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En tres semanas más, cuando
Alejandro Agustín Lanusse participe a los argentinos el programa de la última etapa del
poder militar -previa rendición de cuentas de la tarea realizada por sus predecesores-,
el gobierno enfrentará las primeras contingencias del agreste y sinuoso camino que
conduce a la salida electoral. Para entonces, según los días, la luz de esa salida se
verá diáfana o mortecina; es que la marcha de la legión democrática levantará
polvaredas considerables.
Los hombres del gobierno conocen
los riesgos de las probables tormentas. Saben que los adversarios se sumarán a los
enemigos y que, como tales, acentuarán las embestidas para minar las bases del poder;
así, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, las agrupaciones políticas y gremiales y las
entidades que componen la comunidad de los negocios serán sometidas a operaciones de
centrifugación. Pero los gobernantes también saben que los factores de poder no tienen
demasiadas opciones, quizá ninguna, ante el fracaso de la emergencia revolucionaria, y
que -por primera vez desde el 28 de junio de 1966- el poder militar consiguió un aliado
civil de envergadura: el concilio de políticos.
El cuadro revela matices
dramáticos para la realidad institucional del país. Por de pronto, los caudillos
coaligados en La Hora del Pueblo ofrecen como propios los lineamientos básicos del Plan
de Desarrollo y Seguridad aprobado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas; ello
demuestra, luego de un lustro de marchas y contramarchas, que los políticos veteranos
están dispuestos a aceptar la tutoría castrense y que los militares, extenuados por los
balanceos, preparan su retorno a los cuarteles confiados en el éxito de la gente que,
según Pascual Pistarini, Julio Alsogaray y Juan Carlos Onganía, había fracasado en la
tarea de modernizar a la Argentina. Entonces, si los protagonistas de hoy son los mismos
de 1966, el pueblo -y sobre todo los jóvenes- tiene derecho a preguntar: ¿Por qué se
destituyó a Arturo Illia? ¿Acaso porque desoía los consejos de Balbín y de Mor Roig, o
porque aún Paladino creía que los radicales eran gorilas empedernidos?
Las respuestas son numerosas pero
prevalece una evidencia: constreñidos por la realidad social y económica, los factores
de poder decidieron el derrocamiento de Illia para detener el avance de las corrientes de
izquierda y evitar el caos. Los resultados de aquella decisión no pueden ocultarse: el
frente popular crece como alternativa de la unión de los democráticos, mientras que los
cordobazos y otras turbulencias quedan como antecedentes del gobierno militar. Claro que
los políticos no deben engañarse: los episodios que convulsionaron Córdoba, causa
fundamental de la caída de dos mandatarios, también se hubieran desencadenado durante
una administración civil renuente a sancionar los cambios que reclaman el empresariado
nacional, los agricultores y ganaderos afectados por la crisis y, desde luego, la clase
obrera.
Con todo, el gobierno parece
decidido a propiciar una amplia consulta popular y, lo que es más plausible, a escuchar a
tirios y a troyanos; del éxito o del fracaso de esa gestión depende que se llegue a esa
luz lejana que marca la entrada al cuarto oscuro, la reivindicación de los políticos que
procuran con fervor los altos mandos.
DEMOCRÁTICOS, UNIOS. Arturo
Mor Roig, el hombre civil de los militares, cumple con sus promesas. En la noche del
jueves 1° de abril llegó feliz a su departamento de la calle Arenales al 2000: había
anunciado la rehabilitación de la actividad política para "alcanzar y consolidar,
con la participación de todos, una democracia representativa moderna, estable y
eficiente". Esa noche el ministro del Interior ratificó que, dentro de los 90 días,
el pueblo conocerá el plan político del gobierno y que en ese programa se enunciarán
las pautas para el Estatuto de los Partidos Políticos, el sistema electoral y otros
aspectos esenciales para alcanzar la institucionalización.
Mor Roig, además, comunicó que
el presidente había dispuesto acelerar la actualización de los padrones y la
restitución de los bienes a los partidos políticos, resarcimiento que tendrá lugar una
vez que se derogue la ley que proscribió a las agrupaciones vigentes al 28 de junio de
1966 y que se sancione el estatuto. Pero, siguiendo los pasos de Arturo Cordón Aguirre,
aunque con otra orientación, anticipó que el gobierno estaba dispuesto a iniciar un
dialogo franco con los dirigentes de todas las fuerzas que integraban la Cámara de
Diputados a la caída de Illia. De tal manera, guiándose por la composición y el número
de representantes que tenía cada partido en ese cuerpo legislativo, Mor Roig citó a
Ricardo Balbin y a Jorge Daniel Paladino para concurrir a las audiencias previstas para el
lunes 5; el martes recibirá a Oscar Alende, por la UCRI; a Guillermo Acuña Anzorena, por
el MID, y a Carlos Aguinaga o a Juan Ramón Aguirre Lanari, por la Federación Nacional de
Partidos del Centro, para cerrar las conversaciones el miércoles 7, con cuatro
entrevistas: Héctor Sandler, por UDELPA; Horacio Sueldo, por el Partido Demócrata
Cristiano; Jorge Selser, por el Partido Socialista Argentino, y Juan Antonio Solari, por
el Partido Socialista Democrático.
El ministro del Interior, por
fin, supo esquivar dos dardos temibles: dijo que recomendará el levantamiento del estado
de sitio "cuando las circunstancias lo aconsejen" -los dinamiteros y los
comandos rebeldes tienen la palabra-, y que no puede hablarse de plazos, por el momento,
para la entrega del poder a los civiles. Confirmó, sin embargo, que el jueves 15 quedará
constituida la Comisión Asesora que fijará las pautas del Plan Político.
Dentro de esa comisión, sin
duda, tendrá mucho que decir el representante del Ejército, general Tomás Sánchez de
Bustamante. Hace tres meses, cuando Roberto Levingston eludía las sugerencias de Lanusse
para acelerar la salida política, Sánchez de Bustamante recibió un encargo del Comando
en Jefe: iniciar las consultas con dirigentes políticos y gremiales. Las instrucciones
eran flexibles, pero apuntaban a "resolver la ecuación social, siempre postergada,
de manera que en el momento de la trasferencia del poder a un gobierno representativo, no
imperasen las condiciones de irritación que hacen peligrar la estabilidad
institucional". En otras palabras: los altos mandos del Ejército le recomendaron a
Sánchez de Bustamante que hablara con todo el mundo invocando la "necesidad de un
gran acuerdo nacional, sobre la base de la argentinización de la economía y la
redistribución de la riqueza en favor de los desposeídos".
Así, Sánchez de Bustamante se
reunió con David Diskin, presidente del Banco Sindical y líder de la Confederación de
mercantiles; con Raúl Alfonsín, Vicente Solano Lima y Osvaldo Dighero, con el dirigente
de Luz y Fuerza Juan José Taccone y otros caciques de la CGT. Las premisas del
representante militar: el aggiornamento de las fuerzas políticas y la formación de un
genuino y fuerte movimiento nacional. La estrategia reconoce un axioma de Moltke:
"Los planes de operaciones no van más allá de la primera batalla". Es decir,
que el calendario electoral se instrumentará en relación a la autenticidad del acuerdo
interpartidario, sobre la base de la promesa oficial de acortar el plazo de la
convocatoria si los dirigentes no plantean divergencias de fondo. No sólo eso: el
gobierno, durante el lapso provisorio, llamaría a integrar el gabinete nacional a los
más notorios acuerdistas, al tiempo que designaría gobernadores aceptados por la
mayoría. En síntesis; un ensayo general de cogobierno. |
diplomáticos saludan a Lanusse y De Pablo Pardo
los lujos de ser antiperonista, Sanchez de Bustamante hace 20
años
Roberto Marcelo Levingston acusa
más vale nunca que tarde
ECOS DEL PASADO.
Entretanto, mientras los políticos veteranos y los militares viven su luna de miel,
perduran los ecos de las reyertas desatadas durante las dos últimas semanas del gobierno
de Levingston. El ex jefe del Estado, el martes 30, enjuició ásperamente a Lanusse y al
ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique; al presidente lo acusó de
"entorpecer" su gestión revolucionaria y al ministro de gestionar créditos
bancarios para empresas constructoras e inmobiliarias de la familia Lanusse.
Levingston fustigó a todos los
que "defienden poderosos intereses internos y externos", a los políticos
"de la sorprendente alianza de La Hora del Pueblo", pero no aclaró algo
importante: por qué le dio las gracias a Manrique "por los importantes y
patrióticos servicios prestados" en el momento de su renuncia, y por qué consintió
el supuesto entorpecimiento de Lanusse cuando era todavía presidente de la Nación. Una
de dos: o toleró actos reñidos con el mínimo decoro, lo que es grave, o de lo contrario
sus denuncias lindan con lo temerario, porque jamás un presidente había sacado a relucir
episodios de la trastienda del poder.
Ese mismo martes, por la mañana,
Levingston había concurrido a la citación del Tribunal de Honor integrado por el general
en retiro Julio Alsogaray, el brigadier Carlos Armanini y el almirante Vicente Baroja,
ambos retirados. Trascendió que el ex mandatario se ratificó en la indagatoria de la
versión oficial sobre el frustrado relevo de Lanusse, por lo que sus inquisidores
decidieron recomendar la formación del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas para que
juzgue su proceder. Los jueces de Levingston: brigadier mayor Jorge Barnard, presidente
del tribunal; brigadier auditor Jorge Gómez, secretario, y los generales Enrique Maffei y
Agustín Matorras y los brigadieres Edmundo Civatti Bernasconi y Virgilio del Bosco,
vocales. Levingston podría perder el grado militar y la prohibición del uso del
uniforme.
Al día siguiente, el miércoles
31, la ciudad se pobló de rumores inquietantes. Se dijo que había descontento en los
cuadros de la Fuerza Aérea y que su comandante, Carlos Alberto Rey, podía ser relevado
por el cónclave de brigadieres. La especie no tenía consistencia pero reconocía un
antecedente cierto. El sábado 27 de marzo Rey llegó a Córdoba sin previo aviso y
convocó a los mandos de la Escuela de Aviación Militar y a los de la Escuela de
Suboficiales de la Fuerza Aérea para explicarles los episodios que culminaron con el
transitorio relevo de Ezequiel Martínez, jefe del Estado Mayor Conjunto, y con la
destitución del primer mandatario.
Al parecer, una vez que Rey
explicó los detalles de la crisis, los comodoros, vicecomodoros y comandantes le habrían
participado el descontento de los mandos por los pases a retiro de los brigadieres Numa
Sánchez y Jorge Fernández, y por los supuestos informes de la Guarnición Aérea de
Córdoba con respecto a la decisión gubernativa de declarar a la provincia zona de
emergencia. Algo más: los comodoros le habrían manifestado a Rey su inquietud por los
contactos del gobierno con los políticos de La Hora del Pueblo, agitación que
compartirían los mandos de las bases de El Plumerillo, Villa Reynolds y Morón.
Pero el malestar, de ser tal,
distaba mucho de trasformarse en el planteo de los aviadores. Es que la Fuerza Aérea,
como la Armada y el Ejército, aguardan que progresen las expectativas políticas en el
pueblo. Los caciques acuerdistas dieron, el jueves último, un paso al frente: emitieron
un documento que glosa los planes militares para desarrollar el país. ¿Podrán hacerlo
si llegan al poder? La respuesta es problemática. Mientras tanto, la junta militar y el
presidente garantizan, por ahora, la permanencia, en el cargo a sus ministros. Se disipó
la posibilidad de que Antonio Pagés Larraya reemplace a José Luis Cantini en el
Ministerio de Educación. Los puestos de combate no deben abandonarse así no más.
revista panorama abril 1971 |
