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La comisión interministerial de
neutralidad, reunida en 1939 alrededor del canciller Cantilo
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La carrera por el poder preocupaba a la diplomacia extranjera, que orientaba sus pronósticos de acuerdo con sus preferencias. En el mes de julio, el embajador alemán Von Thermann informaba a su gobierno: "Abundan los rumores de golpe. Es evidente que el vicepresidente Castillo (. . .) no piensa limitarse al desempeño rutinario del cargo y, por el contrario, se propone intervenir activamente en el gobierno del país. De acuerdo con los informes, la primera medida será la designación de nuevos titulares en las carteras más importantes. Están destinados a desaparecer los ministros de Hacienda y Guerra, comprometidos en un negocio de tierras; con el segundo nosotros sólo hemos tenido experiencias negativas". El embajador también hacía referencia en su informe al posible relevo del ministro del Interior —al que calificaba de probritánico— y los de Educación y Obras Públicas, como así también al del Canciller Cantilo. Mencionaba a los posibles reemplazantes: el general Juan Bautista Molina para el Ministerio de Guerra y el senador Sánchez Sorondo para Interior —calificados ambos como "amigos" de Alemania—. Para Relaciones Exteriores se barajaban los nombres del mismo Sánchez Sorondo y Leopoldo Melo. Continuaba el informe: "Como en todos los países de América del Sur, la actitud del ejército es decisiva en las crisis nacionales. En el momento actual la mayoría del ejército argentino continúa respaldando a nuestros amigos Castillo y Molina. Pueden surgir dificultades porque quizá el actual ministro de Guerra, Márquez, no acepte retirarse y, por el contrario, busque el apoyo del ejército, en la medida en que éste acate sus órdenes, de la marina y de la oposición radical. Sin embargo, podemos suponer que, en concordancia con su actitud tradicional, la marina trataría de mantenerse al margen de los conflictos internos". Por su parte Armour, embajador norteamericano, telegrafiaba a su gobierno que Castillo integraba un sector conservador con Patrón Costas, Sánchez Sorondo y los generales Molina y Pertiné. Había más especulaciones que realidades: en el mes de julio ni el general Márquez ni el cauto presidente Castillo estaban en situación de arriesgarse a una maniobra de incierto resultado.
Escándalo en El Palomar
En el mes de agosto estallaría como una bomba el "negociado de tierras" al que se refería Von Thermann en el en el mes de agosto estallaría como una bomba el "negociado de tierras" al que se refería Von Thermann en el informe a su gobierno. Sería un escándalo de proporciones, que complicaría a legisladores conservadores y radicales, cancelaría las pretensiones del general Márquez y permitiría a Castillo formar un nuevo gabinete.
En el mes de mayo —cuando aún Ortiz ejercía la presidencia— el senador Benjamín Villafañe denunció una compra de tierras irregular del Ministerio de Guerra, para ampliación del Colegio Militar de El Palomar. El asunto fue descubierto por el ex gobernador Manuel Fresco, quien lo comunicó al periodista José Luis Torres. Este publicó la denuncia en el semanario Ahora y pasó los antecedentes a Villafañe.
El senador jujeño afirmó que se trataba de "algo que no se puede menos que calificar de horroroso" y solicitó la formación de una comisión investigadora. Quedó integrada por el socialista Alfredo Palacios -que la presidía—, el conservador Gilberto Suárez Lago y el senador por La Rioja Héctor González Iramain, ex socialista independiente y ahora conservador. El origen de los hechos era anterior a la presidencia de Ortiz. Un terreno de 222 hectáreas en El Palomar, fue ofrecido en venta por sus propietarias al Ministerio de Guerra, al precio de $ 1.-el metro cuadrado. La Dirección General de Ingenieros efectuó una tasación mucho menor $ 0,19 el metro—, que descartó la operación. Pero apareció un "intermediario" que ofreció a las dueñas vender las tierras al Ministerio, asegurándoles $ 0,65 el metro y reservándose el sobreprecio que pudiera obtener. Autorizado por las propietarias, ocurrió que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados incluyó en el presupuesto de 1938 una partida para adquirir terrenos a $ 1,10 el metro. Sin que se tomara en cuenta la tasación anterior a $ 0,19, el ministro Márquez obtuvo de Ortiz la firma autorizando la compra "a un precio no mayor de $ 1,10 el metro cuadrado".
La transacción se consumó labrándose tres escrituras en un mismo acto: una del Banco Nación de La Plata, levantando una hipoteca que pesaba sobre los terrenos; otra de las propietarias, vendiendo al "intermediario" a $ 0,65 el metro y otra del "intermediario", vendiendo al Ministerio de Guerra a $ 1,10. El pago se realizó en orden inverso: el Ministerio abonó en títulos al "intermediario", a $ 1,10. Este entregó parte de los mismos a las propietarias, que con ellos cancelaron la hipoteca al Banco Nación. Los tres actos tuvieron lugar en el Banco Central, sin que llamasen la atención de ninguno de los funcionarios presentes: el representante del Ministerio de Guerra, el escribano del Banco de la Nación, el escribano mayor de Gobierno y el presidente de la Contaduría de la Nación. El misterioso "intermediario" se ha quedado con una importante suma de dinero, que no es toda para él: retiene una parte de los títulos —que vende por su cuenta— y el resto los entrega al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Comisión de Presupuesto y a tres diputados (dos radicales y un antipersonalista) responsables de la aprobación del presupuesto. Quedaron en evidencia, porque vendieron los títulos recibidos sin tomar el trabajo de disimular sus nombres. En cambio, hubo otros títulos entregados a personas con nombres supuestos o a empleados públicos de baja jerarquía (que, con toda evidencia, ocultaban a otros beneficiarios). La comisión solicitó que la Cámara de Diputados iniciara juicio político al ministro de Guerra, excluyera a los legisladores complicados y llevara al resto de los intervinientes ante la justicia ordinaria. Sin embargo, se dejaron muchas cosas pendientes de aclaración: detrás del "intermediario" debía moverse alguien con poder e influencias suficientes como para persuadir a legisladores y ministros. Además, nunca se supo a manos de quiénes fue el dinero percibido por los empleados usados como "testaferros" ni quiénes actuaron bajo nombres falsos.
Las conclusiones de la comisión fueron dadas a conocer el 8 de agosto. Eran graves y el presidente Ortiz, desde su lecho de enfermo, reclamó que la investigación llegara "hasta el fondo, caiga quien caiga". Se acusaba al ministro de Guerra por mal desempeño de sus funciones y se le pedía juicio político (Palacios fue disuadido de solicitarlo para Ortiz); también se acusaba al presidente de la Contaduría General, a los ex presidentes conservadores de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Presupuesto, como así también a los actuales (que eran radicales) . Todo el régimen —oficialistas y opositores— quedaba impugnado. Los nacionalistas querían que se investigase a fondo para mostrar "las lacras del sistema". Pero la investigación no se profundizó por motivos de "equilibrio político". Los conservadores culpaban al gobierno y los radicales creían necesario defender a Márquez, alegando que "las irregularidades cometidas en El Palomar no eran más importantes que muchos otros escándalos políticos". Afirmaban que eran deliberadamente exageradas por "un grupo de hambrientos de poder", interesado en desplazar al ministro y debilitar al gobierno.
La defensa de Márquez fue débil: la tasación fue durante el ministerio de Pertiné y los terrenos resultaban imprescindibles para ampliar el Colegio Militar. Además, él nada tuvo que ver en la fijación del precio. Pese al apoyo de los senadores radicales, el informe fue aprobado y pasó a Diputados para que se promoviese el juicio político al ministro y la exclusión de los legisladores implicados.
Hubo manifestaciones callejeras —organizadas por el radicalismo— de apoyo al presidente Ortiz y al ministro Márquez, en "defensa de la democracia". Se produjeron altercados con los grupos nacionalistas.
Renuncia de Ortiz
El día 22 La Prensa reclamaba la renuncia del gabinete. Esa misma tarde se anunciaba que el presidente Ortiz había enviado su renuncia al Congreso, lastimado por el voto del Senado. Pensó en hacerla indeclinable, pero fue persuadido de ello por quienes —Justo entre ellos— le advirtieron sobre un supuesto golpe que darían Márquez y los suyos si Castillo quedaba como presidente titular. Si "el país" confiaba en la inocencia del mandatario, rechazaría por unanimidad su dimisión.
El texto de la renuncia rechazaba las imputaciones y defendía al ministro de Guerra: "Nadie, que no sea un malvado, podría insinuar siquiera que yo haya encubierto o facilitado la venalidad en ningún momento de mi ya larga vida política y de funcionario, concepto en que incluyo al dignísimo general don Carlos D. Márquez. Protesto y no acepto la intención de vincularme a esta menguada confabulación de intereses, que repudio y condeno...". La defensa no convencía del todo, porque si Ortiz y Márquez no habían sido partícipes del negociado, lo habían facilitado por negligencia o tolerancia.
Publicado el texto en los vespertinos, se produjo una viva inquietud entre los oficiales adictos a Márquez, considerándose seriamente la posibilidad de desplazar a Castillo. Motivó más agitación una visita hecha por el general Accame al vicepresidente, se pensó que ese jefe ocuparía el Ministerio de Guerra para desmontar el aparato militar de Márquez. Las cosas se aquietaron al saberse que el Ministerio había quedado —interinamente— a cargo del almirante Scasso, quien aclaró en un radiograma que no se proponía remover los nombramientos de Márquez.
Justo entre bambalinas
Detrás del escenario se movía, nuevamente, la figura del general Justo. Estaba interiorizado del asunto antes del informe de la comisión del Senado y —presumiblemente— habría ofrecido a Márquez detener el escándalo a cambio de su renuncia. El ministro de Guerra, confiando en sus apoyos políticos y militares, no aceptó. Justo deseaba volver a la presidencia en 1944 y para ello requería el apoyo del radicalismo a cambio de la eliminación del fraude. Pero Ortiz le quitaba esa posibilidad, se entregaba incondicionalmente a los radicales. Además, Márquez compartía esas ambiciones presidenciales, por eso había reorganizado el ejército a su medida y tenía buenas posibilidades de ser candidato radical. El único juego posible para Justo consistiría en frenar el golpe de Márquez, obtener la renuncia del gabinete e influir en la reorganización que hiciera Castillo. El escándalo debería pasar sin mayor deterioro para el presidente y el ministro de Guerra y la investigación no se profundizaría. Se movió con habilidad, logrando que la renuncia de Ortiz no fuera "indeclinable". Consiguió que fuera rechazada en forma casi unánime, demostrando a los conservadores que —para evitar un golpe militar— era mejor que siguiera Ortiz desde la residencia, mientras Castillo gobernaba interinamente con gabinete propio. Los radicales, por supuesto, votaron por el rechazo sin necesidad de que se los convenciera.
Rechazo de la renuncia
El 24 de agosto, la Asamblea Legislativa rechazó la renuncia de Ortiz por 170 votos contra uno. Los legisladores socialistas y los de la Concordancia rechazaron los términos, porque cuestionaban la resolución del Senado. Los radicales, por su parte, volvieron a unirse en defensa de Márquez, "militar digno de hacer honor al ejército", al decir de Carlos Noel.
Sólo Sánchez Sorondo votó por el rechazo: "... si el negocio fue ilícito, el señor Presidente no puede establecer una solidaridad y a base de ella inferir un agravio al Senado, y el Congreso de la Nación no puede aceptar como fundamento de esa renuncia, esa solidaridad y ese agravio". Quedaba, finalmente, en pie la duda acerca de la responsabilidad de Ortiz y Márquez. Prácticamente puede descartarse la intención dolosa o el beneficio personal, aún en la participación del ministro de Guerra. De haber obtenido beneficios, el Ministerio no hubiera pagado la compra con títulos numerados dejando evidencias, pudo hacerlo con dinero en efectivo. Pero en cambio, no pueden ocultarse las culpas: mal desempeño de sus funciones al aceptar y suscribir una operación cuyas irregularidades conocía el mismo Ortiz (y seguramente también Márquez).
Cuando Suárez Lago —senador por Mendoza— enteró a Ortiz de la gravedad de los hechos descubiertos, el presidente dio una respuesta sugestiva: "Deben ir ustedes al fondo del asunto, caiga quien caiga". En su renuncia, se quejaría de que no se hubiera procedido así: "Es sugerente que no se haya profundizado más la investigación a fin de poner en descubierto las raíces mismas del negociado".
Todo indica que en el fondo del asunto había alguien, en cuyo beneficio Ortiz y Márquez firmaron la turbia transacción. Pero callaron su identidad, tal vez a cambio del rechazo de la renuncia presidencial y de que el ministro de Guerra no fuera llevado ante la justicia.
Tanto los radicales como Ortiz, evaluaron como un triunfo el voto de rechazo de la Asamblea Legislativa. El presidente creyó sinceramente en un "pronunciamiento nacional": planeaba reasumir el mando —sólo él lo creía posible— y formar un gabinete de concertación, con Vicente Solano Lima en el Ministerio del Interior y Nicolás Repetto en el de Agricultura.
LOS DIARIOS DE LA ÉPOCA
Diario El Pampero
Buenos Aires, jueves 8 de agosto de 1940
HOY SERÁN CONOCIDOS LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIADOS EN EL ESCANDALOSO "AFFAIRE" DE LA VENTA DE TIERRAS
QUEDARON COMPROBADAS LAS GRAVES DENUNCIAS QUE FORMULO EL Dr. VILLAFAÑE
Ha dado fin a la tarea la Comisión luego de largas y trabajosas investigaciones. Los senadores nacionales Alfredo L. Palacios, Gilberto Suárez Lago y Héctor González Iramain, después de largas y traba/osas investigaciones han puesto fin a la tarea que les fuera encomendada por el Senado, a raíz de las graves denuncias formuladas por el senador Villafañe en la sesión del 16 de mayo pasado. Venciendo un sin fin de dificultades y contratiempos, dada la calidad y cantidad de personas inculpadas, han podido claramente establecer quiénes han sido los funcionarios y personas de distintas categorías sociales que se han beneficiado con los dineros del Estado en la tramitación de la venta de unos terrenos en El Palomar. Se trata de 227 hectáreas de tierra, con un valor que escasamente llega a los 0,40 centavos el metro cuadrado y que han sido vendidas al Estado a razón de $ 1,10 m/n., consiguiendo así apropiarse en forma indebida de más de 1.300.000 pesos, que se han repartido.
SE HACE LA DENUNCIA
Como es de conocimiento público, y sin que en un principio se le diera el alcance que ha adquirido el negociado, en la sesión del citado día 16 de mayo el senador Benjamín Villafañe hizo una denuncia en el Senado, manifestando entre otras cosas lo siguiente: "El 24 de abril de 1939, ante el escribano mayor de gobierno, se firmó una escritura por la cual las señoritas Pereyra Iraola vendían a don Néstor Luis Casas una fracción de tierra ubicada en el Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, compuesta de una superficie de 2.227.543 metros, a razón de 65 centavos el metro, lo que hace un total de 1.447.903,42 pesos. Por escritura de la misma fecha, otorgada ante el mismo escribano. Casas vende al gobierno de la Nación la misma fracción de terreno al precio de 1.10 pesos el metro, lo que hace un total de 2.450.303,19 pesos.
Esas tierras —agregó el senador Villafañe— fueron ofrecidas por sus primeros propietarios al gobierno nacional al precio de 80 centavos el metro y el Gobierno hizo una contrapropuesta de 30 centavos, la que no fue aceptada. Intervino entonces el señor Casas quien pidió a los vendedores nuevo precio para ofrecer la propiedad al gobierno, con la condición de que si obtuviese una mejora la diferencia quedaría a su favor, como consta en el objeto de venta. En el expediente administrativo —siguió diciendo el senador denunciante— que se hizo al efecto, se ordenó al Banco Hipotecario la tasación del inmueble, pero la orden no fue cumplida porque el Banco ya había hecho la tasación a 20 y a 30 centavos el metro cuadrado. La compra fue autorizada por decreto N° 21.582 del 31 de Diciembre de 1938, firmado por él y varios ministros. Se aprobó la compra en acuerdo de ministros el 22 de Marzo de 1939. El 28 de febrero en el decreto N° 6025 se dispone el pago con anterioridad de 23 días al acuerdo de ministros y el 4 de abril se ordena al Ministerio de Hacienda abonar por Tesorería la suma indicada.
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