Torturas a los presos. Es una de las formas de infamia hacia la persona humana. Sin duda, la más abyecta. Supone el desconocimiento de que la persona humana es obra de Dios y tiene, por lo tanto, mucho de Él como para ser humillada, flagelada, desfigurada, mutilada y destruida por la mano del carcelero. Supone de parte de éste una de las manifestaciones más rotundas de cobardía. Evidentemente, una de las mayores infamias. Pero, los climas de violencia que vive el mundo parecieran aceptar las torturas como un procedimiento rutinario en la represión del disidente. Así lo revela el caso brasileño que se documenta en estas páginas para demostrar hasta qué limites típicamente criminales ha llegado ese procedimiento.
Cabe destacar que no se ha podido leer ningún editorial de la prensa argentina condenando las torturas en Brasil como se ha podido leer, en cambio, editoriales suscitando alarma acerca de la revolución militar peruana o el triunfo electoral de Salvador Allende en Chile.
BRASIL
UNA RUTINA QUE TORTURA

 

 

 

 

 

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Desmentir que hay torturas en las cárceles brasileñas es evitar la verdad.
La declaración proviene de una de las más altas autoridades del régimen: su ministro de Educación. Ante las cámaras de televisión paulista, Jarbas Passarihno "admitió indirectamente —así decía el cable de France Press— que se aplicaran torturas en las cárceles, aunque negó que ese procedimiento sea una política sistemática del gobierno brasileño".
Hacia mediados de 1970, el Obispo de Diamantina, monseñor Sigaud, con cuyas opiniones no coincide, por cierto, la Iglesia brasileña, acudía a defender al gobierno con razonamientos como éste: "No creo que la policía obtenga confesiones de terroristas en otros países utilizando caramelos".
Era, también, manera indirecta de reconocer que las denuncias que alcanzaban eco en la prensa de Europa y Estados Unidos, formaban parte de la realidad brasileña bajo el sistema militar del general Garrastazú Médici. El mismo gobierno creyó necesario hacer algo: reunió a un organismo oficial denominado muy enfáticamente Consejo de Derechos Humanos, confiándole una tentativa de investigación acerca de las actividades del escuadrón de la muerte y las torturas sobre presos. El escuadrón llevaba eliminadas a más de mil personas, presumiblemente delincuentes, pero como el organismo represor actúa por propios criterios y al margen de toda consideración de tipo legal, cabe suponer que la elección de sus víctimas puede hacerse también con intención política si sus enmascarados inspiradores lo creyeran conveniente. Sin duda, se trata de un mecanismo paraoficial de la policía brasileña que fue adquiriendo propios poderes en el desempeño de esa función incontrolada, escapando, incluso, de la jurisdicción del Estado. Por eso, el Presidente Garrastazú Médici llegó a disponer castigos a todo policía que se le comprobase hubiese participado en sus actividades. Al mismo tiempo, el Presidente aludió al propósito oficial de investigar las denuncias sobre torturas. Pero, sistemáticamente, fueron negadas. Las denuncias venían teniendo lugar desde los días inmediatos al derrocamiento del Presidente Goulart, oportunidad en que los sistemas de represión policial y militar fueron acusados de la desaparición de personas vinculadas al sistema reemplazado. Sin embargo, es en el curso del año pasado cuando las denuncias sobre torturas dan cuenta de que ha aumentado el terror en las cárceles, preocupando a organismos representativos de distintas corrientes de la opinión mundial. En julio, la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, da a conocer un documento titulado Represión y torturas policiales infligidas a opositores y prisioneros políticos en Brasil. "Mucha gente —dice el documento— ha quedado mutilada definitivamente." En esos mismos días, la entidad denominada Amnistía Internacional, con sede en Londres, daba cuenta que un representante de ella había visitado Brasil a fines de 1969 y que su informe daba razón a quienes "han hablado de torturas en cárceles de ese país, tanto bajo control de la policía como bajo la administración militar".
TORTURAS SIN INVESTIGAR
"La experiencia demuestra —decía la declaración de Amnistía Internacional— que es difícil que un gobierno ponga término a las torturas si no se toma acción legislativa contra los responsable." La Comisión Internacional de Juristas solicita una investigación a cargo de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Brasil anuncia que no la aceptará, negando la veracidad de las denuncias: "calumniosas imputaciones hechas en el exterior por terroristas y agentes del comunismo internacional", según el ministro de Justicia, Alfredo Buzaid. El secretario de la Comisión Internacional de Juristas responde: "insistimos en nuestra propuesta original de una investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la inspección de los lugares de detención por el Comité Internacional de la Cruz Roja y una Comisión Internacional". El gobierno brasileño no aceptará que "sus instituciones puedan ser fiscalizadas por comisión alguna de otro país". En los primeros días de setiembre, la Policía Federal niega los cargos formulados por Obispos del Noroeste: las raspaduras del sacerdote Monteiro —dice su comunicado oficial— fueron ocasionadas por las esposas y una persona esposada puede lesionarse a sí misma y atribuir posteriormente el hecho a una tortura... En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del sistema interamericano, solicita la autorización del gobierno brasileño para enviar un grupo investigador. El gobierno no accede.
LAS DENUNCIAS DE LA IGLESIA
Fue a comienzos de 1970 que el Sumo Pontífice recibió en audiencia privada a Monseñor Helder Cámara. Trascendió entonces en los cables de las agencias noticiosas que Pablo VI dijera al combativo sacerdote que "la Iglesia ya no tolerará atrocidades y torturas en un país que se llama cristiano".
Cabe suponer que, por lo menos, ésa era la preocupación del Vaticano porque, en marzo, se anunció oficialmente que un comité de la Comisión Pontificia de Justicia y Paz se proponía estudiar los "casos evidentes" de violación de los derechos humanos en Brasil. El cardenal Maurice Roy, presidente de la comisión, manifestó: "No podemos permanecer indiferentes a los llamados de la conciencia cristiana que reacciona con acierto y derecho ante los ataques y las violaciones de los derechos humanos".
La Iglesia brasileña ya había reaccionado. En mayo se reúnen 112 obispos e incluyen en su agenda su preocupación que anuncian con estas palabras: "Están perplejos ante los notorios e innegables hechos de tortura moral y física contra prisioneros políticos en varias partes del Brasil". A esta altura, el Arzobispo de Ribeirao Preto, monseñor Vanconcellos, había excomulgado a dos oficiales superiores de la policía de esa ciudad como responsables de las torturas infligidas a la madre superiora Maurina Borges, detenida a fines de 1969. A fines de mayo, se conoce una declaración eclesiástica coincidente con la iniciación del Octavo Congreso Eucarístico Nacional, en la cual se dice: "Es obvio que, pese a las repetidas desmentidas, el pueblo brasileño y la opinión internacional están preocupadas por el gran número de casos de torturas en Brasil". Esa declaración menciona a "arrestos basados solamente en precipitadas sospechas y acusaciones" y a "juicios que se prolongan durante muchos meses, mientras el sospechoso es mantenido incomunicado y sin el básico derecho de defensa". En agosto, la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños denuncia que el padre José Antonio Magallanes de Monteiro fue sometido, en el Estado de Maranhao, a diversas torturas, incluyendo la picana eléctrica y la llamada "Pau de Arara", o sea "percha de loro". La denuncia, con la firma de quince Obispos, sostiene: "La Policía Federal está al servicio de poderosos intereses".
Las reiteradas denuncias alcanzaban eco internacional y la Conferencia Católica de los Estados Unidos condena lo que llama "campaña de terror" contra los adversarios políticos del gobierno y contra la Iglesia Católica. En septiembre, se produce una nueva declaración de la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños sobre los torturas infligidas al padre Magallanes de Monteiro. Dice que éste confesó todo lo que le exigieron, "no teniendo más control sobre sí mismo después de tanta tortura". No era el único religioso torturado. La revista católica Regno, publicada en Bologna, había informado que un seminarista fue torturado y flagelado en el cuartel general de la policía de Río de Janeiro. En octubre, la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños realiza una reunión de emergencia tras la cual incita al gobierno a "tomar las medidas eficaces e inmediatas para asegurar un clima de solidaridad, de justicia y libertad, indispensable para la realización del gran destino de la patria". La reunión de emergencia y su declaración habían sido suscitada por nuevas detenciones y malos tratos a varios sacerdotes, entre los cuales figuraba el rector de la Universidad Católica, Monseñor Vilela. El portavoz de esa reunión, anunció el respaldo de la misma a monseñor Helder Cámara ante los ataques con que lo agredía la prensa. En esos mismos días, L'Osservatore Romano, órgano de la Santa Sede, publica el documento de la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños que dice: "El terrorismo de la subversión no debe ser enfrentado con el terrorismo de la represión", y reitera sus propios juicios que ocupan varios comentarios en ediciones sucesivas: "Las restricciones a la libertad humana y la libertad de la Iglesia no pueden ser admitidas, ni se puede admitir que sea impedida la acción de la Iglesia, su imagen desfigurada, sus adoctrinas humilladas y sus pastores difamados y perseguidos". En esos momentos, el cardenal holandés, Bernard Álfrink, de regreso de Brasil, dice haber visto a un grupo de presos que fueron enviados a una vieja cárcel de esclavos en San Pablo mostrando "un estado andrajoso, pero indómito". Sostuvo que estaba en condiciones de confirmar las versiones sobre torturas. "La Iglesia —manifestaba el arzobispo de Teresina al presidente del Consejo Episcopal de América Latina, Avellar Brandao— exige un sistema de libertad, en que todas las personas detenidas tengan amplio derecho de defensa y la justicia tenga conocimiento de sus detenciones." Era lo mínimo que se exigía bajo un estado de índole policíaca.
REPERCUSIÓN INTERNACIONAL
No solamente en el Vaticano se centraba la inquietud del mundo ante las torturas en Brasil. En abril, la Secretaría de Estado de Washington reveló que, en distintas oportunidades, manifestó su preocupación, agregando su vocero que "nos han asegurado las altas autoridades brasileñas que su gobierno no ha hecho tal cosa". Pero, el corresponsal del bien informado Christian Science Monitor, James Nelson Doodsell, escribía desde Río de Janeiro: "Es tan concluyente ahora la evidencia de que el gobierno militar de Brasil emplea la tortura y la brutalidad contra quienes se le oponen, que pocos observadores dudan aquí de la veracidad de las versiones". En julio, el representante republicano de Nueva York, Odgen Reid, solicita informes al Departamento de Estado, afirmando que Estados Unidos había dado ayuda a la policía brasileña y deseaba saber cómo se la estaba usando. "No podemos tolerar —sostenía— lo que se está sabiendo que ocurre en las cárceles vietnamitas y brasileñas con los presos políticos." "Los militares brasileños —agregó—, a quienes los Estados Unidos están dando amplio y costoso entrenamiento y material, estarían, junto con los policías, realizando enormes razzias de disidentes políticos, y bajo la excusa de interrogatorios de rutina, aplicándoles horribles torturas."
El senador Frank Church, presidente de la subcomisión de Asuntos Interamericanos del cuerpo de
que forma parte, promueve una investigación que fijaría las responsabilidades de los Estados Unidos en sus relaciones con Brasil, especialmente a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID). "Críticos del gobierno brasileño en América Latina, Estados Unidos y Europa —dice un cable de United Press, en septiembre—, denunciaron reiteradamente que las autoridades brasileñas estarían torturando físicamente a sus opositores, a veces, presuntamente, con el conocimiento de asesores estadounidenses adscriptos a la AID en Brasil y Uruguay".
COMO SE TORTURA
La Ilha Das Floras, en las inmediaciones de Río de Janeiro, que hace las veces de isla-prisión, sería el escenario principal del sistema de torturas. Así lo revelaron los padres de varias estudiantes que permanecieron ahí durante catorce meses sin proceso alguno y que fueron liberadas después de una huelga de hambre de los presos ahí confinados. Las muchachas dieron cuenta de haber sido sometidas a torturas. Se las acusaba de pertenecer a una organización católica declarada ilegal. No se trata de un caso excepcional, sino de un testimonio que define la índole del sistema.
"El nueve de este mes —decía, en mayo del año que termina, un cable de Reuter, fechado en San Pablo— un cadáver quemado y con rastros de haber sido golpeado, fue hallado cerca del museo, pero hasta cuatro días más tarde la familia del desaparecido no fue informada del hallazgo." Era el cadáver de un dirigente sindical obrero, Olavo Hanssen, arrestado en la celebración del primero de mayo en el campo de deportes de los Obreros Textiles.
En base a las denuncias recibidas, la Comisión Internacional de Juristas, de Ginebra, pudo establecer siete métodos de torturas. El primero consiste en sumergir la cabeza del detenido, en forma reiterada, en un balde de aguas sucias de inmundicias. A este procedimiento se refirió, también, el representante republicano de Nueva York, Reid, así: "Repetidas inmersiones de la cabeza de la víctima en balde de orina, agua mugrienta o materia fecal hasta el límite de la asfixia". El segundo método, según la clasificación de los juristas con sede en Ginebra, es descripto de la siguiente manera: "El cautivo es colgado por los pies y los brazos de una barra de hierro. Se aplican electrodos en sus órganos genitales, orejas, fosas nasales, pechos y aun en el reverso de los párpados. Se le hacen descargas eléctricas aprovechando los magnetos de los teléfonos de campaña del ejército". El tercer método es el siguiente: "Golpear ambos oídos del torturado con ambos manos ahuecadas en forma de copas, lo que produce el estallido de los tímpanos". El cuarto: "Las prisioneras son demasiado a menudo violadas por la policía o los servicios de seguridad de las fuerzas armadas". El quinto método es la tortura con implicancias morales: "Frecuentemente se tortura a un niño frente a la madre: maridos y mujeres son torturados en la misma cámara y al mismo tiempo". El sexto método es descripto así: "En numerosas barracas, así como en las comisarías de ciudades y campos de concentración, celdas especiales de concreto de sección cilíndrica de 1,50 metros de diámetro, se usan para mantener a los prisioneros días y aun semanas apretujados y a punto de sofocación". El séptimo método incorpora estos refinamientos: "La prisión militar de Belo Horizonte tiene sus propios perros de policía especialmente entrenados para atacar las partes delicadas del cuerpo humano. En Curitiba y Juis de Fora, los cautivos han sido quemados con sopletes oxiacetilénicos. Otros han sufrido la introducción de agujas calentadas al rojo blanco entre las uñas y la piel de los dedos o en las coyunturas de la muñeca o la rodilla".
Tras la descripción de esos métodos, la Comisión Internacional de Juristas deduce: "Pareciera que la tortura es hoy una práctica sistemática y científica desarrollada por los órganos encargados de mantener el orden existente". 
Dinamis febrero 1971
Vamos al revistero


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