Somnolienta, bien pertrechada, la guardia alistó sus metralletas, como si estuviera por comenzar la guerra; pero no hubo que preocuparse: nada sucedía. En rigor, ya había sucedido. En la madrugada del jueves, alrededor de las cinco, todo estaba en calma en el pabellón de la Cárcel de Mujeres reservado a las Tupamaras. Nadie advirtió algo extraño. Sin embargo, en ese momento, 38 mujeres se hundían en la tierra, atravesaban un túnel de 25 metros —y 60 centímetros de diámetro— y volvían más misteriosa la leyenda sobre el Movimiento de Liberación Nacional. Sólo cuatro mujeres —una grávida, la otra con un hijito y dos con cercana libertad— desestimaron la fuga. El desalojo de la prisión había sido casi completo: en lugar de las rotuladas guerrilleras, los sorprendidos guardianes hallaron bultos y muñecos. En menos de un año. las activistas han conmocionado al Uruguay con sus huidas; el año pasado, el 8 de marzo, aprovechando una misa, 13 reclusas ganaron la calle. Entonces, el Ministro Federico García Capurro presentó su renuncia. Luego, varias de esas mujeres regresaron, contra su voluntad, a las celdas; García Capurro, políticamente, volvía al Gabinete. Seis de las guerrilleras recapturadas, ahora vuelven a la clandestinidad; con respecto al Ministro de Defensa, al filo de la semana se presagiaba su inminente dimisión. Hay varios nombres famosos entre las fugadas: Elida Baldomir, Miryam Fernández Márzico de Zabalza, María Elia Topolansky Saavedra —hermana de otra célebre guerrillera—, Jessie Árlette Macchi Torres —hija de un militar prominente—, Mirta Fernández de Pucurull, Edith Moraes de Rodríguez, Alicia Rey Morales Carmela —conocida por su puntería—, y Cristina Cabrera Laport de Bidegain, esposa de Raúl Bidegain Greissing, un jefe del movimiento que consiguió escapar del penal de Punta Carreta hace veinte días. En suma, si el Gobierno había puesto entre rejas a una importante porción del Movimiento, ahora debe volver a empezar. Entretanto, los Tupamaros mantienen secuestrados a cinco personajes, dieron a publicidad un documento; en él establecen las condiciones para liberar al industrial textil Jorge Berembaun, a quien raptaron el 12 de junio: exigen 400 mil dólares, que deberían ser repartidos entre los obreros cesantes que, de un modo u otro, han tenido que ver con la crisis en la empresa de Berembaun. Además de estas condiciones, el Movimiento señala otros datos: el conjunto económico Berembaun fue intervenido, en octubre de 1969, por orden del Presidente Jorge Pacheco Areco. Entonces, reza el comunicado, se probó la venta fraguada de una fábrica a "un tal Frank Cheatham, en perjuicio directo de su personal y del país". También el MLN dice que está probada "la retención de los aportes que, por las exportaciones efectuadas, debía verter la empresa al Banco República, una suma superior, a los 30.000.000 de dólares durante 20 ejercicios anuales". Agrega el comunicado que, en noviembre de 1970, el Estado devolvió las fábricas a los Berembaun; les habría impuesto algunas obligaciones que, según los Tupamaros, luego no se cumplieron: "El pleno empleo del personal", por ejemplo. Al margen de continuar con la investigación y la consigna artiguista, "Los más menesterosos deben ser los más privilegiados", el MLN lanzó el canje de Berembaun. Al fin de semana, sin conocer pronunciamiento oficial, se dedujo que los obreros aceptarían el dinero; no se sabía, en cambio, si los dueños del mayor complejo textil del país estaban dispuestos a pagar la suma requerida por la libertad de uno de sus socios. Esta información, mutilada por la censura, no llega a los diarios orientales. Hubo otros hechos convulsivos: los enredos del juicio político que planean algunos senadores contra Pacheco Areco. También se difundieron, aunque con escasa precisión, algunos detalles de lo que puede convertirse en uno de los mayores escándalos. Según parece, el Comandante de la Marina de Guerra estaría a punto de renunciar: no es una cuestión política, sino un delicado problema nacional. Se sostiene que un tribunal militar habría emplazado al Presidente para que destituyera al contraalmirante Guillermo Fernández Barbieri, a cambio de no propalar los términos de la sentencia, que implicarían una degradación deshonrosa del marino. Todo comienza con la acusación de que Barbieri habría aceptado un pedido del agregado naval de los Estados Unidos, para que un barco de guerra norte americano se estacionara en aguas jurisdiccionales uruguayas, durante seis meses con marines dispuestos a intervenir si se agravaba la situación (primera plana Nº 332). No se niega la instalación del tribunal de honor, aun que hay dudas sobre la sentencia; sir embargo, se estima que el oficialismo evitará el escándalo, una calamidad que ya parece imparable: los senadores Wilson Ferreira Aldunate (Partido Nacional) y Zelmar Michelini (un colorado del Frente Amplio) tendrían en su poder comprometedores documentos. Nunca, como ahora, el Uruguay parece más cerca del derrumbe; el Estado es quien se acerca al golpe: la fecha de las elecciones —noviembre próximo— ya parece demasiado lejana. 60 • PRIMERA PLANA N* 444 • 3/VIII/71 Ir Arriba

Cristina Bidegain y Carmela: y otra vez en la vía