Genocidio
Los juristas discuten: ¿Debe o no establecerse este nuevo delito?
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Un grupo de penalistas jóvenes, orientado por el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor José Peco (profesor titular de Derecho Penal en la capital bonaerense y consultor en Buenos Aires), presentó días pasados un proyecto para incluir el delito de genocidio en la legislación vigente.
Los autores del proyecto —nucleados en el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de La Plata— son elementos de variada extracción ideológica: demócratas progresistas, conservadores, radicales del Pueblo, que, impresionados desde el año pasado por la ola de atentados antisemitas, resolvieron enfrentar el peligro de la discriminación racial con una adecuada instrumentación jurídica.
Concretamente, el proyecto propone la inclusión, en el Código Penal, del texto siguiente: "Artículo 41 bis: Al que con el propósito de vulnerar o poner en peligro un grupo o colectividad, en razón de su raza, ideología, religión o nacionalidad, cometiera algún delito, se le aplicará la pena que corresponda al mismo, aumentada de un tercio a la mitad, la que en ningún caso excederá del máximo de su especie. Si se tratare del delito previsto en el artículo 79 (homicidio), se aplicará prisión o reclusión perpetua."
El doctor Peco estimó que el proyecto legislativo se justifica por la acción disolvente de entidades como Tacuara: "El legislador debe prever los hechos. Aunque no existe aún un clima de peligro, hay preocupación por los pasados
hechos en Europa y los sucesos episódicos en la Argentina".

Opiniones encontradas
Sin embargo, para el doctor Carlos Fontán Balestra (profesor de la Universidad Católica, autor de varios trabajos jurídicos), el proyecto no es, en realidad, una nueva figura delictiva, sino simple modificación del Código Penal. "Sencillamente, agrava las penas, pero no instituye el delito de genocidio."
Como norma de carácter general, el plan de los juristas platenses "puede andar", pero a Fontán Balestra no le agrada la forma, por dos razones: a) En el Código Penal no existen agravantes genéricos; b) No cree que se produzca una reacción antisemita como para justificar nuevos instrumentos legales. "También Tacuara puso una bomba en mi casa, y yo no soy judío", fue su comentario.
El doctor Sebastián Soler (penalista, profesor universitario, ex Procurador General de la Nación) recibió al periodista mientras preparaba su partida de golf de los sábados y corregía las pruebas de su próximo libro. "Este proyecto establecería un simple agravante. Está lleno de buenas intenciones y de humanitarismo, pero tiene una deplorable técnica jurídica. El delito de genocidio es de por sí una creación vaga, imprecisa, y aun en el aspecto internacional reviste caracteres de absoluta superficialidad", manifestó en tono enérgico y reposado.
Para el doctor Soler, el delito de genocidio tiene una amplitud inútil: "El hecho de que una persona mate a un hombre o a diez millones, no cambia la naturaleza del hecho. Debe llamarse homicidio calificado, no genocidio. El primer defecto de esta figura jurídica es la vaguedad, y la vaguedad, en derecho penal, se llama arbitrariedad. De manera que ello puede conducir paulatinamente a la formación del Estado arbitrario".
Por su parte, el doctor Carlos María Ure (porteño, 51 años, casado, dos hijos, juez de instrucción en lo criminal y profesor de criminología en la Escuela Superior de la Prefectura Nacional Marítima) defendió vigorosamente el proyecto Peco. A juicio de este penalista, el proyecto Peco viene a ampliar el anteproyecto del mismo Sebastián Soler de 1960. La argumentación del juez Ure tiene las siguientes bases:
• El debatido proyecto sí configura la creación del nuevo delito de genocidio y, en realidad, es oportuna confirmación de la Convención sobre Genocidio de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en 1946, y aprobada por unanimidad con el voto de la Argentina.
• El caso típico de aplicación de la figura de genocidio es el mismo Juicio de Nuremberg, en la Alemania post-hitlerista. Si bien, en líneas generales, la responsabilidad jurídica recae sobre el Estado, a veces tiene un carácter individual. El precedente más reciente, añadió, es la invasión de Tibet por China Roja, en cuya oportunidad se peticionó a las Naciones Unidas un proceso por genocidio. Aunque ciertamente el intento se diluyó, queda como antecedente interesante.
• La existencia de organizaciones terroristas y racistas es, también, justificativo suficiente para dictar este tipo de legislación, según el juez Ure.
• Finalmente, cree que la oportunidad también se da en este caso, porque no seria necesario esperar a la constitución de un gobierno surgido de la voluntad comicial. El actual sistema de decretos-leyes sería viable, desde que la Corte Suprema reconoció al actual gobierno.
2 de abril de 1963
Revista Primera Plana - Página 24

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