Sus pasos resonaron duros, metálicos, sobre la calle casi desierta. Era un grupo oscuro de hombres enfundados en abrigos negros, con rostros graves que se confundían en la neblina del amanecer berlinés. Se detuvieron frente al juzgado y entraron. Abandonaron sus sobretodos en manos de un conserje solícito. Aguardaron un poco, tensos. Luego pasaron al despacho vecino y dijeron lacónicamente: "Venimos a presentar una denuncia contra Adolfo Hitler."
Eso ocurrió hace unas semanas. Hasta entonces, el dictador más odiado de la época contemporánea era, técnicamente, inocente. Ahora su nombre pertenece por fin oficialmente a los archivos judiciales de Alemania occidental. El hecho puede parecer un formulismo legal. Pero no lo es. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1945, a Hitler se lo supone muerto, y nadie consideraría seriamente la posibilidad de que algún día, en caso de no estarlo, apareciese en público. Pero si los cálculos de todo el mundo hubiesen resultado equivocados, y si nadie se hubiera presentado ante un juez para denunciarlo formalmente, el 9 de mayo próximo Hitler podría haber surgido de las sombras para gozar de una vejez apacible entre sus compatriotas. Increíblemente, la justicia alemana no hubiera podido hacer nada contra él, pues ese día prescribe el plazo de veinte años que una ley aprobada hace noventa establece para enjuiciar a un criminal.
De todos modos, si Hitler ha quedado sepultado para siempre en la profundidad de la historia, el fantasma de sus secuaces ronda afiebradamente la conciencia política de Alemania. Desde hace meses, una búsqueda insaciable consume a millares de hombres y mujeres: hay que hallar a los criminales de guerra. Algunos se quejan; ¿"Qué criminales? ¿Acaso no hemos acabado con todos?" Otros son conscientes de que el 9 de mayo Alemania occidental puede ser víctima de la más agresiva campaña de desprestigio desde que terminó la guerra. Bastará que un solo hombre o mujer, un solo alemán, salga a la calle y diga: "Yo lo hice. Yo colaboré en la exterminación de dos mil judíos. Los campos de concentración eran necesarios."

El cartero de Ludwigsburg
Durante años, los políticos germanos temieron este momento. De todas partes del mundo se han alzado dedos y voces acusadores contra ellos. En 1964 la presión se hizo intolerable. Desde Estados Unidos, 18 organizaciones judías enviaron una protesta a Schroeder, ministro de Relaciones Exteriores. Moscú acusó a Bonn de mantener "una inercia calculada". En Varsovia, el general Moczar, líder de los grupos guerrilleros comunistas y ahora ministro de Interior, declaró que Polonia lanzaría en 1965 una campaña antigermana. A comienzos de diciembre, Nahum Goldman, presidente del Consejo Judío Mundial, llegó a Alemania y enfrentó a un número de políticos, entre ellos Konrad Adenauer y Ludwig Erhard.
El gobierno alemán debió ceder y volvió a editar el libro blanco de 1961 sobre las investigaciones de crímenes nazis. Poco después, envió un mensaje apelando a los "gobiernos, organizaciones e individuos del país y del exterior" para que pusieran a su disposición todo documento o evidencia relativa a cualquier acto criminal del nacional-socialismo, al mismo tiempo que prometía al parlamento un informe completo sobre este último esfuerzo antes del primero de marzo.
El resultado de su pedido fue notable. Die Welt, de Hamburgo, escribió que "el cartero de la prisión en Ludwigsburg es, hasta ahora, una de las pocas personas que tienen que ver con el plazo de proscripción de los crímenes de la dictadura nazi. Desde el llamado del gobierno federal, tiene que cargar con el doble de correspondencia o más". Esa correspondencia tiene un destinatario —el procurador general, Erwin Schüle— y un significado: a pesar del tiempo transcurrido, hay cientos de casos sin resolver.
Schüle actuó hace seis años en el juicio a los "comandos especiales" de Ulm, el primer gran proceso alemán centra los genocidas nazis, y el éxito que tuvo impulsó a la justicia a convertir a Ludwigsburg en tribunal competente para juzgar hechos delictivos cometidos fuera del territorio de Alemania. A Schüle se le advirtió que si conseguía tramitar "seis o siete causas como las de Ulm", estaría, justificada su tarea. Pero lo que el fiscal consiguió desde su oficina, montada en un pasillo de la prisión, fue "una serie interminable de descubrimientos". No seis o siete juicios, sino 670 "actos infamantes del régimen nazi, aún impunes, con miles de acusados involucrados".
El caso de Ludwigsburg mostró la ineficacia de la justicia aliada. Si eso había ocurrido con los criminales exiliados, inquirió el diario hamburgués, ¿qué ocurriría con los que vivían en suelo alemán y que estaban sin investigar sistemáticamente aún?
Según estimaciones moderadas, siete millones y medió de personas fueron enviadas a la muerte bajo el régimen nazi. Eran, en su mayoría, judíos, polacos, rusos y alemanes considerados deficientes mentales u hostiles al Estado. ¿Cuántos fueron sus matadores? Simon Wiesenthal, el secuestrador de Eichmann en la Argentina, sostiene que 35.000. Pero el número de aquellos condenados en Rusia y Polonia inmediatamente después de la guerra, sigue ignorándose.
Durante la ocupación aliada, las cortes norteamericanas, británicas y francesas hallaron culpables de crímenes de guerra a 5.025 alemanes, sentenciaren a muerte a 806 y ejecutaron a 486. Holandeses, belgas, noruegos y daneses condenaron a otros 354. Los jueces germanos, que no tienen poder para aplicar la pena capital y se han inclinado, por regla general, a otorgar al acusado el beneficio de la duda, declararon culpables a 5.445 personas hasta el primero de enero de 1964. En la actualidad, siguen pendientes miles de casos. Dankwart Reisenberger, periodista de Bonn, informó a PRIMERA PLANA, hace tres semanas, que se están ventilando centenares de procesos que involucran a unas 7.000 personas. "Nadie sabe, pero todo el mundo sospecha, que en su diario ir y venir se cruza con algún cómplice de aquellos crímenes —escribió The Economist de Londres—. La experiencia muestra que en el curso de casi todo juicio ha aparecido evidencia suficiente para iniciar proceso a otros sospechosos." Esa es parte de la experiencia de los jueces de Ludwigsburg, cuatro de los cuales, según Die Welt, enfermaron de úlcera estomacal por exceso de trabajo.

Destruir el pasado
En Weimar, una de las ciudades más bellas de Alemania, se conserva el campo de concentración de Buchenwald. Sus muros siguen siendo de una negrura siniestra que evoca fácilmente las imágenes aterradoras que ocultaron al mundo durante el período nazi. Pero por sus puertas enormes no pasan ya multitudes destinadas al martirio, sino otras que quieren conocer
un pasado no demasiado lejano. Van a recordar, libremente, porque Buchenwald es ahora un centro educativo.
Los guías conducen a los visitantes. "Aquí es donde los nazis apaleaban a los judíos", explican impávidos, señalando grillos y cadenas enmohecidos. "Aquí los incineraban cuando caían exánimes..." La visita es una sucesión de horrores. "En esta sala murieron 300 de hambre y de frío." En otra pende una bandera soviética, un manchón rojo entre las paredes ceniza, único testimonio del sufrimiento de un pelotón de soldados rusos.
Buchenwald, en Alemania oriental, no se diferencia mayormente de cualquier otro monumento o recuerdo nazi de la República Federal. A lo largo y a lo ancho del territorio alemán, funcionarios, políticos, periodistas e intelectuales se esfuerzan por destruir el pasado. "Durante veinte años hemos intentado borrar de nuestra conciencia lo que nuestros padres hicieron —confesó un joven periodista de Colonia—-. Ahora nos encontramos conque las circunstancias nos ponen ante una disyuntiva ineludible."
Esa disyuntiva es la de atenerse firmemente a lo estipulado por la ley o a cambiarla por consideraciones de orden político. Una publicación oficial alemana exponía así la cuestión: "¿Deberán fijarse plazos de prescripción más largos, o está justificada la suposición de que antes del 8 de mayo próximo habrán sido castigados todos los crímenes cometidos durante esa época nefanda, o que se habrá actuado de tal forma que los asesinos no podrán quedar impunes?"
En noviembre, el gobierno federal se negó a considerar una postergación de la fecha límite. Los partidos se han dividido. Los liberales están, en su mayoría, en favor del mantenimiento de la fecha. Un cambio supondría, arguyen, que el gobierno alemán ha sido negligente en la persecución de los genocidas nacional-socialistas. Herr Bucher, ministro de Justicia, y liberal, amenazó con su renuncia en caso de que el Bundestag reformase la ley. Su argumentación recuerda la de "los defensores de Caryl Chessman, el bandido-escritor norteamericano sacrificado en 1960: "Llevaremos al banquillo de los acusados a un hombre totalmente distinto del que cometió sus faltas a comienzos de la década del cuarenta."
Los demócratas cristianos —el partido mayoritario— están más divididos que ningún otro. Cincuenta diputados declararon no estar dispuestos a modificar la ley, mientras que el sector más izquierdista propone la postergación del plazo. En cambio, los social demócratas están de acuerdo en general en extenderlo.
Sin embargo, la cuestión no sigue líneas partidarias. En Berlín, el ministro de Justicia local, doctor Arndt, se ha pronunciado violentamente por el cumplimiento estricto de la ley. Arndt es un abogado notable, el mayor experto jurídico de los social demócratas, y tiene un pasado político intachable. Si su partido tomase el gobierno federal, él sería, seguramente, el ministro de Justicia. "Lo más trágico de todo esto —sostiene— es el desdén por el derecho que se manifiesta en esta polémica cuando se afirma que éste no es un asunto jurídico, sino político. Esta es justamente la argumentación de aquellos elementos totalitarios que desprecian el derecho y creen que para el desenvolvimiento del Estado no es tan importante la legalidad como la necesidad política."
La cuestión es, efectivamente, de corte jurídico. Pero sus consecuencias son nada más que políticas. Wiesenthal aduce que el plazo de 20 años fue legislado en un momento en que el mundo no conocía nada tan atroz como la barbarie nazi. Y Arndt le responde preguntándole si la joven democracia germana puede comenzar a torcer la ley, en la mejor tradición totalitaria, en atención a un sentimiento colectivo, por comprensible que sea.
Mientras tanto, la opinión pública parece inclinarse en favor del mantenimiento de la ley. Una encuesta reciente indicó que el ochenta por ciento lo prefiere. La mayoría da razones que apuntan a la dudosa conveniencia de seguir recordando lo que ocurrió hace, más de veinte años. Otros esgrimen el viejo argumento del gleishberechtigung, es decir, igual trato. ¿Por qué —preguntan— el mundo sólo pide rendición de cuentas a los alemanes? ¿Por qué, en cambio, la conspiración del silencio alrededor de los responsables de la masacre de oficiales polacos en Katyn?
El National Zeitung recopile, en diciembre pasado, una lista de crímenes cometidos por los británicos desde el año 605 (cuando masacraron a 1.200 monjas por haber rezado por un rey que luego fue derrocado) hasta que desataron la violencia sobre Irlanda, India, África del Sur, Hamburgo y Dresden.

20 preguntas, 19 respuestas
El 3 de febrero, la corte de Francfort condenó a dos colaboradores de Eichmann, y la lenidad de las penas (cinco y tres años de prisión, respectivamente) pareció demostrar que Alemania no tiene demasiado interés en ceremonias de purificación. La nación, evidentemente, estaba desconcertada. Dos días antes, en el palacio de Belleville, en Berlín, PRIMERA PLANA solicitó al presidente Lübke Su opinión sobre estos problemas, y Lübke no pudo responder. "Como presidente federal —dijo—, me es imposible darle mi opinión en estos momentos sobre un tema que tan profundamente divide al pueblo alemán." Fue la única pregunta que el presidente no contesto de las veinte que se le hicieron esa tarde.
Sin embargo, Alemania y el mundo entero aguardan una respuesta. Ciento cincuenta personalidades francesas, 68 congresistas norteamericanos, el cardenal polaco Wyszynski y la asamblea del Consejo de Europa han solicitado al gobierno de Bonn que prolongue el plazo. "El recuerdo que ha dejado Hitler en el mundo no deja lugar para escrúpulos jurídicos", afirmó L'Express de París.
En una entrevista concedida al Süddeutsche Zeitung, Konrad Adenauer propuso hace unos días que el plazo de veinte años se tomase no a partir de 1945, sino de 1949, fecha de fundación de la república federal. Es un artilugio legal de evidente inspiración política propio de Adenauer, quien, además de ser el creador virtual del moderno Estado alemán, vuelve a demostrar que interpreta la conciencia de su país.
En cuanto al primer ministro Erhard, su opinión personal fue; "Para mí, sería insoportable que tales genocidas escapasen del castigo. Pero la última palabra la tiene el Bundestag."
Esta semana, luego de largos meses críticos, el Bundestag debe decidir si a partir de mayo de este año la justicia alemana seguirá investigando los horrores de la Segunda Guerra Mundial, o si aquellos que contribuyeron a las matanzas masivas —uno o un millón de ellos—, y cuyos nombres se ignoran, podrán seguir en libertad compartiendo la paz que sus compatriotas han ganado tan duramente.
PRIMERA PLANA
9 de marzo de 1965