La semana del golpe psicológico El viernes, el gobierno de
Arturo Illia consiguió uno de sus pocos éxitos psicológicos: un
comunicado de 439 palabras emitido en la noche del viernes por
la Secretaría de Guerra. Por primera vez desde los episodios de
abril de 1963, el Ejército —o, al menos, sus representantes en
el Poder Ejecutivo— se pronunciaba sobre su papel en la
actualidad y sus puntos de vista con respecto a los asuntos
nacionales. Sin embargo, fueron más bien dos comunicados en
uno. La primera parte aventa los rumores según los cuales jefes
del Ejército conspirarían para derrocar al Presidente. La
Secretaría de Guerra anuncia estar dispuesta a defender la
Constitución y la Ley y "no cree en el 'gobierno militar' como
solución para los problemas argentinos". En otro párrafo
advierte a "todos los sectores de la ciudadanía la
irresponsabilidad que significa pretender quebrantar el orden
institucional". El segundo comunicado parece trasmitir, con
el rótulo de "honda preocupación" de los mandos, aquellos hechos
que el Ejército considera necesario enfrentar y zanjar: la
economía, las huelgas, las inundaciones, "la incertidumbre del
futuro electoral" y la crisis tucumana. Para algunos
observadores, equivalía a un elegante planteo; pero, en todo
caso, el documento permitió que a fines de semana el gobierno se
encontrara detrás de un sólido parapeto antigolpista. Uno de los
artífices —el más importante— de este operativo fue Leopoldo
Suárez. Era lógico que el gobierno aprovechara una semana
clave como la que pasó para fortalecer su debilitada imagen. Los
altos mandos del Ejército, la Marina y la Aeronáutica,
celebraron reuniones entre el miércoles y el viernes. La ocasión
se presentaba magnífica para contrarrestar la ola de versiones
golpistas —que miembros del gobierno y el partido oficialista
engrosaron con sus propias apreciaciones— y obtener una drástica
definición. Resulta comprensible que el primer paso lo haya dado
la Marina. Hubo, en verdad, un paso previo, el martes.
Sorpresivamente, la Unión Ferroviaria divulgó un breve
comunicado: "Con motivo de haber tomado estado público la
amenaza de quiebra de la estabilidad constitucional, el cuerpo
directivo de la U.F. ratifica su tradicional actitud en defensa
del estado de derecho y su oposición a la amenaza golpista...".
El mismo día, de noche, los periodistas pidieron opinión a
Suárez sobre el caso: "Las Fuerzas Armadas — respondió— han
señalado con reiteración hasta innecesaria que son guardianas
del orden constitucional y de las instituciones democráticas del
país, y profundamente legalistas". El comunicado de la U. F. fue
una excelente jugada; de algún modo obligaba a que los militares
dijeran su palabra. ¿Cómo surgió tan imprevista declaración?
El vicepresidente de la U. F., el peronista isabelino Lorenzo
Pepe, informó que se había enterado de ella al leerla en los
diarios. El presidente, Antonio Scipione, radical del Pueblo y
amigo de Ricardo Balbín, se justificó ante dirigentes del gremio
alegando que firmó el "stencil" del comunicado sin saber qué
contenía, en momentos de ascender a su auto. No obstante,
íntimos allegados a Scipione revelaron que fue otro Ricardo, el
hermano del Primer Magistrado, quien le pidió la declaración.
Ricardo Illia intervino para que el Presidente recibiera a los
líderes de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, en Olivos, el
domingo 27 de marzo. Habría insistido ante Scipione en el
peligro de un inminente golpe, a cuyo clima podrían contribuir
nuevas huelgas del ramo. Arturo Illia fue más cordial y más
abstracto que su hermano menor. Uno de los dirigentes de la U.F.
que estuvo en Olivos dijo a Primera Plana: "El Presidente no
habló de golpe, pero daba la impresión, por ciertas frases, de
que estuviera refiriéndose a valores sobreentendidos". El
jueves pasado, en fin, al concluir la reunión del consejo de
almirantes, apareció en los diarios lo que se ha dado en llamar
trascendido oficial. Según esa fuente irreprochable, los
almirantes, cuyas deliberaciones presidió el Secretario,
vicealmirante (R) Manuel A. Pita, ratificaron el "firme
propósito de la Marina de respaldar el orden republicano y
federal ante cualquier intento perturbador". En cuanto a la
férrea declaración de la Secretaría de Guerra, los informantes
militares sostienen que quedó acordada, en principio, entre el
Secretario, general (R) Eduardo Castro Sánchez; el
Subsecretario, general Manuel Laprida; el Comandante en Jefe,
teniente general Pascual A. Pistarini, y los jefes del Estado
Mayor. En lo que no se logró acuerdo, al parecer, es en el texto
finalmente distribuido: muchos lo habrían considerado demasiado
tajante y, por ende, "demasiado oficialista". La redacción quedó
a cargo de Castro Sánchez y Laprida, en consulta con Suárez.
Junto con el desplazamiento del teniente general Juan Carlos
Onganía, en noviembre de 1965, el documento de la Secretaría de
Guerra se transformaba en una victoria del Poder Ejecutivo en el
campo de sus relaciones con el Ejército. El sábado,
aparentemente, el doctor Illia ya había conseguido superar una
repentina dispepsia, atendida por su secretario, el médico
cordobés Juan C. Calderón. Si bien acababa de cometer una gaffe
internacional, la Unión Ferroviaria, la Marina y el Ejército lo
habían dotado de un certificado de legalidad inmejorable. Si los
rumoreados sectores golpistas existían, el comunicado de Castro
Sánchez habrá terminado por desorientarlos o irritarlos. En
ambos casos se ganó tiempo. El avance de la línea denominada
legalista (ver N® 170), que buscaría obtener del Presidente
medidas concretas para calmar cualquier erupción en los cuadros
y superar así los conflictos de un año tan espeso y
pre-electoral como 1966, se patentizaba el viernes con las
resonantes 439 palabras. La gaffe internacional de Illia fue
su publicitada idea de convocar a una reunión de Jefes de
Estados latinoamericanos. Los funcionarios argentinos que
participaron de las deliberaciones del CIES crearon un absurdo
suspenso alrededor del proyecto, que el propio Illia pensaba
comunicar. Sin embargo, cuando advirtió la falta de plafond para
su iniciativa, la mandó leer por el secretario de Industria, el
martes 29. Finalmente, el proyecto se diluyó en una declaración
especial, por la que se encomienda al secretario de la OEA
consultar al resto de los países latinoamericanos.
El mar
de fondo El comunicado de Guerra incluye una frase exacta al
referirse a 1967: "incertidumbre del futuro electoral". Esa
incertidumbre también cuelga sobre la Casa Rosada. Hasta ahora,
el oficialismo maneja un confuso juego de aperturas que consta;
de un pacto, expreso ó no, con un sector del peronismo; alianzas
con sectores políticos para fomentar la opción; aprestos
proscriptivos o argucias seudo-legales para una proscripción
limitada, e, inclusive, el expediente de postergar los comicios.
El ajetreo vacilante aumenta las contradicciones, que ya se
expresan en todos los aspectos de la UCRP —equipo gobernante,
dirigentes, legisladores— y enmaraña el panorama político.
Dos meses atrás, el oficialismo encaró formales tratativas para
concertar un gabinete de coalición. Después de las elecciones de
Jujuy (31 de enero), en las que el peronismo derrotó a la UCRP,
los Diputados nacionales Arturo Mor Roig y Antonio Tróccoli,
ambos bonaerenses y balbinistas, entrevistaron a Oscar Alende y
Horacio Thedy asegurando que actuaban en nombre de Illia y
Balbín: el plan consistía en lograr la postergación de los
mandatos hasta 1969, eliminando los comicios de marzo de 1967
(Mor Roig prometió una reforma de la Constitución Nacional, para
lo que esperaba contar con mayoría legislativa), y entretanto
conformar un ministerio que fuera la expresión potencial de un
frente político eleccionario. Las conversaciones no
prosperaron: Alende consideró que tal gabinete sería una "bolsa
de gatos", y Thedy consultó a los tres Subsecretarios militares,
a los que convidó a una reunión con los plenipotenciarios de la
UCRP, lo que disgustó a éstos. Hubo otras promesas, que se
cumplieron muy vagamente: Mor Roig comprometió una reedición de
la Asamblea de la Civilidad, que tuvo vigencia antes de los
comicios generales de julio de 1963, para la que Balbín
invitaría desde un documento partidario y que Illia ratificaría
expresamente con un mensaje. El discurso presidencial en
Tapiales, el domingo 27 de marzo, pareció, sin embargo, una
contraseña: "Queremos el diálogo con todos los sectores para
darle seguridad al pueblo; queremos la gran alianza nacional".
El 31, voceros de la Secretaría de Prensa de la Presidencia
negaron cualquier salida coalicionista. Entre tanto, el
Ministro del Interior, Juan S. Palmero, al promediar la semana,
en un encuentro con Thedy, expresó que dialogaría con los jefes
de partidos para buscar soluciones; en Diputados, Tróccoli se
atribuía la paternidad de una iniciativa: crear un Consejo
Parlamentario —todos los partidos, menos el MID y ambos bloques
peronistas— "para influir en las decisiones del Gobierno" (es
decir, una variante menor, pero como base previa para el
acuerdo). Un chequeo en la Casa Rosada y el Comité Nacional
demostraba que ni Illia ni Balbín están por el gabinete de
coalición; pero sería una "maniobra diversionista" frente a los
opositores (se considera que por tal gabinete se filtraría el
golpe chico: Illia pasaría a ser hombre de paja de un ministerio
poderoso y nada complaciente). Las esperanzas se derrumbaron
el jueves, cuando el Presidente cubrió las vacantes de Energía y
Combustibles (Conrado Storani, emparentado con Zavala Ortiz);
Comercio (Bernardo Grinspun) y Subsecretario de Vivienda
(Ernesto Beltrán García Olano). Otras presiones sobre el
gobierno continúan siendo ejercidas desde el partido (ver N9
170). A comienzos de la semana pasada se intentó fraguar una
crisis de gabinete para arrastrar las renuncias del Secretario
de Hacienda, Carlos García Tudero, y todo el equipo económico.
Tres Ministros (los balbinistas Arturo Oñativia y Carlos
Aleonada Aramburú, y Miguel A. Ferrando) tramaban abrir la
brecha con sus dimisiones. El plan falló: los tres calcularon
que Illia podía aceptarlas y mantener al resto del gabinete.
Un indicio más evidente del mar de fondo oficialista lo
proporcionaron las reuniones del bloque de Senadores, presidido
por el balbinista Santiago Fassi (Capital), quien reanudó el
diálogo con los auto-excluidos en setiembre de 1965: el
catamarqueño Ramón E. Acuña y el capitalino Ricardo Bassi. Así
se integró una nutrida delegación que entrevistó el jueves a
García Tudero y al Ministro de Economía. Los Senadores
reclamaron "un giro de 180 grados en la conducción económica".
De lo contrario, la bancada, unida al sector oficialista de
Diputados, pedirá el relevo. Los Senadores añadieron a su
planteo el cuestionamiento de dos Ministros: el Canciller Zavala
Ortíz, y el titular de Interior. La UCRP cree que sólo con la
reglamentación del Estatuto de los Partidos (voceros de Interior
anunciaron que está concluida y pronto será elevada al
Presidente), para asegurarse cierta inocuidad del peronismo, no
se ganarán los comicios de 1967. Hace falta —estiman— renovar
posiciones "programáticas" que impulsen una política económica
hacia los sectores populares. En los diarios de la semana pasada
tornó a aparecer un nuevo aviso de la serie "El gobierno le pone
el cascabel al gato"; en él se informa que el costo de vida sólo
ascendió, en el primer trimestre de este año, el uno por ciento.
Al mismo tiempo, la Unión Industrial convocaba una sesión
especial donde marcó la imposibilidad de cumplir con el decreto
que fija el 15 por ciento como tope para los aumentos
salariales. Uno de los oradores denunció que la UCRP había
solicitado fondos, para la campaña electoral, a los empresarios.
Frente a todos estos problemas, el doctor Illia desarrolla una
actividad multifacética: busca contentar a todos, aparentando
que ha elegido ya un determinado camino. Pero en la práctica, no
se compromete. Así gana tiempo para gestar su propia táctica.
Puede ocurrir, sin embargo, que las tensiones internas del
oficialismo constituyan, en definitiva, un modo de actuar que
corresponde a su verdadera imagen de gobierno improvisado y
zigzagueante. 5 de abril de 1966 PRIMERA PLANA
Gobierno: Un salvavidas para 1967 Esta semana se cumplen 30
meses de la instalación de Arturo Umberto Illia en la Casa
Rosada, casi la mitad efectiva del mandato presidencial; un
balance desplegado en los siempre eufóricos corrillos de la
Unión Cívica Radical del Pueblo le adjudica el logro de una
meta, "la pacificación nacional", algo que numerosos episodios
tienden a desmentir día tras día. Pero hasta esos mismos
corrillos, con menos benevolencia, consignan que el gobierno
está indefenso, sin salidas políticas, frente a la encrucijada
de marzo de 1967, fecha de elecciones parciales que auguran su
derrumbe y el cese de la pregonada paz. Que la preocupación
roe las huestes oficialistas lo atestiguan, por ejemplo, las ya
indisimuladas presiones del partido sobre Illia para impulsar un
cambio; las alternativas de este proceso, en los últimos dos
meses (ver Primera Plana, Nº 168 al Nº 171), son
contradictorias, sinuosas, herederas de la política de comité;
muestran a la UCRP, en definitiva, como un agresivo
francotirador. Tanto que se atribuye a Ricardo Balbín una brusca
frase (que el jefe de la UCRP ha desmentido): "Llegó la hora de
estar contra el gobierno para salvar al partido". La UCRP
continúa pidiendo el relevo de dos Ministros, Juan S. Palmero,
del Interior, y Miguel A. Zavala Ortiz de Relaciones Exteriores;
una economía apta para los próximos comicios ("Sin técnicos 'a
la violeta' y sin ollas populares", según expresión de un
sabattinista; un grupo de Senadores acaudillados por Santiago
Fassi, amigo de Balbín, insiste en atacar al equipo económico);
el manejo de los resortes de la propaganda: el antiguo reclamo
de que se cubra la Secretaría de Prensa para dirigir desde allí
una vigorosa compaña proselitista, y el más nuevo pedido de
alejamiento de Nélida Baigorria, dueña de las radios y el Canal
7 de TV. Tampoco la UCRP es impermeable a los contactos con
otros partidos: los Diputados Arturo Mor Roig y Antonio Troccoli
los mantuvieron con Oscar Alende y Horacio Thedy; el miércoles
pasado, Thedy conferenció durante 115 minutos con Balbín.
Simultáneamente, Palmero trabaja con sus asesores en redactar la
reglamentación al Estatuto de los Partidos y combina un diálogo
con los jefes de agrupaciones, en tren de consulta. Para evitar
la sospecha de alguna artimaña proscriptiva, el Ministro se
defendió el martes último afirmando que el gobierno se moverá
"dentro de la ley": no se contemplan restricciones ni la
modificación del sistema proporcional D'Hont. Lo que pretende
el Ejecutivo es fijar fechas para que los partidos adecúen la
convocatoria de las convenciones y la elección de autoridades y
candidatos; pero esta espada de Damocles tiene un destinatario:
el peronismo, que apurado por los requisitos ahondaría su actual
división al crear, prematuramente, dos o más fracciones con sus
siglas, programas y postulaciones comiciales. Los observadores
tampoco descartan una martingala proscriptiva, aunque pocos
creen en su eficacia: los políticos no se avendrían a asumir el
papel de verdugos y, por otra parte, el peronismo siempre puede
unificarse en torno de fórmulas convenidas o aconsejadas en
Madrid. La salida política que procura el gobierno tampoco se
vislumbra por el expediente de anticipar las elecciones a
noviembre o diciembre de este año, lo cual, obviamente, nada
soluciona, salvo apurar desenlaces. El matutino Crónica del
jueves pasado tituló con esa versión que reprodujo íntegra,
citando como fuente a la agencia Prensa Argentina; horas antes,
el informe había sido deslizado a los periodistas del Congreso
por el Diputado Luis Antón, ex udelpista e inspirador de la
agencia. Los diarios del martes trascribieron un comentario
del Frankfurter Allgemeine Zeitung, cuyo corresponsal limita las
posibilidades de Illia a cuatro hipótesis: 1) Emplear una
táctica que consolide la opción entre peronismo y antiperonismo;
2) Establecer un gobierno de coalición con otros partidos
políticos; 3) Escisión definitiva del peronismo; 4) Una alianza
con el peronismo.
Un cierto regreso a 1949 Al
promediar la semana, Primera Plana obtuvo informes sobre lo que
hasta ahora aparece como el plan político más avanzado de los
que esgrime el gobierno; como todos, parte de la base de que la
UCRP, si no se precave, será derrotada por el peronismo en 1967.
Los indicios se develaron en la iniciativa que Mor Roig y
Troccoli confiaron a principios de febrero a Alende y Thedy,
separadamente. Mor Roig, presidente de la Cámara de Diputados, y
tan allegado a Balbín como a Illia, conversó hasta el momento
con dirigentes de otras tendencias, inclusive peronistas;
empresarios, representantes del clero y de las Fuerzas Armadas.
El plan persigue un acuerdo de todos los partidos para reformar
la Constitución Nacional: el artículo 30 contempla
modificaciones, pero exige que su necesidad sea declarada por el
Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros,
y la convocatoria a una elección de Convencionales
Constituyentes. Si existe acuerdo —Mor Roig asegura que se
lograrían los dos tercios en Diputados— ese comicio no
presentará inconvenientes y puede resolverse antes de fin de
año. La cuestión consiste en convenir qué reformas se
introducirán. Según el esquema oficialista, hay que "vigorizar
las instituciones" y la Carta proyectada no tendría, como la de
1949 (sancionada bajo el gobierno de Perón y derogada en 1957
por la Convención de Santa Fe, que rehabilitó la de 1853),
previsiones económicas o sociales, pero de ella copiaría otras:
mandato de Diputados y Senadores por 6 años, renovables por
mitades en elecciones a celebrarse cada tres años (artículos 44
y 49 de la Constitución peronista). Actualmente, los
Diputados duran 4 años y se renuevan por mitades cada bienio;
los Senadores, duran 9 y se renuevan por terceras partes cada
tres años. El objeto de esta reforma tiende a evitar las
elecciones frecuentes, que someten al Ejecutivo y a los partidos
a perturbaciones y manejos. Otras novedades implicarían la
modificación del artículo 87, que establece ocho Ministros (se
contempla el ensanche del gabinete, sin Secretarías); la
derogación de la cláusula que obliga a los legisladores a reunir
un quorum de la mitad más uno (se plantearía la mayoría de un
tercio) y el requisito para el Parlamento de expedirse en un
término no mayor de 90 días con relación a iniciativas del PE:
el proyecto presupuestario está en el Congreso desde octubre
pasado, sin despacho, y esa experiencia, sin duda, anima a los
reformistas. La refaccionada Constitución sortea las
elecciones de 1967 pues los mandatos actuales quedarían
prácticamente prorrogados hasta 1969: esto es, funcionaría el
acuerdo político y se contaría con la complicidad de sectores y
dirigentes que ocupan posiciones y cargos electivos de los que a
menudo cuesta desprenderse. Al peronismo —dicen los radicales
del Pueblo— le sería difícil vetar el regreso de innovaciones
practicadas durante el régimen peronista. De reformarse la
Carta, se abre un proceso de espera; al llegar a la renovación
presidencial de 1969, Illia, implícitamente, representaría a un
"gobierno de coalición" encargado de asegurar la sucesión. Las
gestiones de Thedy se juzgan concurrentes a ese objetivo; 4
meses atrás, el Diputado demoprogresista promovió ante Illia un
proyecto de reforma constitucional con algunas similitudes
(Primera Plana, número 161). No obstante, es dudoso que
fructifiquen los próximos encuentros de Thedy con los
conservadores y él MID. Como él mismo declaró en su oportunidad
(y como lo reiteró ante Balbín, el miércoles 6), para que el
intento coalicionista suscite la atención y encuentre ecos; será
preciso que parta del propio Presidente. En esferas oficialistas
se supone que en la asamblea legislativa del 1º de mayo, Illia
hará "un llamado al diálogo", que, puede estar precedido o no
—de todas maneras se lo consideraba" un hecho, la semana pasada—
por el anuncio de una restructuración del gabinete. El sábado 9
se admitía, en medios parlamentarios, que Mor Roig suplantará a
Palmero en la cartera del Interior. Curiosamente, muchos
defensores oficialistas de este plan reformador lo defienden con
el siguiente argumento: "Si gana el peronismo, habrá una
revolución militar, que a nadie le conviene. Con este acuerdo,
en cambio, cada partido mejorará sus posiciones y los militares
no podrán objetarlo". Como se ve, el golpe sigue obsesionando al
oficialismo o sigue sirviéndole de arma para disculpar la
fragilidad de sus movimientos. Revista Primera Plana
12.04.1966
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