El domingo 12 de abril, exactamente 48 horas después de haber declarado que no iban a producirse reformas inmediatas al régimen cambiario. el presidente del Banco Central, Félix Elizalde, anunciaba en conferencia de prensa un repertorio de medidas restrictivas a las transacciones en divisas. Para ese entonces se llevaba a cabo en Panamá la reunión anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo a la que asistían no sólo funcionarios sino observadores de importantes empresas privadas; uno de éstos, apenas recibida la información cablegráfica, le expuso al vicepresidente del Banco Central, García Vázquez, todo un repertorio de maniobras y estratagemas que podrían aplicarse al nada ejemplar ejercicio de la violación del nuevo régimen. A partir de ese momento, las autoridades financieras supieron —si es que no lo sabían desde antes— que el camino de las restricciones estaría empapelado cada vez más de nuevas circulares del Banco Central.
Todo empezó modestamente, con disposiciones relativas a:
• Prohibición de constituir nuevos depósitos en moneda extranjera y obligación de devolver los existentes, a convertir forzosamente en pesos, lo que implicaba la venta del cambio en el mercado libre y una previsible afluencia de divisas.
• Obligación de vender el cambio proveniente de las exportaciones dentro de los diez días del embarque, con lo que se tiende a asegurar la corriente normal de vendedores de cambio.
• Restricciones a la negociación de monedas y billetes extranjeros, a toda clase de remesas al exterior y a los fondos disponibles para viajes, con el objeto de limitar la compra de moneda extranjera.
A partir de la difusión de esas circulares se inició, en el mercado cambiario una vertiginosa carrera entre la ley y la trampa, en cuyo transcurso la hampa llevó casi permanentemente la delantera, obligando a pergeñar nuevas disposiciones. Las maniobras recrudecieron en la medida en que se fue creando un verdadero "mercado negro" del dólar, al que se transferían las operaciones imposibles en el oficialmente denominado "mercado libre".
Mientras tuvo vigencia la circular 161 del 13 de abril, las casas de cambio estaban autorizadas a vender hasta 50 dólares por persona y por mes para fines diversos; para realizar legalmente la operación sólo se necesitaba exhibir documentos de identidad. Rápidamente estas operaciones se incrementaron y las casas de cambio multiplicaron por veinte, en un lapso de dos meses, su monto total. Las casas de cambio, según deslizaron los informantes del Banco Central, se habían provisto de padrones del Registro Civil y en base a los nombres que allí figuraban fraguaban operaciones falsas de venta, para después volcar los dólares en el mercado paralelo, a una cotización mayor, haciendo una diferencia de veinte pesos por dólar.
Cuando apareció la circular Nº 169 del Banco Central, el 15 de junio, quedó establecido que sólo se seguirían permitiendo operaciones da cien dólares para personas que viajaran al exterior; además de los datos de identidad era preciso presentar, como comprobante, el pasaje adquirido para viajar. En un momento dado, la mitad de la población de Buenos Aires estaba en el Uruguay según la cantidad de pasajes vendidos; lo que ocurría en realidad era que individuos alertados compraban un pasaje que costaba 300 pesos sólo para poder adquirir en casa de cambio cien dólares que después negociaban en el mercado negro; esto permitía una ganancia neta de 1.700 pesos, lógicamente multiplicada a lo largo de varias operaciones.
Todas estas maniobras se difundieron rápidamente y las autoridades bancadas hicieron lo posible por que fueran ampliamente conocidas, para poder justificar así las nuevas medidas restrictivas que siguieron. Entre ellas figuró la reducción de los montos para viajar que, en el caso del Uruguay, llegó a la suma de 25 dólares por persona, apenas suficiente para una estada de dos días. Entonces, el negocio se trasladó a Colombia, país no limítrofe para el que rige la cuota de hasta 1.000 dólares.
Los viajeros adquieren ahora, con la presentación de un pasaje, los 1.000 dólares que en el mercado oficial equivalen a 137.500 pesos; como el viaje de ida y vuelta a Colombia cuesta de 350 a 400 dólares, la venta de aquella suma en el mercado negro deja una utilidad de 38.000 pesos. La diferencia con las maniobras rioplatenses consiste en que ahora efectivamente hay que viajar, porque los dólares se cobran en el lugar de destino; pero esto no hace más que agregar un incentivo, porque se puede viajar, permanecer en Colombia unos días y, además, hacer ganancias. En vista de esto, desde hace dos semanas una compañía de aviación disminuyó el precio de los pasajes a ese país con la seguridad de aumentar su tráfico.
Pero existen otras variantes de maniobras, de carácter más grave:
• Ciertos "exportadores" Operan desde oficinas vendiendo mercaderías cuyo volumen total se disimula mediante subterfugios al declarar la exportación en la Aduana; salen, por ejemplo, mil toneladas, pero sólo 800 están declaradas y su valor en dólares se negocia en el mercado oficial; el producto de las otras 200 toneladas se negocia en el mercado negro.
• En ciertos rubros, la evasión se origina en diferencias de calidades y no de cantidades, haciéndose constar en las boletas de exportación una mercancía de calidad muy inferior a la efectivamente negociada y colocando las diferencias en divisas en el mercado negro. Para esta maniobra se prestan excelentemente rubros como las lanas sucias.
• Otra fórmula consiste en adquirir en el exterior máquinas o repuestos de segunda mano, indicando en las boletas de compra un precio correspondiente al mismo artículo pero nuevo, según la cotización actualizada de la plaza donde se hizo la adquisición.
Las prácticas mencionadas pueden constituir un aporte a la picaresca nacional, pero tienen su origen en el carácter restrictivo que se ha impresa a las operaciones en el mercado cambiario y son, desde este punto de vista, poco menos que inevitables. Los mismos funcionarios del gobierno —seres humanos, al fin— han tenido que recurrir al mercado negro para efectuar ciertas transacciones personales; La Nación del domingo 2 de agosto refería que un ministro, de viaje en el exterior, tuvo que comprar dólares a razón de 179 pesos cada uno (aunque no se lo mencionó, quedó claro que se trataba del titular de Educación y Justicia, Aleonada Aramburú). Y ciertos informantes aseguran haber visto descender del avión que lo trajo del Hemisferio Norte a un alto funcionario, llevando en una mano un televisor portátil; en la bodega del avión traía, además, un juego de teléfonos antitok y armas de caza. Todo esto, desde luego, no pudo comprarse con la modesta ración de divisas que provee el Banco Central a los viajeros.
Pero también oficialmente se hace trampa en el mercado cambiario. La más completa denuncia al respecto la formuló el semanario Economic Survey en su edición del 4 de agosto, llamando "restricciones invisibles" a las transferencias de divisas. Para impedir que la demanda de cambio desborde a la oferta que conduce el Banco, los organismos burocráticos retienen y acumulan los pedidos de transferencia de divisas que, de acuerdo a los derechos que les reconoce, presentan los particulares. De esta manera se les impide satisfacer los compromisos de pago con el exterior y se provoca el incumplimiento, que compromete el giro comercial de esas firmas, a las que, además, se presiona para que prorroguen sus compromisos con el exterior, con un criterio totalmente divergente con el que el gobierno aplica para sus propias deudas.
En la industria automotriz, el problema se agudiza y el crédito de las empresas en el exterior comienza a verse comprometido porque no pueden girar en el momento indicado ni tampoco exhibir disposiciones del Banco Central que lo impidan. El modo de operar de las firmas de plaza consiste en una cuenta abierta, sin fechas de pago, para los repuestos o partes que importan; pero ahora los proveedores del exterior, alarmados, imponen fechas fijas de cierre.
De la misma manera, una fuerte firma metalúrgica que contaba con inversiones de bancos del exterior, al no poder pagar los intereses correspondientes, a pesar de haber presentado la solicitud al Banco Central dos meses antes, se atrasó 30 días y uno de los bancos prestatarios le exigió el pago inmediato de la deuda.
En la última semana, todos los observadores consultados señalaban que el régimen cambiario que se viene aplicando desde abril podría considerarse fracasado en la práctica, debido a que las autoridades, en vez de realizar una inteligente vigilancia para contrarrestar la especulación en algunos aspectos vitales, orquestaron un complejo sistema de disposiciones y circulares que, por su profusión, resulta cada vez más difícil hacer cumplir.
Revista Primera Plana
11.08.1964