Los rumores y las versiones, que alcanzaron su clímax el martes 28, no lograron amenguar el poder político de José López Rega. Pero la nueva coyuntura planteada por el desfasaje entre precios y salarios, los problemas internos del peronismo y sus relaciones con la oposición suponen un serio desafío a la imaginación del Gobierno y a sus posibilidades reales. Mientras tanto, las exigencias gremiales anticipan un conflicto que se consideraba diferido para después de las paritarias y que reactualizó el poder gremial.

EL interventor federal en Córdoba, brigadier Lacabanne, había declarado, no sin cierta ufanía, la derrota de la subversión en la provincia. A los pocos días un grupo sedicioso tomó la televisión local y difundió una proclama. Después, en la misma semana, medio centenar de encapuchados se posesionaron del edificio del diario La Voz del Interior logrando, mediante la colocación de bombas de alto poder, la voladura de rotativas, linotipos y cajoneras tipográficas: un modo taxativo de impedir la salida de la publicación.
Paralelamente a esos hechos, la violencia tornó a manifestarse en distintos lugares del país. Dirigentes gremiales, funcionarios y presuntos militantes de sectores radicalizados engrosaron el lamentable obituario que pesa sobre la conciencia de todos los argentinos desde hace varios años. Algunas manifestaciones de condenación y
repudio alcanzaron espacio periodístico —más allá de la información— en extensas solicitadas. Al regreso de uno de los sepelios, el ministro de Trabajo desgranó su escepticismo: "Nunca se sabrá quiénes son los culpables; sobre estas cosas pesa siempre una sospechosa impunidad", dijo a la prensa.
Acaso sea demasiado tajante el ministro Otero. Algunas cosas se han sabido. Otras se presumen. Y a la postre, aunque demande tiempo, es posible que muchos velos se descorran. La experiencia histórica así lo demuestra. Véanse si no las tantas historias —incluso publicadas— de los crímenes políticos del pasado.

El descanso presidencial
Las primeras versiones eran contradictorias. Por un lado se aseguraba que la señora de Perón descansaría en Chapadmalal. Por el otro, que lo haría en Olivos. Incluso hubo quien habló de Bariloche. Al parecer, se subordinaba la decisión final a ciertos ajustes en materia de seguridad. Finalmente con una comitiva en la que descollaban José López Rega, Pedro Eladio Vázquez y Dolores Ayerbe amén del jefe de la Casa Militar y los edecanes, la señora voló a Chapadmalal.
Los primeros días transcurrieron huérfanos de información destacada. Apenas alguna visita de rutina (el secretario técnico llevando el despacho a la firma quebró el manto de silencio tendido "para que —según López Rega— la Presidente recupere la tranquilidad que le será tan necesaria para la tarea que le espera este año".
Pero un imprevisto traslado de la señora a la Escuela de Suboficiales de la Armada, en Punta Mogotes (ocurrido en viernes 24 por la mañana), detonó la mayor ofensiva de rumores de los Últimos años. Contribuyeron a fertilizar el campo de las versiones varias circunstancias, a saber:
a) la temporaria desaparición de López Rega;
b) el vacío informativo de los primeros días (solo La Prensa consignó expresamente el alojamiento de la señora de Perón en la base);
c) las declaraciones del ministro Otero, quien al ser interrogado sobre posibles cambios en el Gabinete expresó que "todos los ministros son fusibles"; y
d) la ausencia del ministro Savino en la entrevista del general Anaya con la primer magistrado.
Después que los rumores hicieron estragos —sobre todo el martes 28, día pico— sobrevinieron las explicaciones oficiales y oficiosas. Según el ministro del Interior, la señora de Perón eligió el alojamiento naval "porque allí está más tranquila y menos al alcance del bullicio". Algunos comentarios señalaron, a su vez, razones de seguridad. A su turno López Rega explicó: "Solo me he ido tres días a Buenos Aires para poder trabajar tranquilo, sin decir nada a nadie y poder traer los resultados a la señora Presidente, la que ha quedado muy satisfecha".
Los rumores que, en lo fundamental, apuntaban a cambios de la cúpula del Gobierno, y daban incluso como periclitada la influencia del ministro de Bienestar Social y Secretario Privado de la Presidencia, fueron finalmente desalojados por el regreso de la rutina: el 31 a la tarde, al descender sonrientes del avión que los traía de Mar del Plata, la señora de Perón y López Rega confirmaban una avenencia al parecer nunca quebrantada. Para aventar las reticencias que pudieran subsistir, sobre todo en el ánimo de los políticos opositores, el ministro del Interior, en extensas declaraciones a La Opinión, se dedicó a minimizar los problemas y a exaltar la autonomía de decisiones de la Presidente. Con respecto a las facultades acordadas a la Secretaría Privada (centro de las críticas de la UCR) ensayó una explicación difícil de convalidar empíricamente: "Las facultades que da ese decreto (el de creación de la Secretaría) son obligaciones para el secretario privado, que ya las tenía asignadas en los hechos, pero no le otorga ningún poder de decisión". Señaló, además, que "no se trata de un nuevo organismo, sino de una reestructuración".
Es obvio que mientras no se modifique el régimen presidencialista la decisión será siempre del único titular del Ejecutivo, es decir del Presidente. Lo que las críticas apuntaban —y apuntan— no es a la sustitución de roles, sino al monopolio de los accesos y las salidas de —y hacia— la mandataria. Algo así como la existencia de una área penal, bajo control, entre la Presidente y los altos funcionarios de Gobierno. Por lo demás, al admitir Rocamora que "el secretario privado tiene que tener muchas atribuciones", admite para éste un papel que nunca cumplieron en el pasado sus antecesores, cuyos nombres (Eduardo González, Carlos Dold, Juan Tereso, etc.) apenas si figuraban al final de las crónicas.

La ley de acefalía
El proyecto del diputado Juan Carlos Cárdenas (Vanguardia Federal, de Tucumán) propiciando la derogación de la ley de acefalía para permitir, de ese modo, la designación por el Congreso del funcionario que desempeñe la Presidencia de la Nación, limitando los candidatos a los miembros del Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y el Gabinete Nacional, replantea una vieja cuestión, ya insinuada en vida de Perón. En sus declaraciones, Rocamora admitió la necesidad de cambiar la ley, aceptando que el tema está a estudio.
Es razonable, al margen de toda suspicacia, que se promueva una reforma. La vejez del instrumento legal (1868) previsto para otras circunstancias históricas y la fluida situación político-institucional del país aconsejan un criterio realista. Tal como están las cosas, una ausencia parcial o definitiva del titular del Ejecutivo crearía un
cuadro de difícil solución legal. Un hipotético traslado del poder al vicepresidente del Senado o de Diputados supondría, inexorablemente, el llamado a elecciones dentro de los 180 días. Con la nueva ley, alentada por Cárdenas o, lo que es más probable, remitida al Congreso por el Poder Ejecutivo, podría completarse el período sin complicaciones formales.

Lo que pasa en la UCR
Frente a los últimos acontecimientos, el presidente del Comité Nacional de la UCR resolvió hacer "silencio de radio". Uno de sus voceros expresó a la prensa que Ricardo Balbín "no hará ninguna declaración por el momento". Dos situaciones pesaban sobre el líder radical al adoptar esa decisión. Una, vinculada al cuadro nacional, cuyas alternativas excluyen —incluso con hostilidad— al radicalismo. Otra, referida al ámbito interno, donde el alfonsinismo y el unionismo (Mathov, en especial) cuestionan abiertamente a la conducción partidaria, acusándola de blanda frente al Gobierno. "La política del diálogo está en quiebra por obra del Gobierno y del peronismo, por mucha buena voluntad de continuar que tengamos nosotros", afirmaba Arturo Mathov en su carta pública a Balbín. Y agregó luego: "No estoy de acuerdo con los distinguidos correligionarios que sostienen que, no obstante las cosas negativas que ocurren en el país, es necesario respaldar al actual Gobierno". Por su parte, los sectores de la Intransigencia Nacional —vía Córdoba— exigen cada vez mayor dureza frente a la política económica y gremial del oficialismo.
Con esos datos de su realidad interna, a los que se suma, entre otros contratiempos, el de la prohibición de su reportaje por canal 9, Ricardo Balbín, recordando quizá los místicos repliegues de Yrigoyen, ha optado por un mutismo del que acaso emerja con una nueva táctica frente al peronismo y, de paso, facilitar el camino para su tercera reelección como titular del Comité Nacional de la UCR. Su inicial estrategia —bastante simplista— de apuntalar el proceso hasta 1977 para heredar el poder, a expensas del deterioro oficialista, tropieza con insalvables dificultades en el plano partidario. Aunque él quiere insistir, ya no lo dejan.

De precios y tarifas
El ministro de Economía había previsto implementar los aumentos de tarifas y precios de combustibles para noviembre pasado. Todas las previsiones y cálculos presupuestarios estaban condicionados a esa decisión. Pero, por razones políticas muy obvias (necesidad de un fin de año tranquilo) la señora de Perón ordenó su postergación hasta el 1º de febrero. El tiempo, que no tropieza ni vuelve, llegó puntualmente. Y sobre el marco de una economía recalentada, cuyo signo oficialmente reconocido es la desinversión, el país ya sabe que los ajustes promedian el 50 por ciento. De la eufórica "inflación cero" de los primeros días de Gelbard, se ha llegado al 8,5 solamente en el mes de enero. La dirigencia gremial, relegando el Pacto Social al desván de los recuerdos, exige con urgencia un aumento salarial, independientemente de lo que se acuerde en las paritarias o de lo que resuelva el laudo presidencial si éstas fracasan.
Sólo una incurable ingenuidad podría no advertir la incidencia política de estos hechos. No obstante, resulta aún impredecible el curso de los acontecimientos. Falta por ver cómo el equipo económico se ajustará a las nuevas realidades y hasta dónde el poder sindical — presionado por las bases y los niveles medios— llegará en sus exigencias que, además de salariales, suponen la consecución de espacio político. Asimismo, queda por dilucidar el papel de los sectores del peronismo histórico y, por supuesto, el de José López Rega, que — dígase lo que se quiera— ha traspuesto indemne rumores y versiones para seguir ejerciendo el poder político. Tanto, que se dio el lujo de desaparecer tres días y retornar contento a su centro de gravitación. El diario La Nación le adjudicó un viaje a Brasil, que no desmintió: "Me fui tres días sin decir nada a nadie, para estar tranquilo", insistió en Las Bases. Y más adelante añadió: "Cuando la señora de Perón disponga que un ministro pase a ser ordenanza, tendrá que ser el mejor ordenanza del país". Pocos días después, se notó su ausencia en la ceremonia de entrega de sables en el Teatro Colón, donde estaban todos los altos oficiales? de las tres armas.
El poder oficial, distribuido a través de sus franjas políticas, gremiales y económicas, tiene ante sí el máximo desafío desde el 25 de mayo de 1973. Si es cierto que "la realidad es la única verdad", el desfasaje de precios y salarios, los problemas institucionales de las provincias y las relaciones con la oposición exigirán premiosas respuestas. El Gobierno ya no podrá eludirlas.
REVISTA REDACCION
febrero de 1975