Una seguidilla de ataques contra radioemisoras y un asalto a una gran tienda rubrican la tenaz peligrosidad de la guerrilla urbana que desafía continuamente a la autoridad
Tras once días de silencio —perturbado por las detonaciones de falsos comunicados que agravaron la angustia reinante en el Uruguay e hicieron brotar las más peregrinas conjeturas—, los sediciosos dieron a publicidad en la madrugada del lunes 24 su comunicado número 11, cuyo primer punto declaraba escuetamente que el cónsul brasileño Aloysio Dias Gomide y el experto agrario estadounidense Claude Fly, los dos rehenes en poder de la guerrilla urbana, "se encuentran bien". El segundo punto abría un paréntesis de esperanzadas expectativas: "No se dictará sentencia sobre ellos mientras permanezcan integrantes de esta Organización en poder de las fuerzas represivas y se mantengan las medidas especiales contra nuestros compañeros recluidos en la cárcel de Punta Carretas".
Los sediciosos, al decretar este compás de espera, ponían una vez más al Ejecutivo entre la espada y la pared: así, la vida de Dias Gomide y de Fly parecía depender de que fueran trasladados a la esfera judicial los guerrilleros detenidos en dependencias de la Jefatura de Policía, y que se suspendieran las draconianas normas de seguridad dispuestas en torno a la sombría prisión que alberga a 170 insurrectos detenidos en los últimos cinco años, y ahora privados de toda visita, férreamente controlados y hasta incomunicados. Algunos optimistas quisieron suponer que, si estas dos exigencias eran satisfechas por las autoridades, los rehenes extranjeros serían "juzgados" y luego liberados, como ocurrió con otros cautivos de la guerrilla.
Resultaba una perspectiva por demás sonrosada, ajena a la compleja realidad de la situación. Es cierto que la supresión de garantías individuales otorgada por el Parlamento, vence el domingo 30: el Ejecutivo ya hizo saber que no pedirá prórroga de este régimen especial. Por lo tanto, al ser restauradas las normas constitucionales, la treintena de conspiradores que se encuentra en manos de la policía y que incluyen al líder Raúl Sendic deberían pasar a la reconfortante esfera de la justicia en el término de 24 horas. Así, entonces, se vería cumplido uno de los reclamos del comunicado número 11.
Pero parece totalmente improbable que se levanten —tal como lo demandan los sediciosos— las especiales medidas de seguridad (supresión de visitas, controles rigurosos, incomunicación) dispuestas en la prisión de Punta Carretas, un recinto amurallado que se yergue en los lindes del aristocrático barrio Pocitos, a escasos metros de la rambla montevideana. Este refuerzo en la vigilancia del penal se instauró cuando una batida policial en un reducto guerrillero logró descubrir nueve hojitas de tenue papel de liar cigarrillos que contenían el mensaje manuscrito remitido el 5 de agosto por uno de los presidiarios a un compinche del exterior.
La carta, dirigida a un presunto Mariano, nombre de batalla que tal vez encubra al propio Raúl Sendic, estaba firmada sólo con la inicial A, que podría corresponder al ingeniero Jorge Manera Lluveras, ideólogo del movimiento, preso en 1968, y que en tal caso tendría dimensiones de
verdadero jerarca sedicioso; su contenido demostraba que las instrucciones a los secuestradores (ya, estaban cautivos Dias Gomide y Mitrione) se impartían en forma clandestina desde la cárcel. Levantar las rígidas medidas de vigilancia tomadas respecto a los rebeldes sería tolerar que volviese a establecerse una activa comunicación secreta entre los presos y el exterior; concesión inaceptable para el gobierno uruguayo.
En un comienzo, algunas mentes fantasiosas llegaron a imaginar que la carta había sido fraguada por las fuerzas represivas para usadas en la guerra psicológica que llevan a cabo paralelamente con los operativos destinados a liquidar la insurrección. Pero el punto cuatro del comunicado Nº 11 atestigua la veracidad de la misiva enviada por el misterioso A desde la cárcel, y sin quererlo justifica las extraordinarias medidas de vigilancia aplicadas a los sediciosos presos; y también la decisión de las autoridades de mantenerlas vigentes, pese a las negativas consecuencias que/ pudieran acarrear a los rehenes extranjeros.

PACHECO ARECO VERSUS SEDICION
Resulta bastante difícil imaginar, a esta altura de los hechos, que el gobierno pueda aceptar la menor componenda. El punto cinco del famoso último comunicado rebelde reiteraba que Fly y Gomide serían inmediatamente ajusticiados si las fuerzas del orden llegaban hasta los reductos donde se encuentran los rehenes. Pero las batidas ejercidas por doce mil hombres lanzados a la calle por policía y ejército siguen arreciando con obstinada virulencia, sin que influya para nada la aterradora posibilidad de que un operativo de represión culmine con la muerte de los secuestrados. Según ciertas fuentes informativas, ya se han practicado unos quince mil allanamientos: el cálculo de probabilidades demostraría que el cerco se estrecha en torno a los secuestradores y sus cautivos y que se acrecienta el peligro letal para Dias Gomide y Fly.
De todos modos, cabe presumir que los sediciosos ya descontaban la irreductible posición intransigente del gobierno. El punto tres del comunicado Nº 11 equivale a "una formal declaración de guerra", según expresión del vespertino El Diario; en él, los guerrilleros anuncian que sus jerarcas "han ordenado que se comiencen los actos represivos contra oligarcas del gobierno, las fuerzas represivas y los asesores norteamericanos". Pero antes de publicar este comunicado, ya la guerrilla urbana se había lanzado a desafiar a las fuerzas del orden multiplicando sus espectaculares agresiones: en una sola semana atacó —con diversa fortuna— cuatro bancos, lo que obligó al gobierno a clausurar a partir del lunes 24 cincuenta y ocho sucursales bancarias, casi la mitad de las que operan en Montevideo.
Sin embargo, ese mismo día, cinco rebeldes armados con metralletas se adueñaron del equivalente de 13 billones de pesos viejos depositados
la caja fuerte de una enorme tienda de artículos de vestir, llamada El
Mago y ubicada en la céntrica Avenida 18 de Julio. Es que, según cálculos de las autoridades uruguayas, mantener en pie la guerrilla cuesta muy caro: el equivalente de unos 70 millones de pesos viejos por mes. El asalto a la tienda preanunciaría una seguidilla de operativos similares; plantea además una nueva modalidad sediciosa muy difícil de contrarrestar. Si las fuerzas del orden no pueden asegurar la custodia de todas las sucursales bancarias, menos pueden proteger a todos los comercios montevideanos, a los que sólo queda la ominosa perspectiva de convertirse en fortalezas defendidas por una guardia privada, bien provista de armas.
El presidente Pacheco Areco mantiene la calma. A mediados de la semana pasada aseguró que las elecciones de noviembre de 1971 "habrán de cumplirse sin que las hagan peligrar quienes desde la emboscada procuran subvertir el orden y las instituciones". Un día antes había afirmado: "Mi gobierno seguirá en esta línea de combate contra los delincuentes". Pero el mandatario conoce las dificultades que afronta. Ese mismo martes 25 —fecha patria: ciento cuarenta y cinco años de la independencia uruguaya— dijo a los periodistas acreditados ante la Casa de Gobierno: "La guerrilla urbana golpea a veces muy duro y desaparece. Golpea, además, con una pasión que no ha desarrollado en el mismo grado la democracia, atacada sin proponer soluciones".
Evidentemente, Pacheco no se conforma ya con dar una imagen de fuerza, sino que ansía acentuar sus perfiles democráticos; tal vez por eso subrayó que no iba a pedir al Parlamento la ampliación del período de vigencia del artículo 31 de la Constitución, que suprime las garantías individuales y da facultades omnímodas al Ejecutivo, con los consiguientes resquemores de la oposición y de la opinión pública. De todos modos, el marco siempre vigente de las medidas prontas de seguridad permite al gobierno manejarse cómodamente en su pugna con la sedición.

INDISCRECIONES DE LA PRENSA
"Para tener fichada a toda la prensa mundial sólo nos falta acreditar a un corresponsal de La Voz de Andorra, bromeó un encargado de prensa de la Jefatura de Policía ante la avalancha de periodistas extranjeros que los secuestros de Mitrione, Dias Gomide y Fly descargaron sobre Uruguay. Esta brusca notoriedad no dejó de acarrear contratiempos a policía y gobierno.
Uno de los problemas más gruesos surgió a mediados de agosto, cuando el influyente Journal do Brasil publicó unas explosivas declaraciones del comisario y árbitro de fútbol Alejandro Otero, famoso ex cazador de sediciosos y ahora jefe de la sección uruguaya de la Interpol. Según Jornal do Brasil, Otero habría manifestado a sus tres enviados especiales en Montevideo: "Yo siempre estuve en discrepancia con los procedimientos policiales violentos empleados desde hace dos años con los sediciosos presos, de acuerdo con la línea impartida por la misión estadounidense, cuyo jefe era Dan Mitrione". Otero agregaba que había previsto la eliminación de Mitrione por los rebeldes, como responsable de los métodos violentos utilizados contra sus compañeros detenidos. Aunque esta declaración fue posteriormente desmentida por la policía uruguaya, no logró evitar que trascendiera.
Tampoco fue posible cerrar el paso a ciertos rumores, según los cuales Mitrione pertenecía a la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU.). Se llegó a decir que el policía asesinado había dejado una cinta magnetofónica grabada antes de morir, en la que confesaba hallarse a las órdenes de Claude Fly: así, el inocuo experto en suelos pasaba a figurar como jefe de los agentes de la CIA en el Uruguay.
En este clima enrarecido por tensas especulaciones detonó el incidente protagonizado por el periodista español Julio Camarero, enviado especial del vespertino madrileño Pueblo, arribado al Uruguay a comienzos de agosto. A mediados de mes, Camarero telexeó a Madrid una nota espectacular que contenía una entrevista a un dirigente sedicioso, y donde se anunciaban dos inminentes golpes de los guerrilleros: el sabotaje a las usinas generadoras para dejar sin energía eléctrica a Montevideo y el copamiento de una radio. Apresado el martes 18 en el aeropuerto de Carrasco, cuando se disponía a volver a su país, Camarero fue retenido en la Jefatura de Policía. Las autoridades estimaron en principio que la entrevista había sido fraguada.
Pero, tres días más tarde, cuando la policía se aprestaba a liberar al periodista español, cinco conjurados interrumpieron —a punta de metralleta— la programación de Radio Rural y lanzaron una proclama que salió al aire durante noventa segundos, el tiempo que tardó un operario situado en la torre de emisión para sabotear la emisión. Con este golpe se agravó la situación de Camarero: parecía ya evidente que había logrado contactar a un líder de la guerrilla y que éste le había brindado datos fidedignos. El español insistió en guardar el secreto profesional prometida para obtener la poco común entrevista con el jefe rebelde; la policía, ansiosa de datos, intentó convencerlo de que quebrara su mutismo. Intervino la Cancillería española y el lunes 24 Camarero abandonaba el Uruguay, después que el juez de instrucción aceptó su amparo en el secreto periodístico.
Al día siguiente, los sediciosos demostraron otra vez cuan bien informado estaba el periodista español: colocaron bombas en Radio Montecarlo y redujeron a silencio a la emisora. Pero la seguidilla de atentados se mostró pertinaz: en la madrugada del 26, la policía frustraba a balazos un intento de copar la planta técnica de Radio Carve. La breve tendón creada entre Madrid y Montevideo con el apresamiento de Camarero se diluía sin dejar rastros; quedaba en pie, cada vez más virulenta y sin cuartel, la larga lucha del gobierno contra la sedición: una frenética espiral de terror.
Revista Siete Días Ilustrados
31.09.1970

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