Un día de la semana pasada, un redactor de Primera Plana incursionó a sus anchas en la Casa de Gobierno de La Plata, frente a la plaza San Martín; se internó por los Ministerios, al caer la tarde, y descubrió una imprevista desolación. El titular de Gobierno, Eduardo Esteves, caudillo de Avellaneda, estaba en Bahía Blanca para patrocinar una asamblea de Intendentes; el Subsecretario, Evaristo Iglesias (ojos y oídos del jefe de la UCRP, Ricardo Balbín), se excusó por su ausencia.
Del Ministro de Acción Social, Alfredo Camarlinghi, nadie supo dar noticias. El Gobernador, Anselmo Marini, estaba en la Capital Federal (tres veces, durante la semana última, visitó la Casa Rosada), y el Vicegobernador, Ricardo Lavalle, abandonó temprano su despacho en la Legislatura, plaza de por medio, sin avenirse a ser entrevistado.
Un solitario vigilante se demoraba en los pasillos, somnoliento. En la calle, la gente que salía del trabajo se esforzaba por atrapar algún tranvía (a mediados de abril el transporte automotor se declaró en huelga). La idea de sorprender a los radicales trajinando algún plan exitoso y en su propia salsa, de perforar los secretos de una imaginativa alquimia electoral, fue excesiva, vana. Ni planes ni alquimia; las ausencias o las negativas no respondían a la necesidad de ocultar maniobras confidenciales, sino a la absoluta carencia de ellas.
Sin embargo, el peso de los comicios parciales de 1967 recae sobre la provincia de Buenos Aires: de ellos depende el futuro político de Arturo Umberto Illia y de su partido, la Unión Cívica Radical del Pueblo. Nadie lo hubiera dicho en la calma platense, la misma que hace cuatro décadas cantó Panchito López Merino, antes de suicidarse.
De todos modos, las grandes estrategias para pasar el examen de 1967 no se trazarán —si se trazan— en La Plata ni serán diagramadas por Marini, un político poco brillante. Hay dos candidatos para tan compleja, desoladora tarea: el Presidente de la República y su más reciente adversario, Balbín. Es natural que de los dos triunfe Illia.
Pero nunca quizá como la semana pasada el régimen de Illia brindó la imagen de un gobierno acorralado, sumido en el naufragio, dispuesto a aceptar cualquier veredicto por más violento que fuera. Los días previos al escuálido mensaje con que Illia inauguró el 97º Congreso Nacional, rebosaron de curiosidad: Arturo Mor Roig buscaba los votos necesarios para reformar la Constitución y prorrogar los mandatos hasta 1969; Horacio Thedy promovía esa salida, y hasta se adjudicaba la paternidad, entre altos dirigentes políticos; las Fuerzas Armadas —un sector de ellas, al menos— se lanzaban a fortalecer las debilidades del gobierno; el éxito del pacto mendocino parecía la panacea universal; el cambio de gabinete se daba por descontado, y con él, medio año de tregua.
Bastó conocer el escrutinio de Mendoza y escuchar el mensaje de hora y cuarto del Presidente ante las Cámaras, para que todo el frágil andamiaje construido por los amigos y funcionarios del gobierno se derrumbara estrepitosamente y se intensificara la ola de rumores alarmistas. El 1º de mayo, ante la Asamblea Legislativa, el Primer Magistrado descargó un difuso llamado a la unidad de los partidos antiperonistas y una difusa amenaza a los 4 millones de votantes peronistas.
"No esperábamos mucho. Pero dijo mucho menos de lo que esperábamos", resumió un general antigolpista, el lunes 2 a la tarde. Al extinguirse el viernes 6, el Presidente no había comenzado a instrumentar los pasos siguientes a su exhortación coalicionista, tal vez porque ningún partido la recogió, tal vez porque él la deslizó con la suficiente inconsistencia como para que pasara inadvertida. El doctor Illia ha dado pruebas —y la UCRP también— de su orgulloso aislamiento.
El discurso del 1º tuvo un efecto más íntimo: acrecentar el envión rupturista que mueve al partido en contra del gobierno. Balbín no concurrió al Congreso, el de mayo; aunque luego envió una disculpa al doctor Illia, esa ausencia fue un claro desafío y una muestra de enojo y disgusto. Las relaciones entre Illia y Balbín, jamás calurosas, se enfriaron, en los últimos meses, a una velocidad insospechada. "Quiero que Arturo se dé cuenta de que no estamos bromeando", habría comentado Balbín a uno de sus hombres de extrema confianza, en la mañana del 1º. A Illia también lo irritó ese gesto: los militares le piden que rompa con Balbín y el partido, pero se trata de un paso nada sentimental, una medida extrema que el Presidente no tomará de la noche a la mañana.
Un índice de cómo los tirantes vínculos entre partido y gobierno trascendieron al dominio público lo proporciona la declaración emitida por el Comité Nacional, que dirige Balbín, el miércoles; sin embargo, hasta ese documento resultó anodino y poco comprometido, pese a sus ditirambos para el Poder Ejecutivo. El jueves, después de una entrevista con el Ministro del Interior (heraldo de Illia), en la cual volvió a desgranar su rosario de protestas, Balbín debió tender un manto piadoso: expresó a los periodistas que no se contemplaban reformas ministeriales y que eran profundas las coincidencias entre la UCRP y el gobierno. A Juan S. Palmero no le contó la misma fábula: volvió a insistir en la necesidad de aliarse con otros partidos y simbolizar el acuerdo en un nuevo gabinete, o de reformar la Constitución o incluso proscribir al peronismo dando como argumento la presión de las FF. AA.
Pero la entrevista Palmero-Balbín se producía cuando ya el gobierno había perdido confianza en aquellos planes y comenzaba a pensar en una nueva salida (tampoco sencilla): intervenir la provincia de Buenos Aires, iniciativa cuya inspiración se adjudicó al Vicepresidente Carlos Perette en julio de 1965 (ver Primera Plana, Nº139).
Funcionarios vinculados con las esferas de gobierno han sondeado a jefes militares sobre la eventualidad de una intervención a Buenos Aires; por lo que se sabe, no hubo una respuesta francamente positiva. Los jefes militares temen que una medida así equivalga a lo que denominan "proscripción grosera". De todos modos, quedó la puerta abierta para futuras discusiones que puedan favorecer la imagen del plan.

Bajo la tormenta
La UCRP bonaerense, en cambio, declara su confianza en el candidato a Gobernador, Raúl Alfonsín (abogado, 39 años, casado, 6 hijos, católico militante), quien no suscita oposiciones en los núcleos internos del partido. Se lo presenta, con rebuscada analogía, como "el Kennedy argentino", y sus a láteres afirman que el 12 de marzo, cuando cumpla 40 años, "le regalarán" la provincia: el optimismo de los radicales sigue siendo proverbial. Más aún: como Alfonsín cursó el ciclo secundario en el Liceo Militar, muchos dirigentes confían en que las amistades trabadas entonces le servirán de respaldo en las elecciones de 1967.
La UCRP sostiene que no fomentará la opción (y hasta hoy, públicamente, no lo hizo), aunque entiende que la opción estallará sola. Los votos de los partidos antiperonistas suman 1.200.000, si bien desde 1955 esas agrupaciones nunca lograron reunirse en un frente sólido. Los radicales piensan que el milagro puede verificarse en marzo próximo, cuando el sufragante recapacite en que votar por otros candidatos que no sean Alfonsín es permitir la victoria peronista y la quiebra del orden constitucional en la República. Olvidan que en 1962 los estrategos de Frondizi recurrieron a la misma suposición y se equivocaron.
Curiosamente, en los círculos gubernativos de Buenos Aires se estima más fácil ganar las elecciones que inventar un sistema de frenos para el peronismo. El miércoles, el propio Marini se animó a declarar a la prensa, en la Casa Rosada, que no se promoverá una reforma de la Constitución bonaerense ni la construcción de un único distrito electoral que englobe la Capital Federal y el Conurbano, para diluir la mayor fuente de votos peronistas, precisamente localizada en el Gran Buenos Aires. Sin embargo, ese proyecto fue consultado con sutileza por el propio Marini a miembros del Ejército, poco después de la derrota sufrida por la UCRP en marzo de 1965 (ver Primera Plana, Nº 128).
Ahora bien; por más difícil que sean las inminentes elecciones, los radicales del Pueblo son los únicos en haber iniciado una campaña proselitista: algunos millones de pesos llovieron ya sobre zonas del Gran Buenos Aires para obras de menor cuantía. La UCRP balbinista se queja de que sus mecenas tropiezan con emisarios del maestro Ricardo Illia, hermano del Presidente, quienes distribuyen víveres y ropas en nombre de la Fundación Remedios Escalada de San Martín, que conduce su cuñada, Silvia Martorell. El presupuesto provincial, aprobado luego de 14 horas de discusiones en Diputados y de i 5 minutos en el Senado, que fueron definitivos, aumenta el rubro de gastos en 94.000 millones de pesos con relación a 1965 y reserva partidas globales a los Ministerios, con fines electoralistas.
Pero si el nuevo Presupuesto emergió sin grandes conflictos, esta semana puede haberlos: la asamblea legislativa está citada el jueves para tratar la denuncia que formuló el Diputado José Epelboim, de la UCRI, el mes pasado. Epelboim acusa al Gobernador de violar la Ley 5874, que castiga el enriquecimiento ilícito de los funcionarios (esa Ley se remonta al primer mandatario peronista, el coronel Domingo A. Mercante; la derogó Carlos Vicente Aloe, su sucesor, y la reimplantó Oscar Alende, con una novedad: basta la acusación para obligar al incriminado a demostrar que es infundada.
Marini, según Epelboim, respaldó las actividades de su yerno, Marcelo E. Gurruchaga, un ex auxiliar en la administración provincial, con sueldo de 8.200 pesos mensuales, y de Roberto Balbín, sobrino del jefe de la UCRP, quienes integraron una sociedad en comandita por acciones para dedicarla a la venta de automotores. En el despacho de Marini —prosigue Epelboim—, y con su presencia, se cumplieron tratativas con responsables de una firma de Chascomús para adquirir una concesión.
Las complicaciones surgieron cuando se vinculó a esa firma con una operación de venta de azúcar paraguaya a Convipre (Consejo de Vigilancia de Precios, dependiente del Ministerio de Acción Social), formalizada por los Decretos 7236 y 7237 firmados por Marini, Camarlinghi y el Ministro de Economía y Hacienda, Ricardo A. Fuertes (setiembre, 1965). La venta quedó eximida del pago de gravámenes aduaneros: las pruebas figurarían en el expediente 482.689, que el Diputado nacional Ataúlfo Pérez Aznar, de la UCRI, aconsejó al director de Aduana de la Capital Federal a retener bajo su custodia "ya que puede ser intencionadamente destruido o extraviado", dice.
Una salida para el oficialismo bonaerense sería pasar las actuaciones a la Fiscalía Nacional, mantenerlas congeladas y evitar consecuencias que pueden desembocar hasta en el juicio político al Gobernador, o precipitar un escándalo que exigiría las renuncias del elenco gobernante, o la Intervención Federal y la postergación de los comicios. Por ahora, el asunto sirvió para derrumbar la candidatura a Vicegobernador de Camarlinghi, que se creía segura; si el asunto crece, mellaría las aspiraciones electoralistas de la UCRP. El lunes 2, cuando Marini leyó su mensaje de 18.636 palabras, la asamblea legislativa estaba en minoría y las bancas vacías fueron ocupadas por empleados del bloque.
El distrito bonaerense es la fortaleza del balbinismo; la denuncia contra Marini deja a Illia un arma secreta para neutralizar la firme animosidad del partido y para zanjar —llegado el caso— el pleito de 1967. Tal vez así se explica el leve repliegue de Balbín y su espera momentánea antes de lanzar a la UCRP contra la Casa Rosada.
Página 13 PRIMERA PLANA
10 de mayo de 1966