El gobierno de Salvador Allende soporta una oleada de disturbios
que crecieron a partir de fines de abril, cuando la estudiantina
chilena apedreó -durante dos días- edificios públicos de la ciudad
capital
Anticipando lo que amenaza convertirse en un
irremediable y definitivo enfrentamiento entre las fuerzas de la
oposición y los partidarios del gobierno de Salvador Allende, el
viernes 4 grupos antagónicos de manifestantes chocaron violentamente
en el centro de la capital chilena. De esta forma, y con el saldo de
un muerto y tres heridos graves, culminaba una campaña de intensa
agitación alentada, desde mediados de abril, por la Federación de
Estudiantes Secundarios, una importante organización liderada por el
democristiano Jorge Salazar. A modo de chivo expiatorio, la
reforma educativa impulsada por las autoridades apareció como el
blanco de las andanadas juveniles y sirvió de pretexto para que las
coléricas hordas juveniles apedrearan el palacio presidencial, el
Ministerio de Educación y las plantas de los periódicos
progubernamentales Clarín, Puro Chile y Ultima Hora. El sábado 5,
mientras la izquierda atribuía los sucesos de la jornada anterior a
"una escalada fascista de ultraderecha", el Movimiento Nacionalista
Patria y Libertad —el estudiante fallecido pertenecía a esa
fracción— acusaba a miembros de la Unidad Popular de "un atentado
frío y premeditado" y ganaba nuevamente las calles de Santiago para
producir violentos enfrentamientos con la policía. Para colmo de
males, la de por sí delicada situación del presidente Allende se vio
aún más comprometida por una huelga decretada por 12 mil obreros de
las minas de cobre El Teniente, y por la incomprensible actitud de
un sector de trabajadores portuarios que se negaron a desembarcar el
primer cargamento de azúcar donado a Chile por el gobierno cubano.
Ese día, finalmente, para hacer frente a la ola de creciente
agitación social y previendo nuevas alteraciones del orden, las
autoridades decretaron el estado de emergencia para la provincia de
Santiago y prohibieron a los medios de prensa la difusión de
informaciones tendenciosas y alarmistas que pudieran agravar todavía
más la crisis. Un par de medidas que, provisoriamente, parecieron
sumir en una tensa calma a los sectores en pugna, pero que, en modo
alguno, aseguran el fin de las hostilidades. Es que la oposición ha
comprendido que la llegada a buen término del actual período
presidencial —finaliza en 1976— equivaldría a su deceso político.
Ocurre que la paciente y tenaz labor de Allende en la socialización
de la economía chilena ya ha producido circunstancias irreversibles
que —aun cuando la burguesía retomara las riendas del poder dentro
de tres años— no podrán ser devueltas a su estado anterior: "Salvar
lo que se pueda", parece ser la consigna de demo-cristianos y
conservadores, unidos contra el gobierno y el conglomerado de
tendencias que forman la Unidad Popular. Sólo desde esta
perspectiva puede explicarse la ofensiva estudiantil —a todas luces
alentada y estimulada por los sectores de la oposición—
desencadenada a partir del anuncio de la reforma educativa: "Mi
partido —anunció la semana pasada el dirigente frentista Juan
Hamilton— se valdrá de todos los medios, legales o no, para combatir
el proyecto educativo gubernamental". Una declaración que preanuncia
nuevos actos de terrorismo orquestados por la ultraderecha y que,
hasta hoy, han dejado un saldo de más de 600 detenidos, un muerto y
decenas de heridos de consideración. Quizás nada resuma mejor la
situación imperante que las palabras del jefe de la Iglesia católica
chilena, cardenal Raúl Silva Henríquez, quien el domingo 6 exhortó:
"La paz social está amenazada. La violencia está alentando el rencor
entre los chilenos". Revista Siete Días Ilustrados 14.05.1973
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