Una campaña de denuestos, a raíz de un turbio contrato petrolero, precipitó la caída del gobierno constitucional peruano.

A las 2,30 del pasado jueves 3, otro gobierno constitucional caía abatido por la fuerza militar; otro país se sumaba a la convulsión latinoamericana. Sin disparar un solo tiro, el general Juan Velazco Alvarado, presidente del comando conjunto de las FF. AA. peruanas, se adueñaba del viejo Palacio de Pizarra, en Lima. Pocas horas después, mientras fa policía limeña rociaba con gases lacrimógenos y cachiporrazos a una muchedumbre de estudiantes enardecidos, el depuesto presidente Fernando Belaúnde Terry aterrizaba en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. El séptimo gabinete ministerial nombrado por él, desde que asumiera la presidencia en 1963, duró apenas 16 horas. Los nuevos ministros habían prestado juramento en la mañana del miércoles 2.
El mayor encrespamiento de la honda crisis política que sacude al Perú desde hace poco más de un mes sobrevino el martes 24 de septiembre, cuando belaundistas y partidarios del vicepresidente Edgardo Seoane formalizaron a puñetazos la división del entonces partido gobernante, Acción Popular. Pero ya desde el 14 de junio pasado el gobierno subsistía merced a la suspensión de las garantías constitucionales y la concesión de poderes extraordinarios al Ejecutivo, para hacer frente a los graves problemas económicos; durante la presidencia de Belaúnde, la moneda peruana (el sol) descendió hasta casi la mitad de su valor y la deuda externa se multiplicó por cuatro.
En realidad, el sacudón que epilogó con el golpe estuvo impregnado, desde un principio, de olor a petróleo. De ahí que los derrotados de Acción Popular y la extrema izquierda centraran sus gritos de protesta contra el "golpe petrolero" de Alvarado y la Junta militar. Ambas falanges, sin embargo, contribuyeron a crear el clima para el derrocamiento de Belaúnde.

LAS HOJAS SUELTAS
El largo proceso de luchas intestinas, que fue carcomiendo al reciente oficialismo, mostró su trasfondo cuando a fines de agosto el titular de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF), Carlos Loret de Mola, acompañó su renuncia con una acusación explosiva. El ex hombre de confianza del presidente culpó al entonces premier Oswaldo Hercelles de haber hecho desaparecer la página final de un contrato de venta de petróleo crudo, firmado por la EPF y la International Petroleum Company, subsidiaria de la Standard Oil de Nueva Jersey, en la que constarían importantes cláusulas tendientes a asegurar el control del ente petrolero estatal sobre las operaciones.
A partir de allí, el gobierno tuvo que soportar la mayor campaña de denuestos que se haya desatado nunca en torno de sí. El cisma de Acción Popular pasó a ser un hecho que se oficializó la noche del viernes 20 de septiembre: el dúctil Seoane, vicepresidente de la Nación y secretario general del partido gobernante, anunció por televisión su virtual alejamiento del régimen.
La respuesta de Belaúnde fue decretar —en su calidad de jefe y fundador de Acción Popular— la reorganización del partido. En cuanto a Loret de Mola, el gobierno dispuso ventilar en un juicio la teoría de que esa última hoja del vapuleado contrato, la famosa página 11, nunca existió. Mientras tanto, la extrema izquierda y el nacionalismo aprovechaban la acusación para sostener que las concesiones a la Standard Oil en los yacimientos de la Brea y Pariñas habían sido concertadas a cambio de una prórroga en los vencimientos de la abultada deuda externa.
Al plegarse Seoane al coro de los detractores y escindirse formalmente el partido, el gobierno optó por anular el contrato. Pero llegó tarde. Porque el descontento, a raíz de las acusaciones de Mola, había prendido en el ámbito castrense. En medio de agitados debates de un parlamento que Belaúnde nunca pudo controlar por la alianza del aprismo con la Unión Nacional Odriísta, de extrema derecha, Velazco Alvarado anunció que las tres armas deliberaban para emitir un pronunciamiento. De nada sirvió que el belaundista ministro de Aeronáutica, general José Gagliardi, sostuviera que era improcedente que las FF. AA. opinaran sobre el tema. Y el pronunciamiento anunciado por Alvarado se produjo, finalmente, en la madrugada del jueves 3.
Lo paradójico fue que la derecha también aprovechó las acusaciones de Mola para arreciar sus críticas contra el gobierno, "por grave negligencia y apresuramiento en la firma de ese contrato". El círculo se cerró.

EL FRACASO DE LA DEMOCRACIA
Probablemente, quienes más se preocuparon por mantener la crítica estabilidad del gobierno fueron las huestes del anciano Raúl Haya de la Torre, nucleadas en el APRA. Un partido que durante los cinco años de gestión del populismo tumbó seis gabinetes. Las razones parecían obvias: los antiapristas vieron en un golpe militar la única posibilidad de cerrarle el paso a Haya de la Torre en las elecciones que debían celebrarse en junio de 1969. Quizá allí radique el motivo principal de la escalada antibelaundista iniciada hace seis semanas. Belaúnde aceptó el apoyo del APRA, pero sus propios partidarios debían ser disueltos por la policía en pleno centro de Lima. El viejo caudillo Haya de la Torre empezaba a disfrutar la concreción de un sueño largamente acariciado: la división del populismo.
Sin embargo, la ubicuidad del APRA no sirvió, tampoco esta vez, para allanarle el camino del poder, otro viejo sueño. Por el contrario, el nuevo golpe militar no sólo cierra ese camino para el aprismo; es posible que pase mucho tiempo antes de que la democracia peruana vuelva por sus fueros. Por lo pronto, la proclama golpista no menciona el retorno a la normalidad institucional, estableciendo que "la suspensión de las garantías constitucionales continúa en vigencia". Los fundamentos del golpe militar giraron, naturalmente, alrededor del entreguismo del gobierno depuesto.
Mientras tanto, en Buenos Aires, las autoridades debían ocuparse del imprevisto huésped y compartir atenciones con otro visitante latinoamericano: el comandante en jefe del Ejército chileno.
Cuando Belaúnde Terry pisó tierra argentina, un destino que no eligió voluntariamente, quiso restar importancia al episodio de su derrocamiento. "Fue obra de una pequeña minoría del Ejército que no cuenta con el respaldo de las FF. AA.", imaginó. "Yo no solicité asilo político —afirmó en seguida, rodeado por siete miembros de su custodia y un impresionante despliegue policial—; agradezco la hospitalidad que no he solicitado a esta tierra, a la que espero visitar en otras condiciones. Sigo siendo presidente constitucional del Perú". Minutos después, un Mercedes Benz lo trasladaba hasta la embajada de su país.
Allí, otro desplazado, Gustavo Soler, yerno del ex presidente Arturo Illia, era el único que le ofrendaba una solidaridad inútil. También era el único que insistía en anteponer al apellido del exiliado el título de 'señor presidente', abruptamente perdido.

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