Antes del golpe a Illia Volver al índice
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La semana del golpe psicológico
El viernes, el gobierno de Arturo Illia consiguió uno de sus pocos éxitos psicológicos: un comunicado de 439 palabras emitido en la noche del viernes por la Secretaría de Guerra. Por primera vez desde los episodios de abril de 1963, el Ejército —o, al menos, sus representantes en el Poder Ejecutivo— se pronunciaba sobre su papel en la actualidad y sus puntos de vista con respecto a los asuntos nacionales.
Sin embargo, fueron más bien dos comunicados en uno. La primera parte aventa los rumores según los cuales jefes del Ejército conspirarían para derrocar al Presidente. La Secretaría de Guerra anuncia estar dispuesta a defender la Constitución y la Ley y "no cree en el 'gobierno militar' como solución para los problemas argentinos". En otro párrafo advierte a "todos los sectores de la ciudadanía la irresponsabilidad que significa pretender quebrantar el orden institucional".
El segundo comunicado parece trasmitir, con el rótulo de "honda preocupación" de los mandos, aquellos hechos que el Ejército considera necesario enfrentar y zanjar: la economía, las huelgas, las inundaciones, "la incertidumbre del futuro electoral" y la crisis tucumana. Para algunos observadores, equivalía a un elegante planteo; pero, en todo caso, el documento permitió que a fines de semana el gobierno se encontrara detrás de un sólido parapeto antigolpista. Uno de los artífices —el más importante— de este operativo fue Leopoldo Suárez.
Era lógico que el gobierno aprovechara una semana clave como la que pasó para fortalecer su debilitada imagen. Los altos mandos del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, celebraron reuniones entre el miércoles y el viernes. La ocasión se presentaba magnífica para contrarrestar la ola de versiones golpistas —que miembros del gobierno y el partido oficialista engrosaron con sus propias apreciaciones— y obtener una drástica definición. Resulta comprensible que el primer paso lo haya dado la Marina.
Hubo, en verdad, un paso previo, el martes. Sorpresivamente, la Unión Ferroviaria divulgó un breve comunicado: "Con motivo de haber tomado estado público la amenaza de quiebra de la estabilidad constitucional, el cuerpo directivo de la U.F. ratifica su tradicional actitud en defensa del estado de derecho y su oposición a la amenaza golpista...".
El mismo día, de noche, los periodistas pidieron opinión a Suárez sobre el caso: "Las Fuerzas Armadas — respondió— han señalado con reiteración hasta innecesaria que son guardianas del orden constitucional y de las instituciones democráticas del país, y profundamente legalistas". El comunicado de la U. F. fue una excelente jugada; de algún modo obligaba a que los militares dijeran su palabra.
¿Cómo surgió tan imprevista declaración? El vicepresidente de la U. F., el peronista isabelino Lorenzo Pepe, informó que se había enterado de ella al leerla en los diarios. El presidente, Antonio Scipione, radical del Pueblo y amigo de Ricardo Balbín, se justificó ante dirigentes del gremio alegando que firmó el "stencil" del comunicado sin saber qué contenía, en momentos de ascender a su auto.
No obstante, íntimos allegados a Scipione revelaron que fue otro Ricardo, el hermano del Primer Magistrado, quien le pidió la declaración. Ricardo Illia intervino para que el Presidente recibiera a los líderes de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, en Olivos, el domingo 27 de marzo. Habría insistido ante Scipione en el peligro de un inminente golpe, a cuyo clima podrían contribuir nuevas huelgas del ramo. Arturo Illia fue más cordial y más abstracto que su hermano menor. Uno de los dirigentes de la U.F. que estuvo en Olivos dijo a Primera Plana: "El Presidente no habló de golpe, pero daba la impresión, por ciertas frases, de que estuviera refiriéndose a valores sobreentendidos".
El jueves pasado, en fin, al concluir la reunión del consejo de almirantes, apareció en los diarios lo que se ha dado en llamar trascendido oficial. Según esa fuente irreprochable, los almirantes, cuyas deliberaciones presidió el Secretario, vicealmirante (R) Manuel A. Pita, ratificaron el "firme propósito de la Marina de respaldar el orden republicano y federal ante cualquier intento perturbador".
En cuanto a la férrea declaración de la Secretaría de Guerra, los informantes militares sostienen que quedó acordada, en principio, entre el Secretario, general (R) Eduardo Castro Sánchez; el Subsecretario, general Manuel Laprida; el Comandante en Jefe, teniente general Pascual A. Pistarini, y los jefes del Estado Mayor. En lo que no se logró acuerdo, al parecer, es en el texto finalmente distribuido: muchos lo habrían considerado demasiado tajante y, por ende, "demasiado oficialista". La redacción quedó a cargo de Castro Sánchez y Laprida, en consulta con Suárez.
Junto con el desplazamiento del teniente general Juan Carlos Onganía, en noviembre de 1965, el documento de la Secretaría de Guerra se transformaba en una victoria del Poder Ejecutivo en el campo de sus relaciones con el Ejército.
El sábado, aparentemente, el doctor Illia ya había conseguido superar una repentina dispepsia, atendida por su secretario, el médico cordobés Juan C. Calderón. Si bien acababa de cometer una gaffe internacional, la Unión Ferroviaria, la Marina y el Ejército lo habían dotado de un certificado de legalidad inmejorable. Si los rumoreados sectores golpistas existían, el comunicado de Castro Sánchez habrá terminado por desorientarlos o irritarlos. En ambos casos se ganó tiempo. El avance de la línea denominada legalista (ver N® 170), que buscaría obtener del Presidente medidas concretas para calmar cualquier erupción en los cuadros y superar así los conflictos de un año tan espeso y pre-electoral como 1966, se patentizaba el viernes con las resonantes 439 palabras.
La gaffe internacional de Illia fue su publicitada idea de convocar a una reunión de Jefes de Estados latinoamericanos. Los funcionarios argentinos que participaron de las deliberaciones del CIES crearon un absurdo suspenso alrededor del proyecto, que el propio Illia pensaba comunicar. Sin embargo, cuando advirtió la falta de plafond para su iniciativa, la mandó leer por el secretario de Industria, el martes 29. Finalmente, el proyecto se diluyó en una declaración especial, por la que se encomienda al secretario de la OEA consultar al resto de los países latinoamericanos.

El mar de fondo
El comunicado de Guerra incluye una frase exacta al referirse a 1967: "incertidumbre del futuro electoral". Esa incertidumbre también cuelga sobre la Casa Rosada. Hasta ahora, el oficialismo maneja un confuso juego de aperturas que consta; de un pacto, expreso ó no, con un sector del peronismo; alianzas con sectores políticos para fomentar la opción; aprestos proscriptivos o argucias seudo-legales para una proscripción limitada, e, inclusive, el expediente de postergar los comicios. El ajetreo vacilante aumenta las contradicciones, que ya se expresan en todos los aspectos de la UCRP —equipo gobernante, dirigentes, legisladores— y enmaraña el panorama político.
Dos meses atrás, el oficialismo encaró formales tratativas para concertar un gabinete de coalición. Después de las elecciones de Jujuy (31 de enero), en las que el peronismo derrotó a la UCRP, los Diputados nacionales Arturo Mor Roig y Antonio Tróccoli, ambos bonaerenses y balbinistas, entrevistaron a Oscar Alende y Horacio Thedy asegurando que actuaban en nombre de Illia y Balbín: el plan consistía en lograr la postergación de los mandatos hasta 1969, eliminando los comicios de marzo de 1967 (Mor Roig prometió una reforma de la Constitución Nacional, para lo que esperaba contar con mayoría legislativa), y entretanto conformar un ministerio que fuera la expresión potencial de un frente político eleccionario.
Las conversaciones no prosperaron: Alende consideró que tal gabinete sería una "bolsa de gatos", y Thedy consultó a los tres Subsecretarios militares, a los que convidó a una reunión con los plenipotenciarios de la UCRP, lo que disgustó a éstos. Hubo otras promesas, que se cumplieron muy vagamente: Mor Roig comprometió una reedición de la Asamblea de la Civilidad, que tuvo vigencia antes de los comicios generales de julio de 1963, para la que Balbín invitaría desde un documento partidario y que Illia ratificaría expresamente con un mensaje.
El discurso presidencial en Tapiales, el domingo 27 de marzo, pareció, sin embargo, una contraseña: "Queremos el diálogo con todos los sectores para darle seguridad al pueblo; queremos la gran alianza nacional". El 31, voceros de la Secretaría de Prensa de la Presidencia negaron cualquier salida coalicionista.
Entre tanto, el Ministro del Interior, Juan S. Palmero, al promediar la semana, en un encuentro con Thedy, expresó que dialogaría con los jefes de partidos para buscar soluciones; en Diputados, Tróccoli se atribuía la paternidad de una iniciativa: crear un Consejo Parlamentario —todos los partidos, menos el MID y ambos bloques peronistas— "para influir en las decisiones del Gobierno" (es decir, una variante menor, pero como base previa para el acuerdo).
Un chequeo en la Casa Rosada y el Comité Nacional demostraba que ni Illia ni Balbín están por el gabinete de coalición; pero sería una "maniobra diversionista" frente a los opositores (se considera que por tal gabinete se filtraría el golpe chico: Illia pasaría a ser hombre de paja de un ministerio poderoso y nada complaciente).
Las esperanzas se derrumbaron el jueves, cuando el Presidente cubrió las vacantes de Energía y Combustibles (Conrado Storani, emparentado con Zavala Ortiz); Comercio (Bernardo Grinspun) y Subsecretario de Vivienda (Ernesto Beltrán García Olano).
Otras presiones sobre el gobierno continúan siendo ejercidas desde el partido (ver N9 170). A comienzos de la semana pasada se intentó fraguar una crisis de gabinete para arrastrar las renuncias del Secretario de Hacienda, Carlos García Tudero, y todo el equipo económico. Tres Ministros (los balbinistas Arturo Oñativia y Carlos Aleonada Aramburú, y Miguel A. Ferrando) tramaban abrir la brecha con sus dimisiones. El plan falló: los tres calcularon que Illia podía aceptarlas y mantener al resto del gabinete.
Un indicio más evidente del mar de fondo oficialista lo proporcionaron las reuniones del bloque de Senadores, presidido por el balbinista Santiago Fassi (Capital), quien reanudó el diálogo con los auto-excluidos en setiembre de 1965: el catamarqueño Ramón E. Acuña y el capitalino Ricardo Bassi. Así se integró una nutrida delegación que entrevistó el jueves a García Tudero y al Ministro de Economía.
Los Senadores reclamaron "un giro de 180 grados en la conducción económica". De lo contrario, la bancada, unida al sector oficialista de Diputados, pedirá el relevo. Los Senadores añadieron a su planteo el cuestionamiento de dos Ministros: el Canciller Zavala Ortíz, y el titular de Interior.
La UCRP cree que sólo con la reglamentación del Estatuto de los Partidos (voceros de Interior anunciaron que está concluida y pronto será elevada al Presidente), para asegurarse cierta inocuidad del peronismo, no se ganarán los comicios de 1967. Hace falta —estiman— renovar posiciones "programáticas" que impulsen una política económica hacia los sectores populares. En los diarios de la semana pasada tornó a aparecer un nuevo aviso de la serie "El gobierno le pone el cascabel al gato"; en él se informa que el costo de vida sólo ascendió, en el primer trimestre de este año, el uno por ciento. Al mismo tiempo, la Unión Industrial convocaba una sesión especial donde marcó la imposibilidad de cumplir con el decreto que fija el 15 por ciento como tope para los aumentos salariales. Uno de los oradores denunció que la UCRP había solicitado fondos, para la campaña electoral, a los empresarios.
Frente a todos estos problemas, el doctor Illia desarrolla una actividad multifacética: busca contentar a todos, aparentando que ha elegido ya un determinado camino. Pero en la práctica, no se compromete. Así gana tiempo para gestar su propia táctica. Puede ocurrir, sin embargo, que las tensiones internas del oficialismo constituyan, en definitiva, un modo de actuar que corresponde a su verdadera imagen de gobierno improvisado y zigzagueante.
5 de abril de 1966
PRIMERA PLANA

Gobierno: Un salvavidas para 1967
Esta semana se cumplen 30 meses de la instalación de Arturo Umberto Illia en la Casa Rosada, casi la mitad efectiva del mandato presidencial; un balance desplegado en los siempre eufóricos corrillos de la Unión Cívica Radical del Pueblo le adjudica el logro de una meta, "la pacificación nacional", algo que numerosos episodios tienden a desmentir día tras día. Pero hasta esos mismos corrillos, con menos benevolencia, consignan que el gobierno está indefenso, sin salidas políticas, frente a la encrucijada de marzo de 1967, fecha de elecciones parciales que auguran su derrumbe y el cese de la pregonada paz.
Que la preocupación roe las huestes oficialistas lo atestiguan, por ejemplo, las ya indisimuladas presiones del partido sobre Illia para impulsar un cambio; las alternativas de este proceso, en los últimos dos meses (ver Primera Plana, Nº 168 al Nº 171), son contradictorias, sinuosas, herederas de la política de comité; muestran a la UCRP, en definitiva, como un agresivo francotirador. Tanto que se atribuye a Ricardo Balbín una brusca frase (que el jefe de la UCRP ha desmentido): "Llegó la hora de estar contra el gobierno para salvar al partido".
La UCRP continúa pidiendo el relevo de dos Ministros, Juan S. Palmero, del Interior, y Miguel A. Zavala Ortiz de Relaciones Exteriores; una economía apta para los próximos comicios ("Sin técnicos 'a la violeta' y sin ollas populares", según expresión de un sabattinista; un grupo de Senadores acaudillados por Santiago Fassi, amigo de Balbín, insiste en atacar al equipo económico); el manejo de los resortes de la propaganda: el antiguo reclamo de que se cubra la Secretaría de Prensa para dirigir desde allí una vigorosa compaña proselitista, y el más nuevo pedido de alejamiento de Nélida Baigorria, dueña de las radios y el Canal 7 de TV.
Tampoco la UCRP es impermeable a los contactos con otros partidos: los Diputados Arturo Mor Roig y Antonio Troccoli los mantuvieron con Oscar Alende y Horacio Thedy; el miércoles pasado, Thedy conferenció durante 115 minutos con Balbín.
Simultáneamente, Palmero trabaja con sus asesores en redactar la reglamentación al Estatuto de los Partidos y combina un diálogo con los jefes de agrupaciones, en tren de consulta. Para evitar la sospecha de alguna artimaña proscriptiva, el Ministro se defendió el martes último afirmando que el gobierno se moverá "dentro de la ley": no se contemplan restricciones ni la modificación del sistema proporcional D'Hont.
Lo que pretende el Ejecutivo es fijar fechas para que los partidos adecúen la convocatoria de las convenciones y la elección de autoridades y candidatos; pero esta espada de Damocles tiene un destinatario: el peronismo, que apurado por los requisitos ahondaría su actual división al crear, prematuramente, dos o más fracciones con sus siglas, programas y postulaciones comiciales. Los observadores tampoco descartan una martingala proscriptiva, aunque pocos creen en su eficacia: los políticos no se avendrían a asumir el papel de verdugos y, por otra parte, el peronismo siempre puede unificarse en torno de fórmulas convenidas o aconsejadas en Madrid.
La salida política que procura el gobierno tampoco se vislumbra por el expediente de anticipar las elecciones a noviembre o diciembre de este año, lo cual, obviamente, nada soluciona, salvo apurar desenlaces. El matutino Crónica del jueves pasado tituló con esa versión que reprodujo íntegra, citando como fuente a la agencia Prensa Argentina; horas antes, el informe había sido deslizado a los periodistas del Congreso por el Diputado Luis Antón, ex udelpista e inspirador de la agencia.
Los diarios del martes trascribieron un comentario del Frankfurter Allgemeine Zeitung, cuyo corresponsal limita las posibilidades de Illia a cuatro hipótesis: 1) Emplear una táctica que consolide la opción entre peronismo y antiperonismo; 2) Establecer un gobierno de coalición con otros partidos políticos; 3) Escisión definitiva del peronismo; 4) Una alianza con el peronismo.

Un cierto regreso a 1949
Al promediar la semana, Primera Plana obtuvo informes sobre lo que hasta ahora aparece como el plan político más avanzado de los que esgrime el gobierno; como todos, parte de la base de que la UCRP, si no se precave, será derrotada por el peronismo en 1967. Los indicios se develaron en la iniciativa que Mor Roig y Troccoli confiaron a principios de febrero a Alende y Thedy, separadamente. Mor Roig, presidente de la Cámara de Diputados, y tan allegado a Balbín como a Illia, conversó hasta el momento con dirigentes de otras tendencias, inclusive peronistas; empresarios, representantes del clero y de las Fuerzas Armadas.
El plan persigue un acuerdo de todos los partidos para reformar la Constitución Nacional: el artículo 30 contempla modificaciones, pero exige que su necesidad sea declarada por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, y la convocatoria a una elección de Convencionales Constituyentes. Si existe acuerdo —Mor Roig asegura que se lograrían los dos tercios en Diputados— ese comicio no presentará inconvenientes y puede resolverse antes de fin de año.
La cuestión consiste en convenir qué reformas se introducirán. Según el esquema oficialista, hay que "vigorizar las instituciones" y la Carta proyectada no tendría, como la de 1949 (sancionada bajo el gobierno de Perón y derogada en 1957 por la Convención de Santa Fe, que rehabilitó la de 1853), previsiones económicas o sociales, pero de ella copiaría otras: mandato de Diputados y Senadores por 6 años, renovables por mitades en elecciones a celebrarse cada tres años (artículos 44 y 49 de la Constitución peronista).
Actualmente, los Diputados duran 4 años y se renuevan por mitades cada bienio; los Senadores, duran 9 y se renuevan por terceras partes cada tres años. El objeto de esta reforma tiende a evitar las elecciones frecuentes, que someten al Ejecutivo y a los partidos a perturbaciones y manejos. Otras novedades implicarían la modificación del artículo 87, que establece ocho Ministros (se contempla el ensanche del gabinete, sin Secretarías); la derogación de la cláusula que obliga a los legisladores a reunir un quorum de la mitad más uno (se plantearía la mayoría de un tercio) y el requisito para el Parlamento de expedirse en un término no mayor de 90 días con relación a iniciativas del PE: el proyecto presupuestario está en el Congreso desde octubre pasado, sin despacho, y esa experiencia, sin duda, anima a los reformistas.
La refaccionada Constitución sortea las elecciones de 1967 pues los mandatos actuales quedarían prácticamente prorrogados hasta 1969: esto es, funcionaría el acuerdo político y se contaría con la complicidad de sectores y dirigentes que ocupan posiciones y cargos electivos de los que a menudo cuesta desprenderse. Al peronismo —dicen los radicales del Pueblo— le sería difícil vetar el regreso de innovaciones practicadas durante el régimen peronista.
De reformarse la Carta, se abre un proceso de espera; al llegar a la renovación presidencial de 1969, Illia, implícitamente, representaría a un "gobierno de coalición" encargado de asegurar la sucesión. Las gestiones de Thedy se juzgan concurrentes a ese objetivo; 4 meses atrás, el Diputado demoprogresista promovió ante Illia un proyecto de reforma constitucional con algunas similitudes (Primera Plana, número 161).
No obstante, es dudoso que fructifiquen los próximos encuentros de Thedy con los conservadores y él MID. Como él mismo declaró en su oportunidad (y como lo reiteró ante Balbín, el miércoles 6), para que el intento coalicionista suscite la atención y encuentre ecos; será preciso que parta del propio Presidente. En esferas oficialistas se supone que en la asamblea legislativa del 1º de mayo, Illia hará "un llamado al diálogo", que, puede estar precedido o no —de todas maneras se lo consideraba" un hecho, la semana pasada— por el anuncio de una restructuración del gabinete. El sábado 9 se admitía, en medios parlamentarios, que Mor Roig suplantará a Palmero en la cartera del Interior.
Curiosamente, muchos defensores oficialistas de este plan reformador lo defienden con el siguiente argumento: "Si gana el peronismo, habrá una revolución militar, que a nadie le conviene. Con este acuerdo, en cambio, cada partido mejorará sus posiciones y los militares no podrán objetarlo". Como se ve, el golpe sigue obsesionando al oficialismo o sigue sirviéndole de arma para disculpar la fragilidad de sus movimientos.
Revista Primera Plana
12.04.1966

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