Revista Primera Plana
25.12.1962 |
El miércoles pasado, a la madrugada, el subsecretario de
Justicia de la Nación, doctor Eduardo A. Roca, admitió ante
una pregunta concreta que el sangriento motín de Villa
Devoto, que en ese momento culminaba, fue uno de los
resultados del descuido y menosprecio con que en los últimos
años se han atendido las necesidades del orden jurídico en
general.
Una encuesta realizada durante y después de los sucesos,
permitió demostrar que muchos magistrados y funcionarios
policiales y penitenciarios están profundamente convencidos
de que, a menos que se adopten rápidas medidas de fondo, por
un tiempo considerable —quizá durante años— será imposible
controlar adecuadamente este tipo de desbordes.
Antecedentes
Una gran parte de los delincuentes profesionales que
promovieron el motín en el Instituto de Detención y
participaron activamente en el desarrollo de sus alucinantes
secuencias, (entre ellos el cabecilla principal, Uran
Luján), habían estado anteriormente alojados en un sector
especial de la Penitenciaría Nacional.
Fue el 12 de diciembre de 1960 cuando, por primera vez en la
historia de la Penitenciaría, se habilitó especialmente un
sector para alojar a procesados de suma peligrosidad, ya que
hasta ese día dicha unidad estaba destinada exclusivamente a
la internación de condenados y presos políticos y sociales.
Los abrumadores antecedentes de esos sujetos —350 en total—
decidieron al ministro de Educación y Justicia, Luis Mac Kay,
a propiciar esa medida.
Se consideró entonces que únicamente la seguridad brindada
por esa cárcel y su rígido sistema disciplinario podían
frenar la acción individual u organizada de aquellos
gangsters, en tanto se tramitaban lentamente, ante los
tribunales del crimen, sus respectivos procesos.
Sin embargo —y a pesar de la opinión en contrario de
veteranos funcionarios— apenas siete meses más tarde se
iniciaba la demolición del edificio de la avenida Las Heras.
No fueron pocas las voces que durante el motín recordaron
esa circunstancia como un hecho funesto. Quienes en 1961 y
años anteriores trataron de impedir esa medida, habían
afirmado, como argumento fundamental, que era absurdo
prescindir del mejor penal del país sin antes habilitar su
reemplazante.
Al decidirse demolición, en el Instituto de Detención de
Villa Devoto había alrededor de 1.500 presos —contando a los
contraventores—; ya se había superado en 650 la capacidad
normal del edificio. También la restante unidad carcelaria,
existente en la Capital Federal, la Cárcel de Caseros,
comenzaba a estar repleta. Mientras tanto Villa Devoto, que
generalmente nunca había albergado a condenados con
sentencia firme, comenzaba ya a tenerlos en abundancia. El
15 de diciembre de 1960, en Villa Devoto había sólo un
condenado; actualmente, hay más de sesenta. Los penados
—gran parte de ellos deben cumplir muchos años de prisión—
pasaron a constituir, junto con los procesados de mayor
peligrosidad, un problema casi insoluble.
Para ubicarlos se resolvió, en 1960, realizar algunas
mejoras en el pabellón celular del Instituto de Detención. A
este sector iban anteriormente las presos "distinguidos",
por recomendaciones especiales, ya que precisamente su
característica celular constituía una concreta ventaja en
comparación con el hacinamiento predominante en los
restantes pabellones.
A pesar de la naturaleza de los nuevos internos se conservó
el régimen de celdas abiertas, en cada una de las cuales hay
camas para dos o tres detenidos.
Los amotinados de la semana pasada gozaron, durante muchos
meses, de un régimen atenuado (según las autoridades de
Institutos Penales, debido a su condición de procesados, a
quienes la Justicia aún no considera culpables). Podían
cocinar sus comidas con libertad y disponían de heladeras,
radios y televisores. Muchos podían tener, inclusive, sus
propios mucamos, reclutados entre aquellos presos sin
recursos económicos. El contraste entre la forma de vida de
estos detenidos y los 1.800 presos del resto de la cárcel
llegaba a límites casi asombrosos. Ni uno solo de estos
peligrosos sujetos dormía en el suelo, sino sobre camas y
entre sábanas, en tanto que muchos procesados primarios
deben dormir sobre sucios jergones de paja tirados sobre las
baldosas.
Entretelones del motín
Los dirigentes de la sublevación fueron protagonistas de
asaltos millonarios, entre ellos algunos a instituciones
bancarias. Es innegable que conservaban poderosos recursos
económicos y amigos de gran influencia no sólo en el mundo
del hampa.
Casi todos ellos están además defendidos por los mismos
abogados y, según la policía, estos especialistas en la
defensa de delincuentes reincidentes son también asociados
permanentes en el reparto de los sucesivos botines.
La intervención de algunos abogados en anteriores fugas y
motines ha sido documentada por la Policía Federal, pero
estas pruebas no tuvieron en su momento la suficiente
capacidad de convicción para los jueces. Entre los casos más
notorios de complicidades de este tipo, voceros autorizados
destacaron el de una conocida abogada que facilitó hace ya
tiempo la fuga del delincuente El Lacho Pardo, ulteriormente
muerto por el comisario inspector Meneses, durante un
tiroteo.
La actual situación del personal carcelario también favorece
los designios de los gangsters. La Remuneración de los
guardiacárceles llega, sin computar descuentos, a 7.400
pesos, y en el curso de este año han cobrado varias veces
con atraso. A juicio de directivos penitenciarios, es
sumamente peligroso confrontar, cotidianamente, la pobreza
de este personal, con los poderosos recursos de la
delincuencia. En estos días se recordó el caso del agente
electricista Américo Fantín, quien en marzo de 1961
introdujo a la Penitenciaría varias armas para los mismos
cabecillas, atraído por una recompensa de 150.000 pesos.
Fantin fue arrestado por el subprefecto Héctor L. Blasco, y
se debieron hacer esfuerzos para impedir que sus compañeros
lo lincharan.
Bajo el rubro "descuido y menosprecio hacia el orden
jurídico", subrayado por el subsecretario de Justicia, se
podría también incluir la disminución de doscientos millones
de pesos que este año sufrió el presupuesto de Institutos
Penales.
¿ Una pista ?
Pero esta vez la Justicia parece no haber encontrado
elementos que señalen a los guardiacárceles como
responsables de la introducción de armas a Villa Devoto, a
pesar de que se han extremado en este caso las indagaciones.
En cambio, surgieron intensas sospechas en torno a una
mujer.
Se trataría de la viuda de El Lacho Pardo, después amiga de
Manuel Luis Castillón—, muerto el martes 17 por los
guardias—. Ella visitó a Castillón varias veces en las
últimas semanas. Se sospecha que la mujer introdujo varios
revólveres desarmados, pieza por pieza. Una pericia
efectuada por la Policía Federal demostraría que casi todos
los revólveres secuestrados a los presos fueron desarmados y
vueltos a armar recientemente. Inclusive, algunos tenían las
cachas mal puestas. La amiga de Castillón ya había sido
detenida por la policía y puesta a disposición del juez
Irurzúm.
• Los abogados de los amotinados, también resultan
sospechosos. Hay antecedentes de un abogado quien, hace
alrededor de tres años, fue sometido a una prolija
revisación: se le secuestró una enorme lima que llevaba
entre sus ropas. El empleado que intervino en el
procedimiento fue sometido a sumario y suspendido en sus
funciones, por estar prohibido el "cacheo" de los abogados.
El defensor dijo que la lima era para su uso personal.
• Una heladera entrada a la cárcel el pasado viernes 14, así
como uno o dos televisores, introducidos con destino al
pabellón celular, según los investigadores, pueden haber
servido para que las armas llegaran a poder de los reclusos.
Mientras tanto, resulta sobrecogedor el hecho de que desde
días antes del estallido, en los ambientes del hampa se
anunciaba con poca discreción, la preparación de la fuga
masiva (los comentarios eran generalizados en ciertos
balnearios de Vicente López y Olivos).
Algunos investigadores se preguntan ahora si los 38 millones
robados en la sucursal Azcuénaga del Banco de la Nación son,
en todo esto, un elemento clave.
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