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Gobierno - CGT sociedad anónima
San Sebastián - Rucci, con campera, una charla sin protocolo y
con muchas promesas de lealtad
Al mediodía del viernes, entre
la multitud de diplomáticos que invadieron la Casa Rosada para saludar al presidente
Lanusse, pasó inadvertida la visita de Rubens Guillermo San Sebastián. Concurría a
informar seguramente sobre los resultados de su primer contacto oficial con la CGT,
ocurrido el jueves 1° en horas de la mañana. Su informe debía ser optimista; entre los
allegados del titular de Trabajo se comentaba que la visita casi protocolar de los jefes
gremiales derivó hacia un auténtico diálogo político. Mucho influyó para ese deshielo
la proverbial dialéctica del funcionario. "Señores -'habría dicho para iniciar la
charla-, me satisface su presencia porque es propósito de esta Secretaría no dialogar
con nucleamientos", un fustazo para su antecesor, Juan Alejandro Luco, acostumbrado a
manejarse con el neovandorismo participacionista. San Sebastián se atrevió a más:
"Quiero formar con la CGT una sociedad, con los vicios y desacuerdos naturales de
este tipo de relación, pero una sociedad al fin, capaz de dialogar y trabajar juntos para
la empresa común".
El aplomo del discurso impresionó a los sindicalistas, tan susceptibles siempre a
las manifestaciones de poder. Ocurre que San Sebastián, además de su experiencia en el
tema, parece contar con el aval pleno de la Junta de Comandantes en Jefe. A tal punto que,
según trascendió ahora, su candidatura desplazó al favorito de Aldo Ferrer, que no era
otro que Nicanor Saleño, y rival de Luco durante la administración Levingston. Una
compulsa que habría ordenado el presidente Lanusse entre las cúpulas gremiales arrojó
otro saldo a favor para su nombramiento; "Nueve de cada diez gremialistas respaldan a
San Sebastián", habría informado el encargado del test. Si la versión es correcta,
no es raro que la entrevista del jueves fuera una conversación entre amigos.
Pero hay un detalle que beneficia todas estas especulaciones; la cartera de Trabajo
tiene ahora capacidad de negociación, un sistema que los caciques de los sindicatos
habían dejado de ejercitar durante los últimos cinco años. Hay dos temas que podrían
tener soluciones inmediatas.
Salarios. La CGT sostiene
que una decisión justa sería elevar los montos básicos de convenio en 30 por ciento,
sin contar el 6 por ciento concedido por decreto a principios de año. La oferta oficial
seguramente abarcará hasta un tope máximo de 30 puntos, incluyendo los 6 ya otorgados. A
cambio se elevarán las cifras del salario familiar, en especial los del rubro
"esposa", un tema ya debatido entre Trabajo y Bienestar Social, con la primera
palabra de acuerdo de Francisco Manrique. Si se considera que ya han sido derogadas las
quitas zonales, el volumen del aumento provocaría un buen efecto en los trabajadores. Los
empresarios, de su lado, ofrecen aún ciertas reticencias: sujetos por la ley de precios y
por la contención de los créditos para la reactivación industrial, temen que el alza de
los salarios agote pronto su capacidad financiera y se vean obligados a reducir el
personal. Esta es una decisión que compete al ministro de Economía, Aldo Ferrer, pero
que ya tiene el visto bueno del Poder Ejecutivo: habrá garantías para los patronos.
Así, al menos, lo aseguran algunas infidencias del área oficial; si el trámite
resultara según ese plan, durante la semana comenzarían a firmarse los primeros
convenios colectivos de trabajo. En la nómina figurarían la Unión Obrera de la
Construcción y los sindicatos de mecánicos, del vidrio, de la industria vitivinícola,
de molineros, hasta totalizar una decena. En estos casos la tradición indica que la
cuestión es comenzar, aunque esta vez quedan todavía por resolver convenciones de la
envergadura de Luz y Fuerza y de la Unión Obrera Metalúrgica.
Intervenciones. Los jefes
de la central obrera reclamaron, el jueves, la fórmula consabida: que cesen los delegados
oficiales en la docena de gremios intervenidos. Pero remarcaron, con énfasis, su temor
por la situación de los sindicatos cordobeses. San Sebastián se propondría resolver
esos pleitos en la provincia de un solo golpe: devolvería las organizaciones SITRAC y
SITRAM a sus dirigentes; la seccional de Luz y Fuerza, feudo del rebelde Agustín Tosco,
sería convocada a elecciones, al parecer a pedido de Félix Pérez, secretario de la
federación nacional de lucifuercistas, aunque lo más probable es que por esta vía
también vuelva a manos del caudillo opositor. Si ése es el pensamiento de Trabajo, no es
fácil ahora pronosticar la última decisión presidencial, porque el contraalmirante
Helbio Guozden, comisionado de Córdoba, tiene otra proposición; que a los gremios de
Fiat les sea cancelada la personería gremial y luego adjudicar la representación de esos
obreros al sindicato de mecánicos (SMATA); la empresa, en tanto, no vería con malos ojos
que esas organizaciones se fusionaran en alguna federación nacional (metalúrgicos o
mecánicos).
Con todo, si el programa mínimo
de San Sebastián consigue luz verde en el más alto nivel de la Casa Rosada, las
relaciones de la CGT con el gobierno quizás alcancen una calidez primaveral. En tal caso,
las voces oficiales de Trabajo se encargarán de remarcar que todos estos dividendos son
patrimonio común de la sociedad propuesta el jueves por su titular.
Existen, sin embargo, interrogantes sin resolver: en el pasado huelgas como las de
El Chocón-Cerros Colorados fueron zanjadas por el gobierno en beneficio de las cúspides
sindicales. Las bases, desalentadas, comenzaron a desprenderse de sus gremios y hoy
resulta difícil apreciar la verdadera representatividad de las organizaciones obreras.
¿Bastarán esos paliativos para invertir la dirección de ese proceso?
Metalúrgicos
con el fierro en las manos
"¡Bien! ¡Los
soltaron!" En uno de los salones de la Unión. Obrera Metalúrgica de San Martín el
grito resonó como un gol en la cancha de Boca. Una veintena de gremialistas y
guardaespaldas adictos a la dirección del sindicato festejaban, el viernes pasado a las
cinco de la tarde, la liberación de Francisco Barrientos, secretario de esa filial.
Había pasado 23 días a la sombra, en la comisaría de Villa Martelli: se lo suponía
implicado en la muerte del obrero Francisco Carro, tras un intenso tiroteo frente al local
del gremio el 8 de marzo pasado. Los jerarcas de la seccional metalúrgica de San Martín
responsabilizaron, en cambio, a Rene Corbalán y Julio Linares, "agentes del caos y
la disociación; punta de lanza de trotskistas y comunistas". En verdad, ellos sólo
parecen culpables de liderar una corriente interna del gremio, la que agrupa al personal
de los talleres más importantes. Contra Barrientos, en cambio, parece haber otras
acusaciones. Carlos Avila -un obrero de Talleres Maipú- afirma, por ejemplo, que él vio
al gremialista el día de la trifulca. Según Avila, Barrientos habría disparado desde la
puerta del sindicato mientras Justo Verón -secretario de prensa- estaba a su lado,
pistola en mano. Avila dice más: afirma que declaró todo eso ante el juez de la causa,
doctor Francisco Sotelo. Este, sin embargo, dejó en libertad a Barrientos; lo que
demostraría que si tales testimonios existieron carecían de validez. Ahora habrá que
esperar la reacción de quienes siguen a Linares y a Corbalán. El viernes anunciaron que
tomarían las fábricas "en caso de que los culpables no sean castigados". |
Córdoba
el repliegue del peronismo
Alejo Simó
Guerra entre metalúrgicos
Helbio Guozden
una paz que vale 10 mil millones
Esta es una síntesis del informe
enviado por el corresponsal Jorge Pérez Gaudio. Si los radicales del pueblo tienen
motivos de pelea, no son menores los incentivos de los gremios. Tras la última
demostración de fuerza -un minicordobazo- la CGT regional parece dispuesta a replegar su
estrategia de combate. Dos plenarios consecutivos del organismo fracasaron por ausencia de
sus miembros, entretenidos en tejer su readaptación a la tercera etapa del poder militar.
Las 62 Organizaciones quedaron sorprendidas por el relevo súbito de Roberto Marcelo
Levingston, sin estar repuestas siquiera de sus contradicciones internas, fruto de un
proceso gremial que no dominaron ni sentían como propio. El lunes 30, en cónclave de
nucleamiento, los líderes peronistas decidían disolver la Comisión de Lucha
-ilegalizada por el gobierno-, no concurrir al plenario del martes 31 y elaborar un
documento sobre la actualidad política. Reclamaban, además, una sesión de la CGT para
el 6 de abril, con un temario único: la renovación de sus cuadros directivos, según las
pautas indicadas desde Buenos Aires. Por su lado, los caudillos de los gremios de Fiat
(SITRAC y SITRAM) -intervenidos- no querían bajar la guardia; en alianza con otras
organizaciones castigadas por la vara oficial (Empleados Públicos, Madera y Judiciales)
solicitaban un paro activo para el viernes 2 de abril. A su vez, los Independientes, que
lidera el electricista Agustín Tosco, se sumaron a la demanda de los rebeldes,
desestimada por los jeques peronistas. La pasividad que acometió a la cúspide de las 62
Organizaciones irritó a uno de sus pares, el metalúrgico Alejo Simó, quien no sólo
repudió públicamente esa línea de transigencia sino que también solicitó su
desafiliación del núcleo. Sus cargos eran realmente audaces: acusó a sus
correligionarios de haber encendido Córdoba para acelerar la caída de Levingston, de
complicarse en una política que calificó de "liberal" y de consentir que otro
metalúrgico, José Rucci, siguiera capitaneando una CGT dócil y conciliadora. Durante el
discurso que pronunció Simó en la reunión secreta de las 2, los ánimos se caldearon
hasta registrarse varias amenazas con puños cerrados. Pero el improvisado fiscal, al fin,
quedó en minoría. Si el plan de la mayoría se cumple, la futura CGT regional tendrá en
su puente de mando a los jefes que no insistan con posiciones radicalizadas. La caída de
dos presidentes y de nueve gobernadores -hechos que los cordobeses se atribuyen- parece
haber agotado la furia de los caciques gremiales.Una prospectiva que, sin duda, beneficia
al contraalmirante Helbio Guozden, comisionado en ejercicio. Sus primeros pasos, según
reconocen los observadores locales, han sido prudentes y hasta obtuvo algún éxito.
Consiguió, por ejemplo, detener la huelga de los empleados públicos y de la Justicia,
con la promesa de mejorar el nivel de los salarios. Para eso necesita el auxilio federal,
estimado en un aporte de 10 mil millones de pesos viejos, aunque el Ejecutivo nacional
hasta ahora sólo ofrece 4.500 millones de la misma moneda. Acaso las cifras lleguen a
compaginarse si, como se supone en la provincia, el interventor será mantenido en el
puesto hasta obtener una base más o menos sólida de pacificación provincial. Para
entonces quizá habrá llegado la hora de reemplazarlo por un civil, a tono con la alianza
de los democráticos.
Testigo Carlos Avila
"yo vi tirar a Barrientos"
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