Filo contrafilo y punta
Escribe: Heriberto Kahn
"¿Y, hemos vuelto a la primera página, o llegamos finalmente a la última de esta increíble historia de suspenso?", interrogó sonriente a un amigo que llegaba a visitarlo uno de los protagonistas principales de este proceso. Es que, después de los acontecimientos de la última semana fueron muchos los que se preguntaron si el nuevo rumbo no devolvía la nave a las aguas en las que había comenzado a navegar en marzo de 1971. Así lo interpretó por ejemplo —interesadamente— Jorge Daniel Paladino cuando envió un ingenioso telegrama a Juan Domingo Perón.
Pero lo cierto es que a partir de la publicitación del Plan de Reconstrucción Nacional propuesto por el ex presidente, comenzó a desencadenarse una serie de consecuencias políticas de ese hecho:
•El Presidente aprovechó la ocasión para explicar en Olavarría el sentido del acuerdo, ya que el repentino golpe de timón había provocado temores y resistencias en algunos sectores militares que temían claudicaciones de las Fuerzas Armadas ante Perón. Lanusse volverá a insistir en sus explicaciones durante el viaje a Tierra del Fuego y a ese propósito responden las presencias en la comitiva del ministro Mor Roig y del contralmirante Emilio Massera, que representa a la Armada en la Comisión Coordinadora del Plan Político.
•Los nuevos pasos hacia el acuerdo comenzaron a darse alrededor de mediados de agosto, poco antes de la fecha clave del 25 de ese mes, a través de un gestor oficioso, relativamente equidistante de las partes, pero con una proximidad levemente acentuada hacia Puerta de Hierro. Algo habrían tenido que ver también según se insiste en círculos peronistas dos argentinos que habrían entrevistado a Perón durante sus breves vacaciones en Biarritz.
•El Gran Acuerdo Nacional cambiará de nombre como consecuencia de las consultas y coincidencias que se producirán en las próximas semanas, cuando se conozca el plan de acción que la Comisión Coordinadora propuso en la noche del viernes 6 a la Junta de Comandantes en Jefe. A partir de entonces pasaría a llamarse Acuerdo de Unión Nacional, una definición que conjuga vocablos favoritos tanto de la fraseología oficial como de la empleada por Juan Perón.
• A partir de la vigorosa puesta en marcha del CONES, puede comenzar a transitarse rápidamente el camino hacia un gabinete de coalición del que participen hombre de la CGT, CGE y de los partidos que se incorporen al nuevo acuerdo. Como consecuencia del mismo se trataría de superar también los nombres de Hora del Pueblo y Frente Cívico de Liberación Nacional, para posibilitar una coincidencia más amplia.
•El acuerdo no busca la unanimidad, ya que los estrategas oficiales están conscientes de que toda buena táctica política exige un adversario para poder dar la batalla.
•Llama la atención que Perón haya incluido en los 10 puntos al reexamen de la convocatoria a elecciones: ese instrumento se ocupa únicamente de la fecha de los comicios y de los cargos que serán cubiertos por su medio. Puede pensarse entonces que el ex presidente desea introducir, como consecuencia del acuerdo, una alteración en uno de esos dos, o en ambos, aspectos.
• La convocatoria no se hará antes del 25 de octubre ni después del 25 de noviembre. Ese es exactamente el estrechísimo margen dentro del cual deberá quedar concluido el acuerdo, o al menos sus líneas fundamentales.

♦ Todo comenzó en agosto
Justamente en los días previos al 25 de agosto, en los que las relaciones del gobierno con Perón parecían haber llegado a su punto más álgido, comenzó a ponerse en marcha una nueva operación acuerdista a través de una especie de gestor oficioso relativamente equidistante de ambas partes, aunque con una leve inclinación hacia Madrid. Luego habría habido un diálogo de Perón con dos hombres de las Fuerzas Armadas —no se sabe si en actividad o en retiro— en la ciudad francesa de Biarritz.
Recién a partir de entonces comenzaron a tener un papel preponderante José Berl Gelbard, quien habría convencido a Perón de la necesidad del acuerdo, y Jorge Osinde, que persuadió finalmente al ex presidente de que debía dejar de apostar al golpe porque el mismo no se produciría. Simultáneamente comenzó a ponerse en marcha una operación que involucró también la estrecha colaboración del gobierno español —una primicia anticipada con exclusividad por Confirmado, en la sección Claves del número 342, editado el 4 de enero de 1972— destinada a convertirse en una fundamental pieza de seguridad del acuerdo, según una vieja idea del ex ministro de Justicia, Ismael Bruno Quijano. Naturalmente, los máximos dirigentes de las 62 organizaciones tuvieron, a través de Rogelio Coria un papel descollante en la operación. Precisamente fue el Negro Funes, un hombre de Coria, el encargado de efectuar en dos oportunidades el viaje de ida y vuelta entre Madrid y Buenos Aires para someter a distintas consultas al famoso documento. Algo más de 20 días atrás, un ínfimo grupo de iniciados conocían la existencia del mismo y lo esencial de su contenido.
Con la llegada oficial del instrumento a Buenos Aires y su entrega al secretario de la Junta de Comandantes en Jefe ha culminado una etapa de esta compleja operación. Actualmente, no se producen nuevos avances secretos hacia la conclusión del acuerdo, pero nada permite descartar que a partir de fines de esta semana o comienzos de la próxima, quienes han demostrado ser eficaces negociadores vuelvan a poner manos a la obra. El tiempo apremia.

♦ ¿Cómo y con quiénes?
El Presidente explicó en Olavarría, tal como ya lo había expresado en privado, que no se trata de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas y el peronismo, sino una coincidencia mucho más amplia (ver pág. 10). Hacia ese objetivo se orientan los 6 puntos procesales contenidos en el asesoramiento que la Comisión Coordinadora elevó a la Junta de Comandantes en Jefe a las 9 de la noche del viernes 6.
Se tratará ahora de retomar las conversaciones de la Comisión Coordinadora con los partidos políticos nacionales y con las confederaciones, para tomar en cuenta no solamente el documento del justicialismo sino también otras propuestas presentadas ya por los partidos, en especial el pacto de garantías elaborado por La Hora del Pueblo. Aunque la primera ronda de conversaciones incluirá a todos los partidos nacionales, está claro que. las coincidencias que emergerán de ellas no podrán, ni es deseable que así ocurra, alcanzar el grado de la unanimidad.
Los sectores políticos que finalmente alcancen un acuerdo que será necesariamente multilateral constituirán grupos de trabajo que se dedicarán a elaborar más detalladamente los aspectos programáticos de la coincidencia y estudiarán su implementación. La marcha estará dirigida así hacia la instrumentación del Acuerdo de Unión Nacional (AUN), una síntesis del Gran Acuerdo Nacional, hijo predilecto del gobierno, y de fórmulas mencionadas por otros sectores, en especial el justicialismo.
En ese camino se tiende naturalmente a suprimir nombres que, como el propio GAN, crean las resistencias naturales de las palabras que se han convertido en sinónimos de círculos muy determinados: así como el Gran Acuerdo Nacional lleva la marca indeleble del gobierno y será por eso reemplazada por una fórmula conciliatoria como el Acuerdo de Unión Nacional, se persigue también la eliminación de términos que, como La Hora del Pueblo y el Frente Cívico de Liberación Nacional, provocan resistencias que impiden una coincidencia más amplia, aunque el resultado final no sea naturalmente la suma de los partidos que se han enrolado en uno y en otro nucleamiento partidista.
A partir de esta metodología es que jugará un papel protagónico el Consejo Económico y Social (CONES), que emergerá finalmente a la vida activa en los próximos días con la aceptación ya obtenida de todos los grupos interesados, de las modificaciones que a la reglamentación de la ley que creó el organismo elaboró el ministro del Interior. Julio Oyhanarte y el secretario del CONES, Jorge Reinaldo Vanossi, desempeñarán finalmente el rol esencial en el proceso que avizoraron cuando se hicieron cargo de la tarea en el mes de mayo pasado.
Desde la puesta en marcha del CONES, ese instituto está destinado a convertirse en el ámbito natural para la elaboración de los pasos inmediatos y concretos hacia el acuerdo, y hacia el programa, especialmente en materia económica y social, que aplicará el actual gobierno en sus últimos tramos, y el que regirá al próximo régimen constitucional. De las coincidencias que se puedan alcanzar en el marco del CONES, deberá quedar expedito el camino hacia la integración de un gabinete de coalición o de unión nacional —de este modo quedan comprendidos también organismos como CGT y CGE—, una vieja aspiración del gobierno subrayada expresamente por Juan Perón en su ya famoso documento.
Lógicamente, la posibilidad concreta de un gabinete de composición política implica necesariamente el levantamiento o al menos la modificación de la cláusula que estableció que quienes ocupen funciones ministeriales a partir del 25 de agosto, no podrán aspirar a cargos electivos en los próximos comicios. Pero esta posibilidad se allanó inmensamente a partir de la virtual certeza de que Perón no aspirará a convertirse en el abanderado de su movimiento.
En ese mismo sentido, llamó la atención de importantes círculos políticos el hecho de que el ex presidente solicitara el reexamen de la ley de convocatoria —aún no sancionada—, un instrumento destinado únicamente a fijar la fecha de las elecciones y los cargos que se cubrirán a través de los comicios. Todo parece indicar que Perón desea introducir variantes en estos puntos, o al menos que no tiene posiciones rígidas tomadas en la materia. No puede ser casual, por lo tanto, que el gobierno haya decidido apartarse de su propósito de sancionar la ley de convocatoria el 1º de octubre, para volver a la fecha anteriormente propuesta, que oscilaba entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre. Obviamente, los puntos que debe resolver la ley de convocatoria son terreno posible de discusión en la mesa —o las mesas— del acuerdo.
A partir de aquí, ya todo parece por lo menos posible. Uno de los más importantes funcionarios del gobierno definió perfectamente la situación creada cuando, con relación a la fecha de los comicios, indicó: "Si el acuerdo se logra finalmente, las elecciones deberían efectuarse un día antes de lo que sea técnicamente factible." La parábola apunta con exactitud al espíritu de no desperdiciar una eventual sensación de conciliación nacional. Pero de todas maneras, ya los dictados de las razones técnicas y de organización de las elecciones impiden por completo que las mismas se realicen antes del próximo mes de febrero, pero el 25 de ese mes podría muy bien convertirse en la fecha en la que los argentinos concurran a las urnas en condiciones en las que, hasta hace solamente pocos días, jamás hubieran soñado.
Pero el tránsito hacia el acuerdo —en cuya elaboración futura podrán jugar un importante papel a partir de la reunión cumbre peronista que se celebra actualmente en Madrid, el economista Antonio Cafiero y acaso también el caudillo correntino Julio Romero, aunque no sea desplazado Héctor J. Cámpora— se ha convertido por imperio de las circunstancias, en una verdadera carrera contra el tiempo: en el mejor de los casos, el país cuenta con 50 días sin duda pródigos en sacudones en todos los terrenos, para elaborar una coincidencia que está destinada a convertirse en base de despegue. Con el tañir de las primeras horas del último mes del año, habrá fenecido el plazo angustioso en el que el proceso hacia la unión nacional se juega a suerte o verdad.

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La carrera al poder
"Aquí se está moviendo el Movimiento Justicialista, que es muy importante; aquí, el Partido Justicialista, que es muy importante; aquí, la CGT, que es muy importante; aquí, las 62 Organizaciones, que son muy importantes; aquí, las formaciones especiales, que son muy importantes también. Pero aquí (indicando un punto superior) se está jugando una cosa mucho más importante todavía. Y ésa la juego yo: es el acuerdo con las Fuerzas Armadas. Si yo logro el acuerdo con las Fuerzas Armadas, lo otro no importa. Y si no lo logro, lo otro tampoco Importa."

Ese boceto estratégico fue trazado por Juan Perón, pocas semanas atrás, en la quinta 17 de Octubre: con lápiz rojo encerraba las piezas claves de su dispositivo táctico —el Movimiento Justicialista, la CGT, 62 Organizaciones, etc., mientras desarrollaba frente a uno de sus visitantes las posibilidades que le abría la perspectiva electoral. Sobrevolando todas esas esferas, un círculo —trazado en tinta azul— señalaba el campo de maniobra del Comando Estratégico para negociar un acuerdo con las Fuerzas Armadas.
La preocupación de Perón frente a la irreversible orientación del proceso electoral no hace más que señalar una evidencia política que tiene epicentros en Madrid y Buenos Aires: todas las estrategias de aproximación al poder están en marcha. Dentro de dos meses, todas las fórmulas presidenciales habrán ganado la calle y el país tendrá un panorama completo sobre la forma que asumirán los próximos comicios, aun sobre las perspectivas de los distintos postulantes.
El tiempo apremia y los partidos se incrustan ahora en una duda, en una confusión generalizada que es el paso previo al momento decisivo. Los radicales tienen dos fórmulas de precandidatos en la calle, una expresiva de su conducción (Balbín-Gamond) y otra de los grupos juveniles nacionalistas-populistas (Alfonsín-Storani): los cuatro miembros de ambos binomios han sostenido, en estos días, intensas conversaciones con los militares, al más alto nivel, y de esas conversaciones más o menos reservadas —por obvio pudor político— están surgiendo puntos concretos de acuerdo, cuya evolución deberá seguirse muy de cerca.
El peronismo, por su parte, mantuvo también importantes contactos; pero fue la espectacular pero convenida propuesta de Juan Perón aquello que canalizó y unificó las negociaciones: nadie puede, así, negar seriamente que Perón, desgastado en su liderazgo y todo, tiene aún capacidad de iniciativa en su movimiento.
La carrera al poder comenzó en marzo de 1971, cuando la Junta de Comandantes en Jefe resolvió abrir la instancia electoral. Algunos elementos de la realidad fueron obvios desde el primer momento: en las elecciones nacionales de 1958 y de 1963 se había podido evitar una presencia demasiado directa de Juan Perón en toda la tramitación previa porque se partía de la base esencial de una proscripción peronista. En 1963, el resultado proscriptivo —más allá del juego de intenciones subjetivas— fue aún más fuerte que en 1958 porque en estos comicios no fue ni directa ni indirectamente vetado el candidato apoyado en un pacto con Perón cosa que ocurrió, sin embargo, en 1963 cuando directamente se aclaró —frente al caso de Vicente Solano Lima— que no se permitiría triunfadores a través de una orden de Madrid.
Al enunciarse —ya en el gobierno del presidente Levingston— que las elecciones serían sin vetos ni proscripciones y al reconocerse la legalidad del peronismo, la presencia de Perón resultó inevitable: era una cuota de riesgo para la cúpula militar, pero no había dejado de ser calculada.
El objetivo que se trazó en marzo de 1971 fue, en síntesis, el siguiente: a) Institucionalizar la vida política del país; b) a través de un acuerdo entre sus protagonistas esenciales; c) para lograr como solución una democracia estable y eficiente.
Desde el primer momento, algunas fuerzas políticas se manifestaron abierta o veladamente a favor de esa iniciativa y otras en contra, pero era evidente que el frente interno de los partidos ofrecía algunas dificultades para lograr bases de acuerdo.
Las Fuerzas Armadas mantuvieron durante todo el tiempo su objetivo (elecciones con acuerdo) y cada paso que dieron estuvo en función del mismo, ya que la estrategia era perseverar hasta el punto de que no hubiera dudas sobre la cohesión que existía a ese respecto.
Hasta el 8 de octubre de 1971, la principal dificultad para el cumplimiento del objetivo era que muchos dirigentes políticos y gremiales imaginaban que la decisión de llegar a elecciones era débil.
Jugaban a un golpe que les parecía cantado y trataban de estimularlo en todas sus formas. El 8 de octubre pudieron verificar que la posición del general Lanusse era sumamente fuerte en el Ejército, pero aún hasta marzo de 1972 se siguió especulando con versiones de todo tipo. Los hechos del 10 de abril demostraron que era difícil conmover la decisión tomada aun con episodios de suma violencia (ese día fueron muertos el general Juan Carlos Sánchez y el empresario Oberdán Sallustro); terminaron, paradójicamente, por disolver numerosas especulaciones golpistas.
Todas las medidas que se fueron anunciando (Estatuto de los Partidos, Enmienda Constitucional, Ley Electoral) refirmaron el camino institucionalizador, pero contuvieron simultáneamente disposiciones legales que presionaron en favor de un acuerdo. Al mismo tiempo, en los discursos del Presidente se enfatizó la insistencia en la misma tesis. Pero hasta el 7 de julio podía advertirse que una de las reticencias consistía en la sospecha de que todo llevaba al propósito de impulsar la candidatura presidencial de Alejandro Lanusse: ese día el Jefe del Estado anunció que debían renunciar antes del 25 de agosto todos los que quisieran postularse y, también, que debían estar en el país antes de esa fecha aquellos (Juan Perón-Isabel Perón-José López Rega) que estuvieran en el extranjero y pudieran aspirar a cargos públicos electivos.

La lucha por el poder
La lucha por el poder se inicia, frontalmente, ahora, y entra en su etapa decisiva justamente cuando Perón, personalmente, resolvió entrar en escena: todo el debate sobre si se tratará o no con el ex presidente es, en el fondo, la discusión sobre el punto más importante de la política argentina actual, ya que consiste en resolver, finalmente, si se admitirá al peronismo en la vida argentina o si se lo agregará buscando de atomizarlo, destruirlo, quizá de empujarlo hacia la desesperación.
El acuerdo constituye el prerrequisito lógico de las elecciones, tal cual como las elecciones fueron planteadas desde el primer momento. En forma unilateral, el gobierno de las Fuerzas Armadas fue tratando de encontrar condiciones para ese acuerdo y así, aún en la reunión de generales realizada el lunes, el Presidente afirmó que debía examinarse la derogación de la ley de pena de muerte como una de las formas de crear mejores condiciones para el diálogo, mientras que quedaba virtualmente resuelta la derogación de otras medidas excepcionales y, en primer lugar, del Estado de Sitio, con la correspondiente libertad para todos los presos políticos y sociales no sometidos a proceso. En su disertación de Olavarría, ante los jefes y oficiales del Ejército, el presidente Lanusse ratificó esa predisposición al diálogo, inclusive tomando como una de las bases del diálogo las propuestas de Perón.
Frente al conjunto de la situación se abren, en las Fuerzas Armadas, dos posibilidades que son estudiadas a todos los niveles por los responsables jerárquicos de las mismas:

¿El "fondeo" radical?
I. — Conforme a uno de los esquemas, con Perón no hay posibilidades de acuerdo definitivo y todo debe derivar finalmente en una solución de entendimiento restringido ("el acuerdo con quienes quieren acordar"). Esa hipótesis de trabajo partía del supuesto de que el eje político de ese acuerdo sería, en la práctica, la Unión Cívica Radical; a pesar de la frustración que experimentaron en la última semana, cuando se conoció el documento de Juan Perón, los artífices de esta propuesta —cuya mayor base de popularidad se asienta en los entornos capitalinos— buscaban y buscan, explícita o implícitamente la abstención peronista y cuenta no solamente con la simpatía de eventuales medios pro-radicales sino también de los partidos minoritarios (especialmente los de tipo liberal, pero también de aquellos que aspiran a recoger trozos de la herencia peronista) y de sectores militares férreamente antiperonistas. Esa corriente propone que el justicialismo debe decidir si se atiene o no a reglas de juego que el gobierno fijará con independencia de su posición. Para esa tendencia, Perón no quiso ni quiere hacer seriamente acuerdos de ningún tipo, sino que sus propósitos son:
a) Provocar debates militares para poner en juego la verticalidad de las Fuerzas Armadas, a cuyo efecto formula reflexiones que a eso conducen;
b) Fabricar una instancia que permita justificar la no realización práctica del Operativo Retorno.
Sin duda alguna, en las tensiones propias de las instituciones militares, y que obedecen muchas veces a motivos puramente internos, esta posición recoge apoyos de quienes están interesados en lo que se ha llamado la línea "anticontinuista", o sea en los jefes que no se sentirían continuadores de la Revolución Argentina y que, por eso mismo, contarían con fuertes posibilidades de acceder a los cargos de mayor responsabilidad si el radicalismo tuviera un rol decisivo en las esferas del poder. Algunos jefes, vinculados por simpatías a los radicales o coparticipantes con ellos, están naturalmente identificados con esa postura.

II. — Pero otro de los esquemas, sumamente vigente y quizá aquel que tiene mayor predicamento en estos momentos, sostiene que no puede existir una solución definitiva que no incluya un acuerdo tripolar. La teoría del acuerdo tripolar entiende que el peronismo no debe ser eje civil exclusivo del entendimiento, pero tampoco puede quedar excluido en beneficio de los radicales, sino que tienen que entrar al mismo los tres sectores.
En la última reunión de mandos, existió coincidencia total en que ningún diálogo en pro de la unión nacional "se hará excluyendo a los partidos que apoyaron la tendencia institucionalizadora desde el primer momento", como aseguró un vocero oficioso. La irritación que provocó en algunos sectores la posibilidad de un acuerdo que se visualizó como una especie de pacto entre las Fuerzas Armadas y el peronismo quedó desvirtuada pero, al mismo tiempo, se afirmó la tesis de que el peronismo no quedará excluido de ese diálogo y será parte en el mismo, de acuerdo a su real e indiscutida influencia en grandes sectores populares.
En Olavarría, el presidente Lanusse fue clarísimo al insistir varias veces en la tesis del acuerdo tripolar: "Esta propuesta de Perón de ninguna manera debe ser considerada exclusiva ni excluyente"; "Para estas coincidencias, que son indispensables, las Fuerzas Armadas han asumido una condición previa y necesaria: de que sean con todos los sectores"; "El acuerdo que queremos realizar será el resultado de la opinión de todos los sectores; de ninguna manera será la expresión de un entendimiento de las Fuerzas Armadas con un solo partido"; "Diálogo... con todos, no con un solo sector". En el mismo discurso Lanusse previno que no puede jugarse a la división del peronismo porque es sumamente peligroso para el país fracturar a los grandes partidos populares, pero censuró que la propuesta de Perón fuera planteada "como si la suerte del país sea una cosa a resolver exclusiva y excluyentemente solo entre las Fuerzas Armadas y el justicialismo".
Es decir, que al esquema que trata de marginar al peronismo del proceso no se corresponde una tendencia simétricamente opuesta y antirradical, sino la línea del tripolarismo, que supone el acuerdo como base indispensable para las elecciones.
La tesis parte de la base de que sería insensato no agotar las posibilidades de
un acuerdo con Perón, sean cuales fueren las intenciones subjetivas del ex presidente, porque se corre el riesgo de recaer en la situación de 1963; el triunfo radical, luego de la proscripción peronista y como consecuencia de la misma, origina un gobierno débil por lo cual no conviene llegar a ese resultado sin que medie una voluntad mayoritaria real (en cuyo caso el problema estaría fuera de discusión).
El acuerdo tripolar supone renunciamientos, ya que es sumamente difícil
establecer un orden en la presidencia y en la vicepresidencia ni establecer qué partido deberá tener prioridad. Los renunciamientos no solamente deberán provenir de Perón sino también, en ese esquema, de Balbín (cuyo nombre es sumamente urticante para los justicialistas) y da posibilidad de introducir, quizá como variantes para un segundo término y luego de algún extrapartidario, los nombres de figuras más o menos diferenciadas de las expresiones clásicas: quizá, hombres como el peronista Antonio Cafiero o el radical Alfonsín.

Recuadro
La intervención de Perón en la instancia del acuerdo se produce, así, exactamente cuando: no hay ya dudas sobre el predominio de la tendencia institucionalista; la abstención se presenta como variante destinada al fracaso y pasible de llevar al movimiento hasta su atomización; la presión de las bases políticas en favor de una solución es muy fuerte ("Estamos cansados que Perón nos proscriba", rezongan todos los días peronistas que aspiran a diputaciones, gobernaciones, concejalías) y estimula al neoperonismo; en coincidencia con la sanción de la ley electoral y en vísperas de la convocatoria a elecciones. Abre una instancia de 30 días, al menos, que termina cuando resulta indispensable registrar las fórmulas (y se agota naturalmente el tiempo para la negociación) y, mediante propuestas sumamente razonables, lleva al debate interno en las esferas decisivas del poder que no hubieran aceptado condiciones inaceptables. También en el mismo momento, y no por mera casualidad. Perón deja saber su intención de renunciar a la candidatura presidencial como contrapartida de un levantamiento de la llamada cláusula restrictiva y, por supuesto, remarca que un retorno al país no es imaginado en función de guerra.

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