyentes para demostrar en forma fehaciente la vinculación de las personas imputadas, con los hechos".
De todas formas, ni el secreto sumarial impidió que algunos peritajes presentados como pruebas fueran difundidos. Así, recobró vigencia un documento capital: la autorización para conducir un Renault 4-L que Esther Norma Arrostito extendió, el mismo día del secuestro, a Emilio Ángel Maza, uno de los implicados en el copamiento de La Calera. Tres semanas atrás, sin embargo, voceros policiales deslizaron, extraoficialmente, que el hilo de la búsqueda había surgido de una autorización que la Arrostito firmó, no para Maza, sino en beneficio de su cuñado, Carlos Maguid;, cuando la madre de éste reveló que su hijo no tiene registro, que no sabe manejar y que padece de una seria afección a la vista que se lo impide, el dato policial perdió fuerza. Pero ahora la coartada de Maguid se desvanece: la policía afirmó oficialmente que el extinto Maza fue el destinatario del permiso.
También en aquel momento se dijo, sin vacilaciones, que el documento estaba escrito con la misma máquina y sobre el mismo papel utilizado por los Montoneros en sus comunicados. Sin duda, una prueba abrumadora, si técnicamente fuera irrefutable. El lunes 20, sin embargo, Barlaro sostuvo que el permiso "presentaba varias características de la máquina autora" (de las proclamas montoneras) y que ello "hacía presumir"' que "con muchas posibilidades" se trataría de la misma que utilizaron los secuestradores en sus comunicados. Es decir, ¿presunciones y posibilidades -aunque sean muchas- o elementos probatorios concluyentes?
Otra de las pruebas técnicas ofrecidas es menos ambigua: un comunicado recibido por el diario Córdoba -no se aclaró si referente a La Calera o al caso Aramburu- estaba escrito con el mismo papel y presidido por el mismo clisé que los distribuidos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Estos últimos, con todo, ¿son los del caso Aramburu o la similitud corresponde a los encontrados en "el establecimiento industrial" bonaerense (General Motors) que también menciona el informe? Según la policía, estos volantes presentan una extraordinaria similitud con los encontrados en La Calera, pero se ignora si tal semejanza también abarca a los comunicados de los captores de Aramburu. Así y todo, está probado que el comunicado recibido por el vespertino Córdoba fue redactado con la misma máquina utilizada en varios escritos secuestrados en una casa del barrio Los Naranjos, un aguantadero de los asaltantes de La Calera. Pero como el informe no aclara a qué comunicado montonero se refiere, ¿cuál es la vinculación entre Los Naranjos y el secuestro de Aramburu? Por último, hay otra alternativa: aun cuando el comunicado del Córdoba sea uno de los correspondientes al caso Aramburu (y no al asalto a La Calera), ¿desecha la policía la posibilidad de infiltraciones o interpenetraciones entre las organizaciones subversivas? En esta sórdida guerra subterránea, cualquiera puede echar comunicados en un buzón: los agresores de La Calera, al parecer, aceptan su culpabilidad en ese hecho, pero niegan toda vinculación con él secuestro de Aramburu. Por cualquiera de los dos delitos les puede corresponder la pena de muerte: ¿por qué, entonces, rechazan una acusación y aceptan la otra?
Es claro que muchos de ellos fueron apresados in fraganti en La Calera y que ostentaban, además, la misma denominación enarbolada por los raptores de Aramburu. Hubo otras sectas, ávidas de notoriedad, que también se atribuyeron el secuestro: es una actitud habitual del exhibicionismo fronterizo que tipifica a los grupos extremistas. El problema es otro: ¿existen pruebas fehacientes de la participación de Maza e Ignacio Vélez, dos de los asaltantes de La Calera, en el secuestro de Aramburu?

CONFESIÓN DE PECADORES

Como se vio, tales pruebas existen, pero en virtud del secreto sumarial, están a salvo de la curiosidad pública. En todo caso, ni doña Sara Herrera ni otros testigos fueron más allá de encontrar "cierto parecido" entre el cadáver de Maza y uno de los raptores; para la justicia, estos testimonios vacilantes carecen de validez. Otro testigo, la verborrágica y sofisticada doméstica Teresa Lobos, desaparecida y resucitada varias veces, fue sorpresivamente detenida e incomunicada por Coordinación Federal: no se explicaron las causas de ese procedimiento que tal vez arroje nueva luz sobre la pesquisa.
Al margen de esto, es posible que los sabuesos hayan recogido excelente información de las confesiones de los principales detenidos: Maguid y su mujer Norma Arrostito, el padre Alberto Carbono, Ana Marta Portnoy. Pero el informe policial no lo aclara, salvo en lo referente a Maza y Vélez: algunos detenidos en Villa Walcalde, Córdoba (no se dan tos nombres), declararon que las pancartas montoneras "habían sido vistas" en manos de esos dos terroristas, quienes además habrían certificado su autenticidad. Por otra parte, parecería que tos detectives tenían pruebas de la vinculación de los detenidos con Carlos Ramus y Carlos Capuano Martínez: el informe detalla allanamientos realizados tiempo atrás en fincas que habían sido ocupadas por esos dos prófugos. ¿Por qué, entonces, se tardó varios días en llegar hasta La Celma?
Vecinos de Timote declararon a los periodistas que Ramus fue visto dos semanas antes del descubrimiento en el cine del pueblo. Semejante impavidez asombra: en ese momento, sus companeros de aventura estaban detenidos. La misma incógnita sobrevuela a Maguid y el resto de sus secuaces: extrañamente, no huyeron al enterarse de la catástrofe de La Calera. ¿Inexperiencia? Según la policía, el líder del grupo, Fernando Luis Abal Medina, recibió adiestramiento especial en Cuba. En efecto, este prófugo largirucho y viboreante viajó a la isla del Caribe junto al extinto Juan García Elorrio. De acuerdo con lo escuchado en cenáculos católicos de izquierda, no es cierto que al regresar a Buenos Aires, Abal haya renegado del castrismo; sin embargo, la juventud de Acción Católica, rechazó enérgicamente la posibilidad de que tanto Abal como Mario Firmenich fueran marxistas, mientras otro tendal de rumores aseguraba que el primero fue detenido en Cuba por sospechoso de espía "imperialista": de ahí su distanciamiento de García Elorrio -agrega la versión-, un hecho que otras usinas no niegan, pero que atribuyen a una mera "división del trabajo" entre ambos conspiradores, rechazando categóricamente el rumor sobre su presunta estadía en las cárceles de Fidel Castro.
Este entuerto no es gratuito: tiene que ver con la ideología de los detenidos y enlaza directamente con la penumbra que rodea, por ahora, a los instigadores del secuestro. Si bien el informe policial no abre juicio sobre el tema, el material extremista exhibido es de tendencia izquierdista. No obstante, se sabe que la mayoría de los implicados militó alguna vez en la extrema derecha, aunque la policía no informó sobre el particular. Tampoco barajó otro interrogante: por qué en el caso Aramburu los secuestradores se negaron a negociar la vida de su víctima, como ha ocurrido en todos los secuestros habidos hasta ahora en el país y en América latina. Finalmente, el informe policial recalcó que la denuncia del secuestro fue recibida en el Departamento Central a las 12.39 del 29 de mayo, lo cual dio a los terroristas una ventaja de más de tres horas (Aramburu fue hecho prisionero a las 9.30). El capitán de navío (RE) Aldo Luis Molinari aseguró a SIETE DÍAS que esa denuncia fue realizada "entre las 10.30 y las 11, directamente al ex jefe de Policía, general Mario Fonseca". Ratificando además en su totalidad los términos del reportaje publicado en el número 167 de este semanario. El jueves 23 se supo que la Armada había decidido instruirle un sumario; ese mismo día, el general jubilado Bernardino Labayru, otro integrante del staff aramburista, desmintió haberse retractado de sus declaraciones: como Molinari, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército formuló críticas a algunos miembros del gobierno anterior y las ratificó, considerándolas "no agraviantes", cuando el Comando en Jefe le pidió explicaciones.

aramburu07.jpg (33271 bytes)
una parte del material secuestrado a los terroristas

aramburu01.jpg (15145 bytes)
Eugenio Aramburu sale de su entrevista con Levingston

aramburu02.jpg (19461 bytes)
Ricardo Dold difunde la nota de Onganía ante acusaciones

aramburu04.jpg (15088 bytes)
José R. Cáceres Monié precisa aspectos de la salida política y económica

aramburu06.jpg (21298 bytes)
la policía difunde sus conclusiones

aramburu05.jpg (16479 bytes)
Levingston y Luco con la CGT

 

LA POLÍTICA COMO UNA DE LAS BELLAS ARTES

Es que el mismo lunes 20, mientras la Policía difundía su informe, el ex mandatario Juan Carlos Onganía, un general retirado, esquivó al comandante en jefe y dirigió directamente a Roberto Levingston una misiva en la cual reclamaba que el gobierno pusiera coto a las dudas derramadas sobre altos funcionarios de su gobierno. "V.E. sabrá comprender -escribió Onganía- que la naturaleza de las acusaciones formuladas rebasa los límites de la tolerancia"; puntualizando más adelante: "No está en juego mi honor personal ... Si está en juego la confianza en la conducta de un hombre que rigió como presidente los destinos dei país y como comandante en jefe los del Ejército Argentino". La carta contenía otro párrafo significativo: "Acudo a V.E. reconfortado por las expresiones de reconocimiento que tuviera en ocasión de su primer mensaje al pueblo, en gesto que lo enaltece y que, personalmente y en nombre de mis colaboradores, agradezco".
En suma, Onganía reclamaba una definición de Levingston en nombre de la continuidad de la Revolución Argentina y del prestigio de las Fuerzas Armadas. Mientras trascendía que el comandante Alejandro Lanusse estudiaba la posibilidad de sancionar al ex primer mandatario (por haber eludido la vía jerárquica), Levingston respondió a: esa nota el miércoles 22: aceptaba totalmente los conceptos de su antecesor. El gobierno hizo y hará todo lo posible -afirmaba la respuesta presidencial -para que la investigación del asesinato "no se trasforme en inaceptable tribuna política desde la que se ponga en duda el honor y la conducta de nadie"; además, el jefe de Estado explicó a Onganía que el gobierno sólo aceptará los datos que se presenten ante la justicia, en forma "fundada y sólida".
Al término de esa jornada, Levingston recibió el agradecimiento del doctor Eugenio Aramburu por las honras fúnebres que el Estado dispuso en homenaje a su padre. En la audiencia no se habló de la tormenta política desatada por la investigación, como muchos adictos al aramburismo quisieron suponer. Eso no fue óbice para que el elenco liberal, que siguió paso a paso todo el proceso, dejara de abocarse al estudio de un proyecto espectacular: querellar ante la justicia, por negligencia u otras acusaciones, a Francisco Imaz, Eduardo Señorans, Mario Fonseca y otros miembros responsables de los servicios de seguridad durante la administración Onganía. Sobre el fin de semana, el staff realizaba una fuerte presión sobre Sara Herrera para que la viuda del ex presidente firmara la presentación.
El contraataque a este despliegue no provino sólo de Onganía: el coronel Luis Máximo Premoli, mencionado por el capitán Molinari en sus declaraciones a SIETE DÍAS, exigió la formación de un tribunal de honor, que el jueves 23 se integró con un general, un contraalmirante y un brigadier, para juzgar las manifestaciones del marino y, tal vez, decidir si hay lugar a duelo.
Mientras tanto, las derivaciones del suceso, además de conmover a las Fuerzas Armadas, movilizaron al Episcopado Nacional, que se abroqueló en pleno, el martes 21, en su edificio de la calle Paraguay, en Buenos Aires, para analizar la situación creada por la detención del sacerdote Alberto Carbono y su presunta complicidad en el secuestro. Algunos voceros deslizaron entonces que el episodio podría culminar .en una tajante decisión de la jerarquía eclesiástica: prohibir la actividad de los curas del Tercer Mundo, movimiento que cuenta a Carbone entre sus líderes. Las versiones señalaban, inclusive, que desde el ámbito oficial se habría sugerido a monseñor Antonio Caggiano ese castigo y que éste seria partidario de aplicarlo. "Ondas del Extremo Oriente -clamó el cardenal el miércoles 22, ante la Asociación Nacional de Propaganda- influyen en los jóvenes y hasta en los sacerdotes."
El tercermundismo se había expresado, veinticuatro horas antes, negando que Carbone pudiera tener vinculación alguna con el secuestro; el movimiento aludió también a la "ingenuidad" del sacerdote y al hecho de que pudiera haber sido engañado. El vicario Domingo Brezzi, consultado por SIETE DIAS, se negó a formular juicios sobre los grupos católicos de derecha: "No podemos acusar a nadie", dijo; por su parte, el teólogo Carlos Sacheri y Raúl Di Carlio, secretario general del grupo Verbo, se negaron, ante un cronista de este semanario, a comentar las versiones que ronronean en tomo de ese grupo y sus vinculaciones con la derecha.
Es que en muchos sectores se advertía el trasfondo político del alboroto aramburista-liberal: acusar a Onganía implica en gran medida lanzar una ofensiva propagandística contra los sectores nacional-desarrollistas del actual gobierno. Estos sectores, no obstante, parecen ir cobrando fuerza y audacia. El miércoles de la semana pasada, al ungir al nuevo gobernador mendocino, ingeniero Francisco Gabrielli, el ministro de Defensa e interino de Interior, José Rafael Cáceres Monié, lanzó la primera convocatoria oficial para la formación del "partido de la Revolución". Excepcionalmente activo durante sus interinatos, Cáceres Monié expresó: "Este rechazar las estructuras políticas agotadas no significa prescindir de aquellos hombres que se sientan animados del patriótico propósito de crear las condiciones que permitan un futuro agrupamiento popular". El jueves 23 aclaró en la Casa Rosada, en una nueva conferencia de prensa, que no se había referido a "un partido de la Revolución" sino a "partidos para la Revolución". Y agregó que no es posible dar plazos, porque los objetivos de trasformación no están limitados a las estructuras políticas.
Es decir: es necesario arramblar con el esquema económico seguido hasta el momento y, simultáneamente, "librar a los argentinos de sus reflejos condicionados". Este propósito no puede lograrse con, acuerdos oportunistas de corto plazo que dejen intactas las anacronias económicas, restauren los viejos partidos y legitimen la principal de sus mañas: la proscripción del peronismo. Lo sugestivo fue que el titular de la cartera política, Eduardo McLoughlin, reporteado en Londres por el corresponsal de La Nación sobre idéntico tema, no aportó ninguna definición, ninguna idea similar a las vertidas por su reemplazante. Roberto Marcelo Levingston, en tanto, mantenía el jueves 23 su segunda plática con una de las piezas claves del proyecto diseñado por Cáceres Monié: la CGT integracionista.

 

Google
Web www.magicasruinas.com.ar